Los retos del constitucionalismo venezolano

*Intervención en representación del Bloque Constitucional de Venezuela en el Conversatorio “Retos del constitucionalismo venezolano. A propósito de los 20 años de la Constitución”, organizado por el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Monte Ávila, el Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional de Venezuela y el Centro de Estudios del Pensamiento, y celebrado en Caracas el 23 de enero de 2020

 

Román J. Duque Corredor

Un conversatorio sobre retos del constitucionalismo venezolano a 20 años de la Constitución es de gran significación. Primero, por lo que implican  las definiciones de reto como  objetivo difícil de concretar, de desafío y de estímulo. Y, segundo, porque constitucionalismo representa un movimiento político que propugna la supremacía de la Constitución cuando es desconocida su vigencia y que se ha definido como un conjunto de ideas, actitudes y pautas de comportamiento que proclaman  el principio  que la autoridad del poder del estado  deriva y está limitada por la ley suprema.

Es decir, según mi criterio, la constitucioncracia, o gobierno de la Constitución. Bajo estas premisas creo que el constitucionalismo en la actualidad en Venezuela tiene un reto. Su objetivo es el de restablecer el orden constitucional democrático. El desafío construir los fundamentos de ese restablecimiento y el estímulo el factor emocional que provoca la acción de conseguir el objetivo, que en nuestro caso es la libertad y los valores superiores del orden democrático. El reto, concretamente, es consolidar la doctrina de la transición democrática mediante el restablecimiento de la vigencia de la Constitución.   

En el Derecho Comparado, en los supuestos de transición democrática, el proceso pasa por una nueva Constitución o por su reforma. En nuestro caso, por el contrario, pasa por el restablecimiento de la vigencia de la Constitución ante su derogación de hecho. Por tanto, construir la doctrina que fundamente ese objetivo es el reto.  Es decir, se trata de desarrollar el instrumento  de ese restablecimiento. Instrumento que, sin duda, se contiene en el enunciado del artículo 333 del texto fundamental, en su título VIII, de Protección de la Constitución, y, específicamente entre las garantías que se prevén en el capítulo I de este título. En concreto, la construcción de la doctrina del restablecimiento del orden constitucional consiste, en primer lugar, en el desarrollo de la garantía de ese restablecimiento; y, en segundo lugar, en la configuración del supuesto que justifique la aplicación de esa garantía.

El deber y el derecho de restablecer la efectiva vigencia de la Constitución que fuese derogada por cualquier medio distinto de los previstos en el artículo 333 de la Constitución venezolana, en concordancia con su artículo 350, que consagra el derecho de desconocimiento del régimen contrario a los valores y garantías democráticos y que menoscabe los derechos humanos es, por tanto,  es  una  de  las garantías de protección  de la Constitución que se encuentran bajo el  título VIII, que precisamente se denomina: “De la protección de la Constitución, y dentro del Capítulo I de dicho Título,  que se refiere a los medios de garantía de vigencia de la Constitución .

Este medio, como una medida excepcional, vendría a ser “un orden  provisional de la Constitución” para resolver transitoriamente una crisis constitucional por la pérdida de la institucionalidad y para restablecer su normalidad como una suerte de poder constituyente delegado de emergencia transitorio, cuyo objeto es resolver transitoriamente esa crisis restableciendo la supremacía de la Constitución. Ahora bien, el supuesto de la aplicación de la garantía del restablecimiento de la vigencia de la Constitución es su derogación de hecho por la pérdida de la  institucionalidad democrática que es de la esencia del Estado de Derecho proclamado en el artículo 2º, constitucional.  Es decir, la  crisis constitucional en razón de una situación anormal o anómala que impide el normal funcionamiento de las instituciones del Estado democrático de Derecho y por la ilegitimidad de origen y de ejercicio, en el caso de Venezuela, por la usurpación del Poder Ejecutivo, del poder constituyente originario y del máximo representante del Poder Judicial.

Ese régimen excepcional transitorio es un modo de desconocer la autoridad usurpada, o régimen de facto, que contraría los valores, principios y garantías democráticos que se reconocen en el artículo 350 de la Constitución. En mi criterio, de los artículos 333 y 350 constitucionales se desprende, como clausula implícita, la facultad o el derecho de desconocer la usurpación del poder por un gobierno de hecho ante la inexistencia o la falta de institucionalidad del Estado de Derecho que permita ejercer un control constitucional popular para restablecer la vigencia de la Constitución, derogada de hecho, y que faculta a los poderes legítimos, en este caso, a la Asamblea Nacional como representante de la soberanía popular, de quien emanan los poderes del Estado, para que adopte medidas extraordinarias con esa finalidad de la  reinstitucionalización del Estado constitucional de Derecho, de acuerdo con el artículo 5º de la Constitución, en concordancia con sus  artículos  62, 201 y 167, numeral 1.    

En ejercicio de esa facultad, la Asamblea Nacional, conforme la legitimidad que la habilita, dictó el 5 de febrero de 2019 un estatuto transitorio para encausar jurídicamente el hecho político de la transición democrática, de la cesación la usurpación, el establecimiento de un gobierno de transición y la realización de elecciones libres y competitivas. Ante la inexistencia o la falta de institucionalidad democrática, por la derogatoria de hecho de la Constitución, se habilitaron por la Asamblea Nacional medidas extraordinarias para reconstruir esa institucionalidad con base en el artículo 333 en  garantía de protección de la Constitución, como lo es el  Estatuto de la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución.

La construcción de la doctrina del restablecimiento de la vigencia de la Constitución por la crisis institucional señalada configurada por la usurpación del Poder Ejecutivo y del poder constituyente, y por la ilegitimidad del Tribunal Supremo de Justicia requiere distinguir  entre el medio de proteger el orden interno mediante estados de excepción y el medio de garantía constitucional de restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución que ha sido derogada de hecho.

En el primer supuesto, la institucionalidad existe, pero está amenazada o en peligro en situaciones de emergencia o de crisis económicas, sociales, políticas, naturales o ecológicas, en cuyo caso la protección de la Constitución –si son insuficientes las facultades que posee– corresponde al Poder Ejecutivo, mediante decretos de excepción que tienen naturaleza de ley y hasta de modificación transitoria del régimen de las garantías constitucionales bajo el control del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional para adoptar medidas extraordinarias de protección de la estabilidad de las instituciones que se vean afectadas gravemente (artículos 337 a 339, constitucionales). Por el contrario,  en  los  supuestos de  inexistencia de la institucionalidad democrática por la derogación de la Constitución por poderes ilegítimos del Estado, por actos no previstos en ella, corresponde a la AN, como representación de la soberanía popular, la habilitación general para tomar medidas extraordinarias mediante actos normativos transitorios de naturaleza constitucional para restablecer la vigencia de la Constitución  (artículos 5º, 62, 201, 187.9, 233, 333 y 350).

En el primer caso de los estados de excepción la institucionalidad existe, pero está amenazada o en peligro. En el segundo caso, la institucionalidad es inexistente y por eso se atribuye a un poder constituyente delegado de emergencia transitorio, como lo es la legítima Asamblea Nacional,  la potestad  para el restablecimiento de la institucionalidad.

Por ende, el reto del constitucionalismo venezolano en la actualidad, a 20 años de la promulgación de la Constitución, es principalmente consolidar la doctrina de la transición democrática mediante el restablecimiento de la  vigencia de la Constitución ante su derogación de hecho.

 

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