12 octubre, 2020

EFECTOS DEL INFORME DE LA MISIÓN INTERNACIONAL INDEPENDIENTE SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE DERECHO Y LAS ELECCIONES

Por: Allan R. Brewer-Carías

Individuo de Número, Academia de Ciencias Políticas y Sociales / @arbrewercarias

I

Después de haber enviado a Venezuela, el 24 de septiembre de 2020, una Misión diplomática para verificar si se podían posponer las elecciones parlamentarias convocadas para diciembre de este año, abrir un espacio de diálogo y cambiar las condiciones existentes, la Oficina del Sr. Joseph Borrell, Alto Comisionado de la Unión Europea  para las Relaciones Exteriores y Política de Seguridad, emitió una Nota de Prensa que se conoció anoche 30 de septiembre de 2020, en la cual se informó que:

“actualmente no existen las condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral libre, justo y democrático”.[1]

La verdad es que bastaba haber leído el Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, (21 pp) presentado el 15 de septiembre de 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cumplimiento de la resolución 42/25 del Consejo, de 27 de septiembre de 2019; y haber leído las “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (443 pp.), [2] en los cuales se presentaron las conclusiones de dicha Misión “respecto a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos en el país desde 2014;”  para haber llegado fácilmente a esa conclusión, sin necesidad de generar expectativas diplomáticas inútiles.

De dicho Informe y de las Conclusiones Detalladas, estimo que pueden destacarse cinco aspectos fundamentales: primero el cuadro de horror que muestran sobre delitos y crímenes cometidos contra los derechos humanos; segundo, la determinación de que los mismos se cometieron como parte de una política de Estado; tercero, la calificación de los mismos como de crímenes de lesa humanidad; cuarto, la determinación de responsabilidades; y quinto, su desarrollo en  una situación de ausencia de Estado de derecho.

II

El primer aspecto es que ambos documentos muestran, en forma clara y precisa un cuadro de horror, ciertamente inimaginable, no sólo pasado sino actual –que está ocurriendo–, compuesto por funcionarios del horror, policías del horror, fiscales del horror, jueces del horror y custodios del horror, que el Informe resume dando cuenta, que los actos y conductas descritos en el mismo:

“constituyen asesinatos arbitrarios, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes -incluyendo violencia sexual y de género-, desapariciones forzadas (a menudo de corta duración) y detenciones arbitrarias, en violación de la legislación nacional y las obligaciones internacionales de Venezuela.” (par. 151).

A esos hechos y conductas se agregan en el Informe, los crímenes de:

“asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas […] y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o graves daños al cuerpo o a la salud mental o física,”

Dichos crímenes, considera la Misión que constituyen “crímenes de lesa humanidad,” y algunas de ellas, específicamente el crimen de lesa humanidad de persecución, tal como se define en el Estatuto de Roma” (par 161).

En particular, en las Conclusiones detalladas se analizaron muchos de dichos crímenes, entre los que se destacar los relativos a la represión política selectiva (Capitulo III) y los cometidos en el contexto de “violaciones en un contexto de seguridad o control social (Capítulo IV), que la Misión igualmente consideró que algunos de ellos “pueden constituir también el crimen de lesa humanidad de la persecución” (par. 2085), consistente:

“una privación intencional y grave de los siguientes derechos: el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, el derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a no ser sometido a violación y otras formas de violencia sexual, y el derecho a no ser sometido a arresto o detención arbitrarios. En conjunto, estas violaciones pueden constituir actos de persecución, pero también pueden constituir distintos crímenes de lesa humanidad” (par. 2085).

En las Conclusiones detalladas, en relación con este crimen de “persecución,” la Misión destacó lo que son sus “elementos material distintivos”

“a saber, el hecho de dirigirse a una o varias personas o a un grupo por motivos discriminatorios, se manifiesta cuando el ataque se basa, entre otras cosas, en “motivos políticos”.” Las víctimas directas de los crímenes examinados en los Capítulos citados (III y IV) fueron objeto de ataques debido a su identidad como presuntos opositores políticos al régimen (par. 2085).

Para mayor claridad, la Misión especificó en las Conclusiones detalladas que esos crímenes incluyen:

“a. El encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, los actos de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y otros actos inhumanos de carácter similar documentados en el Capítulo III (Represión Política Selectiva), así como los actos de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y otros actos inhumanos de carácter similar documentados en el Capítulo V (Violaciones en el contexto de las protestas).

