Carlos Ayala Corao: “Durante la pandemia los Estados se acostumbraron a controlar a los ciudadanos”

 

Como ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asesor en derechos humanos en varios organismos internacionales como Naciones Unidas, el jurista venezolano Carlos Ayala Corao, Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, tiene sobradas credenciales para hacer una evaluación que conjugue la visión jurídica del estado de alarma en Venezuela con el enfoque de derechos humanos y Estado de Derecho. Desde 2018 es el vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) con sede en Ginebra, Suiza. Recientemente publicó un análisis titulado “Retos de la pandemia del COVID-19 para el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos”, en el cual advierte que en la etapa pospandemia los Estados tendrán la oportunidad de replantear su funcionamiento con miras al fortalecimiento de las democracias, para lo cual es indispensable la participación de los ciudadanos

 

—¿Es necesario prorrogar el decreto de estado de excepción de alarma para extender la cuarentena a fin de proteger a la población?

 

—Desde el punto de vista estrictamente jurídico para proteger la salud de la población el Estado tiene la obligación, de acuerdo con los estándares constitucionales e internacionales, de decretar estado de alarma cuando ocurren catástrofes o situaciones similares que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos, ante las circunstancias actuales indudablemente Venezuela está bajo una amenaza, por lo cual eso obliga a que las medidas preventivas y de tratamiento tengan que ser no solamente necesarias, sino idóneas, proporcionales y razonables. El problema es que en Venezuela tenemos otro estado de excepción sobre el estado de alarma, que es el decreto de emergencia económica, que se prorrogó en mayo durante la cuarentena, lo cual es un aprovechamiento de los estados de emergencia para sustraer las competencias de la Asamblea Nacional, por lo tanto es un acto ilegal.

 

¿En qué aspectos el decreto de estado de alarma de Nicolás Maduro sobrepasa los límites y se abusa del poder con el argumento de brindarle seguridad a la población?

 

—El decreto tiene una serie de cuestionamientos y críticas que hemos hecho varios juristas, así como la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el Bloque Constitucional, entre otros, porque en primer lugar el decreto de estado de alarma no se está utilizando como mecanismo para mejorar las causas de la fragilidad de la población venezolana ante la pandemia, entre las cuales está el servicio interrumpido de agua, que es esencial para protegerse del virus, los cortes de electricidad y agua que afectan a los hospitales, las restricciones de internet, los problemas en el acceso a alimentos y a servicios de salud, todo eso nos pone ante un cuadro de emergencia que se debería superar y no solo frente a la pandemia, sino que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, a la vida, a la integridad personal, y eso no se está cumpliendo con este decreto, sino que ahora la población está siendo más afectada. Por lo tanto, el estado de alarma debe ser para proteger la salud que se ve amenazada, no para controlar a los ciudadanos.

 

¿Cómo manejar el límite de ordenar medidas sin restringir los derechos y las libertades?

—Para eso están los controles que existen en los Estados democráticos y los controles internacionales, porque nadie puede negar la obligación del Estado de adoptar medidas necesarias para salvaguardar y garantizar la vida y la salud su población, pero el tema es que hay que ajustar todas esas medidas a lo que establece la Constitución y el Derecho Internacional; pero, por ejemplo, en el caso de Venezuela donde de acuerdo con nuestra Constitución el decreto de estado de alarma ha debido ser remitido para su consideración y aprobación, o improbación, a la Asamblea Nacional, pero no fue así, el hecho de que para el propio decreto se haya saltado ese paso nos coloca ante la primera violación. En Venezuela la falta de independencia del Poder Judicial en general y del Tribunal Supremo de Justicia en particular hace que los controles judiciales del decreto de estado de excepción y otras medidas que se puedan adoptar durante el estado de alarma no estén sujetos a los controles de un Estado democrático.

