JURISDICCIÓN PENAL

(Código Orgánico Procesal Penal)

La jurisdicción penal es ordinaria o especial, en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes. (art. 55 y siguientes COPP). La primera le corresponde el ejercicio de la jurisdicción para la decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a lo establecido en el COPP y leyes especiales, y de los asuntos penales cuyo conocimiento corresponda a los tribunales venezolanos según el Código Penal, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Está estructurada en: 

1.- TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL (art. 65 COPP): Corresponde el conocimiento de los delitos de acción pública, cuyas penas en su límite máximo no excedan de ocho años de privación de libertad. Quedan excluidas de la aplicación de esta norma, las causas que se refieran a la investigación de los delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, corrupción, delitos contra el patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra.

ESTATAL EN FUNCIONES DE CONTROL (art. 66 COPP): Interviene en la fase de investigación y en la audiencia preliminar, y le corresponde el conocimiento de los delitos, cuyas penas en su límite máximo excedan de ocho años de privación de libertad.

ESTATAL EN FUNCIONES DE JUICIO (art. 68 COPP):  El juez actúa en función procesal durante la fase de juicio y junto con los escabinos, en aquellos juicios cuyas penas excedan de 4 años. Le compete: 1. La fase de juicio en las causas provenientes de los tribunales de primera instancia municipal en funciones de control. 2. La fase de juicio en las causas provenientes de los tribunales de primera instancia estadal en funciones de control. 3. Las causas por delitos respecto de los cuales pueda proponerse la aplicación del procedimiento abreviado. 4. La acción de amparo cuando la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violado o amenazado de violación sea afín con su competencia natural, salvo que el derecho o la garantía se refiera a la libertad y seguridad personal.

EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN (art. 69 COPP):  Le corresponde ejecutar o hacer ejecutar las penas y medidas de seguridad.

2.- CORTE DE APELACIONES (art. 445 COPP)

Tribunal de segunda instancia  cuya competencia esta limitada al conocimiento de impugnaciones referidas a:

  1. Violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración y publicidad del juicio.
  2. Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia.
  3. Quebrantamiento u omisión de formas no esenciales o sustanciales  de los actos que cause indefensión.
  4. Cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral.
  5. Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica.

3.- SALA DE CASACIÓN PENAL (art. 451 COPP)

Es competente para conocer de los recursos de casación que se ejerzan contra las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites .Asimismo podrá ejercerse contra las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior

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