Transición democrática, la proletarización de la abogacía y la previsión social de los abogados

“Dar al ciudadano la Justicia que se merece”

Por: Román J. Duque Corredor

 

  1. La clase del precariado: deterioro de la clase profesional

El rescate de las garantías de los derechos humanos y la transición económica para revertir la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, son fines y objetivos de la transición democrática, según el Estatuto que la rige[1].

La proletarización es uno de los síntomas de esa emergencia. En el caso que nos ocupa, de los abogados, baste señalar que el número de estos profesionales egresados de las universidades, en un crecimiento exponencial a partir del 2010, en el 2013 fue de 57.376, de los cuales solo de la Universidad Bolivariana lo fueron 27.803[2].  De esta cantidad no es posible saber cuántos han conseguido empleo, por lo que se supone que la mayoría se dedica el ejercicio profesional, sumados a los más de 220.000 abogados inscritos en el Inpreabogado para enero de 2014.

El crecimiento significativo del número de abogados en el país se debe a la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que ha contribuido a la masificación de la abogacía, y cuyo pensum de estudio, según investigadores autorizados, “no dan las herramientas para el ejercicio profesional tradicional” lo que ha profundizado “algunas tendencias ya presentes en el siglo XX, tales como lo son el proceso de asalarización y la marcada estratificación interna de la profesión”.  Igualmente señalan que “el diseño curricular de la carrera de estudios jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela presenta deficiencias conceptuales importantes, incluso hay errores ortográficos en el documento oficial que describe el contenido programático: una materia se denomina «Aspectos cohersitivos (sic) de la norma«.  Y, que, además, “el diseño curricular podría ser un obstáculo para el objetivo planteado de formar abogados capacitados en usar los instrumentos que otorga el Estado social de derecho y de justicia para alcanzar la paz social, como lo plantea el Programa de Formación de Grado. Esta masificación ha llevado a un ejercicio libre asalariado, en el sentido de que, los abogados son empleados de sus «clientes», ya sea en el aparato estatal o en el sector privado, o son empleados de otros abogados en el estudio jurídico y la mayoría de  los escritorios jurídicos, sobre todo pequeños, en muchos casos, principalmente en el interior, su “subsistencia está íntimamente ligada a la permanencia de uno o dos clientes que le aportan sus ingresos más importantes. Esta masificación “ha llevado a profundizar la estratificación social interna de la profesión y con ello los problemas de acceso a la justicia, pues los sectores de escasos recursos tienden a acceder a abogados con deficiente formación y que cobran poco. Por ello, la mala calidad y atención masificada son dos componentes que afectan el disfrute de los derechos”[3].

Un fenómeno surgido de la masificación de los estudios de derecho, es lo que se podría llamar “el buhonerismo abogadil”, en registros, notarias y tribunales y en oficinas públicas. En efecto, hoy día la presencia de abogados, no solo jóvenes, sino, incluso de mayor edad, que ofrecen sus servicios a las personas que acuden a estas oficinas o despachos, es cada vez mayor. Para lo cual se asocian con empleados de esas mismas oficinas; y ofrecen formularios de diversos contratos a sus puertas y hasta los expenden en quioscos de periódicos y revistas.

Es verdad que la masificación de los estudios de derecho no es la crítica fundamental, sino   en la calidad y contenido de la formación profesional, la cual es de muy baja calidad por el poco nivel académico de las facultades o escuelas de derecho de las universidades controladas por el régimen; por lo que puede hablarse de la  proletarización de la profesión de abogado, fundamentalmente  por la mala calidad de la representación o asistencia jurídica de la defensa o asistencia jurídica y de la función judicial.

 

A este fenómeno contribuye también la intensa proletarización de la clase profesional media. Fenómeno este que algunos investigadores, como Guy Standing, llama la “nueva clase del precariado[4], compuesto por un colectivo de profesionales caracterizado por la inestabilidad laboral, por la falta de prestaciones del Estado, los bajos ingresos y sobre todo por la falta de la prestación de la seguridad social o de las pensiones. Beneficios estos de los cuales disfrutan la clase trabajadora, es decir, que esta clase de precariado, está por debajo de la clase laboral.

