LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y SU PROTECCIÓN EN EL CASO DE ESTADO DE EXCEPCIÓN DE ALARMA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

Román J. Duque Corredor

 

Si bien el estado de excepción de alarma ocasionada por el COVID-19 permite limitaciones a la libertad de circulación de las personas y de su presencia en los lugares públicos y la suspensión de las actividades públicas y privadas, la garantía del debido proceso no puede suspenderse de un modo que no pueda ejercerse como derecho fundamental, por ello, el Poder Judicial no puede interrumpir su funcion jurisdiccional.

 

Los decretos de estado de excepción exhortan al TSJ a que adopte previsiones que regulen sus efectos en el funcionamiento del Poder Judicial y sobre los procesos judiciales.  El TSJ, en razón de esta exhortación, solo ha dispuesto la suspensión de los plazos procesales, la no habilitación de los días de despacho –salvo para los procesos penales y de amparo y turnos guardia para estos procesos– y la Comisión Judicial y la Inspectoría General de Tribunales para las labores de coordinación, inspección y vigilancia deberán priorizar el uso de medios electrónicos y páginas web oficiales, pero no para los procesos en curso o que pueden presentarse.

 

El TSJ puede disponer tambien, con fundamento en los decretos de excepción, que tienen jerarquía legal, y en los artículos 26, 29, 49, 110, 334, 337 y 339 constitucionales, no solo previsiones puramente organizativas, sino incluso  reglas procesales mediante la aplicación analógica, entre otras leyes, de la Ley de Infogobierno para  la utilización de medios electrónicos y de  páginas web oficiales para el trámite de los procesos judiciales de  todo recurso, no solamente de amparos o de causas penales que se requiera por la urgencia de protección y de tutela judicial efectiva de un derecho o interés legítimo afectado por un daño irreparable o por un peligro o amenaza inminente.

 

Baste señalar que la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, por ejemplo, para la restitución inmediata de servicios públicos por su falta de prestación o su deficiencia, prevé el procedimiento breve de urgencia en el cual las audiencias orales y públicas han de realizase por medios audiovisuales y hacerse constar en grabaciones.

 

Estos medios han sido aplicados por el TSJ en casos ordinarios, como solicitudes de extradición y de menores en el exterior y para las audiencias de su Sala Penal donde autorizó la realización de audiencias virtuales; y la Sala Plena creó el expediente judicial electrónico en materia de delitos de violencia contra la mujer y del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente.  Igualmente creó el modelo denominado “Juris 2000” como sistema informático para la automatización de expedientes, distribución de causas, libro diario de actuaciones, elaboración de documentos, publicacion de sentencias, elaboración, distribución y consignación de boletas, control de ubicación de expedientes y suministro de información al público.

Por otra parte, la Ley del Infogobierno establece los lineamientos de la información de la gestión pública para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas a través de las tecnologías de información, y expresamente consagra el derecho de las personas de dirigir cualquier tipo de petición a los órganos del Poder Público haciendo uso de las tecnologías de información existentes. Además, prevé el Subsistema de Informática Forense para realizar cómputos procesales y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal. Y esa ley contempla, además, el principio de interoperabilidad por el que los diferentes órganos públicos, como el TSJ o los tribunales, pueden solicitar de otros entes del Estado o de sus empresas que faciliten los medios necesarios para permitir la realización de los actos procesales telemáticos.

 

Pues bien, en mi criterio, el TSJ, con fundamento en los exhortos de los decretos de estados de excepción y con base a estas leyes, y en los artículos 26, 29, 334, 337 y 339 constitucionales así como en los tratados internacionales que establecen estas garantías judiciales del debido proceso ha podido disponer la creacion en los tribunales de salas virtuales para la celebración procesos telemáticos durante el estado de excepción de alarma, a través de plataformas de meeting o de reunión online con conexión a internet, cámara web y micrófonos para videos conferencias  y para presentar de modo telemático demandas, escritos o documentos, incorporados al expediente judicial electrónico. Además, establecer un sistema telefónico de atención al público o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto para lo cual el TSJ, conforme al principio de interoperabilidad de la Ley de Infogobierno, puede solicitar de otros entes del Estado o de sus empresas que faciliten los medios necesarios para permitir la realización de los actos procesales telemáticos, e incluso la Ley del Sistema de Justicia establece que para el ejercicio del derecho al debido proceso la Comision Nacional debe procurar que los entes que componen ese sistema mantengan portales electrónicos e instrumentos de comunicación que aseguren a toda persona el ejercicio del debido proceso, principalmente a quienes se encuentren situación de vulnerabilidad.

 

La conclusión es que que la administración de justicia debe estar preparada para los casos de los estados de excepción a fin de garantizar el derecho al debido proceso que no puede ser restringido. Por ejemplo, prever la aplicación de las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales mediante presencia telemática siempre para lo cual debe disponer para los tribunales los medios técnicos necesarios para ello y así evitar en la medida de lo posible excesivas concentraciones en las sedes judiciales. Para ello podría solicitar de otros entes del Estado que faciliten a los tribunales los medios necesarios para permitir la realización de los actos procesales telemáticos.

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