Bloque Constitucional

4 weeks ago

@noemi_andrade080572: "La justicia en Venezuela está suspendida"

Después de haber transitado 23 años en el Tribunal Supremo Justicia, de los cuales 16 fue Secretaria del Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa, Noemí Andrade analiza las consecuencias de la paralización del sistema de justicia en Venezuela en el contexto del decreto de estado de alarma por el COVID-19. Además, ahora dedicada al libre ejercicio como litigante en el área contencioso administrativo, civil, propiedad intelectual y laboral habla de lo que ha significado esta suspensión para el gremio

⎯Desde que se ordenó el estado de alarma el TSJ emitió una resolución que señala que la actividad judicial queda en funcionamiento sólo para casos de extrema urgencia; sin embargo, no define cuáles son esos casos, lo dejó a criterio de cada Circuito Judicial. En ese sentido, ¿cómo ha afectado eso la actividad del litigante?

⎯Sí, desde marzo el TSJ ha dictado cuatro resoluciones en los mismos términos y decreta que ningún tribunal de la República trabajará en ese período, quedando las causas suspendidas con algunas excepciones, pero en general impidiendo el acceso a la justicia a quienes lo necesitan, así como el trabajo de los abogados que dependen de la actividad para subsistir. Algunos tribunales de municipio están trabajando de manera discrecional algunas cosas, pero en general las causas están suspendidas, literalmente en Venezuela la justicia está paralizada, está suspendida y muy limitada. El abogado litigante actualmente no tiene trabajo, no nos dejan entrar a las instalaciones donde llevamos nuestras causas, no hay forma ni manera de activarlas, no se puede presentar alguna actuación procesal. Hay abogados que están pasando verdaderas penurias, hasta vendiendo cualquier cosa en las colas de la gasolina. Esa medida le quitó el sustento a muchos, a la gran mayoría...

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Bloque Constitucional

1 month ago

Para el día #6dic han sido convocados en #Venezuela unos comicios para elegir los diputados de la Asamblea Nacional. No podemos calificarlo como un evento electoral constitucional y legal por cuanto tendría que contar con las características que lo definen según la Constitución, esto es, debe tratarse de “votaciones libres, universales, directas y secretas”, que es a través de las cuales puede ejercerse el derecho al sufragio prescrito en el artículo 63 de la carta magna. Frecuentemente, los fraudes electorales son denunciados después de las votaciones; en este caso, ha sido denunciado mucho antes de efectuarse el proceso dado el cúmulo de violaciones constitucionales que se han cometido.

Si quienes fungen como representantes del #CNE no tienen legitimidad porque han sido designados por quienes también usurpan las funciones de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y, además, si se tratase de magistrados legítimos habrían usurpado las facultades de la Asamblea Nacional sl arrogarse una designación que no les corresponde. Asimismo, han sido dictadas “decisiones” mediante las cuales fueron cedidos el uso de las tarjetas electorales, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto de importantes partidos políticos, a grupos que se han declarado a favor del régimen. También se han encarcelado y perseguido a cientos de ciudadanos por razones políticas, así como a diputados. Ya se habían inhabilitado candidatos, y ahora este nuevo y deslegitimado organismo electoral ha eliminado la representación indígena prevista en el artículo 125 de la Constitución y cometido otros desmanes para allanarle el camino al régimen.

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Bloque Constitucional

2 months ago

En Venezuela se comenzó a constatar el aumento del contagio por coronavirus pronosticado por la Academia de Ciencias, Físicas, Matemáticas y Naturales el 8 de mayo, y que entre otras medidas recomendaba “ampliar la capacidad diagnóstica del SARS-CoV-2 en Venezuela, mantener las medidas preventivas de contagio, descentralizar los estudios en otros laboratorios del país”. Las cifras “oficiales” dan cuenta que tenemos más de 20.000 contagiados, cantidad que sería mucho mayor. Ya no sólo se trata de focos en las zonas fronterizas, sino que la transmisión también es comunitaria.

Pese a ello, nos enfrentamos a una decisión que niega otorgar permisos a laboratorios privados para realizar las pruebas del Covid-19. De esta manera, el régimen se empeña en mantener que todas las pruebas del país se hagan sólo en el Instituto Nacional de Higiene, cuando por lo menos otros ocho laboratorios estarían en capacidad de efectuarlas si son debidamente dotados para ello, así como los que se encuentran en la capital paralizados por la falta de recursos y tampoco son autorizados.

Con estas limitaciones impuestas todo apunta a que los niveles de contagio que alcanzaremos pudieran ser difíciles de frenar y la política estatal se orienta a controlar el manejo de las cifras de contagiados y fallecidos. Eso ocurre en un país cuyo sistema sanitario ha sido destruido casi por completo, diezmando a una población cada vez más vulnerable. Tal como lo expresó Ángela Merkel ante el Parlamento Europeo recientemente, advirtiendo sobre la desinformación: “La pandemia no puede ser combatida con mentiras”.

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