 

A lo anterior se agrega el incremento de la pobreza, que ha alcanzado a todos los niveles de trabajadores autónomos y asalariados; que, según el Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 13 de noviembre de 2018, sobre “El Objeto de impulsar una solución política a la crisis nacional, fortaleciendo las fuerzas democráticas del Pueblo de Venezuela con el Respaldo de la Comunidad Internacional”, para el 2017, ha llevado a que 82% de las familias vivan en la pobreza.  Según la Asamblea Nacional el año 2018 cerró con índice de inflación de 1.698.488,2%[5]. Al efecto se ha señalado que la  alta inflación que se viene registrando ha significado un incremento en la incidencia de la pobreza y una disminución de la clase media en el país y que es de esperar que la alta inflación del último año haya tenido efectos devastadores sobre la situación social, notoriamente en la clase media. En este orden de ideas, por ejemplo, Alicia Bárcena, directora de   la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha señalado, que   por la   inflación sin control la pobreza en el país seguirá aumentando en Venezuela[6].

 

II

 

La proletarización de la profesión de abogado

 

La mayoría de los abogados de ejercicio libre depende de su capacidad de asumir de forma autónoma la satisfacción de sus necesidades mediante su trabajo y de ahorrar para afrontar diversos retos. Por esto, existe para ellos dificultad para acceder a servicios públicos y privados de calidad en educación y salud; y, transfieren a sus familias el costo de formar el recurso humano necesario para el crecimiento y desarrollo del país.  Y al mismo tiempo, afrontan la creciente dificultad para acceder a una vivienda; y que, como parte de esa clase depauperada, las precarias condiciones del empleo que existen en el país, así como el escenario económico de alta inflación y de escasez, se convierten en obstáculos casi infranqueables para que esta clase profesional de la población “pueda lograr su aspiración de alcanzar un nivel de vida mejor o al menos semejante al de las generaciones pasadas[7].

 

III

 

El fortalecimiento y modernización de la previsión social de la abogacía como componente de la reinstitucionalización del Sistema de Justicia

 

Lo anterior pone en primer orden de consideración para la reinstitucionalización del Sistema de Justicia, del cual son componentes los abogados habilitados para su ejercicio, el tema del fortalecimiento y modernización de la previsión social de la abogacía, que en Venezuela tiene su propio régimen, según la Ley que rige esta profesión, que, sin embargo, ya data de 1967[8].  Para la prestación de esta especial previsión social se creó, por la citada Ley,  el Instituto de Previsión Social del Abogado (en adelante, INPREABOGADO como se le conoce), con personalidad Jurídica y patrimonio propio, cuya función es la de procurar el bienestar social y económico a los profesionales del derecho y a sus familiares, y en tal sentido asegurarles medios idóneos de protección social frente a las eventualidades derivadas de !a muerte, enfermedad o incapacidad, fomentar el ahorro entre sus miembros como propiciar la adquisición de viviendas propias y en general, cualesquiera otras actividades encaminadas a cumplir el objeto esencial de su existencia[9].

 

Según la célebre sentencia de la Sala Política Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, bajo ponencia del insigne magistrado, Dr. José Gabriel Sarmiento Núñez, de fecha 10 de octubre de 1968, la creación de la previsión social de la abogacía y del mencionado INPREABOGADO, tuvo el propósito, “atendiendo a razones de carácter gremial que demandaban una protección social adecuada a los requerimientos de la vida moderna, sustituir la vieja institución del Montepío, que por su estructura y naturaleza no responde a cabalidad a tales exigencias, por la nueva institución creada para dar protección económica, hospitalaria, quirúrgica y de maternidad al abogado y sus familiares, en vida de aquél y aún después de su muerte, estableciendo así un sistema autónomo de Seguridad Social a favor de los profesionales de la abogacía”. Sistema este, según la referida sentencia que constituye “un desarrollo progresivo de seguridad social, proclamado en el artículo 94 de la Constitución[10] (hoy artículo 86 de la Constitución de 1999[11]).

 

Por estas prestaciones la previsión social del abogado es parte de la seguridad social a que se contrae el artículo 86 de la vigente Constitución. De este instituto forman parte todos los abogados de la República que se hayan inscrito en un Colegio de Abogados. Ahora bien, la previsión social del abogado es de naturaleza participativa, en el sentido de que, por una parte,  los abogados contribuyen con su seguridad social mediante las cuotas de inscripción y por sus  aportes ordinarios y extraordinarios; por  lo que es un deber profesional, ya que para el legítimo ejercicio de la abogacía, todo abogado debe inscribirse en el referido Instituto[12] : Y,  por otra parte, porque  el  Estado ha de hacer aportes  anuales para cubrir  gastos de administración, mediante partidas que han de incluirse en la Ley de Presupuesto;  y de un aporte de un cinco por ciento (5%) del monto de las cantidades recaudadas mensualmente por concepto de arancel judicial[13].