 

Indudablemente, los estados de excepción, de alarma o de emergencia sanitaria que se han dictado alrededor del mundo durante la pandemia han afectado el normal funcionamiento de la democracia porque la norma de cuarentena, de distanciamiento, de permanecer en casa, ha hecho que los poderes legislativos y judiciales que han dictado las medidas no estén trabajando a cabalidad; sin embargo, desde hace ya más de un mes han comenzado a reaccionar y a funcionar parlamentos nacionales y regionales de forma remota en varios países, y algunas cortes supremas han estado haciendo un esfuerzo para funcionar y seguir dictando sus sentencias.

 

—¿Qué tipo de aspectos violatorios del Estado de Derecho y de las normas constitucionales usted observa en el decreto de estado de alarma en Venezuela?

 

Hay aspectos formales que observo, pero hay otros más de facto, por ejemplo, este decreto a pesar de haberse dictado en fecha 13 de marzo fue hasta el 17 de marzo que circuló en Gaceta Oficial y en el ínterin se ordenó una serie de restricciones sin que existiera la publicación en Gaceta Oficial; es decir, que fue un acto sin fundamento. En segundo lugar, el decreto delega en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República la facultad de suspender otras actividades, y debemos recordar que de acuerdo con la Constitución las competencias para dictar medidas durante estados de excepción son del presidente de la república en Consejo de Ministros. Luego, hay una observación jurídica cuando se autoriza a los órganos de seguridad ciudadana a tomar cualquier medida inmediata de mitigación o desaparición del riesgo de contagio, esta es una norma que queda abierta, discrecional, sin ningún apego a parámetros objetivos, pero además eso arriesga a los propios policías ante el contacto con casos reales sin que cuenten con el protocolo de protección adecuado.

 

Otra irregularidad es que en la disposición final, Nicolás Maduro se autohabilita para dictar otras medidas que, cito entrecomillas, considere conveniente, pero en este tipo de decretos no se ordenan medidas que se consideren convenientes, sino necesarias e idóneas. Una observación adicional es que la disposición final sexta prevé la suspensión e interrupción de los procedimientos administrativos como consecuencia de la suspensión de actividades, esa disposición no debería ser general, pues en algunos casos de protección de los derechos de la persona se requiere que un determinado procedimiento administrativo sigua corriendo. Se dejó de regular en materia tributaria, lo que afecta la actividad productiva de las empresas y genera una serie de limitaciones que hacen necesario prorrogar y modificar los calendarios de declaraciones de pago de impuestos, por ejemplo.

 

¿Podría Maduro justificar que sus medidas responden a los Principios internacionales de Siracusa sobre estados de excepción, los cuales establecen que la salud pública puede invocarse como motivo para limitar ciertos derechos?

 

Bueno, depende de qué medidas porque lo que está ocurriendo en Venezuela son medidas de excepción de facto, derechos que no se pueden restringir ni siquiera bajo estado de emergencia conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción han quedado suspendidos, como si no existieran, por ejemplo, la libertad de información cuando es esencial en una epidemia que la sociedad esté informada, que el propio Estado tenga distintas fuentes de información, que la prensa, los periodistas y las fuentes especializadas puedan divulgar información sin censura. Sólo por citar un ejemplo, la ONG Provea documentó del 4 de marzo al 7 de abril 44 detenciones arbitrarias entre los cuales figuran 7 miembros del personal médico en distintas partes del país bien sea por opinar, criticar o informar las condiciones de los centros asistenciales. Y respecto a los periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa presentó el 3 de mayo un informe sobre los casos ocurridos desde el 16 de marzo, en el que señalaba que habían ocurrido 22 detenciones arbitrarias contra periodistas o reporteros gráficos, 21 casos de agresiones y 9 actos de censura con el cierre de 6 medios de comunicación por informar sobre el tema del coronavirus. Como dijo la secretaría general del Colegio Nacional de Periodistas en unas declaraciones que dio a BBC, el gobierno busca infundir miedo para que los medios y los periodistas se impongan autocensura.

