Bloque Constitcional analiza implicaciones del Acuerdo de la AN para la ruta que permita elecciones libres y cómo convertirlo en una iniciativa exitosa

Caracas, 7 de octubre de 2019

Considerando:

1.- Que la Asamblea Nacional había aprobado con carácter previo, el pasado 5 de febrero de 2019, un Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (“Estatuto”), cuyo artículo 2, estableció en tres fases progresivas la hoja de ruta de un proceso restaurador:

(1) Liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela;

(2) Conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional; y

(3) Celebración de elecciones libres.

2.- Que el pasado 1 de octubre de 2019, la Asamblea Nacional aprobó un “Acuerdo para Corroborar la Ruta Política Integral Planteada al País que Permita Elecciones Libres y Transparentes como Salida a la Crisis que Viven los Venezolanos y la Reinstitucionalización del País” (“Acuerdo”), en el cual se establece:

 “PRIMERO: Ratificar la plena vigencia de todas las atribuciones y competencias constitucionales de esta Asamblea Nacional de Venezuela y el mandato de los 167 diputados electos democráticamente por 14.385.349 ciudadanos, demostrando la voluntad soberana del pueblo venezolano. Dentro de estas atribuciones, se estableció una ruta política integral planteada al país que permita elecciones presidenciales libres y transparentes como salida a la crisis generalizada y que produzca la reinstitucionalización democrática en Venezuela, reconociendo la necesidad de reintegrar todas las ramas del Poder Público Nacional y rescatar el verdadero contrapeso institucional que determina nuestra Constitución.

SEGUNDO: Ratificar el compromiso de esta Asamblea Nacional por derrotar la Crisis Humanitaria Compleja y lograr reconstruir institucional y económicamente al país, para la elaboración de una propuesta de futuro compartido para toda la sociedad. TERCERO: Reafirmar el respaldo a la propuesta de un posible Acuerdo Político Integral, realizada por el Presidente (e) Juan Gerardo Guaidó Márquez, por intermedio de la delegación designada en el proceso facilitado por el Reino de Noruega, que contiene la convocatoria a un proceso electoral presidencial libre, justo y transparente, con observación internacional seria y calificada, que permita la libre participación de todos los venezolanos; para lo cual se requiere de un nuevo Poder Electoral legítimo, designado por la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, así como el establecimiento de un Gobierno de transición que conduzca al país y garantice este proceso.

CUARTO: Ratificar el interés en trabajar para la convocatoria a elecciones presidenciales libres y justas, a favor de la despolarización política extrema, con miras a una transición democrática que privilegie garantías y espacios políticos para quienes estén dispuestos a respaldar y defender la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de un Acuerdo Político Integral, que también incluya la necesaria renovación de los Poderes Públicos, para que actúen de forma autónoma e independiente, lo que implica el nombramiento de los titulares del Poder Ciudadano, Poder Electoral y Poder Judicial, a través de los procedimientos constitucionales vigentes que otorgan esta facultad a la Asamblea Nacional para su correcta designación…”.

3.- Que el “Acuerdo” se produce con fundamento al principio constitucional de necesidad política que tiene expresión positiva en los artículos 333 y 350 de la Constitución, para hacer frente a las excepcionales circunstancias que atraviesa el país. 

4.- Que el Acuerdo ha producido múltiples interpretaciones y reacciones, así como desconcierto en los diferentes sectores del país.

El Bloque Constitucional, teniendo como uno de sus objetivos fundamentales

 la defensa del orden constitucional, exhorta a la Asamblea Nacional para que:

PRIMERO: ASUMA que “la ratificación de la plena vigencia de todas sus atribuciones y competencias constitucionales” a que se refiere el “Resuelto PRIMERO” del “Acuerdo”, supone que CESAN los  efectos de las espurias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que crearon y desarrollaron la antijurídica y absurda tesis de un inexistente estado de desacato de la Asamblea Nacional; asimismo el CESE de las ilegítimas decisiones, que en franca violación de la institución constitucional de la inmunidad parlamentaria, han acordado el enjuiciamiento de diputados, y el CESE de los efectos de las vías de hecho de la espuria Asamblea Nacional Constituyente realizadas contra la Asamblea Nacional y contra algunos de sus diputados, en particular.

SEGUNDO: EXIJA, en vista ala ratificación de la plena vigencia de todas las atribuciones y competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, la liberación inmediata y sin condiciones de todos los diputados secuestrados, y el cese del acoso a los diputados asilados, exiliados, y obligados a la clandestinidad, para que puedan reincorporarse de inmediato a sus funciones constitucionales.  

TERCERO: CUMPLA con lo previsto en los artículos 148 y 191 de la Constitución, y, por tanto, DECIDA que los diputados que han perdido su investidura por haber aceptado o ejercido otra función pública, sólo podrán asistir a las sesiones de la Asamblea Nacional, en su única condición posible: “Miembros del autodenominado Bloque de la Patria”, sujetos a calificación por parte de la Asamblea Nacional.

CUARTO: CUMPLA con lo dispuesto en el “Estatuto” y en el “Acuerdo”, y conforme a las reglas establecidas el precitado “en el Estatuto”, de inicio a la restauración institucional, mediante la renovación de los poderes públicos, con miras a la celebración de un proceso de elección presidencial que pueda ser efectivamente libre, justo y transparente, con observación internacional seria y calificada, y que permita la libre participación de todos los venezolanos, no sin antes designar un Gobierno Provisional de Unidad Nacional que garantice el proceso de transición y que conduzca al país al restablecimiento del orden constitucional y democrático.

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Blanca Rosa Mármol, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H., y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Núñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila y Noemí Del Valle Andrade. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Eliseo Moreno† (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítulo España. Coordinador Carlos Sarmiento Sosa.

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