Marino Alvarado: «Urgen conversaciones tripartitas entre Ejecutivo, AN y sectores sindicales y empresariales para asumir medidas más adecuadas frente a la cuarentena»

Desde hace 30 años Marino Alvarado se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Desde Provea advierte que el estado de la alarma le ha servido al gobierno de Maduro para profundizar la militarización del país

El decreto de Estado de Excepción ha traído diversas interpretaciones porque una cosa es la que dice, incluso sin precisiones, otra es la que Maduro señala en sus cadenas y otra la que aplican las fuerzas de seguridad en la calle. ¿Cómo afecta eso a la población?

—El decreto de alarma es una prolongación del estado de excepción que ya hemos tenido en el país durante más de 2 años con unas prórrogas que se han dado de manera inconstitucional avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. En este caso uno pudiera decir que en principio se justifica que se haya decretado el estado de alarma por la gravedad de la situación, pero se hizo nuevamente sin cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución en el sentido de que le corresponde a la Asamblea Nacional ratificar es estado del arma que no debe extenderse más allá de una prórroga, tal como lo establece la Constitución.

 

En todo caso, este estado de la alarma le ha servido al gobierno para profundizar la militarización del país, ha combinado acciones que son correctas –como incorporar a la Fuerza Armada a labores logísticas importantes, pues por tener componente de la Fuerza Armada a lo largo y ancho del país facilita la parte operacional–, con otras incorrectas para mantener y profundizar el control social en una inadecuada interpretación de cuál debe ser el propósito de la medida.

 

—Por ejemplo, ¿cuáles serían algunas de esas acciones incorrectas?

—Hemos visto, por ejemplo, excesivos controles policiales y militares que impiden el traslado de un municipio a otro de personas que necesitan hacerse diálisis, de personas que tenían cita médica, de operaciones, que las perdieron porque no se le dejó pasar; pero además maltratos, estar deteniendo a la gente porque no tiene tapaboca evidentemente es un exceso en el manejo de lo que debería hacer el estado de alarma, en todo caso más que reprimir lo que hay que hacer es orientar a la población. También ha habido una particular represión contra sectores clave, como el de la salud, con la detención y amenaza de enfermeros y médicos por el simple hecho de reclamar que en sus hospitales o centros de salud no hay las condiciones suficientes para atender a personas que lleguen con coronavirus, ya que no tienen los implementos más elementales para evitar el contagio, pues ya sabemos que esta contingencia nos agarró en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja con un servicio público de salud destruido, en ruinas, y con muchísimas limitaciones. Por lo tanto, es perfectamente válido y lógico –como lo dijo Michelle Bachelet en uno de sus últimos pronunciamientos– que el personal de salud haga los reclamos necesarios.

 

Otro sector que también es muy importante en esta coyuntura son los periodistas, que también se han visto amenazados por el poder que quiere imponer una verdad oficial, pareciera que nadie más puede informar sobre el coronavirus en el país salvo lo que diga el gobierno de Maduro. Los periodistas que se han atrevido a dar cifras o a presentar situaciones concretas han sido amenazados, citados a la policía o incluso detenidos y llevados ante tribunales como es el caso del periodista Darvinson Rojas.

—También algunos defensores de derechos humanos en Venezuela han visto amenazado su trabajo e incluso su integridad personal durante la cuarentena

—Sí, es el caso de un defensor de la organización Movimiento Vinotinto que fue detenido en el estado Lara cuando recogía información y grababa un vídeo con su teléfono en el momento en que se maltrataba a pacientes renales que exigían su derecho a echar gasolina porque necesitaban trasladarse para sus diálisis. Esta persona fue presentada en tribunales y se le dio libertad bajo régimen de presentación, pero él no estaba cometiendo ningún delito, lo correcto era, en primer lugar, que el Ministerio Público no lo hubiese presentado en tribunales, y luego que el juez le hubiese dado libertad plena, pero pareciera que nada de lo comunicacional se pudiera hacer si se contradice al poder. Todo esto pone en evidencia las irregularidades que se están cometiendo en este estado de alarma, y cómo se reforzó el control social.