  1. Los asesinatos (denominados ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales a lo largo del Informe), el encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, las desapariciones forzadas3647, los actos de tortura y otros actos inhumanos de carácter similar, cometidos contra miembros de la población civil en el contexto de operaciones de seguridad o control social” (par. 2087).

III

El segundo aspecto que quería destacar, es que todas las violaciones y crímenes reseñados y analizados por la Misión, como dejó constancia en el Informe, formaron parte de una política de Estado, teniendo la misma “motivos razonables para creer que la mayoría”:

“se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con dos políticas estatales distintas o en apoyo de las mismas. En primer lugar, se aplicó la política de silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno del Presidente Maduro, incluso atacando a las personas que, por diversos medios, demostraron su desacuerdo con el Gobierno o fueron consideradas contrarias a él, así como a sus familiares y amigos que fueron objeto de ataques por estar asociados/as con ellos. En segundo lugar, existía una política de lucha contra la delincuencia, que incluía la eliminación de las personas consideradas “delincuentes” mediante su ejecución extrajudicial” (par. 160).

Ello lo reiteró la Misión en las Conclusiones detalladas, al indicar que:

“tiene motivos razonables para creer que la mayoría de las violaciones y los crímenes documentados en el presente informe se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella. En relación con estos crímenes, la Misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el periodo examinado” (par. 2086).

Sobre esto mismo, en las Conclusiones detalladas, la Misión fue por lo demás explícita sobre estos crímenes, al indicar que

“se cometieron como parte de un ataque dirigido contra la población civil. De hecho, en primer lugar, los actos constituyeron una línea de conducta que implico la comisión múltiple de actos, que formaban parte de un contexto general de eventos, en contraposición a los crímenes cometidos por individuos aislados y descoordinados que actuaban aleatoriamente por su cuenta. En segundo lugar, el ataque se dirigió contra la población civil como objetivo principal, y no incidental, del ataque. Como se señala a continuación, los actos cometidos contra miembros de las fuerzas armadas que han quedado de fuera de combate pueden entrar en esta definición. En tercer lugar, los crímenes enumerados anteriormente se cometieron, respectivamente, en cumplimiento de las siguientes dos politicas estales distintas:

  1. Una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno del Presidente Maduro, incluso dirigiendo a las personas que, a través de diversos medios, demostraron su desacuerdo con el Gobierno o fueron percibidas como contrarias a él, y a sus familiares y amigos que blanco de ataques por estar asociados con ellos.
  2. Una política para combatir la delincuencia, incluida la eliminación de las personas percibidas como “delincuentes” mediante la ejecución extrajudicial” (par. 2088).

IV

El tercer tema fundamental que deriva del Informe y de las Conclusiones Detalladas de la Misión, es que los crímenes documentados, en su mayoría, como antes se ha indicado de citas de los mismos. fueron calificados por la Misión expresamente, como crímenes de lesa humanidad, en particular aquellos cometidos en el marco de “la represión en un contexto de seguridad y control social,” y de “violaciones en el contexto de protestas,” es decir, configurándose como una ofensa a la sociedad venezolana y a la humanidad; precisando que:

“corresponden a conductas que pueden calificarse jurídicamente, en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, como crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, desaparición forzada3645 de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física”(par. 2084).

V

En cuarto lugar, en cuanto a las responsabilidades, el Informe fue por demás claro y preciso, expresando que la Misión:

“tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe, y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas” (par. 164);

Y además, también para creer que:

“los directores de las entidades de seguridad e inteligencia que participaron en la comisión de los delitos documentados en el presente informe ordenaron o contribuyeron a la comisión de esos delitos y, al tener la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas” (par 165).

Sobre estas responsabilidades en las Conclusiones detalladas, la Misión fue también extremadamente cuidadosa y explicita al señalar sobre las graves violaciones y crímenes contra disidentes políticos selectivos ocurridos en el SEBIN (par. 1982), que:

“existen motivos razonables para creer que el Presidente tenía conocimiento de violaciones y crímenes, en particular las detenciones arbitrarias y los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos los actos de violencia sexual, documentados en este informe y realizados en el SEBIN desde 2014. Existe información que en ocasiones dio órdenes al Director General y a los directores de otras unidades del SEBIN. La Misión también cree que el Vicepresidente sabia o debía saber de los mismos crímenes. Si bien tenían la autoridad efectiva para hacerlo, no previnieron los crímenes y violaciones, ni los sancionaron” (par.1988).

