Defensa Pública

LA DEFENSA PÚBLICA (ART. 2 LODP)

Es un órgano del sistema de justicia que tiene como propósito fundamental garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa en las diversas áreas de su competencia. Asimismo, está dedicada a prestar a nivel nacional un servicio de defensa pública, en forma gratuita a las personas que lo requieran, sin distinción de clase socioeconómica.

COMPETENCIAS (ART. 8 LODP)
  1. Garantizar a toda persona el derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo en todas las materias que le son atribuidas de conformidad con la ley y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
  2. Cualquier otra que, por aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de las normas, tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela le sean atribuidas.

ATRIBUCIONES DEL DEFENSOR O DEFENSORA PÚBLICO GENERAL (ART. 14 LODP) 

  1. Ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
  2. Garantizar el derecho a la defensa y la asistencia jurídica en todas las instancias para quienes lo requieran, y así lograr el ejercicio efectivo del acceso a la justicia.
  3. Fijar las políticas y acciones relacionadas con la Defensa Pública.
  4. Aprobar y publicar las normas reglamentarias internas necesarias para el desempeño de las funciones del servicio.
  5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Defensa Pública y presentarlo ante el Poder Ejecutivo Nacional, para su incorporación al Proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente.
  6. Ejecutar el presupuesto aprobado, mediante la disposición de los gastos relativos al funcionamiento de la Defensa Pública y autorizar las erogaciones correspondientes.
  7. Presentar anualmente Informe público de gestión a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, a los consejos comunales y a las demás formas de organización y participación social.
  8. Requerir la colaboración y coordinar con las distintas autoridades de la República, para el mejor cumplimiento de sus funciones, quienes estarán obligados a prestarla.
  9. Impulsar la celebración de convenios con los distintos sectores sociales y organismos públicos o privados nacionales con arreglo a los requisitos legales correspondientes.
  10. Fomentar la formación y mejoramiento profesional para contribuir a elevar el nivel de los defensores públicos o defensoras públicas, con la finalidad de garantizar la prestación de un mejor servicio.
  11. Velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
  12. Organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública.
  13. Ejercer la potestad disciplinaria sobre los defensores públicos o defensoras públicas sobre el resto del personal de la Defensa Pública.
  14. Delegar firma y atribuciones, únicamente en los funcionarios o funcionarios que ocupen cargo gerencial según su criterio, debiendo publicar la decisión respectiva en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
  15. Designar y juramentar a los defensores públicos o defensoras públicas y los suplentes.
  16. Designar y juramentar a los defensores públicos o defensoras públicas provisorios en los cargos vacantes.
  17. Asignar la competencia de los defensores públicos o defensoras públicas, por el territorio y por la materia.
  18. Designar defensores públicos o defensoras públicas y sus suplentes con competencia plena en el territorio nacional.
  19. Aprobar la rotación para los defensores públicos o defensoras públicas.
  20. Aprobar las guardias extraordinarias para los defensores públicos o defensoras públicas y demás personal de la Defensa Pública, cuando lo requiera el servicio.
  21. Intervenir personalmente cuando lo juzgue conveniente en los procesos de la jurisdicción ordinaria o especial, en cualquier lugar del territorio nacional. Podrá también nombrar Delegado Especial o designar defensores públicos o defensoras públicas para ejercer esta atribución.
  22. Conceder licencia de conformidad con lo establecido en esta Ley y en el Estatuto de Personal, a los defensores públicos o defensoras públicas, funcionarios o funcionarias y empleados o empleadas de la Defensa Pública.
  23. Ordenar la sustitución de un Defensor Público o Defensora Pública, cuando a su criterio sea necesario, para un mejor desempeño en el servicio de la Defensa Pública.
  24. Solicitar el avocamiento de un expediente que curse ante un tribunal, cuando lo estime conveniente.
  25. Ejercer el recurso de interpretación.
  26. Decidir sobre las inhibiciones y recusaciones de los defensores públicos o defensoras públicas sin menoscabo de las atribuciones previstas a los jueces o juezas de la República por normativa procesal.
  27. Designar el personal de la Defensa Pública.
  28. Las demás que le atribuyan esta Ley y su Reglamento.
 

DEFENSORES PÚBLICOS O DEFENSORAS PÚBLICOS

Los defensores públicos o defensoras públicas asesorarán, representarán o asistirán a sus defendidos o defendidas, sin necesidad de juramentación y cesarán en sus funciones, en caso de revocatoria expresa por parte de éstos o éstas, o nombramiento de un abogado privado o abogada privada.

 

 

OBLIGACIONES COMUNES (ART. 26 LODP)

1. Prestar de manera idónea el servicio de orientación, asistencia, asesoría o representación jurídica a los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, en los términos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás disposiciones aplicables.