 

—Y esa imposición de censura va más allá de la prensa y los trabajadores de la salud…

 

Sí, hay una pieza que se puso en acto jurídico en cuanto a la investigación científica que es insólita, y es la resolución conjunta de los ministerios de Salud y Ciencia y Tecnología del 16 de abril en la cual se restringe innecesaria y desproporcionadamente la libertad de buscar información sobre el COVID-19 porque se somete a un registro gubernamental, lo cual es contrario a los principios de una sociedad democrática, ello motivó un pronunciamiento conjunto de todas las academias nacionales el 29 de abril denunciando que se está violando el derecho a la investigación científica y el derecho de buscar y recibir información.

 

—¿Entonces, no podría Maduro justificar que sus medidas son para proteger a la población?

 

—No, porque no se puede utilizar un fin legítimo, como es proteger la salud pública, para imponer  medios restrictivos, arbitrarios, que no conducen a ese fin. Percatándose de estos problemas, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, cuando compareció el 9 de abril ante el Consejo de Derechos Humanos manifestó su preocupación porque en algunos países como Venezuela los poderes ilimitados de emergencia no están sujetos a revisión, lo cual ha tenido como consecuencia que la pandemia se esté usando para justificar cambios represivos de la legislación que seguirán en vigor mucho después del final de esta contingencia. Y como si fuera poco, hace apenas unos días, el 30 de abril, 10 relatores de Naciones Unidas advirtieron sobre Venezuela que la emergencia sanitaria no es excusa para seguir restringiendo los derechos humanos de manera arbitraria.

 

—Eso quiere decir que los organismos internacionales observan el manejo que el Estado venezolano está haciendo de la pandemia, pero ha quedado demostrado que quienes detentan el poder y emiten las órdenes poco atienden las recomendaciones y advertencias de estas instancias. ¿Habrá responsabilidad por esto?

 

—Las violaciones de derechos humanos no solo generan responsabilidad internacional al Estado por los actos de sus agentes cometen o por los casos no investigados, sino que pueden dar lugar a sanciones penales individuales o también en el marco del Estatuto de Roma, pues recordemos que hay una comisión que investigando delitos de lesa humanidad en Venezuela. Un gobernante puede cometer abusos y violar derechos humanos, pero tarde o temprano tendrá que pagar por ello, lo que sucede es que la responsabilidad en materia de derechos humanos no es inmediata, para verla hay que luchar con constancia.

 

Pero además está el control internacional, los principales tratados sobre derechos humanos contienen una cláusula que permite en situaciones extraordinarias que afecten la vida de la población tomar las medidas estrictamente necesarias y por el tiempo estrictamente necesario para superar esa situación y que implica dos obligaciones adicionales: primero, justificar adecuadamente esos decretos, y segundo enviarlos a los órganos internacionales para que se ejerza lo que se llama la protección colectiva. En Venezuela estamos sujetos a dos tratados internacionales que están en la Constitución para aplicar en estados de emergencia, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hasta ahora el Estado venezolano no ha notificado que ha adoptado esos estados de alarma ni qué tipo de libertades ha restringido en ese contexto, no lo ha hecho ni ante la ONU ni ante la OEA. Sin embargo, aunque no lo haya notificado esos estados de emergencia o excepción encienden las alarmas de los organismos para el monitoreo internacional; la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU ha publicado en su página web una serie de directrices y medidas que se están adoptando; asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene una oficina de seguimiento y ha emitido varias medidas cautelares a personas en Venezuela durante la pandemia, además de comunicados y tiene la posibilidad de incorporar un estudio especial en el informe anual que se dirige a todos los Estados. De manera que mientras se están desarrollando estos acontecimientos hay mecanismos de protección internacional que están activos.

 

—Las normas establecen que bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en estados de emergencia, se deberá suspender el funcionamiento de los poderes públicos, pero en Venezuela, a raíz del decreto de estado de alarma prorrogado dos veces, se paralizó la administración pública. ¿Cómo afecta eso a los ciudadanos?