Igualmente, en relación con la actuación de, los funcionarios de la DGCIM, la Misión expresó que los mismos:

“participaron en un patrón de violaciones de los derechos humanos y crímenes contra disidentes militares, incluidas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidas violaciones y otros actos de violencia sexual” (par. 1996).

Más adelante, en las mismas Conclusiones detalladas, sobre las responsabilidades relativas a los crímenes documentados, la Misión también fue cuidadosa y precisa al indicar CM que:

“tiene motivos razonables para creer que el Presidente Maduro, dada su posición de autoridad y control efectivo sobre la DGCIM, y el sistema de denuncia existente, tenia conocimiento de las violaciones cometidas en la DGCIM contra militares disidentes y asociados, en particular, actos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y no ha adoptado las medidas necesarias para impedir que se produzcan esos actos o para sancionarlos. En varios casos existe información fidedigna de que participo directamente, ordenando o instigando determinados actos delictivos” (par. 2006).

Luego, en las mismas Conclusiones detalladas la Misión Independiente, deja constancia que:

“cuenta con información que indica que el Presidente y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Estaban en estrecho contacto con otros miembros de la FANB, incluido la GNB, y también con los directores de la PNB, el CICPC, el SEBIN y la DGCIM. Daban ordenes, coordinaban actividades y proporcionaron recursos para llevar a cabo los planes y politicas establecidos en el informe” (par. 2100)

Y finalizan las Conclusiones detalladas:

“Por todas estas razones, la Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Interior y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el presente informe, y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión (par. 2103).

“La Misión también tiene motivos razonables para creer que los directores de las entidades de seguridad e inteligencia que participaron en la comisión de los crímenes documentados en el presente informe ordenaron o contribuyeron a la comisión de esos crímenes y, teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión” (par. 2104).

VI

Y por último, en quinto lugar, en relación con el Estado de derecho, todas estas violaciones a los derechos humanos, muchas de las cuales como se ha dicho, se han calificado como crímenes de lesa humanidad, tal como se indica en el Informe – y no podía ser de otro modo – “se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho en Venezuela desde 2014” (par. 12), que provocó el consiguiente “debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas democráticos, judiciales e institucionales,” habiendo ello dado lugar a “una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno” (par. 2088.a, CD), en medio de “una creciente impunidad, lo que exacerbó las violaciones.”

Específicamente, la Misión constató, por ejemplo, cómo “la Asamblea Nacional, el poder legislativo del Estado, se ha visto continuamente obstaculizada desde que la coalición de partidos de la oposición obtuvo dos tercios de los escaños en diciembre de 2015 (par 14, Informe); cómo “los parlamentarios de la oposición se convirtieron en un foco de represión” afirmando que “al momento de redactar el informe, los parlamentarios de la oposición seguían siendo reprimidos” (Par. 28 IM); y, en contra de la Constitución, cómo “la Asamblea Nacional Constituyente se ha convertido en un poder legislativo de facto” (par. 129, Informe).

La Misión constató, además, cómo en contra de la Constitución, “uno de los elementos que contribuyen a las violaciones y delitos determinados … es la falta de independencia del poder judicial” (par. 148, Informe), habiendo “el Tribunal Supremo dejado de funcionar como un control independiente de los demás poderes del Estado” (154, Informe), y “el propio poder judicial” quedado “convertido en un instrumento de represión” (IM par 165, Informe).

Sobre ello, en particular, la Misión:

“documentó casos en que miembros del poder judicial participaron, por acción u omisión, en la perpetración de graves violaciones de los derechos humanos. Esto es especialmente en el caso del enjuiciamiento penal de opositores políticos, casos que han demostrado violaciones recurrentes de las garantías procesales. Además, los casos investigados por la Misión muestran que el Estado ha recurrido cada vez más a los tribunales militares para juzgar a los disidentes políticos” (par. 164, Informe).

Específicamente respecto de los derechos políticos, la Misión encontró “motivos razonables para creer que durante el período examinado se utilizaron detenciones arbitrarias contra personas por su afiliación, participación, opiniones o expresión política” (par. 34, Informe); “que algunos opositores políticos y personas asociadas a ellos fueron objeto de desaparición forzada de corta duración durante el período examinado;” (par. 46, Informe) y que “se aplicó la política de silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno …, incluso atacando a las personas que, por diversos medios, demostraron su desacuerdo con el Gobierno o fueron consideradas contrarias a él, así como a sus familiares y amigos que fueron objeto de ataques por estar asociados/as con ellos”. (160, Informe).

