El derecho a la educación en Venezuela se viola con la orden de impartir clases por internet

Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación del régimen, comunicó el día 7 de abril que a objeto de impedir que las personas se agrupen y puedan quedarse en sus casas por virtud de las previsiones para evitar contagio por el COVID-19 quedan suspendidas las clases presenciales y “haremos uso de las estrategias pedagógicas de aprendizaje a distancia, invitando al uso de la tecnología para culminar el año escolar 2019-2020”.

En nuestro país el uso de las tecnologías se dificulta permanentemente por varias razones: nuestro internet es uno de los más lentos del mundo, el servicio eléctrico es deficiente al punto que varios estados permanecen horas y hasta días sin recibirlo. Por otra parte, la mayoría de los venezolanos de escasos recursos no tienen acceso a computadoras por tanto, el uso tecnológico está muy limitado, con lo cual también se estaría restringiendo, aún más, el disfrute del derecho humano a la educación.

Ante esta imposibilidad, sería propicia la ocasión para que las emisoras de televisión del Estado pudieran convertirse en el medio más idóneo para llevar de forma ordenada las clases en todos los niveles, y así la gran mayoría pudiera acceder a ellas sin mayor inconveniente si tomamos en consideración que el uso del televisor sí es masivo –aunque también dependería de un eficiente servicio eléctrico–, incorporando a las emisoras privadas, cumpliéndose con ello la otra premisa del artículo 102 constitucional cuando se refiere al derecho a la educación, que además es un deber social.

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