 

El Ejecutivo Nacional no incluye desde hace bastante tiempo en el presupuesto partida alguna para el Inpreabogado, lo cual ha sido reclamado por el gremio[14]. Y, por otro lado, es verdad, que por disposición constitucional la justicia es gratuita, por lo que el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios[15]; razón por la cual el Inpreabogado tampoco recibe porcentaje alguno de arancel judicial por las actuaciones de los tribunales.  Por esta razón, la previsión social del abogado depende solo de los aportes de los abogados, al eliminarse los aportes de Estado, dejando de ser un sistema de seguridad social participativo, que es uno de los principios de toda seguridad social, conforme el artículo 86 constitucional, de cuya naturaleza es la previsión social de los abogados. Además, la eliminación de los aportes del Estado para esta previsión de la abogacía, contradice la obligación que le impone el citado artículo de asegurar la efectividad del derecho de toda persona a tener seguridad social.

 

Por otra parte, los registros y notarias en razón de lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado[16],  hoy día prestan servicios que antes correspondían a los tribunales, por los que se pagan tasas establecidas en este Decreto Ley, por servicios que, como se dijo, antes eran prestados por los tribunales[17].  Es decir, existe  en el presente una situación igual a la que existía anteriormente a este Decreto, según la Ley de Registro Público y el Reglamento de Notarias;  por lo que  en el artículo 13, del Reglamento del Inpreabogado, del 7 de enero de 1970,  se estableció que el 5% de recaudación a que se contrae el artículo 81, de la Ley de Abogados, se aplica también a contribuciones causadas por actuaciones ante Notarias y Registro Mercantil; e incluso, se indica en el artículo 29, del mencionado Reglamento, que el Servicio de Arancel Judicial del Inpreabogado,  que  está  a cargo del Sub Tesorero del Consejo Directivo,  debe velar porque en los Tribunales, Notarias y demás Organismos del Estado a los cuales corresponda, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley de Abogados se haga efectiva la retención del porcentaje correspondiente al  Inpreabogado.

 

IV

La previsión social del abogado

 

Dados los fines del sistema de previsión social del abogado, este es un régimen especial de seguridad social, tal como lo es para los miembros de las Fuerzas Armadas[18], que por virtud de la Ley de Abogados, en razón de la  colegiación obligatoria, corresponde a un ente corporativo descentralizado, fuera  de la estructura de la administración pública del Estado,  que ha de organizarse  para cumplir con los fines de esta previsión; y que por ser un deber de los abogados, su financiamiento está, en parte, a cargo de éstos; y, en parte, a cargo del Estado.  Sistema este, que se integra en  el derecho de seguridad social que reconoce a toda persona el artículo 88, de la vigente Constitución, y por tanto, por  formar parte de la seguridad social general, al igual que ésta, cabe calificar,  a la previsión social del abogado,  tal como lo hace el artículo 4º, de la Ley Orgánica del Sistema de  Seguridad Social[19],  como  “un derecho humano y social fundamental e irrenunciable”, que el Estado, por tanto,  debe garantizar a todos  los abogados residentes en el territorio de la República, inscritos en su respectivo Colegio y en el Inpreabogado.  Sistema de previsión social del abogado, que, por otro lado, sigue vigente como un régimen especial preexistente, hasta el punto que los abogados empleados o funcionarios públicos no están obligados a cotizar para el Seguro Social Obligatorio.

