¿Cómo pasar la página? Venezuela frente a las disyuntivas de la transición – María Gutiérrez

Venezuela no tiene el conflicto bélico que originó los procesos de transición en países de Europa del Este ni sufre las tiranías clásicas que dieron origen a los procesos de transición en nuestro continente, pero igual sufre fracturas sociales e institucionales de tal calado que requieren ser atendidas de forma urgente. El conflicto que vivimos los venezolanos no se visualiza con la sangre que a muchos otros países les ha permitido hacer sentir su debacle; no somos ajenos a ella, pero nuestra guerra está más al interior de nuestras vidas, en la base misma de la subsistencia humana, en la cotidianeidad de una vida que cada día sea hace más miserable. 

Tenemos una sociedad impactada por el abuso, la privación de sus más elementales derechos de todo orden. Desde la privación ilegítima a la libertad, casos de ejecuciones, tortura, desapariciones, expolio de la propiedad privada y del erario público, los más elementales derechos sociales, económicos y culturales a nivel de subsistencia, sin acceso a agua potable, medicinas, alimentos; las instituciones destruidas y cooptadas puestas al servicio de intereses ajenos a los intereses del Estado y del ciudadano; la seguridad y la paz convertidas en represión, terror y silencio.

El país requiere restablecer un elemental sentido de ciudadanía, restituir sus conexiones sociales, volver a lo ordinario, a lo cotidiano, a lo previsible, a la seguridad del agua, de la luz, de la calle; a la rutina del trabajo, al placer del tedio, a la alegría de los niños, pero sobre todo, requiere restablecer la confianza que nos permita dejar en manos del Estado nuestro anhelado y en alguna parte perdido “bien común”. Restablecer la paz social, sanar las heridas, castigar los culpables, hacer efectiva y digna la vida pasa por confiar en instituciones que hoy no tenemos, que están destruidas.

Restablecer la confianza requiere de una transformación profunda que a estas alturas ya no podrá lograrse sin un verdadero proceso de transición que comience a sanar el grave daño infringido a la democracia y a la vida de los ciudadanos. Ello depende fundamentalmente de los actores políticos, cuyo ámbito natural es la negociación, los acuerdos, los diálogos. Manejar el perdón, el reconocimiento del daño, el compromiso de reparación, la no repetición, son todos elementos de difícil consecución que no siempre se perciben como probables. De una parte, porque en los procesos de transición a las democracias el Estado violador, por lo general ejerce el poder dentro del proceso, y de otro, porque el ciudadano se siente confrontado con el Estado mismo, abusado y disminuido en su dignidad y en sus derecho por quien estaba constreñido a garantizarlos.

No es lo mismo aceptar el diálogo con un particular que ha causado daño por la comisión de un delito que sentarse con un representante del Estado que ha violado sistemáticamente los derechos y pretender reconocimiento y reparación, aceptar sacrificar la justicia y perdonar al victimario. Por lo general, los delitos son atroces, en su mayoría atentan contra la dignidad del ser humano, por eso la posibilidad que alguna forma de impunidad beneficie al culpable hace aborrecible cualquier acuerdo, pero la posibilidad de un diálogo deviene de un interés práctico de la sociedad a la paz, restablecer la normalidad y echar a caminar lo más pronto posible depende de ello; interdictar la parálisis social y  respirar como si de un remanso se tratara pueden ser justificaciones válidas para intentar el perdón. Es evidente que ello enfrenta dos valores fundamentales de la sociedad y del post conflicto, la justicia y la paz, pareciendo como si cada una de ellas rigiera dos posibilidades distintas de solución.

Venezuela posiblemente se enfrente a esa disyuntiva, castigar a los culpables o pasar la página para reconducir el país; la sanción penal o el perdón, el rencor o la reconciliación. La victima aspira el castigo, sentimiento que forma parte de ese anhelo de vengar el daño sufrido, de sentir que de alguna manera su dolor ha sido resarcido; el tirano aspira el perdón, el olvido de sus delitos, y …. parte del botín; por lo general el tirano no reconoce el daño, no se apegará a la verdad ni reconocerá la misma, entonces, ¿cómo pasar la página, de qué manera hacer justicia, cómo restablecer la paz?

Sólo esas preguntas hacen vislumbrar que el eventual proceso transicional que se dé en Venezuela implicará una importante transformación de la sociedad, seriamente afectada por el conflicto interno, pero fundamentalmente implicará la transformación de sus instituciones, especialmente aquellas destinadas a administrar esa particular justicia. Requerirá retornar en primer lugar, al sitio donde estan sus valores fundamentales, rescatar los principios violentados, y restablecer el Estado Derecho. Tal vez no sea tan fácil como resulta escribirlo aquí. Debemos ser conscientes de que Venezuela se enfrentaría un proceso en el que la subsistencia de elementos normativos y orgánicos del régimen anterior estarían interactuando con las nuevas estructuras en ascenso; además, el agravio sufrido a la independencia del juez ha sido de magnitudes tan devastadoras que ha hecho metástasis en todo el sistema, por lo que seguramente en el proceso de transición no se resistirá a la tentación de una extracción masiva; lo cierto del caso, es que probablemente la reestructuración no pueda darse de forma inmediata, y que sea paulatina la sustitución de ese estado de cosas.

En ese sentido, creemos que es indispensable que quienes puedan asumir la responsabilidad de conducir ese proceso, en especial quienes tengan la responsablidad de administrar justicia, bien sea la ordinaria o la propia de la transición, deben ir adquiriendo conciencia de la dura tarea que frente a ese proceso les puede corresponder. Manejarse en la búsqueda de los equilibros que le den nuevo soporte a la democracia les hace protagonistas fundamentales, de allí, que surge necesario pensar en el diseño de una estrategia en la formación de esos funcionarios que les permita crear en el sistema una nueva cultura judicial, en especial que los fortalezca institucionalmente para restablecer los valor de la democracia, resarcir el daño infringido a los ciudadanos y propender esencialmente a la protección y defensa de los derechos humanos.

La coyuntura frente a una eventual transición impone preparación para ese proceso, por lo que, debe aprovecharse para formar capacidades dentro y fuera de la administración de justicia que permita la construcción de una nueva institucionalidad. Indagar un poco sobre esa hipótesis y sus implicaciones para el futuro de nuestra sociedad es tarea prioritaria en esta lucha que se libra por el país, pues la eventual transición en Venezuela enfrentará seguramente varias maneras de enfocar la reconstrucción del país y de ver la justicia posible.

* Especialista en Derecho Procesal (U.C.V) Especialista en Derecho Procesal Constitucional (U.M.A)

Especialista en Justicia Constitucional (Univ. Pisa -Italia) Diplomada en DDHH menciones, Acceso a la Justicia y Educación en DDHH (U.C.A.B) Maestranda en Derecho Procesal Constitucional (Buenos Aires- Argentina) Doctoranda en Derecho (U.C.A.B).

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