Aplicación de la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena a las personas desplazadas venezolanas y su derecho humano al asilo

Román J. Duque Corredor

I

La población venezolana desplazada y sus derechos al refugio

La crisis política, económica y humanitaria en Venezuela desde 2014 ha llevado a un desplazamiento masivo de venezolanos hacia diversos países. En efecto, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) la cifra de personas refugiadas y migrantes venezolanas alcanzó los 3 millones a finales de 2018, con aproximadamente 2,4 millones, en América Latina y  en el Caribe[1]. Según ACNUR, para mayo de 2019 la cifra es de los 3,7 millones de personas  y considera que la mayoría de las personas que están huyendo del país se encuentra en necesidad de protección internacional como personas refugiadas, y reiteró su llamado a los Estados para que permitan el acceso de los venezolanos y venezolanas a su territorio y la provisión de protección y estándares adecuados, destacando la necesidad fundamental de seguridad y libertad de las personas que se ven obligadas a huir para salvar sus vidas. Asimismo,  el portavoz de ACNUR, Liz Throssell  señaló el   21 de mayo de 2019 que a finales de 2018 alrededor de 460.000 venezolanos solicitaron formalmente asilo en el extranjero, en su mayoría en los países vecinos de América Latina.

ACNUR reconoce que el número de personas que salen de Venezuela plantea problemas complejos que pueden hacer  inviable realizar una determinación de la condición de persona refugiada de manera individualizada, por lo que se recomienda  a los estados que  se haga un reconocimiento grupal  a la población venezolana desplazada como refugiada. Lo importante de esta declaración es que ACNUR, como Nota de Orientación; es decir, como criterio de interpretación del  derecho internacional para la aplicación de las leyes nacionales de migración,  señaló que  para ciertos perfiles de venezolanos y venezolanas en situación de riesgo, se debe aplicar   la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Al respecto, debe recordarse que el derecho de asilo  está reconocido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo el artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 27 (/) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y, aún más, señaló ACNUR que, en cualquier caso, la mayoría de venezolanos y venezolanas están en necesidad de protección internacional de acuerdo con la definición ampliada de refugiado prevista en  la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 que se aplica en América Latina. Esto, porque su vida, seguridad o libertad se ven  amenazadas por circunstancias que están perturbando gravemente el orden público en Venezuela[2]. Es decir, de lo que se trata es si estos instrumentos son vinculantes para los Estados receptores, según el Derecho Internacional y el Derecho Internacional de Derechos Humanos.  Ahora bien, , como lo señala Juan Ignacio Mondelli,  si bien la Declaración de Cartagena no es un tratado internacional propiamente dicho y como tal, no sería  jurídicamente vinculante para los Estados latinoamericanos, sin embargo, la definición regional de persona refugiada es obligatoria para Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela,  por ser una “norma de derecho internacional  consuetudinaria particular (costumbre regional)”[3].

Por su parte, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de fecha 4 de julio de 2019, presentado en el 41 periodo de sesiones del Consejo de Derechos humanos (A/HRC/41/18)[4], para lo cual llevó a cabo nueve visitas para entrevistar a personas refugiadas y migrantes venezolanos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú expresa que el  número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile,  Argentina, Ecuador y el Brasil. Y que las violaciones de los derechos económicos y sociales que impulsan la migración también afectan a las condiciones en que las personas dejan el país, por la manera como se desplazan y  por las situaciones de vulnerabilidad que afrontan durante la migración; cuyas condiciones críticas y  situaciones de vulnerabilidad que son generadas en Venezuela se ven agravadas por los problemas que las personas migrantes afrontan en los países de tránsito y de destino, como la carencia de condición de migrantes regulares, las  condiciones de vida indignas, explotación laboral, discriminación y de  xenofobia. Asimismo, señala la Alta Comisionada  en su informe que las  personas venezolanas tropiezan con obstáculos para obtener o legalizar su  documentación, lo cual vulnera su derecho humano de salir del propio país y su derecho a tener una identidad.  Estos obstáculos también tienen un impacto negativo en el derecho a adquirir una nacionalidad y en el derecho a vivir en familia e impide la reunificación familiar, la entrada y la residencia regulares.

La Alta Comisionada en su informe con relación a las personas migrantes y refugiadas venezolanas concluyó que “las violaciones de los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación y salud, generan necesidades de protección basadas en leyes y estándares internacionales de derechos humanos, incluidas las obligaciones relacionadas con el no retorno. Además, estas violaciones crean situaciones de vulnerabilidad que caracterizan el proceso migratorio en todas sus etapas y que exigen la protección de los derechos humanos”.

En el anterior informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU se confirma con el estudio de ACNUR, de fecha 19 de julio de 2019,  sobre los graves riesgos que afrontan  mucho más de la mitad de los venezolanos desplazados, de los aproximadamente 3,3 millones que se encuentran actualmente en otros países de América Latina y el Caribe;  y por lo que acoge con beneplácito la hoja de ruta acordada por los gobiernos de la región el pasado 5 de julio de 2019, en Buenos Aires,  para facilitar la integración de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, incluso mediante el refuerzo de los procedimientos de registro y documentación.  Y, donde se afirmó además, que  la hoja de ruta forma parte del Proceso de Quito,  como una iniciativa liderada por los gobiernos con el objetivo de armonizar las políticas y prácticas estatales, coordinar la respuesta humanitaria, y mejorar el acceso a los servicios y derechos para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela[5].