2. Orientar, asistir, asesorar o representar ante las autoridades competentes, los intereses y derechos jurídicos de sus defendidos o defendidas, a cuyo efecto deben hacer valer todas las acciones, excepciones o defensas que correspondan, interponer los recursos legales respectivos, y realizar cualquier otro trámite o gestión que sea procedente y que resulte en una eficiente y eficaz defensa que garantice la tutela efectiva del derecho a la defensa.

3. Asistir sin demora a todos los actos procesales en los cuales sean parte, tomando en cuenta la unidad e indivisibilidad de la Defensa Pública.

4. Vigilar el respeto de los derechos y garantías constitucionales de sus defendidos y defendidas, inherentes a sus atribuciones como Defensor Público o Defensora Pública.

5. Llevar un Registro y formar un Expediente de Control de todas sus causas o procedimientos.

6. Inhibirse o ejercer la recusación si fuere procedente.

7. Supervisar al personal subalterno.

8. Ser responsable por los bienes nacionales asignados a su Despacho.

9. Mantener informados a sus defendidos o defendidas del estado y grado de su causa.

10. Presentar mensualmente informes y estadísticas de sus actividades ante el despacho correspondiente.

11. Cumplir las guardias ordinarias y especiales que le sean impuestas según las necesidades del servicio.

12. Llevar un registro de sus actuaciones diarias, el cual firmarán cada día al finalizar las horas de labor, así como cualquier otro que determine obligatorio el Defensor Público General o Defensora Pública General.

13. Notificar, dentro de las doce horas siguientes de haber sido recusado o recusada, al Coordinador o Coordinadora Regional de la recusación de la que ha sido objeto.

14. Las demás que le sean atribuidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y sus reglamentos.

 

COMPETENCIA EN MATERIA PENAL (ARTS. 39 al 47 LODP)

Actuaran ante los organismos de investigación, Ministerio Público, tribunales de primera instancia en lo penal, Corte de Apelaciones y en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

I. Atribuciones para actuar ante los organismos de investigación
1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.

2. Asentar en el Libro de Actuación ante los órganos policiales, todas las detenciones que se realicen y cualquier observación con relación al detenido o detenida.

3. Entrevistar al detenido o detenida cuando ingrese al respectivo lugar de reclusión. A tal efecto, los funcionarios aprehensores o funcionarias aprehensoras deben informar al detenido o detenida que tiene derecho a comunicarse de inmediato con un Defensor Público o una Defensora Pública de guardia.

4. Orientar al detenido o detenida en cuanto a sus derechos, e informarle que el Estado cuenta con abogados y abogadas especialistas en materia penal, que asumirán su defensa de manera gratuita, si no cuenta con recursos económicos suficientes, o hasta que designe un defensor privado o una defensora privada.

5. Dejar constancia del estado de salud y las condiciones físicas del detenido o detenida.

6. Notificar de inmediato al Fiscal o la Fiscal del Ministerio Público de guardia de esa circunscripción judicial acerca de cualquier irregularidad que observe por parte de los funcionarios o funcionarias policiales respecto a los detenidos o detenidas.

7. Asistir a los reconocimientos en rueda de imputados e imputadas, bajo el principio de unidad e indivisibilidad de la Defensa Pública, aunque la causa se encuentre asignada a un Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control, y se efectúen en los organismos de investigación, informando al Defensor Público o Defensora Pública de la causa.

8. Permanecer en la sede de los organismos de investigación donde realiza la guardia, hasta cumplir el horario establecido para la misma.

9. Asistir a la evacuación de pruebas anticipadas, evacuación de experticias, inspecciones, registros y cualquier otra cuando sea necesario y se realicen en los organismos de investigación.

10. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

II. Atribuciones para actuar ante el ministerio público y los tribunales de primera instancia en funciones de control
1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.

2. Orientar a los ciudadanos citados y ciudadanas citadas por el Ministerio Público para las entrevistas que se realizan con ocasión a las investigaciones, que ameriten asistencia de la Defensa Pública.

3. Asistir a los ciudadanos investigados y ciudadanas investigadas, previa designación del Tribunal de Control para actos de imputación ante el Ministerio Público.

4. Solicitar la práctica de diligencias que considere pertinentes con ocasión a su defensa.

5. Asistir a las audiencias que se efectúen ante los Tribunales de Primera Instancia en funciones de Control y a cualquier acto que realicen fuera de su sede.

6. Informar al imputado o imputada de manera clara y sencilla sobre las etapas del proceso.

7. Solicitar las medidas alternativas a la prosecución del proceso, si fueran procedentes, siempre y cuando el imputado o imputada manifieste su voluntad de acogerse a una de ellas.