 

V

El derecho de los abogados de contar con una previsión social integral

 

El derecho de los abogados a tener cubierta su previsión social, tanto los que trabajan por cuenta ajena o por cuenta propia, para lo cual hacen aportes obligatorios, sin embargo, no se acumulan a su favor, sino que las prestaciones que reciben se financian con las cotizaciones corrientes de los abogados, por lo que las coberturas mínimas que este régimen proporciona son exactamente las mismas para todos. Por tanto, no es un sistema de capitalización individual, o de mutualidades, según el cual cada aportante acumula sus aportes con independencia de las que puedan realizar otros aportantes, por lo que es una garantía a futuro. Además, en estas mutualidades sus aportes dependerán de los requerimientos y recursos de cada abogado, para complementar o ampliar el número de coberturas y servicios del régimen de previsión ordinario. Por otro lado, las entidades mutualistas ofrecen altos grados de solvencia y coberturas que no están incluidas en la seguridad social general, por lo que son sistemas de previsión complementarios como sistema de capitalización individual. Por ello, en este sistema de capitalización, se permite, por ejemplo, recibir la prestación de jubilación, en forma de capital o de renta vitalicia, según las necesidades de los abogados; y además permite que el abogado siga ejerciendo como tal, pese a percibir la pensión de jubilación, una vez alcanzada la edad requerida.

 

VI

La reforma de la previsión social de la abogacía como parte de la reinstitucionalización del Sistema de Justicia en su componente humano[20]

 

Un logro de la reinstitucionalización de la democracia ha de ser que el Estado cumpla con su obligación de asegurar la efectividad de la seguridad social, como un derecho humano y social fundamental e irrenunciable, para aliviar los efectos de la crisis económica y social sobre la clase profesional,  que en nuestro caso afecta a los abogados que trabajan por cuenta ajena, y principalmente a los que trabajan por cuenta propia, porque los primeros pueden acogerse a los planes de seguridad que establezcan sus empleadores y disfrutar también de la previsión  social de la abogacía del Inpreabogado. Mientras que los segundos, que estén en grave situación, no puedan contratar planes privados, por lo que por el estado de precariedad solo pueden acogerse a la previsión del Inpreabogado, para lo cual deben estar solventes, que tampoco pueden alcanzar por sus escasos recursos.

 

Por tanto, en la transición democrática, política, económica y social, para revertir la emergencia humanitaria compleja, como lo prevé el Estatuto que la rige, se debe restablecer legalmente con un carácter general la obligación del Estado, por lo que respecta al Sistema de Justicia, de aportar porcentajes mínimos para la previsión social de la abogacía, de lo recaudado por los servicios que tengan que ver con los registros y notarias, que son órganos auxiliares de dicho sistema; así como aportes anuales presupuestarios, también mínimos para dicha previsión social. Ello en razón de que la abogacía como órgano de defensa es un colaborador de la administración de justicia, conforme lo establece el artículo 15, de la Ley de Abogados; y, un integrante del Sistema de Justicia, según el artículo 253, de la Constitución.

 

El incremento de los aportes fiscales y presupuestarios anuales del Estado, permitirá al Inpreabogado mejorar y aumentar sus actuales beneficios, que se prestan bajo la cobertura de reembolso mediante sus planes básico obligatorio y de cobertura complementaria de protección social integral del abogado y de su extensión a sus familiares, mediante el pago adicional anticipado de cuotas anuales[21]; que por la alta y creciente inflación sus montos resultan insuficientes.

 

VII

 

La participación de los entes gremiales de la abogacía en la reforma del sistema

de previsión del abogado

 

Es un deber de los entes corporativos de los abogados, principalmente del Instituto de Previsión Social del Abogado, mejorar este sistema, desarrollando formas más modernas de previsión social, como, por ejemplo, el  sistema de capitalización individual, o de mutualidades;  que, por su carácter complementario,  número de coberturas y servicios superiores a los planes básicos, cubren  integralmente algunos de los riesgos de la vida profesional,  y que además de permitir mayores beneficios y son una garantía a futuro.

 

Por ello, estos entes gremiales, Colegios de Abogados, Federación de Colegios de Abogados, además del Inpreabogado, deben presentar propuestas de reforma del sistema de previsión social existente, para que, bajo lo previsto en el artículo 77, de la Ley de Abogados, por ejemplo,  se contemplen, dentro de las actividades que dicho Instituto puede promover, para el mejor logro de sus fines, los sistemas de capitalización individual para la protección social integral de los abogados; así como presentar reformas a las leyes en materias de  seguros de personas para establecer un régimen especial de entidades no lucrativas de mutualidades de previsión social de la abogacía.