Ahora bien, en la realidad, estos países han extremado las condiciones para solicitar el refugio o lo  han sustituido por otras formas alternas de migración  menos protegidas que las que procuran los instrumentos internacionales referidos a las personas refugiadas, sobre todo a quienes de desplazan por situación generales de violaciones masivas de derechos humanos o por alteraciones del orden publico democrático. O, que obstaculizan gravemente sus derechos personales o familiares como migrantes forzados.

Por estas circunstancias, me referiré a este tema en los próximos apartados.

II

La Declaración de Cartagena como norma consuetudinaria particular o regional y la calificación de la población venezolana como refugiada

La Declaración de Cartagena del 22 de noviembre de 1984[6], que acogió y complementó la definición de persona refugiada y los motivos de migración forzada, de la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de  1951 y su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967[7],  al  cual se adhirió Venezuela, es considerada por ACNUR como un instrumento regional de protección , adoptado para brindar una repuesta humanitaria pragmática  a los movimientos masivos de personas que huyen  de conflictos y otras situaciones de violencia indiscriminada que representan una amenaza para su vida, seguridad y libertad[8]. Y doctrinaria y jurisprudencialmente  esta Declaración es considerada como norma de derecho internacional consuetudinario particular o costumbre regional;  y,  aún, si no se le considerara como tal, sin embargo, la “práctica ulterior de los Estados es relevante para interpretar el alcance de las obligaciones estatales bajo el artículo 1º de la Convención de 1951 y el artículo 22.7 de la Convención Americana, de conformidad con las reglas del derecho de los tratados[9].

Lo anteriormente expuesto,  por la interpretación progresiva y la aplicación extensiva de la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y  la Declaración de Cartagena, según la orientación  de las Directrices sobre Protección Internacional Nº 12 de ACNUR, antes  mencionada, en el caso de los venezolanos migrantes desplazados,  su  calificación  como  personas refugiadas resulta vinculante para los estados antes señalados  como norma de derecho internacional  consuetudinaria particular.  Según  estos instrumentos el asilo es la  solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por motivos diversos de  desconocimiento, estigma o tiempos de espera. En este contexto normativo pienso que han de analizarse  sus avances y su aplicación para la protección de personas refugiadas y  particularmente en el caso de los venezolanos desplazados. En efecto, no solo se ha evolucionado progresivamente en el derecho internacional de los derechos humanos en esta materia, sino que incluso, los países de América Latina han reformado sus leyes de asilo   y sancionado leyes de refugio más extensivas[10].  Por esta vía  han  recogido en sus derechos internos la definición tradicional de la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951, como   la definición  amplia contenida en   la Declaración de Cartagena de 1984. Esta normativa progresista extiende la protección de refugiados  a los  casos  de violencia generalizada en el país de origen, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones masivas de los derechos humanos u otras situaciones que alteren  seriamente el orden público[11].  Por ello,  América Latina, en protección de refugiados,  por encima de Europa,  es un  modelo de legislación sobre refugiados fundamentada  en los derechos humanos[12].   Por ejemplo,  la Ley del Refugiado de Perú, promulgada en 2002,  es la primera  ley que reguló la protección de personas refugiadas acorde a la normativa internacional[13]. Y, también en nuestra Región, ya existe doctrina y jurisprudencia que  analiza,  desde el punto de vista de las obligaciones internacionales en materia de protección de personas refugiadas,  las implicaciones  de la incorporación,   por algunos estados latinoamericanos,  en  sus   derechos internos  de la definición ampliada de  la Declaración de Cartagena de refugiadas a las personas desplazadas por   la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público[14]; como lo es el caso de la migración forzada venezolana.