8. Orientar al imputado o imputada sobre el procedimiento por admisión de los hechos.

9. Solicitar las medidas cautelares sustitutivas o la libertad plena, según el caso.

10. Asistir por igual a todos sus defendidos y defendidas.

11. Ejercer las acciones de amparo por la violación de cualquier derecho y garantía constitucional del imputado o imputada.

12. Requerir y asistir a las pruebas anticipadas.

13. Acceder a las actas de investigación una vez designada la defensa e informarle al investigado o investigada todo cuanto proceda.

14. Instruir al imputado o imputada sobre las medidas cautelares impuestas de manera sencilla, explicarle con claridad acerca del estricto deber del cumplimiento de las obligaciones impuestas y la puntualidad en la asistencia a los actos del proceso.

15. Orientar al imputado o imputada sobre las condiciones y las consecuencias del incumplimiento de los acuerdos reparatorios y de la suspensión condicional del proceso.

16. Dar contestación a la acusación presentada por el o la representante del Ministerio Público.

17. Ofrecer las pruebas que favorezcan a su defendido o defendida.

18. Oponer las excepciones a que haya lugar.

19. Solicitar al tribunal la fijación del plazo al Fiscal o la Fiscal del Ministerio Público, a los fines del acto conclusivo.

20. Solicitar el archivo de las actuaciones y cese de las medidas de coerción personal.

21. Solicitar la práctica de exámenes médicos.

22. Ejercer el recurso de revocación, si fuere el caso, conforme con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

23. Solicitar copias certificadas de la decisión judicial, especialmente en casos de libertad plena y proveer de un ejemplar a su defendido o defendida.

24. Ejercer los recursos de apelación de autos y de sentencias, y contestar los recursos interpuestos por el Fiscal o la Fiscal del Ministerio Público o la parte acusadora, debiendo informar de ello al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Corte de Apelaciones para el seguimiento respectivo.

25. Efectuar visita carcelaria a sus defendidos y defendidas una vez al mes, pudiendo concurrir las veces que considere necesario, al órgano policial, centro penitenciario o internado judicial donde se encuentren los detenidos o detenidas cuya defensa les competa.

26. Registrar en el Libro correspondiente todo cuanto el defendido o defendida aporte para su defensa, las peticiones que éste o ésta le haga para ser elevadas ante el tribunal o ante la instancia carcelaria, según la materia del asunto, y cualquier otra información que consideren de importancia, la hora en que se efectúa la entrevista, la firma o huella del detenido o detenida en constancia de haberlo entrevistado o entrevistada, al igual que la firma del Director o Directora del centro de reclusión.

27. Solicitar la devolución a su defendido o defendida de sus objetos personales, documentos y demás bienes que hayan sido retenidos por los cuerpos policiales.

28. Cumplir guardias en las sedes de la Fiscalía del Ministerio Público y los Tribunales de Control, incluyendo los días sábados, domingos y feriados.

29. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

III. Atribuciones para actuar ante los tribunales de primera instancia en funciones de juicio

1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.

2. Dar contestación a la acusación presentada por el Fiscal o la Fiscal del Ministerio Público o por el acusador o acusadora, cuando se trate de procedimiento abreviado.

3. En casos de procedimiento abreviado, solicitar las medidas alternativas a la prosecución del proceso, si fuera procedente, siempre y cuando el imputado o imputada manifieste su voluntad de acogerse a una de las figuras en ellas contempladas.

4. Orientar al imputado o imputada sobre el procedimiento por admisión de los hechos y acuerdos reparatorios en los casos de procedimiento abreviado.

5. Solicitar el examen y revisión de las medidas de coerción personal o la libertad plena, si fuere procedente.

6. Promover pruebas en caso de procedimiento abreviado.

7. Asistir al sorteo de escabinos o escabinas.

8. Asistir al acto de depuración de escabinos o escabinas o al de constitución de Tribunal Mixto.

9. Intervenir en las audiencias conciliatorias en caso de delitos a instancia de parte.

10. Ejercer el recurso de revocación, si fuere el caso, conforme con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

11. Solicitar las nulidades, en cualquier estado de esta fase, sí fuere el caso.

12. Intervenir en la discusión de las cuestiones incidentales en esta etapa del proceso.

13. Solicitar copias certificadas de la decisión judicial, especialmente en casos de absolución, y proveer de un ejemplar a su defendido o defendida.

14. Entrevistar al acusado o acusada y a los testigos presentados o presentadas por la defensa con la finalidad de preparar el juicio.