 

En efecto, en estos sistemas de capitalización, entre otros beneficios, cada abogado ahorra su propio fondo para la jubilación, en una cantidad que se va incrementando en función de las aportaciones que haga y de la rentabilidad que se obtenga con la inversión de ese dinero a través de los productos o planes de la mutualidad.   A diferencia, del sistema de previsión ordinario, propio de la tradicional seguridad social, que se basa en un sistema de reparto, en el cual los beneficios mejoran en la medida que mejoren las cotizaciones de los abogados activos o los aportes del Estado.  Para ello, las mutualidades de abogados o cajas de previsión social, de algunos países como España y Argentina pueden ser un referente.

 

Además de lo anterior, los entes gremiales deben promover, la reforma de la Ley de Abogados para incluir disposiciones que establezcan criterios de los pensum o contenidos programáticos de la carrera de derecho, los valores superiores del ordenamiento jurídico, que dan contenido al Estado democrático y social de Derecho para evitar la ideologización política de los estudios jurídicos.

Por lo expuesto, la reforma y mejoramiento de la previsión social de la abogacía y la protección del nivel académico de la carrera de derecho debe ser parte de la transición política, en lo económico y social, dada la situación derivada de la masificación de esta profesión sin calidad académica y el deterioro social; de lo cual los Colegios de Abogados y el Inpreabogado han de ser sus protagonistas. Porque además de tratarse la previsión social profesional de un derecho humano su mejoramiento estimularía la asistencia jurídica y social de los abogados como parte del sistema de defensa pública.

 

 

Caracas, 11 de mayo de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Artículo 3º y 6º.7.

[2] Jacqueline Richter; “Las transformaciones en el ejercicio de la abogacía en Venezuela: nuevos y viejos retos en un mundo globalizado”. (http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46702015000100061

[3] Jacqueline Richter, Loc. Cit.

[4]  Guy Standing, “El precario. Una nueva clase social

[5] http://www.bancaynegocios.com/venezuela-cerro-2018-con-inflacion-de-1-698-4882/

[6] http://www.bancaynegocios.com/cepal-estima-que-la-pobreza-en-venezuela-seguira-aumentando/

[7] Lissette González A, “La clase media en Venezuela” (http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC2014764_163-171.pdf ).

[8]   Ver artículo 75 de la Ley de Abogados (Gaceta Oficial Nº 1.081 Extraordinario del 23 de enero de 1967).

[9] Artículos 76 y 77, eiusdem.

[10] Constitucion de 1961. Artículo 94.- En forma progresiva se desarrollará un sistema de seguridad social tendente a proteger a todos los habitantes de la República contra infortunios del trabajo, enfermedad, invalidez, vejez, muerte, desempleo, y cualesquiera otros riesgos que puedan ser objeto de previsión social, así como contra las cargas derivadas de la vida familiar.

Quienes carezcan de medios económicos y no están en condiciones de procurárselos tendrán derecho a la asistencia social mientras sean incorporados al sistema de seguridad social”.

[11] Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y   cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial.

[12] Artículo 7º, de la Ley de Abogados.

[13] Artículo 81, letras b) y e), eiusdem.

[14] Roger Contreras, “La Previsión Social del Abogado en Venezuela”, Caracas, 1979, PP 105-106

[15] Artículos 26, apte., y 254, de la Constitución.

[16] Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014

[17] Artículos 29, 46, 52, 75, 83, 85, 86, 90, 97, del referido decreto ley.

[18] Artículo 3º del Decreto con rango valor y fuerza de Ley de reforma parcial de la Ley del Seguro Social (Decreto Nº 6266 del 31 de julio del 2008)

[19]Gaceta Oficial Nº 39.912 del 30 de abril de 2012

[20] Según el Bloque Constitucional de Venezuela dentro de esta restitución se comprende un componente humano, que, si bien está referido a los jueces, también se extiende a los abogados, como parte del Sistema de Justicia (“Proyecto de reinstitucionalización del Sistema de Justicia. Justicia para el ciudadano”, Informe 2017 (Fundación Alberto Adriani, Bloque Constitucional y Veporlibertad, Talleres Gráficos Producciones Karol C.A., Mérida abril 2018, PP 59-61. Y, “La reinstitucionalización del Sistema de Justicia. Justicia para el ciudadano”, Informe 2018 (Bloque Constitucional, Impresión L+N XXI Diseños C. A., Caracas mayo 2019, PP 44-46). (Ver tambien, http://www.bloqueconstitucional.org/2019/05/).

[21] http://Inpreabogado.com.ve/?page_id=15

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