A los fines señalados, vale la pena examinar cual ha sido la evolución de la normativa sobre asilo y refugio en el derecho internacional, por el influjo del iushumanismo. En este orden de ideas, la  primera normativa  internacional que contempló  la definición de refugiado  fue la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951,  que posteriormente fue modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967  Mediante este Protocolo  se eliminaron los límites geográficos y temporales contenidos en la Convención de 1951, que  limitaba el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas que se encontraban fuera de su país de origen debido a acontecimientos ocurridos antes del 1ero de enero de 1951 y dejaba la posibilidad a los Estados de limitar la protección a las personas que hubieran llegado de Europa.  Según el artículo 1º de este instrumento, la persona refugiada, según su artículo 1º,  es quien “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él” . Sin embargo, esta definición fue juzgada excluyente de los desplazamientos  masivos violentos o forzados, por lo que, por ejemplo, la Organización de la Unidad Africana, mediante una Convención,  se refirió a la protección a las personas refugiadas  llegadas a gran escala que huyen de situaciones o circunstancias específicas en su país de origen.  Y en Latinoamérica  por los más de  dos millones de personas desplazadas por las guerras civiles en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que buscaban  refugio en México, Panamá y Estados Unidos,  se aprobó  el  Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá,  en Cartagena en noviembre de 1984, en el cual se admitió que la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 no  comprendían la situación de estos desplazados centroamericanos de manera adecuada  y, por lo tanto,  los estados adoptaron la Declaración de Cartagena, antes mencionada,  en la cual se establece que:  “la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” .  Este Coloquio,  denominado  Declaración de Cartagena,  como una guía para la formulación e interpretación de las normas en esta materia,  no sustituyó la definición tradicional de la condición de refugiado de los anteriores instrumentos internacionales, sino  contempló   criterios interpretativos inclusivos, a la luz  de los derechos humanos,  de que para la protección internacional  de las personas desplazadas en la región latinoamericana, no importa su nacionalidad; así como para   ampliar la protección a estas  personas por causas  patentes y notorias  de la situación de crisis de su  país o región de origen, como , por ejemplo,  las violaciones masivas de los derechos humanos como motivo determinante de  migración forzada, de situaciones grupales.  Es decir, que el criterio progresivo, según el derecho internacional de derechos humanos,  implica  examinar la situación en el país de origen, y no solo la de la persona o de un grupo de personas,  sino la situación en la que se encuentra el país que ha abandonado;  que son  circunstancias “objetivamente” más identificables, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados[15]. Por otro lado, de acuerdo con la visión progresiva y  con el principio de “favor del refugiado”, la interpretación iushumanista de la definición de la Declaración de Cartagena, de  “amenaza a la vida, la seguridad o la libertad”,  como motivo para solicitar la protección de refugiado, es que no hay que evidenciar que el daño se  tenga que materializar, sino que es suficiente  la existencia de un riesgo, que permita por ejemplo,  considerar como motivos de la migración situaciones como pobreza, enfermedades, violencia, desnutrición, u otrascircunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público;  concepto este a que se contrae la definición de personas refugiada de la Declaración de Cartagena.   De modo que puedan ser  reconocidas como refugiadas  las personas que huyen del mismo país en circunstancias similares, por lo que en palabras del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Refugiados, la  definición de refugiado ha de ser  aplicada de manera “masiva” y  no solo individualmente[16].  Lo anteriormente expuesto sobre la interpretación  de la definición de refugiado contenida en  la Declaración de Cartagena, y su aplicación  a las personas desplazadas de  Venezuela, nos lleva  a la consideración objetiva de la situación del país de origen como motivos para su protección internacional como  refugiadas.  Por ello, las fuentes y antecedentes del derecho internacional, así como las investigaciones de instancias internacionales, como los Informes y estudios, antes citados, permiten, por ejemplo, calificar a Venezuela, primeramente,  de un país de violación masiva de derechos humanos. Y, en segundo lugar, de una situación de  acontecimientos  o circunstancias, que perturban el orden público, como factor de la migración masiva.

III

La violación masiva de derechos humanos y la situación de Venezuela como circunstancia que perturba el orden púbico como factores de la migración venezolana.

III.1

La violación masiva de derechos humanos

Respecto del  primero de los motivos, aunque la Declaración de Cartagena no define la violación masiva de los derechos humanos, sin embargo,   la definición contenida en la  Conferencia Internacional Sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), como fuente de derecho internacional comparado, puede servir de criterio interpretativo para la integración de dicha definición  al orden jurídico nacional  como recepción del derecho internacional del  derecho humano de solicitud  de personas refugiadas,  puesto que  en dicha Conferencia, se asienta, que:  “Pueden considerarse como violaciones masivas de Derechos Humanos, la negación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en una forma grave y sistemática (…)”[17].  Definición esta que se refuerza con  principios del Derecho Internacional,   que  desde 1967  acogió el concepto de   violaciones notorias de derechos humanos  y de las diferencias entre violaciones de derechos humanos manifiestas y violaciones menos graves, particularmente por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas,  sobre las bases de la Conferencia de Maastricht sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que se celebró del 11 al 15 de marzo de 1992[18].   Al igual que  según el  Derecho Penal Internacional  el crimen de lesa humanidad “se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque[19].  Y, respecto de su generalidad, el   Alto Comisionado de la ONU para Los Refugiados, ha  señalado,  que este concepto debe  analizarse la escala o magnitud de la violación[20].    Por otro lado,  de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos  “un crimen de lesa humanidad es en sí mismo una grave violación de derechos humanos y afecta a la humanidad toda[21]. Y,  según  la doctrina penal internacional, “el  término ‘población civil incluye a cualquier grupo de personas que se encuentran unidas por unas características comunes, que le hacen ser objetivo del ataque”, es decir, “se trata de personas que forman un colectivo y que necesitan cierta protección, pero no es preciso que el ataque se dirija hacia toda la población[22]. Y según su jurisprudencia sobre violaciones masivas de derechos humanos,  es  especialmente relevante para la calificación de violaciones masivas, cuando las consecuencias de estas violaciones recaen sobre grandes grupos de población o incluso sobre la sociedad en su conjunto[23]. La misma Corte ha establecido que estas  violaciones pueden ser “la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”[24].  Y, que, en  cuanto al carácter masivo, debe  analizarse la escala o magnitud de la violación[25]. Este elemento es  especialmente relevante cuando las consecuencias de estas violaciones recaen sobre grandes grupos de población o incluso sobre la sociedad en su conjunto[26].  En cuanto al carácter masivo, debe  analizarse la escala o magnitud de la violación[27].

