Violación de los derechos a la información y al libre tránsito

El 11 de febrero pasado se suscitaron dos hechos que no dudamos en calificar de suma gravedad e importancia: en primer lugar, la obstaculización del libre tránsito desde Caracas hacia La Guaira y viceversa, especialmente hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y, en segundo término las agresiones físicas y verbales de las cuales fueron objeto tanto el presidente (E) como sus acompañantes y los representantes de la prensa, tanto venezolana como extranjera.

 

El cierre de las vías que conducían al aeropuerto de Maiquetía no solo por parte de funcionarios, sino por grupos de personas que en motos cerraron los túneles Boquerón 1 y Boquerón 2 violentó de manera flagrante la previsión constitucional contenida en el artículo 50 que establece que toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional.

 

Por otra parte, haber impedido que los equipos reporteriles que cubrían la noticia de la llegada de Juan Guaidó a Venezuela cumplieran con su deber de ofrecer información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, quebrantó el contenido del artículo 58 constitucional, violando el derecho de todos los venezolanos a estar informados. Sin que se pueda relegar, debemos alertar sobre la gravedad de todas las agresiones y lesiones de las cuales fueron objeto los profesionales de la información que cubrían la noticia por parte de personas que se agruparon para propinarles agresiones sin que las autoridades intervinieran para impedirlo, como es su deber. Sigue nuestro país coleccionando violaciones y más violaciones a los derechos humanos ante la mirada impávida de las autoridades. ¿O permisiva y complaciente?

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