15. Oponer las excepciones previstas en el Código Orgánico Procesal Penal en esta fase del proceso.

16. Promover nuevas pruebas de conformidad con la norma adjetiva penal.

17. Objetar las preguntas capciosas y sugestivas de las demás partes, argumentar sus objeciones y contestar las opuestas por el Fiscal o la Fiscal, o el o la querellante.

18. Resumir los puntos principales en los cuales se base su defensa, a los fines de presentarlos en las conclusiones.

19. Hacer uso del derecho a réplica.

20. Velar porque se deje constancia de los aspectos fundamentales de su defensa, en el acta del debate.

21. Interponer el recurso de apelación contra los autos y sentencias, y contestar el recurso de apelación que interponga el fiscal o la fiscal del Ministerio Público y el querellante.

22. Ejercer las acciones de amparo ante la violación de cualquier derecho o garantía constitucional del acusado o acusada.

23. Notificar al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Corte de Apelaciones sobre el recurso ejercido en contra de los autos y sentencias.

24. Efectuar visita carcelaria a sus defendidos o defendidas una vez al mes, pudiendo concurrir las veces que considere necesario al órgano policial, centro penitenciario o internado judicial donde se encuentren los detenidos o detenidas cuya defensa les competa.

25. Las demás que le atribuya esta Ley y su Reglamento.

IV. Atribuciones para actuar ante los tribunales de ejecución

1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.

2. Asistir al penado o penada en la notificación del auto de ejecución y cómputo de la pena.

3. Solicitar al Tribunal de Ejecución copia certificada del auto de ejecución y el cómputo de la pena impuesta.

4. Verificar porque el cómputo de la pena sea el correcto.

5. Velar porque el penado o penada cumpla la pena en un establecimiento penitenciario cercano a su grupo familiar.

6. Solicitar las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el confinamiento, y asistir a las audiencias que se convoquen a tales fines.

7. Solicitar medida humanitaria si fuera procedente.

8. Solicitar indulto o conmutación de la pena.

9. Solicitar la extinción de la pena.

10. Solicitar la prescripción judicial de la pena.

11. Asistir a las audiencias orales fijadas en esta etapa del proceso para resolver las incidencias que se presenten.

12. Velar por la incorporación del penado o penada en las actividades laborales, educativas, culturales y deportivas que se desarrollen en el establecimiento penal.

13. Solicitar la redención judicial de la pena por el trabajo o el estudio cuando sea procedente.

14. Conocer de la causa hasta la extinción de la pena.

15. Ejercer las acciones de amparo por la violación de los derechos y garantías constitucionales del penado o penada.

16. Ejercer los recursos pertinentes.

17. Velar porque se ejecuten de manera inmediata las órdenes de excarcelación emanadas de los tribunales competentes.

18. Efectuar visita carcelaria a sus defendidos y defendidas una vez al mes, pudiendo concurrir las veces que considere necesario al órgano policial, centro penitenciario o internado judicial donde se encuentren los detenidos o detenidas cuya defensa les competa.

19. Cumplir con las guardias en los centros de reclusión y las demás que le sean asignadas.

20. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

V. Atribuciones para actuar ante la corte de apelaciones

 

1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.

2. Defender los recursos de apelación o contestación de estos recursos contra los autos y las sentencias interpuestas por defensores públicos o defensoras públicas con competencia para actuar ante los Tribunales de Primera Instancia en funciones de Control, Juicio y Ejecución.

3. Velar porque las pruebas promovidas se presenten oportunamente.

4. Asistir a la audiencia oral con el objeto de formular sus alegatos, defensas y conclusiones.

5. Interponer el recurso de casación, si fuera procedente.

6. Informar al Defensor Público o Defensora Pública de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la debida antelación, de los recursos que ejerza.

7. Ejercer acciones de amparo contra las decisiones de la Corte de Apelaciones que violen derechos y garantías constitucionales, e informar al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Sala Constitucional del amparo ejercido.

8. Remitir copia fotostática de la decisión de la Corte de Apelaciones al Defensor Público o Defensora Pública de la causa.

9. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

COMPETENCIA EN MATERIA PENAL MILITAR (ART. 48 LODP)


Son defensores públicos o defensoras públicas con competencia en materia penal militar, aquellos o aquellas a quienes corresponde ejercer la defensa en procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, relacionados con la jurisdicción penal militar.

 

COMPETENCIA EN MATERIA AGRARIA (ART. 52 AL 57 LODP)


I. Atribuciones para actuar en los procedimientos administrativos y extrajudiciales

1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.

2. Garantizar el derecho a la defensa de los destinatarios y destinatarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, las leyes especiales referidas a la materia para proteger a quien solicite expresamente la asesoría legal, o cualquier otra actividad de apoyo jurídico.

3. Asesorar y atender a los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en todo lo referente a la materia agraria y afines con ésta.