En otro orden de ideas,  la serie de pronunciamientos de diferentes entidades y organismos internacionales, califican, situación de Venezuela en base a sus informes e investigaciones, como de masiva  la violación de derechos humanos;  que se comprende en el marco teórico  de lo antes expuesto.  Por ejemplo, 56 comunicados o pronunciamientos de la OEA sobre la situación política, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela en los que señalan graves violaciones de estos  derechos, su  violación sistemática y de  las libertades fundamentales.  Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también ha publicado 17 comunicados en el año 2017 relacionados con la situación grave de Venezuela,  y ha señalado repetidamente el deterioro de la situación de escasez de alimentos y desabastecimiento de los centros de salud que afecta de manera específica a ciertos grupos, tales como niños y niñas, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas adultas mayores;  y  decidió, la citada Comisión,  además incluir en sus Informes Anuales  un capítulo país sobre Venezuelade acuerdo al artículo 59, inciso 6.a).i) del Reglamento de la CIDH, el cual establece los requisitos para la inclusión de la situación de derechos humanos en un país miembro.   El  “Informe de la Secretaría General de la OEA y del Panel de Expertos Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela”, del 29 de mayo de 2018,  señala que en Venezuela se habría configurado crímenes de lesa humanidad a partir de ataques generalizados o sistemáticos contra una parte de la población civil de ese país, constituida por la oposición al gobierno. Los crímenes constatados en concreto serían: el asesinato; la encarcelación u otra privación de la libertad física; (iii) la tortura; (iv) la violación; (v) la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos; y (vi) la desaparición forzada de personas.

La  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en junio de 2018,  también se pronunció sobre la situación en Venezuela. En especial  comentó acerca de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades estatales desde agosto de 2017,  el  uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la práctica reiterada de las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos, y la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel de salud y a una alimentación adecuada. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional  decidió abrir un examen preliminar de oficio sobre crímenes en Venezuela en febrero de este año y señaló  que revisará  la situación en Venezuela por los crímenes presuntamente cometidos en este Estado parte desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados y en particular, porque las fuerzas de seguridad del Estado usaron con frecuencia una fuerza excesiva para dispersar y reprimir las manifestaciones, y arrestaron y detuvieron a miles de miembros reales o aparentes de la oposición, algunos de los cuales habrían sido supuestamente sometidos a abusos y malos tratos.  Por su lado, el 27 de setiembre de 2018, los Estados de la Región (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) remitieron una petición a la Fiscalía de la CPI para que esta inicie una investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, con la  finalidad  para determinar si una o más personas deben ser acusadas de la comisión de tales crímenes[28].   Tal solicitud constituye  el primer caso  de un grupo de Estados partes del Estatuto de Roma  que piden abrir un procedimiento contra otro Estado miembro ante la CPI.  Ello es importante, porque cuando un caso se inicia a petición ex oficio del Fiscal, siempre se tendrá que realizar una confirmación por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, mientras que, cuando el caso se active por iniciativa de un Estado parte o del Consejo de Seguridad, la Sala de Cuestiones Preliminares no tendrá dicha competencia. Es decir,  ya no será necesaria la autorización de los jueces para que la Fiscalía inicie una investigación.  Y al respecto, es conveniente resaltar que la solicitud de investigación contra Venezuela se fundamenta, entre otros elementos, en tres informes sobre violaciones a los derechos humanos en ese país que se acaban de mencionar elaborados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[29]. A estos Informes, se puede agregar el recientemente presentado, ante el Consejo General de derechos Humanos, por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, ante el 41 periodo de sesiones  dicho Consejo, el 5 de julio de este año, en el cual se concluye  que: “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela.” Asimismo agrega, que “durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa”.

Y en su informe la Alta Comisionada concluye que: “Todo ello ha permitido al gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas.  Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual”; por lo que, concluye que: “le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren “(IX Conclusiones 75.76, 77 y 80).

Por lo tanto, a través de las declaraciones,  informes y solicitudes de investigación en el ámbito  de la CIDH, de la Corte Interamericana  de DH y  de la CPI,  y  organismos internacionales, como ACNUR, entre otros; es evidente que en Venezuela actualmente  existen violaciones masivas de derechos humanos que afectan gravemente a su población,  incluso con  riesgo de  la vida de las personas, que se ha ido agravando en la última década.  Y que,  como lo señala la mencionada Alta Comisionada,   “El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas. Al ACNUDH le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren”.  Es decir, que existen elementos de convicción  de violación masiva de derechos humanos para  que los gobiernos de la región,  que suscribieron  la Declaración de Cartagena, puedan calificar de refugiados a las personas  de la población venezolana que lo soliciten.

