10 agosto, 2020

COVID-19 en cárceles venezolanas y las dimensiones de la crisis humanitaria

En Venezuela las personas privadas de libertad son víctimas permanentes de violación al derecho de acceso a la justicia por la lentitud en los procesos, corrupción judicial y carcelaria, hay casos en que una persona llega a pasar hasta más de dos años esperando un traslado ordenado por un tribunal, lo que concuerda con del dato aportado por el Institute for Crime and Justice Policy Research al señalar que en Venezuela 63% de estas personas están a la espera de un juicio. También se violenta el derecho a la vida y seguridad personal al someterse a las órdenes de los «pranes” que han tomado estos centros o de los mismos funcionarios que ponen precio a su seguridad. Igualmente se lesiona el derecho a la alimentación por cuanto no se proporciona, así como no se garantiza el derecho a la salud violado constantemente, tanto por ausencia de medidas de higiene y el hacinamiento como por la falta de atención médica adecuada (la tuberculosis, ya erradicada en el país, es ahora común entre los privados de libertad).

En medio de este panorama carcelario tan desolador llegó el COVID-19 y con él las medidas de “aislamiento social” que en los centros de reclusión son de imposible aplicación por el hacinamiento, además, al suspenderse las visitas también se les impide a los privados de libertad obtener los alimentos. Con la pandemia se evidencia aún más el talante despiadado de un régimen que ha convertido las cárceles y establecimientos penitenciarios en centros de exterminio cuando en ellos la alimentación, la seguridad, la vida y, mucho menos, la salud son derechos protegidos.

Muchas han sido las advertencias de las organizaciones que monitorean y denuncian la vulnerabilidad a la cual están expuestos los privados de libertad en Venezuela; alarmas que de haberse oído hubiesen salvado muchas vidas, como las 47 que fueron cegadas en la masacre cometida el 1° de mayo en el Centro Penitenciario de Los Llanos, la cual también dejó más de 75 heridos cuando más de 100 reclusos protestaban por hambre ante la restricción de las visitas. La ONG Una Ventana a la Libertad señaló que hay 53 reclusos diagnosticados con COVID-19 en centros de detención preventiva. El régimen –como con todo– mira hacia otro lado, evadiendo su responsabilidad en un sinfín de violaciones de derechos humanos a la población carcelaria.

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