Alejandro González Valenzuela: “No puede haber elecciones libres en Venezuela sin el cese de la usurpación”

En octubre de 2019, los factores democráticos de la AN suscribieron un acuerdo para la celebración de elecciones como salida a la crisis que viven los venezolanos que pasó por alto uno de los postulados del Estatuto para la Transición a la Democracia, firmado apenas meses atrás: el cese de la usurpación. Al respecto, Alejandro González Valenzuela, abogado miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional y miembro fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, precisa que pese al agudizamiento de la crisis parlamentaria los diputados deben velar por el cumplimiento de ese instrumento que marca la hoja de ruta para la restauración constitucional y democrática en Venezuela, aun cuando la contingencia política, económica, social e internacional demande otras acciones.

 

Teniendo en cuenta la situación actual del Poder Legislativo, ¿es posible mantener vigente el Estatuto para la Transición a la Democracia?

En primer lugar, debe tenerse presente que el Estatuto para la Transición a la Democracia es un acto normativo sancionado por la AN en el contexto de un acuerdo político (unánime) de todas las fuerzas democráticas en ella representadas, y en ejecución del mandato establecido en el artículo 333 de la Constitución que se activó al consumarse la usurpación (toma del poder) de la Presidencia de la República por parte de Maduro. En tal sentido, no sólo es posible mantenerlo vigente, es un imperativo ético, jurídico y político de las fuerzas democráticas velar por su plena vigencia.

¿De qué manera pueden los diputados llevarlo a cabo?

No debe olvidarse que el Estatuto tiene por contenido, nada más y nada menos, la hoja de ruta para la restauración constitucional y democrática. Ahí están explícitas las tres fases progresivas que nos deben llevar a esa restauración: liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela; conformación de un gobierno provisional de unidad nacional, y celebración de elecciones libres (artículo 2). El mínimo ético y político exigible en la actual coyuntura es dar cumplimiento a las fases progresivas del Estatuto. Por supuesto, la contingencia política, económica, social e internacional va a demandar otras acciones a las que habrá que estar atentos.

En 2019 la AN vulneró el Estatuto, meses después de haberlo suscrito, al aceptar la realización de elecciones sin haberse dado el cese de la usurpación. ¿Acaso ya caducó ese instrumento? ¿La dinámica política demostró que no es posible aplicarlo o se trató de una ligereza de los factores políticos que lo impulsaron?

Ciertamente, el 1º de octubre de 2019 la AN aprobó el “Acuerdo para corroborar la ruta política integral planteada al país que permita elecciones libres y transparentes como salida a la crisis que viven los venezolanos y la reinstitucionalización del país”, que ratificó la creación de un “gobierno de transición” que conduciría al país a elecciones libres, pero en ninguna parte de su texto se hace referencia al cese de la usurpación. Este “Acuerdo” generó muchas reacciones y críticas, entre ellas, del Bloque Constitucional.

Al efecto, importa precisar que el Estatuto para la Transición a la Democracia es un acto (y acta) constitucional-marco, aprobado con fundamento en el régimen excepcional que se generó a partir de la usurpación (artículo 333 constitucional) con la finalidad de restaurar el orden democrático, razón por la cual, en tanto acta constitucional, no puede caducar, mucho menos ser derogado por acuerdos políticos de la AN. Ese “Acuerdo” fue, claramente, un desacierto de la Asamblea porque partió de una premisa absolutamente errónea: ratificar “la plena vigencia de todas las atribuciones y competencias constitucionales de esta Asamblea Nacional de Venezuela y el mandato de los 167 diputados”. Al respecto, la ratificación de las atribuciones y competencias constitucionales supondría que los efectos de las espurias sentencias del TSJ que crearon la tesis de un inexistente estado de desacato de la AN habrían desaparecido, lo que no ha ocurrido; asimismo, supondría el cese de las vías de hecho de la espuria ANC contra la AN; finalmente, supondría que los diputados asilados, exiliados, presos y perseguidos podían volver libremente al Parlamento, y que los diputados maduristas que,  de conformidad con lo previsto en los artículos 148 y 191 de la Constitución, perdieron su investidura al haber  aceptado otros cargos públicos (de hecho o de Derecho) la habrían recuperado.