III.2

Acontecimientos que perturben el orden público

En verdad que este concepto, que carece de una definición universal,  no es utilizado por los gobiernos regionales para aplicar la definición ampliada de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena,  sin embargo, en el caso de la población venezolana desplazada ha tomado una especial significación, por su vinculación con  la paz, la seguridad, estabilidad de la sociedad y el funcionamiento normal de las instituciones del Estado que respete el Estado de derecho y la dignidad de las personas.  Y que para que tal perturbación exista no es necesario que se dé por un conflicto interno o externo,  como lo ha precisado el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados[30]; ni tampoco la existencia de un estado de emergencia.   Aparte de los antecedentes antes señalados, de donde por si solo se desprende la perturbación en Venezuela  del orden constitucional en perjuicio de la población, por ejemplo,   en  la Declaración de Lima, del 8 de agosto de 2017, expresamente  se  “condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela”.  En ese mismo orden de ideas,   el Consejo Permanente de la OEA adoptó la Resolución CP/RES 1078 del 3 de abril de 2017, en la que expresa preocupación por la alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y urge al gobierno a garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de derecho en el marco constitucional de Venezuela. Y, en  el informe presentado por la OEA en julio del mismo año, se  afirma de manera terminante,  entre otras declaraciones,  que: “El gobierno niega al pueblo venezolano sus derechos a la vida y a la integridad física establecidos en la Constitución cuando hiere y asesina a manifestantes en las calles, cuando maltrata y tortura a detenidos y presos políticos y cuando niega el derecho de los civiles a ser juzgados por un juez natural, y no por tribunales militares.  El Gobierno niega al pueblo el derecho a manifestarse pacíficamente y el derecho a expresar libremente sus pensamientossus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, a pesar de que esos derechos están protegidos en la Constitución. El Gobierno niega al pueblo de Venezuela el derecho al voto, al obstaculizar el referendo revocatorio previsto en la Constitución y al aplazar las elecciones regionales y municipales. Incluso ha llegado al extremo de intentar modificar el derecho constitucional más básico, el sufragio universal, sustituyéndolo por elecciones indirectas mediante el proceso de elección de la Asamblea Constituyente. Esas maniobras retrotraen a Venezuela a períodos históricos en que no existía el Estado de derecho, en que cualquier persona podía ser acusada por puro capricho de cualquier crimen y ser encarcelada, torturada o asesinada; en que no existían recursos legales; en que imperaba la impunidad del gobierno[31]. También  en  el informe de septiembre presentado por la OEA se afirma que “la separación e independencia de poderes es inexistente en Venezuela”[32].  Y, en sus  conclusiones se declara que: “La Secretaría general de la OEA entiende que la democracia en Venezuela fue eliminada el 30 de julio de 2017, tras la instauración de una Asamblea Constituyente ilegítima. Durante los últimos 18 meses el Régimen ha destruido deliberadamente la institucionalidad, ha vaciado de contenido la legalidad y el Estado de Derecho y ahora se apresta a desnaturalizar definitivamente la Constitución venezolana, gobernando a través de una entidad impuesta a través de elecciones fraudulentas”[33].  Igualmente, la CIDH, en su informe Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela denuncia la ruptura del orden democrático en nuestro país, diciendo:  “La alteración del orden constitucional y el desconocimiento desde el punto de vista institucional del principio de separación de poderes, tiene consecuencias concretas en las y los habitantes de Venezuela quienes enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos políticos y participar en la vida pública de la nación. La falta de independencia de las instituciones llamadas a velar para que ello sea posible, ha conducido a que el poder público que les fue concedido sirva a fines ajenos a la tarea encomendada”, y que ello se evidencia en múltiples actos como la destitución, inhabilitación, privación de libertad, e incluso afectaciones a la integridad y vida de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, al igual que la  utilización del poder punitivo para judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a disidentes políticos es otro ejemplo de esta desviación del poder” [34]. Aún más,  en la 48ª Asamblea General de la OEA, se aprobó, entre otras, una resolución sobre la situación de Venezuela con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones[35], en la que se afirma, que el proceso electoral realizado el 20 de mayo de 2018 en Venezuela carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales. Asimismo, reiteró la ocurrencia de una alteración inconstitucional del orden constitucional e indicó que se debe observar la situación de Venezuela con objeto de apoyar medidas y acciones diplomáticas adicionales que faciliten la restauración de la institucionalidad democrática y de la paz social.  Y, lo que es significativo, que la indicada Asamblea,  aplicó de la Carta Democrática Interamericana, los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa previstos en sus artículos 20 y 21,  según la cual los estados se comprometen con  democracia representativa  en  base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Por otro lado,  el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, del sistema interamericano de derechos humanos,  recomendaron al Estado tomar medidas para garantizar la independencia judicial y evitar el uso excesivo de la fuerza en contextos de protestas[36].   Y en el sistema universal de derechos humanos, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) condenó enérgicamente la violenta represión de las manifestaciones por parte del Gobierno venezolano y sus cuerpos de seguridad, así como el juzgamiento de civiles por tribunales militares de ese país.  Y señaló que entre  el 4 de abril y el 16 de mayo de 2017, han fallecido de manera violenta más de 40 personas en el contexto de manifestaciones, por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano y grupos armados de civiles afectos al Gobierno.  Y, asimismo,  que centenares de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de las cuales han sido trasladadas a  prisiones militares, instalaciones de organismos de seguridad o a cárceles de máxima seguridad; y, que numerosos detenidos han denunciado golpizas, tratos crueles e inhumanos así como actos de tortura. Igualmente, declaró que, por lo menos 275 civiles están procesados por tribunales militares, acusados de delitos previstos en el Código Militar, como los de “rebelión” y “traición”.   Y también que  en muchos casos, a los abogados defensores se les limita el acceso a las salas de audiencia, sólo están autorizados a hablar uno pocos minutos antes de las audiencias con sus defendidos y se les restringe el acceso al expediente penal.  En sus informes la  CIJ recuerda que todas estas prácticas vulneran derechos y libertades fundamentales y constituyen una violación flagrante por parte del Estado venezolano de sus obligaciones constitucionales e internacionales de garantizar y proteger los derechos humanos.  Y, que desde hace varios años la CIJ ha venido siguiendo la situación en Venezuela y ha podido constatar el vertiginoso y sistemático deterioro de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la  pérdida de independencia del Poder judicial  y, en general, el ocaso del Estado de Derecho[37].  Y, por último, en el ámbito en  el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura recomendaron al Estado tomar medidas para garantizar la independencia judicial y evitar el uso excesivo de la fuerza en contextos de protestas[38].   Por  su parte, el Parlamento Europeo, en Resolución del  31 de enero de 2019 sobre la situación de Venezuela, declara que en Venezuela  no se realizaron elecciones legitimas el 20 de mayo de 2018, que Nicolás Maduro usurpa ilegítimamente la presidencia, que existen víctimas mortales por actos de persecución  por protestas pacíficas, que la población venezolana se enfrenta a una crisis social, económica y   democrática sin precedentes, con más de tres millones de personas que han emigrado  una tasa de inflación que supera 1.650.000% y  condenó enérgicamente la represión feroz y la violencia, que han causado asesinatos y heridos[39].