4. Asistir en los procedimientos administrativos o extrajudiciales a los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

5. Asistir a los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ante los órganos administrativos y extrajudiciales, para la solución de conflictos a través de medios alternativos.

6. Practicar inspecciones de campo y de la agronomía en los sitios requeridos, y levantar las actas correspondientes, con apoyo de profesionales calificados en la materia agrónoma, cuando la complejidad del caso lo requiera.

7. Impulsar la capacitación de los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y materias afines, a través de charlas, talleres, seminarios y foros, en pro del desarrollo rural sostenible, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia agraria, con apoyo de profesionales calificados en la materia.

8. Mantener el seguimiento y control de todos los expedientes asignados.

9. Emitir opinión sobre las denuncias realizadas por los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y someterlo a la consideración del órgano competente.

10. Solicitar inspecciones administrativas, avalúos e informes de campos, estudios agrotécnicos y cualquier otra práctica de diligencia, que sirvan de apoyo para la sustanciación del expediente administrativo, previo asesoramiento de profesionales calificados en la materia afín, cuando el caso lo requiera.

11. Asesorar a los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, relativo a las cooperativas que se crearen o estuviesen creadas destinadas a la actividad agraria y materia afín.

12. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

II. Atribuciones para actuar ante los tribunales de primera instancia

1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.

2. Asistir o representar con requerimiento expreso del beneficiario o beneficiaria de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, tanto en su condición de demandante como de demandado o demandada, en todo procedimiento judicial que afecte directa o indirectamente a la actividad agraria.

3. Ejercer de oficio las actuaciones correspondientes, cuando tengan conocimiento de la existencia de amenazas o violaciones de los derechos e intereses legítimos de los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

4. Notificar inmediatamente al Defensor Público o Defensora Pública que corresponda, del ejercicio de los recursos pertinentes.

5. Las que les atribuyan la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, esta Ley y su Reglamento.

III. Atribuciones para actuar ante los tribunales superiores

1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.

2. Ejercer la defensa del recurso de apelación interpuesto.

3. Anunciar el recurso de casación si fuere procedente, remitiendo de manera inmediata la información necesaria a la dependencia competente de la Defensa Pública y al Defensor Público o Defensora Pública con competencia para actuar ante la Sala Especial Agraria del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines que ejerza la defensa oportunamente.

4. Ejercer la acción de amparo constitucional contra las decisiones de los Tribunales Superiores Agrarios que violen derechos y garantías constitucionales, e informar y remitir de manera inmediata al Defensor Público o Defensora Pública con competencia en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de la acción intentada.

5. Asistir a la audiencia oral y consignar los informes respectivos.

6. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

 

COMPETENCIA EN MATERIA LABORAL (ARTS. 58 AL 65 LODP)

I. Atribuciones comunes

1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.

2. Asistir, asesorar o representar a los trabajadores o trabajadoras, previo requerimiento expreso.

3. Asistir o asesorar en las consultas que le propongan los trabajadores o trabajadoras, así como las organizaciones sindicales.

4. Asesorar en relación a la legislación del trabajo en los reglamentos, decretos y demás disposiciones que se dicten sobre esa materia, y en la interpretación de los reglamentos internos de las empresas y de los contratos individuales y colectivos.

5. Promover la defensa y vigilancia de los derechos e intereses legítimos, en materia de derecho del trabajo, seguridad social y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

6. No podrán convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio. En estos casos, sólo podrán actuar mediante asistencia de las partes.

7. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

II. Atribuciones para actuar ante las inspectorías del trabajo

1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.

2. Asistir a los trabajadores y trabajadoras que así lo requieran en los procesos administrativos. Cuando la causa amerite pasar a la etapa judicial, el Defensor Público o Defensora Pública que haya conocido, comunicará y remitirá la información que tenga sobre el caso a la Unidad Regional de la Defensa Pública, para que sea asignado a un Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la fase inicial del proceso judicial.

3. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

III. Atribuciones para actuar ante los tribunales de primera instancia en sustanciación, mediación, juicio y ejecución del trabajo

1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.

2. Presentar demandas a solicitud del trabajador o trabajadora.

3. Asistir a la audiencia preliminar con carácter obligatorio, salvo causa plenamente justificada, en cuyo caso deberá informar a la dependencia competente a los fines de ser sustituido o sustituida.

4. Tendrán carácter de Parte, por lo que representan ante el tribunal al trabajador y a la trabajadora, aunque éste o ésta no se encuentre presente.

5. Ejercer las acciones y recursos que estimen necesarios en su carácter de representante del trabajador y de la trabajadora.

6. No podrá en nombre del trabajador o trabajadora convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio. En estos casos, sólo podrán actuar mediante asistencia de las partes.