Considera que Juan Guaidó actúa como presidente encargado o se siente más cómodo sólo como presidente de la AN? ¿No estará allí el problema con la aplicación del Estatuto?

No sé si la incomodidad está en los cargos que ejerce, tal vez el problema tiene que ver con la disciplina partidista de Guaidó, por ello, al ser juramentado nuevamente como presidente de la AN y presidente encargado pidió a su partido ser liberado de esa disciplina, sugiriendo que ahí estaba la fuente de sus inconsistencias durante 2019, textualmente dijo: “Pido a mi partido que me releve de militancia para enfocarme completamente en la libertad de Venezuela” (sic). Ahora que su partido lo ha relevado de disciplina partidista esperemos que se enfoque verdaderamente en la demanda central de los venezolanos: la restauración democrática y la restauración del orden constitucional. En todo caso, de prolongarse mucho el proceso restaurador sería conveniente que se decantara por la dedicación exclusiva de uno de los dos cargos.

¿Cómo cree que la AN integrada por los 100 diputados que apoyan a Guaidó pueda seguir su funcionamiento existiendo otro Parlamento paralelo?

Aquí hay que tener mucho cuidado con las valoraciones políticas y jurídicas. En primer lugar, es preciso enfatizar que existe una sola AN legítima reconocida por las principales democracias del mundo (casi 60). No existe una AN paralela ni directiva paralela. Las vías de hecho en que ha incurrido el grupo de diputados felones, asociados a ex diputados maduristas, constituyen usurpación de autoridad, por tanto, sus actos son nulos e ineficaces, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución. Ahora bien, la AN cuenta con el quórum de funcionamiento para la mayoría de sus competencias constitucionales; sin embargo, para ciertas materias no lo tiene, seguramente ante este escenario se operará con base al principio de necessitas (necesidad política), una herramienta excepcional para situaciones excepcionales.

¿Qué hacer ante ese escenario de ilegitimidad institucional en Venezuela?

Loprimero es luchar contra ella y en ningún caso validarla mediante acuerdos y prácticas espurias. Por ejemplo, el fallido diálogo de Noruega y Barbados es expresión concreta de una tentativa validadora del régimen de Maduro a través de acuerdos espurios; asimismo, un ejemplo de práctica validadora fue permitir que un número importante de diputados maduristas que habían perdido su investidura se reincorporaran a las sesiones en septiembre de 2019, un verdadero caballo de Troya. Se debe seguir luchando tenazmente contra la ilegitimidad para  materializar el mandato de la pregunta 3 del referendo del 16-J (¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?) y la hoja de ruta del Estatuto.

¿Qué representa para el país la fractura del Poder Legislativo?

No existe fractura del Poder Legislativo, lo que existe es un proceso continuado de asalto y degradación de la institucionalidad parlamentaria mediante vías de hecho, tales como: (i) sentencias espurias del TSJ (Sala Electoral express) que han desproclamado a parlamentarios (indígenas); (ii) sentencias espurias de un irregularmente constituido TSJ que han autorizado ilegítimamente el enjuiciamiento a diputados opositores; (iii) sentencias espurias de la Sala Constitucional que han creado la ficción del desacato de la AN y, por consiguiente, han declarado la nulidad de las leyes sancionadas, de los acuerdos, de las interpelaciones, de los nombramientos, etcétera; (iv) usurpación de autoridad por parte de la pseudo ANC, y últimamente, por parte del grupo de diputados felones (diputados CLAP); (v) asaltos por parte de grupos paramilitares que han agredido y atacado impunemente a diputados opositores, periodistas y transeúntes; y (vi) acoso de funcionarios de la Guardia Nacional, que han obstruido el acceso a diputados al Palacio Federal, hostigado y agredido a algunos de ellos.