En la 49 Asamblea General de la OEA,  el  Grupo de Trabajo de esta  Organización para Abordar la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos en la Región presentó  el 28 de junio de 2019  un informe que analizó  la crisis de migrantes y refugiados venezolanos sin precedentes en la región.  Las conclusiones del Informe[40] señalan que si continúan o se profundizan las problemáticas existentes en Venezuela, “la proyección de migrantes y refugiados venezolanos podría llegar entre 5.3 y 5.7 millones para finales de 2019 y entre 7,5 y 8,2 millones para finales de 2020”.  El documento insta a la comunidad internacional “a otorgarle una dimensión global a la crisis de migrantes y refugiados venezolana. No se le puede dar una visión regional ni mucho menos subregional al desplazamiento forzado de los venezolanos”. Resalta además que esta crisis de migrantes y refugiados representa un desafío inédito para los países miembros de la OEA y el resto de la comunidad internacional.  Y que “a pesar de las dificultades que este episodio ha generado, este reto significa una inmensa oportunidad de integrar a millones que están deseosos de trabajar, estudiar e impactar positivamente en los países que los reciben”.

En el citado informe del grupo de trabajo se declara que: “Considerando que la Declaración de Cartagena establece que un refugiado también es aquella persona que huye de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público, el Grupo de Trabajo propone que dicha Declaración sea implementada para que a los venezolanos se les otorgue el estatus de refugiado en toda la región.  Definir a los venezolanos que huyen de su país como refugiados les garantizará protección permanente con derecho a la identidad, acceso a servicios como la salud y educación, así como la oportunidad de insertarse en los mercados laborales. Aproximadamente 2 millones de venezolanos están en condición irregular o corren el riesgo de estarlo en el corto plazo”.

En el Informe que he venido citando también insta a la creación de una tarjeta de identidad regional para que los venezolanos puedan desplazarse de un país a otros sin mayores restricciones.  El Secretario General de la OEA, por su parte,  expresó que el éxodo tiene una sola causa: la dictadura de Nicolás Maduro. Y  el  coordinador del grupo de trabajo, David Smolansky, advirtió que “para el momento de esta Asamblea General hay 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos, el flujo migratorio más grande de la historia de la región. Actualmente es el segundo más grande del mundo, solamente superado por Siria, que ha pasado por una guerra por más de 8 años”. Explicó además que, dada la grave situación, “se considera imperante otorgar a los venezolanos el estatus de refugiado a nivel regional, según la Declaración de Cartagena”.

La Asamblea General de la OEA,  ante el Informe anteriormente citado,  en su  Resolución sobre «La situación de Venezuela y la crisis de migrantes venezolanos» aprobada,   el   28 de junio de 2019,   recordó que  en   la Resolución AG/RES. 2929  del 5 de junio de 2018, la Asamblea General declaró que el proceso electoral celebrado en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos de Venezuela, por no cumplir con los estándares internacionales y por haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. E, igualmente, que
en  las disposiciones de la Resolución 1117/19,  emitidas por el Consejo Permanente el 10 de enero de 2019,  recordó que  rechazó la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019 y  que  enfatizó la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela democráticamente. Además señaló que  en  la Resolución 1124/19, aprobada por dicho  Consejo Permanente el 9 de abril de 2019, resolvió aceptar el nombramiento del Representante Permanente de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo. Y, por otro lado, declaró que  la situación en Venezuela constituye una emergencia humanitaria, como lo establece la Resolución CP/RES. 1123 del 27 de marzo de 2019, y además,  que la crisis de los migrantes y refugiados constituye uno de los mayores éxodos de la historia reciente de América Latina y que su tratamiento requiere solidaridad y cooperación tanto en el ámbito regional como internacional. Y en este orden de ideas,  reconoció que  la grave crisis económica, política y humanitaria en Venezuela  el factor principal de la migración masiva de venezolanos en la región.  Finalmente,  concluyó expresando su profunda preocupación por los graves abusos de los derechos humanos de los venezolanos por el régimen de Nicolás Maduro; y  acogió del Proceso de Quito como un mecanismo para el diálogo, la articulación y la búsqueda de soluciones a la crisis migratoria venezolana y sus consecuencias en la región.  E instó  a los Estados, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a que brinden cooperación técnica y recursos financieros a fin de prestar asistencia a los migrantes venezolanos en los Estados de acogida, y solicitar el acceso pleno y libre para permitir que se preste asistencia humanitaria a las poblaciones más vulnerables y afectadas por la crisis en Venezuela, de acuerdo con los principios humanitarios[41].

IV

La coherencia con la democracia y con la receptividad migratoria de Venezuela de los estados latinoamericanos de migraciones masivas.