7. Informar al Defensor Público o Defensora Pública en materia laboral que actúa ante el Tribunal Superior, de los recursos que haya ejercido.

8. Proponer que sean subsanados los vicios procesales, a través del despacho saneador.

9. Asistir a la audiencia de juicio con carácter obligatorio, salvo causa plenamente justificada, en cuyo caso deberá informar a la dependencia competente a los fines de ser sustituido o sustituida.

10. Apelar cuando el tribunal declare el desistimiento por causas del Defensor Público o Defensora Pública, notificando de inmediato al Defensor Público o Defensora Pública en materia laboral que actúe ante el Tribunal Superior del Trabajo.

11. Interponer el recurso de apelación contra las decisiones dictadas por el tribunal de juicio.

12. Interponer el recurso de hecho ante el Tribunal Superior en caso de que se niegue la apelación o sea oída en un solo efecto.

13. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

IV. Atribuciones para actuar ante los tribunales superiores del trabajo

1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.

2. Ejercer la defensa en los recursos interpuestos ante los Tribunales de Primera Instancia.

3. Asistir con carácter obligatorio a la audiencia oral y pública convocada para conocer del recurso de apelación, comunicando de inmediato las resultas de la audiencia al Defensor Público o Defensora Pública con competencia para actuar ante los Tribunales de Primera Instancia.

4. Ejercer el recurso de control de la legalidad.

5. Anunciar cuando sea procedente el recurso de casación ante el Tribunal Superior del Trabajo.

6. Ejercer el recurso de hecho ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en caso de negativa de la admisión del recurso de casación.

7. Informar al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, cuando hubiese ejercido un recurso.

8. Ejercer la acción de amparo contra las decisiones de los Tribunales Superiores con competencia en materia laboral que violen derechos y garantías constitucionales, e informar al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Sala Constitucional del recurso ejercido.

9. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

 

COMPETENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (ARTS. 66 AL 70 LODP) 

I. Atribuciones comunes

1. Brindar asesoría jurídica a niños, niñas y adolescentes.

2. Asistir y representar a los niños, niñas y adolescentes en cualquier procedimiento administrativo o judicial, para hacer valer la defensa de sus derechos e intereses.

3. Promover acuerdos extrajudiciales y judiciales en interés del niño, niña y adolescente.

4. No podrán convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio. En estos casos, sólo podrán actuar mediante asistencia de las partes.

5. Promover acuerdos, conciliaciones extrajudiciales y judiciales, en interés del niño, niña y adolescente.

6. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

II. Atribuciones para actuar ante los tribunales de primera instancia y las salas de juicio

1. Brindar asesoría jurídica a niños, niñas y adolescentes.

2. Representar y asistir a los niños, niñas y adolescentes en todos aquellos procesos judiciales donde éstos y éstas sean sujetos activos o pasivos.

3. Asistir con carácter obligatorio a la Audiencia de Juicio.

4. Asistir y representar a los niños, niñas y adolescentes en materia de amparo constitucional, cuando sean violados sus derechos y garantías constitucionales.

5. Representar y asistir en los procedimientos de inquisición de paternidad.

6. Representar y asistir en los procedimientos relativos a privación, extinción y restitución de la patria potestad.

7. Representar y asistir en los procedimientos de guarda y alimentos.

8. Representar y asistir en los procedimientos de nombramiento y remoción de tutores, curadores, protutores y miembros del consejo de tutela.

9. Representar y asistir en los procedimientos relativos a divorcio o nulidad del matrimonio cuando ambos o uno de los cónyuges sean adolescentes.

10. Representar y asistir a los niños, niñas y adolescentes en los procesos laborales en los cuales sean trabajadores o trabajadoras.

11. Representar y asistir a los niños, niñas y adolescentes en el caso de que sean patronos o sucesores del patrono.

12. Representar y asistir a los niños, niñas y adolescentes en los procedimientos relativos a la administración de los bienes.

13. Representar y asistir en las demandas donde esté involucrado el interés del niño, niña y adolescente.

14. Representar y asistir en los procedimientos de adopción y nulidad de adopción.

15. Representar y asistir en los procedimientos en materia sucesoral donde esté involucrado el interés del niño, niña y adolescente.

16. Ejercer los recursos judiciales que estime necesario en interés del niño, niña y adolescente.

17. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

III. Atribuciones para actuar ante las cortes superiores

1. Brindar asesoría jurídica a niños, niñas y adolescentes.

2. Ejercer la defensa de los recursos de apelación que hayan interpuesto el Defensor Público o Defensora Pública ante las Salas de Juicio.