VII

Es decir, tanto el Informe como las Conclusiones detalladas de la Misión Independiente, ponen de manifiesto la total ausencia de Estado de derecho en Venezuela, y con ello, la carecía absoluta de los elementos esenciales de la democracia definidos en la carta Democrática Interamericana, que están montado s siempre sobre el principio de la separación e independencia de los poderes público, de manera que se pueda asegurar que el ejercicio del poder esté sometido a control, particularmente a cargo de una Justicia autónoma e independiente, pues, en definitiva, sin separación de poderes y sin un sistema de control del poder, simplemente no pueden realizarse verdaderas elecciones libres, justas y confiables; no puede haber pluralismo político, ni acceso al poder conforme a la Constitución; no puede haber efectiva participación en la gestión de los asuntos públicos, ni transparencia administrativa en el ejercicio del gobierno, ni rendición de cuentas por parte de los gobernantes; en fin, no puede haber sumisión efectiva del gobierno a la Constitución y las leyes, así como subordinación de los militares al gobierno civil; no puede haber efectivo acceso a la justicia; y real y efectiva garantía de respeto a los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y los derechos sociales.[3]

Por ello, es relación con la ilegítima e inconstitucional convocatoria realizada por el régimen de elecciones parlamentarias para diciembre de 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió específicamente al poder judicial, manifestando su preocupación por los fallos del Tribunal Supremo de Justicia “que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral;” así como su inquietud por la modificación “del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa”.[4]

VIII

Y fue precisamente en ese marco de violaciones de derechos, y entre ellos, de derechos políticos, de persecución política y de ausencia de elementos mínimos de un régimen democrático que, como lo observó Luis Almagro, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, al conocer y apoyar el Informe el 16 de septiembre de 2020, simplemente:

“Es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas”. [5]

Por ello, el propio Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos unos meses antes, en su sesión del 26 de junio de 2020 (Resolución CP/RES. 1156 (2291/20), en prticular en materia político elecoral, ya había resuelto “desconocer la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia;” reconociendo en cambio a la Asamblea Nacional como “la única institución democráticamente electa”.

El Consejo Permanente, además, condenó “el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas le otorgan a la Asamblea Nacional;” rechazando también “en los más enérgicos términos” y decidiendo desconocer, “la ilegal designación de las directivas de los partidos políticos Primero Justicia y Acción democrática”. [6]

En el mismo sentido, el Grupo de Lima, con fecha 18 de junio de 2020 expresó que “rechazan y desconocen la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia”.[7]

En consecuencia, como lo observaron los mismos miembros del Grupo de Lima en comunicado del 17 de septiembre de 2020, al también conocer el Informe de la Misión Independiente, evidentemente que en Venezuela “no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo,” debiendo “eliminarse todos los obstáculos a la participación política para que se lleve a cabo un proceso electoral significativo,” lo que exige –dijeron–: “

“respeto del mandato constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, la devolución del control de los partidos políticos a sus administradores legítimos, el cese de la inhabilitación y el enjuiciamiento de los líderes políticos, el pleno restablecimiento de sus derechos y de otros candidatos a la igualdad política y participación, la actualización integral del padrón electoral, incluyendo a votantes jóvenes y venezolanos en el exterior, y un CNE independiente y equilibrado, y participación igualitaria y acceso irrestricto a todos los medios”. [8]

Todo ello la habían expresado diversas instituciones dentro y fuera del país en el sentido de que elecciones parlamentarias convocadas en las condiciones actuales no responden a principio democrático alguno ni a los principios y estándares internacionales para que puedan realizarse elecciones libres, justas, verificables, confiables y transparentes.[9]

Ello incluso motivó a la Asamblea Nacional, mucho antes de conocerse el Informe, el 30 de junio de 2020, a adoptar  el “Acuerdo que ratifica la ruta política integral planteada al país, que permita elecciones presidenciales libres y transparentes como salida a la crisis generalizada y que produzca la reinstitucionalización democrática en Venezuela,” en el cual, desconociendo “la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte de quienes usurpan el Tribunal Supremo de Justicia,” precisó cuáles son la “condiciones necesarias” para que puedan realizarse dichas elecciones, enumerando las siguientes

“Restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, dentro y fuera del país, por lo que es necesario contar con un Registro Electoral confiable y auditado.

Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación. Prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales.

Cese de las inhabilitaciones, enjuiciamiento y prisión de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política.

Participación plena de todos los partidos políticos; restablecimiento de su dirigencia natural y el uso de sus símbolos, colores y bienes.

Nuevo Poder Electoral legítimo, designado por la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, y de esta forma contar con un cronograma electoral que garantice el derecho al voto y a los lapsos correspondientes, una campaña electoral equitativa y el adecuado comportamiento del Plan República, respetando el proceso electoral y prohibiendo cualquier intervención ajena a la protección del acto electoral.

Auditoría de todos los procesos del sistema electoral, así como observación electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso”.

El 2 de agosto de 2020, también antes de la aparición del Informe de Misión de la ONU, veintisiete (27) partidos políticos venezolanos emitieron una Declaración titulada: “Unidos debatimos y unidos decidimos: NO participaremos en el fraude, Sí lucharemos por verdaderas elecciones libres,” acordando “de manera unánime” su decisión de “no participar en el fraude electoral” convocado por el régimen, considerando que lo convocado “no es una elección,” rechazando en consecuencia el “nuevo intento de la dictadura para disfrazar de elección a un proceso que no lo es, tal como lo hizo en el año 2018 al secuestrarnos la elección presidencial que correspondía celebrar conforma a nuestro orden constitucional.”[10]

En dicha Declaración, por lo demás, insistieron en que las “condiciones para lograr elecciones libres, justas y competitivas,” conforme a los estándares mínimos aceptados por todos los países democráticos del mundo, son:

“1)   Restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar (Registro Electoral confiable y auditado).

2) Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación. Prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales.

3) Cese de las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política.

4) Participación plena de todos los partidos políticos; restablecimiento de sus legítimas autoridades cesadas por la írrita intervención, así como el uso de sus símbolos y colores partidistas.

5) CNE independiente, nombrado por la Asamblea Nacional, conforme a lo señalado por la Constitución Nacional y la Ley. Designación de todos los órganos subordinados de manera independiente, así como las Juntas Electorales y miembros mesa. Respeto al trabajo de los testigos electorales y demás funcionarios en todos los procesos.

6) Cronograma electoral que garantice el derecho al voto y a los lapsos para cada una de las actividades del proceso desde su convocatoria.

7) Campaña electoral equitativa, con igual acceso a los medios de comunicación públicos y privados; prohibición de cadenas. Acceso equitativo a los espacios públicos y garantía de libre tránsito por todo el territorio nacional.

8) Adecuado comportamiento del Plan República respetando que el proceso electoral es esencialmente un acto civil. Prohibición de indebidas intervenciones en el proceso.

9) Auditorias de todos los procesos del sistema electoral, incluyendo las nuevas máquinas de votación y el sistema para el proceso automatizado.

10) Observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso y en las diversas fases del ciclo electoral. Acompañamiento electoral calificado en cada proceso electoral”.[11]

Es evidente que ninguna de esas condiciones mínimas para que pueda haber elecciones democráticas libres y transparentes está actualmente asegurada en Venezuela, y menos aún puede pensarse que las mismas puedan existir en el marco de la situación denunciada en el Informe de la Misión Independiente de la ONU.

En consecuencia, las elecciones parlamentarias convocadas ilegítima e inconstitucionalmente para diciembre de 2020, si se llegaran a realizar en las condiciones actuales (octubre 2020), el resultado solo sería una supuesta “elección” de diputados a la Asamblea Nacional la cual ha sido declarada de antemano como ilegítima por la Asamblea Nacional, con la consecuencia ineludible de que la misma (al igual que ocurrió con la supuesta elección de Nicolas Maduro en mayo de 2018), igualmente deberá ser considerada como “inexistente” por vicios en la manifestación de voluntad de los votantes y en el objeto de la misma, por estar regulados en “normas” y “reglamentos” dictados por un Consejo Nacional Electoral cuyos miembros fueron nombrado inconstitucionalmente, los cuales son violatorios de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, por ser una elección convocada por “orden” de un órgano que no tiene competencia para darla, como es la Sala Constitucional, lo que hizo mediante la sentencia No. 68 de 5 de junio de 2020 (Punto sexto de la decisión),[12] y por realizarse sin que existan las condiciones mínimas elementales para poder ser elecciones libres, justas, confiables, verificables y transparentes.