—A las FAES y a las Fuerzas Armadas se les ha otorgado la potestad de ser una especie de “policía sanitaria”: hacen revisiones, se presentan en casas de casos sospechosos, incluso usan ese argumento para acosos selectivos, dejando de lado a las autoridades y el personal sanitario. ¿Por qué ocurre esto? 

—Llama la atención que estén usando a las FAES en dos sentidos: apoyando una labor que no le corresponde porque en todo caso ese apoyo deberían darlo las policías municipales que por mandato constitucional y de ley les corresponde, y yendo a las casas de algunas personas con coronavirus o incluso usando ese argumento para hacer allanamientos y llevarse detenidas a ciertas personas, como fue el caso del periodista y de algunos que trabajan con políticos.

 

—¿Provea ha recibido denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la cuarentena?

 

—Sí, nos preocupan algunas que son muy graves en este momento, por ejemplo, recibimos la denuncia del confinamiento obligatorio de aproximadamente 200 personas en la Villa Bolivariana en Barquisimeto que venían del estado Táchira a quienes se les hizo la prueba inicial y aunque dio negativo a todos se les confirmó en unos edificios que estaban abandonados y se les ha forzado a permanecer allí en condiciones infrahumanas y sin posibilidad de tener contacto con otros familiares, afortunadamente por la denuncia que hicimos a través de las redes sociales con pruebas que ayudamos a difundir se les mejoró un poquito la situación, por lo menos ahora se les dotó de algunos materiales de aseo, pero siguen una situación crítica y además incorporaron a otras personas porque inicialmente eran 99 y en el último contacto que tuvimos con ellos nos dijeron que ahora pasan de 200 personas.

 

El otro elemento que nos preocupa muchísimo es la situación en las cárceles venezolanas y retenes policiales. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han recomendado al Estado que pusiera en libertad a aquellas personas que puedan ser juzgadas en libertad y a aquellas que no representen mayor peligro para la sociedad y que están encarceladas, pues debido al hacinamiento que existe cárceles y principalmente en los retenes policiales hay un altísimo riesgo de propagación del coronavirus que no sólo puede afectar a los presos, sino a los funcionarios policiales que después van a sus casas en todo el país, pues prácticamente en todos los municipios tenemos presos en calabozos y eso se puede convertir en un foco con graves consecuencias para la vida de muchas personas.

 

—Varias organizaciones han advertido de la vulnerabilidad de la población venezolana frente a la pandemia, ¿ustedes están de acuerdo con esa percepción?

 

—Sí, nos preocupa mucho la situación de las personas que viven el día a día, porque aun cuando las medidas de cuarentena son correctas muchas personas no pueden permanecer en sus viviendas si no tienen ingresos para garantizar al menos una comida diaria como lo han planteado algunos que han sido entrevistados. Aquí urge que quienes detentan el poder adopten una conversación y acuerdos tripartitos con la AN, sindicalistas y con empresarios para que las medidas sean más adecuadas, más oportuna, de manera de garantizarle, por ejemplo, al sector de trabajadores informales ingresos que les permitan cumplir con la cuarentena, pero también a un amplio sector de la población que es muy pobre, pues recordemos que el Programa Mundial de Alimentos en un estudio reciente que hizo con autorización del gobierno estableció en Venezuela hay aproximadamente 9 millones de personas en situación de hambre, algunas de hambre extrema a quienes les queda muy difícil cumplir la cuarentena. Pero además está el problema de la gasolina que nos puede generar una situación importante desabastecimiento que complicará aún más las cosas.

 

—¿Cuáles son las acciones de políticas públicas que deberían asumirse en Venezuela que ya atraviesa una Emergencia Humanitaria?

 

—Lo que hemos venido planteando en Provea, que deben establecerse acuerdos institucionales entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo nacional de Maduro y su cúpula, igualmente con el sector empresarial y con los sectores de los trabajadores para adoptar las medidas más adecuadas y más oportunas para atender esta grave situación del coronavirus, que de expandirse el resultado puede representar la pérdida de muchas vidas en Venezuela. Aquí lo está planteado en este momento es que todas las medidas que se adopten, todos los mecanismos que se implementen, todas las instituciones, deben desplegar sus iniciativas, su capacidad y sus esfuerzos a garantizar la vida y la salud de la población venezolana sin distingo.

 

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