3. Asistir a la audiencia oral y pública a los efectos de formalizar el recurso de apelación.

4. Anunciar recursos de casación e informar de inmediato al Defensor Público o Defensora Pública con competencia para actuar en la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

5. Ejercer acciones de amparo contra las decisiones de las Cortes Superiores en materia de protección del niño, niña y adolescente que violen derechos y garantías constitucionales, e informar al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Sala Constitucional de la acción intentada.

6. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

 

COMPETENCIA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE (ARTS. 71 AL 78 LODP)


I. Atribuciones para actuar ante las sedes de los organismos de investigación

1. Brindar asesoría jurídica a niños, niñas y adolescentes.

2. Verificar ante los organismos policiales, criminalísticos y auxiliares de justicia, que los y las adolescentes detenidos o detenidas preventivamente se encuentren separados de los adultos.

3. Las establecidas en materia de deberes y atribuciones de los defensores públicos o defensoras públicas con competencia en materia penal que les sean aplicables.

4. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

II. Atribuciones para actuar ante el ministerio público y los tribunales de primera instancia en funciones de control

1. Orientar a los o las adolescentes vitados o citadas por el Ministerio Público para las entrevistas que se realizan con ocasión a las investigaciones, y que ameriten asistencia de la Defensa Pública.

2. Efectuar visita a los defendidos o defendidas una vez al mes, pudiendo concurrir las veces que considere necesario al órgano policial o centro de internamiento donde se encuentren los detenidos o detenidas cuya defensa les competa.

3. Asistir y defender al o a la adolescente en las audiencias que se efectúen ante los Tribunales de Primera Instancia en funciones de Control.

4. Interponer fórmulas de solución anticipada.

5. Solicitar el sobreseimiento provisional o definitivo.

6. Solicitar las medidas cautelares sustitutivas o la libertad plena, según sea el caso.

7. Contestar la acusación presentada por el Ministerio Público o el o la querellante.

8. Oponer las excepciones que el caso amerite.

9. Solicitar la práctica de pruebas anticipadas.

10. Solicitar el cambio de la calificación jurídica, si fuera procedente.

11. Instruir al adolescente sobre el procedimiento por admisión de los hechos.

12. Solicitar las fórmulas de solución anticipada, si fueran procedentes, siempre y cuando el imputado o imputada manifieste su voluntad de acogerse a una de las figuras en ellas contempladas.

13. Plantear cualquier otra cuestión incidental que permita una mejor preparación para el debate.

14. Ofrecer los medios de pruebas necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar.

15. Promover las pruebas que se presentarán en la fase de juicio.

16. Ejercer las apelaciones de autos, sentencias y contestar los recursos interpuestos por el Fiscal o la Fiscal del Ministerio Público o la parte acusadora, debiendo informar al respecto al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Corte Superior para el seguimiento respectivo.

17. Instruir al imputado o imputada sobre las medidas cautelares impuestas de manera sencilla, explicar con claridad acerca del estricto deber del cumplimiento de las obligaciones impuestas y la puntualidad en la asistencia a los actos del proceso.

18. Ejercer la acción de amparo ante la amenaza o violación de derechos o garantías constitucionales del o de la adolescente.

19. Las establecidas en materia de atribuciones de los defensores públicos o defensoras públicas con competencia en materia penal que les sean aplicables.

20. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

III. Atribuciones para actuar ante los tribunales de primera instancia en funciones de juicio

1. Brindar asesoría jurídica a niños, niñas y adolescentes.

2. Dar contestación a la acusación presentada por el Fiscal o la Fiscal del Ministerio Público cuando se trate de procedimiento abreviado.

3. En casos de procedimiento abreviado, Solicitar las fórmulas de solución anticipada, si fuera procedente, siempre y cuando el imputado manifieste su voluntad de acogerse a una de las figuras en ellas contempladas.

4. Orientar al imputado o imputada sobre el procedimiento por admisión de los hechos en los casos de procedimiento abreviado.

5. Solicitar el examen y revisión de las medidas cautelares o la libertad plena, si fuera procedente.

6. Promover pruebas en caso de procedimiento abreviado.

7. Asistir a la audiencia oral.

8. Efectuar visita a los defendidos o defendidas, una vez al mes, pudiendo concurrir las veces que considere necesario al órgano policial o centro de internamiento donde se encuentren los detenidos o detenidas cuya defensa les competa, a los fines de orientarlos u orientarlas en todas sus necesidades y requerimientos, así como rendir información sobre el estado y grado de sus causas.

9. Ofrecer nuevas pruebas y ratificar las declaradas inadmisibles dentro del lapso legal establecido para fijación del juicio.

10. Solicitar que le sean practicados al o a la adolescente estudios clínicos cuando del resultado de la investigación se evidencien hechos que recomienden someterlos a los mismos.