Por lo expuesto, puede concluirse que en Venezuela existe una situación grave que expone a su población en  extremo peligro  de su vida,  en grave riesgo su seguridad ,  altera la estabilidad de la población,  y además que existe una absoluta falta de orden constitucional del Estado de Derecho, que impide el normal el funcionamiento de las instituciones del Estado  de garantía  de respeto del orden constitucional y del Estado de derecho en Venezuela y, por, ende,  que la población se encuentra en una total indefensión y, que, por otro lado,  existe  una alta impunidad por la comisión de delitos graves y de lesa humanidad contra los derechos humanos, incluso por gran corrupción. Elementos anteriores  todos estos que evidencian  el  acontecimiento de perturbación del orden público en Venezuela, que junto con el otro elemento de violación masiva de derechos humanos,  también evidenciado; las personas de la  población venezolana desplazada puedan  ser calificada de refugiadas para obtener el derecho de asilo, por aplicación de la definición ampliada de persona  refugiada contenida en la Declaración de Cartagena, por parte de los estados que la subscribieron a o se  adhirieron a esta Declaración.  Definición está mucho más a favor de los derechos humanos que la contenida en los instrumentos internacionales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967,  por aplicación de las violaciones masivas de derechos humanos o de la alteración al orden público, demostrados   por la existencia de la serie de indicios existentes sobre  estas graves violaciones de derechos,  por lo que  las autoridades migratorias de los estados que suscriben la tanta veces mencionada Declaración  de Cartagena,  deberían reconocer el derecho de asilo  a favor de los venezolanos desplazados como personas refugiadas.  Con este reconocimiento,  con base a la Declaración de Cartagena,  y    en el derecho de la  no devolución  previsto por el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (refoulement) [42];  en lugar de establecer otros  instrumentos  migratorios alternativos a la del asilo, o  de acudir a la deportación;  los  estados que han hecho las denuncias   y declaraciones  sobre la violación masiva de derechos humanos y el quebrantamiento y ruptura del orden democrático y  el rompimiento del orden público y la alteración  del ordenamiento constitucional en Venezuela,   serían coherentes con sus posiciones a nivel internacional-  Sobre todo aquéllos estados, como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, entre otros,   de cuyos migrantes, por iguales motivos,  Venezuela  tradicionalmente  ha sido un estado receptor.

Por otro lado,  es verdad que  según  Manual del ACNUR  para que los Estados partes en la Convención y en el Protocolo,  sobre Refugiados,  puedan aplicar sus disposiciones, es necesario que establezcan internamente procedimientos  para que  los  migrantes sean identificados y calificados como refugiados, porque estos instrumentos no contemplan tales  procedimientos. En efecto, ningún instrumento del Derecho Internacional de los Refugiados, es decir ni la Convención ni el Protocolo mencionados  y tampoco la Declaración  de Cartagena; regulan  el procedimiento de determinación de la condición de refugiado.  Por ello, cada estado puede establecer el que considere apropiado a su organización y estructura. Sin embargo, la ANUR ha establecido unos estándares internacionales de orientación para su diseño en garantía de los derechos de los migrantes. Por ejemplo, 1) Garantías relacionadas al acceso físico a la determinación del estatuto de refugiado. Por ello, todas las personas que pueden ser incluidas en la definición de refugiado deben poder ingresar al territorio y no deben ser devueltas en virtud del derecho a la no devolución (non-refoulement); 2) Garantías del debido proceso, en base a las cuales: a) debe existir una autoridad claramente identificada en materia del procedimiento del reconocimiento de la condición de refugiado, b) en caso de rechazo de la solicitud, debe establecer un plazo razonable para apelar ante la misma autoridad o ante una autoridad diferente, administrativa o judicial, con arreglo al sistema prevaleciente, a fin de que se reconsidere formalmente la decisión adoptada; c) debe permitirse al solicitante que permanezca en el país hasta que la autoridad competente haya tomado la decisión del caso o mientras esté pendiente una apelación a una autoridad administrativa o judicial superior; d) el solicitante debe contar con intérprete y debe ser informado de la posibilidad de comunicarse con el ACNUR[43].   Por supuesto,  que  los estados, en virtud de los derechos humanos internacionales y regionales que consagran el derecho de defensa,  a  los refugiados debe reconocérseles  el derecho de ser notificados de las decisiones sobre sus solicitudes,  el derecho de recurrir contra las decisiones que les nieguen su condición de tal,   o que  puedan ser revisadas ante instancias nacionales o internacionales. Además, según el artículo 35 de la Convención de 1951 y el e artículo II del Protocolo de 1967, en virtud del principio de cooperación de los Estados contratantes con la Oficina del Alto Comisionado, el ACNUR puede participar  en los procedimientos de determinación de la condición de refugiado.

Por último, en mi concepto, las resoluciones de la  48ª y 49ª Asamblea General de la OEA, antes citadas, refuerzan el criterio de que la Declaración de Cartagena es una norma consuetudinaria particular o regional, y por ende vinculante para los Estados que concurrieron a proclamar que los países de acogida han de reconocer a la población venezolana desplazada el derecho de solicitar el acceso pleno y libre para permitir que se preste asistencia humanitaria a las poblaciones más vulnerables y afectadas por la crisis en Venezuela, de acuerdo con los principios humanitarios.

Caracas, 3 de agosto de 2019


[1] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2018a): “La cifra de personas refugiadas y migrantes venezolanas alcanza los 3 millones”Disponible aqui

[2] https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/5/5ce33ee54/acnur-la-mayoria-de-las-personas-que-huyen-de-venezuela-necesitan-proteccion.html

[3] Vi, Mondelli, Juan Ignacio, “La fuerza vinculante de la definición regional de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984),  San José, de Costa Rica, diciembre de 2018, Versión no editada provisional (https://www.refworld.org.es/pdfid/5d03d0b54.pdf. 111).  En el caso de Venezuela, pienso, que  aunque no se considere  vinculante  como un tratado la Declaración de Cartagena, según el artículo  22, constitucional, en mi criterio  el derecho de refugio, o de  derecho a salir del propio país y su derecho a tener una identidad,  es un inherente a la inherente a la persona; y además, de acuerdo con el artículo 23, de la misma  Constitución,  sin embargo, de ser el caso, la  definición de persona refugiada de la Declaración de Cartagena, como un Convención suscrita por Venezuela,  resultaría obligatoria, por una interpretación favorable de  la Ley sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados y Asiladas de 2001, en virtud del principio de primacía de los derechos humanos, contemplado en el artículo 2º, constitucional.