Aceptar que se trata simplemente de una fractura nos situaría en el ámbito de un conflicto institucional en el que dos partes de un poder se disputan de igual a igual las competencias institucionales de la AN, lo que en este caso no ocurre pues esa nueva fracción que asaltó la institucionalidad parlamentaria jamás podrán sesionar legalmente.

El 4 de enero de 2021 cesará funciones la actual AN liderada por la oposición democrática. El artículo 13 del Estatuto para la Transición señala que debe haber elecciones parlamentarias en el último trimestre de 2020, pero ¿cómo realizar comicios sin que se haya dado el cese de la usurpación?

Definitivamente, no puede haber “elecciones libres” en Venezuela sin que se haya producido el cese de la usurpación.Aquí es importante enfatizar lo siguiente: algunos sectores políticos creen que se debe ir a elecciones a como dé lugar, pues imaginan que Maduro encarna un autoritarismo competitivo, como el de Pinochet, susceptible de ser derrotado por la vía electoral, lo que es un craso error de apreciación, por cuanto el régimen de Maduro es algo más cercano a una tiranía o a un totalitarismo con aristas mafiosas que a un autoritarismo competitivo y, en ese marco, no se va a someter a la incertidumbre de una elección libre y democrática. El profesor Adam Przeworski, al definir la democracia, dice que es el sistema en el que “los partidos de gobierno pierden elecciones”, y que “este mecanismo de alternancia en el poder, a través de las elecciones, permite procesar conflictos políticos en paz y libertad”, es precisamente lo que no le interesa al régimen de Maduro, y así lo ha demostrado en estos últimos años.

¿Hacia dónde deberían ir encaminados los esfuerzos de la AN liderada por Juan Guaidó para abrir paso a la transición?

En primer lugar, el principal esfuerzo de Guiadó debe orientarse a conectarse nuevamente con la gente, con su demanda de cambio democrático, y alejarse de prácticas cupulares y del tutelaje político. Es decir, en este momento se requiere de Guaidó mucha convicción personal, determinación, compromiso y congruencia política. Debe promover iniciativas políticas que involucren la voluntad de la gente y que exhiban músculo político, como una consulta popular sobre la conformación de un eventual Gobierno Provisional de Unidad Nacional, la activación del TIAR, etcétera, promover boicots a las iniciativas y prácticas del régimen de Maduro, entre otros.

Asimismo, se debe tener muy presente que a Guaidó le ha tocado la dirección política en un momento particularmente difícil en el que no sólo debe hacer frente a la tiranía sino, además, a un cambio epocal que ha generado nuevos relacionamientos entre la sociedad, la política, el dinero y el poder. Las causas de este cambio epocal son multifactoriales, pero, de manera principal, la revolución tecnológica está potenciando su impacto en la manera de hacer política y en los tradicionales liderazgos políticos (verticales), pues el ejercicio de la democracia se ha venido horizontalizando, una muestra es la fuerza de las redes sociales, la cantidad de comentarios que arroja cada tuit de los líderes políticos.

A pesar de los pesares, Venezuela no está ajena a este cambio epocal, por ello hay que ir planteándose los temas de fondo para una restauración (que cada día parece más cercana). Se habla de la necesidad de cambio político y de cambio democrático, pero poco se habla de la necesidad de acompañar estos cambios con nuevos paradigmas. Uno de ellos es identificar con claridad el proyecto político que va a subyacer en una nueva Constitución; asimismo, la idea de democracia ya no es la misma. La democracia electoral se ha hecho insuficiente para procesar y resolver el conflicto político permanente en las sociedades, para ello urge imbricarla, como postula Peter Mair, con una sólida democracia constitucional (madisoniana), que en Estados Unidos y Europa ha resuelto más conflictos que la democracia electoral (como nos lo observa Zakaria); también hay que dar atención y valoración al proceso de horizontalización de la democracia a través de la multitud (Hardt y Negri), o los subalternos (Spivak) para su encauzamiento constitucional.

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