En este caso, por tanto, como ocurrió con aquella supuesta elección de Nicolás Maduro en mayo de 2018, el denominado “principio de la conservación de la voluntad electoral presunta”[13] tampoco se podría aplicar pues sería una elección ilegítima e inconstitucional, razón por la cual los supuestos diputados que pudieran ser “electos” no podrían asumir legítimamente sus funciones para integrar la Asamblea Nacional que deberá funcionar a partir del 5 de enero de 2021.

1º de octubre de 2020

[1] https://www.france24.com/es/20201001-la-ue-no-reconocer%C3%A1-las-elecciones-legislativas-en-venezuela-si-no-se-aplazan-los-comicios

[2]     Informe de 15 de septiembre de 2020, disponible en: https:// www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf

[3]       Véase Allan R. Brewer-Carías, “Prólogo” al libro de Gustavo Tarre Briceño, Solo el poder detiene al poder, La teoría de la separación de los poderes y su aplicación en Venezuela, Colección Estudios Jurídicos Nº 102, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2014, pp. 13-49.

[4]     Véase en: ews.un.org/es/story/2020/09/1481232. Igualmente, en El Nacional 25 septiembre 2020, en https://www.elnacional.com/venezuela/bachelet-expreso-preocupacion-por-la-obstruccion-de-la-libertad-en-venezuela-ante-las-elecciones-parlamentarias

[5]     Véase “Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre Informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela,” 16 de septiembre de 2020; disponible en: https://www.oas.org/es/cen-tro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-096/20

[6]     Véase: http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_20/cp42611s03 .docx

[7]     Véase en El País, 18 de junio de 2020, disponible en: http:// www.elpais.cr/2020/06/16/grupo-de-lima-desconoce-designacion-de-consejo-electoral-venezolano/

[8]     Comunicado de 17 de septiembre de 2020; disponible en: Disponible en: https://evtvmiami.com/grupo-de-contacto-internacional-dice-que-no-hay-condiciones-para-elecciones-en-venezuela/

[9]     Véase los Comunicados y pronunciamientos más importantes en el libro publicado por IDEA, con presentación de Asdrúbal Aguiar: Allan R. Brewer-Carías y José Ignacio Hernández, Venezuela. La ilegitima e inconstitucional convocatoria a elecciones parlamentarias en diciembre de 2020, Iniciativa democrática España y las Américas IDEA, 2020.

[10]    Véase el texto en “Por unanimidad: los partidos políticos de la Unidad deciden no participar en el fraude y convocan a un pacto nacional para la salvación de Venezuela,” Asamblea nacional, Centro de Comunicación Nacional, Caracas 2 de agosto de 2020, disponible en:  https://presidenciave.com/presidencia/por-unanimi-dad-los-partidos-politicos-de-la-unidad-deciden-no-participar-en-el-fraude-y-convocan-a-un-pacto-nacional-para-la-salvacion-de-venezuela/. Véase además la información en Alonso Moleiro, “La oposición a Maduro oficializa su decisión de no participar en las elecciones legislativas. Los partidos que apoyan a Guaidó defienden la celebración de una votación con garantías en Venezuela, El País, 2 de agosto de 2020, disponible en: https://elpais.com/inter-nacional/2020-08-02/la-oposicion-a-maduro-oficializa-su-decision -de-no-participar-en-las-elecciones-legislativas.html; y en “La oposición de Venezuela no participará en las próximas elecciones legislativas,” en público.com, 2 de agosto de 2010, disponible en: https:// www.publico.es/internacional/oposicion-venezuela-no-participara-proximas-elecciones-legislativas.html

[11]    Idem.

[12]    En el punto Sexto de la “decisión” contenida en la sentencia la Sala Constitucional: “Se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar los comicios para elegir a los diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, cuyo mandato expira el 4 de enero de 2021.”

[13]    Al cual se refirió Claudia Nikken, en “Reflexiones sobre la eventual continuidad institucional de la Asamblea Nacional,” en WOLA.ORG, Venezuelan Politics and Human Rights, 18 de agosto de 2020,  disponible en https://www.venezuelablog.org/reflexio-nes-sobre-la-eventual-continuidad-institucional-de-la-asamblea-nacional/

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