[4] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_41_18_SP.pdf

[5] https://reliefweb.int/report/ecuador/protection-monitoring-venezuela-situation-update-1-january-june-2019

[6]https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008

[7] Venezuela no es parte de la Convención de 1951, pero se adhirió al Protocolo de 1967

[8] ACNUR, “Directrices sobre Protección Internacional Nº 12: Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con situaciones de conflicto armado y violencia bajo el artículo 1A de la Convención  de 1951 y/o Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados y las definiciones regionales de refugiado (Ginebra 2 de diciembre de 2016, parrf. 61 (Vid, Mondelli, Juan Ignacio, Op. Cit, pág. 6).

[9] Mondelli, Juan Ignacio, “La fuerza vinculante de la definición regional de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984),  San José, de Costa Rica, diciembre de 2018, ya citado, pág. 111.

[10] Venezuela, por ejemplo, promulgó  con carácter de ley orgánica  la Ley sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados y Asiladas (Gaceta Oficial Número: 37.296 del 03-10-01). (https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0308.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0308).

[11] III. El Coloquio ha adoptado asimismo las siguientes conclusiones: Tercera. Reiterar que, en vista de la experiencia recogida con motivo de la afluencia masiva de refugiados en el área centroamericana, se hace necesario encarar la extensión del concepto de refugiado, teniendo en cuenta, en lo pertinente, y dentro de las características de la situación existente en la región, el precedente de la Convención de la OUA (artículo 1, párrafo 2) y la doctrina utilizada en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

[12] Freier, Luisa (2015): “A liberal paradigm shift? A Critical Appraisal of Recent Trends in Latin American Asylum Legislation” en Gauci, Jean-Pierre et al. (eds.) Exploring the boundaries of refugee law: current protection challenges (Boston,Brill Nijhoff). (Pág. 119)

[13] Vid, Mondelli, Juan Ignacio, “La fuerza vinculante de la definición regional de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984),  San José, de Costa Rica, diciembre de 2018, ya citada,  (https://www.refworld.org.es/pdfid/5d03d0b54.pdf).

[14] Vid, Mondelli, Juan Ignacio, “La fuerza vinculante de la definición regional de la Declaración de Cartagena”, citada en la anterior Nota.

[15] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2016, P. 11): “Directrices sobre protección internacional N° 12, 2 de diciembre”. Disponible en aquí

[16]Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2013, P. 6)): Interpretación de la definición ampliada de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Trabajo presentado en la Reunión de expertos de ACNUR. Montevideo, Uruguay. Disponible aquí. Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2018.

[17] Grupo de Expertos para la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (1989) p.11

[18] Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, Párrafos 14, 15, 16 y 23.

[19] Art. 7 del Estatuto de Roma.

[20] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,   (2016)

[21] 30 Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Corte IDH, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 26 de septiembre de 2006, pfo. 105.

[22] WERLE, Gerhard. 2011. Tratado de Derecho Penal Internacional. 2° Edición. Valencia, Tirant lo Blanch, citado por Concha Manzo, Natalia del  Pilar y Zamorano Jones, Francisco Vicente, en su Tesis “Crimines de Lesa Humanidad. Análisis de la Jurisprudencia  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su Relación con el artículo 7 del Estatuto de Roma” (Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Santiago de Chile, enero 2013), (http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130031/Cr%C3%ADmenes-de-lesa-humanidad-an%C3%A1lisis-de-la-jurisprudencia-de-la-Corte-Interamericana-de-Derechos-Humanos.pdf?sequence=1&isAllowed=y, P. 28)

[23] Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009) párrafo 152.

[24] Corte Interamericana de Derechos Humanos (2001) párrafo 41.

[25] Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009) párrafo 152.

[26] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2016).

[27] Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009) párrafo 152.

[28] Declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, sobre la remisión de un grupo de seis Estados Partes sobre la situación en Venezuela (27 de septiembre de 2018).

[29] Carta a la Sra. Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional (25 de septiembre de 2018).

[30] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2013) p.7.

[31] Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (2017) p.10.

[32] Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (2017) p.18.

[33] Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (2017) p. 33

[34] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017): 253-255.

[35] Resolución 2929 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (5 de junio de 2018).

[36] Comité de Derechos Humanos (2015) y Comité contra la Tortura (2014).

[37] Al respecto ver los informes de la CIJ: Venezuela: el ocaso del Estado de Derecho, 2015 (Venezuela-OcasoEstadoDerecho-Publications-Reports-2015-SPA) y Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela, 2014 (https://www.icj.org/strengthening-the-rule-of-law-in-venezuela/ ).

[38] Comité de Derechos Humanos (2015) y Comité contra la Tortura (2014).

[39] Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2019 sobre la situación en  Venezuela (2019/2543(RSP), (http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0061_ES.pdf)

[40] www.oas.org/documents/spa/press/OEA-informe-migrantes-venezolanos-espanol.pdf

[41] http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-013/19

[42] Artículo 33. — Prohibición de expulsión y de devolución («refoulement»)

1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.

2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea

considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

[43] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (1992). Apartado 192

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