4 febrero, 2020

Los derechos humanos de los presos en Venezuela se violan impunemente cada día

Si alguna premisa constitucional se violenta en todas sus formas en nuestro país es la contenida en el artículo 272 de la Constitución que ordena al Estado garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación de los internos y el respeto a los derechos humanos. Más allá de esta previsión se encuentra plasmado en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ese “ideal común para todos los pueblos y naciones” cuyo fundamento es el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Se suman a estos postulados cuerpos normativos que deberían también comprometernos como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en vigencia desde el 26 de junio de 1987 adoptada por la Naciones Unidas, precedida por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura adoptada por la OEA, en vigencia desde el 28 de febrero de 1987.

En Venezuela el decaimiento de todas estas premisas ha sido decretado por un comportamiento que exhibe un desprecio absoluto por la condición humana por parte no solo de los funcionarios que tienen a su cargo la labor de custodia de los detenidos o privados de libertad, sino de los organismos responsables de velar por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos de quienes se encuentran en cárceles y otros centros de reclusión. De ello dan cuenta innumerables acontecimientos que saltan a la luz pública y una diaria y constante actividad delictiva por quienes han hecho de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes su sello distintivo.

Es del dominio público que las cárceles o centros de reclusión en Venezuela no solo son depósitos de seres humanos y escuelas para enseñar a delinquir, sino que se han transformado en paredones de la muerte y espacios en donde la tortura y la violación a la dignidad humana no son más que palabras y expresiones sin sentido. Bastan dos ejemplos que fueron noticia como la de que 68 reclusos murieron a causa de un incendio hace 20 meses en el estado Carabobo o que en la población de Anaco, estado Anzoátegui, hace tan solo 3 meses se revelara a través de un video cómo decenas de detenidos tendidos desnudos en el piso y con gallos de peleas sobre sus cuerpos eran golpeados por uniformados. Contrasta con ello, la construcción de piscinas, discotecas, salas de juego, la tenencia de armas de guerra en manos de los privados de libertad, todo lo cual es de exclusivo uso de quienes se han asociado para delinquir con los funcionarios con quienes comparten y pueden costear tales “privilegios”. Todo en su conjunto nos muestra las profundas grietas de una sociedad que no terminará de sanarse hasta no constatar que el respeto de los derechos humanos de los presos sea visible y constatable realidad en nuestro país.

Scroll Up