 

—En materia judicial las causas quedan en suspenso, en materia penal se dijo que funcionaría solo para los asuntos urgentes, aunque no se definió el criterio, y en el resto de las materias los jueces rectores han debido adoptar medidas conducentes a garantizar la administración de justicia, lo cual no ha ocurrido. En general, hay un funcionamiento muy disminuido de los tribunales penales, no hay sustanciación de los casos que se encuentran en fase intermedia y de juicio, no se están desarrollando a pesar que se habló de un plan piloto que no se ha puesto en práctica. Por lo tanto, en Venezuela el servicio público de justicia durante la pandemia no se ha garantizado y mucho menos como han hecho otros países que han introducido actuaciones no presenciales a través de internet, pero en Venezuela el Estado tampoco ha garantizado el derecho a la conectividad, el acceso es limitado y la calidad pésima, cuando resulta que es uno de los servicios primordiales durante la pandemia, no solo por la obtención de información sino porque hasta cierto punto la educación, la justicia, la participación podrían llevarse a cabo de manera remota.

 

—¿Qué consecuencias tendrá esta paralización para el país y para la sociedad venezolana?

 

—Un país vive de lo que su gente produce, de la cultura que su gente crea y desarrolla, de la educación que reciben su población, por lo que un país que antes de la pandemia ya estaba parcialmente paralizado y que ahora sin que nada tenga que ver con el virus se paraliza casi totalmente por la escasez de gasolina, porque ya no tiene nada que ver con la pandemia.

 

Lo que estamos viendo más allá de la situación de la pandemia es que cosas tan vitales para la movilización y funcionamiento de un país como la energía eléctrica, el agua, el combustible, que son responsabilidad del Estado y que no se están garantizando causan daños severos para la distribución de las cosechas de los agricultores y el acceso a alimentos. Antes de que llegara la pandemia el país atravesaba una Emergencia Humanitaria Compleja, y cuando salgamos de la cuarentena Venezuela va a estar peor y con un problema adicional porque se va extremar esa Emergencia Humanitaria Compleja, se va a requerir de mucha cooperación internacional, el inconveniente es que como no se trata solo de Venezuela, sino que la pandemia está afectando la economía de todos los países va a haber mucha más competencia entre las naciones que necesitarán esa ayuda internacional.

 

—Desde hace varios años el Estado de Derecho ha sido gravemente vulnerado en Venezuela, tanto que varias organizaciones han denunciado que es inexistente. ¿Cómo los hechos actuales en los que se han tomado decisiones de facto en torno al estado de alarma y excepción pueden afectar aún más el principio de legalidad y de garantía de derechos fundamentales de la población?

 

Esa pregunta me recuerda una cita de Antonio Machado que dice: “No hay cosas malas no susceptibles de empeorar”; es decir, siempre puede ser peor la situación de un país. Cuando el objetivo es controlar el poder y no servir a la población la lógica nos indica que las cosas van a empeorar. Creo que esta pandemia mundial nos impone el rescate de la idea del Estado, pero no de cualquier Estado, sino del Estado democrático de Derecho, que sea eficiente y efectivo dictando medidas sujetas a la Constitución y al Derecho Internacional. Una democracia que se reinvente para seguir funcionando y que los mecanismos del control como los parlamentarios y los judiciales se hagan efectivos porque solamente en democracia y en Estado de Derecho se pueden respetar, garantizar y proteger los derechos humanos.

 

—¿Qué le causa especial preocupación del manejo político de la pandemia?

—Que durante la pandemia los Estados se acostumbraron a controlar a los ciudadanos, pero al salir de esa emergencia los ciudadanos no podemos habernos acostumbrado a que el Estado nos controle, debemos recordar que solamente ciudadanos libres, empoderados, participativos y bien informado son los que pueden construir una democracia y poner límites al Estado. Reflexionar que así como nos hemos encerrado ahora el mundo tiene que abrirse y repensar el orden mundial para afrontar este tipo de peligros que no son los tradicionales, darle paso a un mundo mucho más cooperativo e integrado.

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