11. Ejercer los recursos judiciales procedentes, debiendo informar al respecto al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Corte Superior para el seguimiento respectivo.

12. Instruir al o a la adolescente del cumplimiento adecuado de la sanción impuesta.

13. Las establecidas en materia de atribuciones de los defensores públicos o defensoras públicas con competencia en materia penal que les sean aplicables.

14. Ejercer la acción de amparo ante la amenaza o violación de cualquier derecho o garantía constitucional del adolescente.

15. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

IV. Atribuciones para actuar ante los tribunales de primera instancia en funciones de ejecución

1. Efectuar visita a los defendidos o defendidas, una vez al mes, pudiendo concurrir las veces que considere necesario al órgano policial o centro de internamiento donde se encuentren los detenidos o detenidas cuya defensa les competa.

2. Ser garante de que el o la adolescente no sea trasladado o trasladada arbitrariamente del centro de internamiento donde cumple la sanción.

3. Velar porque el o la adolescente institucionalizado o institucionalizada no sea incomunicado o incomunicada ni sometido o sometida a castigos corporales.

4. Velar para que los o las adolescentes institucionalizados o institucionalizadas sean incorporados o incorporadas de manera inmediata al sistema educativo.

5. Solicitar las medidas alternativas del cumplimiento de las sanciones que corresponda.

6. Cumplir guardias en los centros de internamiento.

7. Mantener informados, en todo estado y grado del proceso, a los familiares del adolescente.

8. Interponer el recurso de apelación contra autos y sentencias, debiendo informar al respecto al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Corte Superior para el seguimiento respectivo.

9. Ejercer el recurso de revisión en los casos que fuera procedente.

10. Las establecidas en materia de deberes y atribuciones de los defensores públicos o defensoras públicas con competencia en materia penal que les sean aplicables.

11. Ejercer las acciones de amparo ante la amenaza o violación de cualquier derecho o garantía constitucional del adolescente.

12. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

V. Atribuciones para actuar ante las cortes superiores

1. Ejercer la defensa de los recursos que hayan intentado el Defensor Público o Defensora Pública ante los Tribunales de Primera Instancia.

2. Asistir a la audiencia oral y formular los alegatos de defensa a que haya lugar.

3. Promover las pruebas necesarias con referencia al recurso de apelación.

4. Anunciar el recurso de casación si fuera procedente.

5. Informar al Defensor Público o Defensora Pública ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la debida antelación, de los recursos que ejerza.

6. Ejercer acciones de amparo contra las decisiones de las Cortes Superiores con competencia en materia de responsabilidad penal del y de la adolescente que amenacen o violen derechos o garantías constitucionales, e informar al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la acción ejercida.

7. Las establecidas en materia de deberes y atribuciones de los defensores públicos o defensoras públicas con competencia en materia penal que les sean aplicables.

8. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

 

COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO (ARTS. 81 AL 84 LODP)


Ejercen la representación judicial; no podrán convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio. En estos casos, sólo podrán actuar mediante asistencia de las partes.

Atribuciones para actuar ante los tribunales superiores

  • 1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.
  • 2. Ejercer la defensa en los recursos interpuestos por el Defensor Público o Defensora Pública ante los Tribunales de Primera Instancia.
  • 3. Consignar por escrito los informes respectivos.
  • 4. Promover, en caso de que fuere procedente, las pruebas.
  • 5. Anunciar los recursos que fueren procedentes.
  • 6. Informar al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de los recursos ejercidos.
  • 7. Ejercer acciones de amparo contra las decisiones de los Tribunales Superiores con competencia en materia civil, mercantil y tránsito que amenacen o violen derechos o garantías constitucionales, e informar al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Sala Constitucional de la acción intentada.
  • 8. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

 

COMPETENCIA EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA (ARTS. 85 Y 86 LODP)

Atribuciones

  • 1. Ejercer la defensa de los particulares en los recursos interpuestos contra los actos administrativos de efectos particulares u omisiones, emanados de la República, estados, municipios, institutos autónomos, entes públicos o empresas, en las cuales el Estado ejerza control decisivo y permanente en cuanto a su dirección y administración, siempre que estos actos u omisiones amenacen o violen derechos o garantías de los ciudadanos y ciudadanas.
  • 2. Ejercer acciones de amparo contra las decisiones de los órganos de la jurisdicción en lo contencioso administrativo, que amenacen o violen derechos o garantías constitucionales de los particulares.
  • 3. Todas aquellas que le atribuyan las normas generales previstas en esta Ley, así como las leyes especiales en la materia, siempre que éstas no invadan las competencias de las instituciones del Estado que por su naturaleza actúen en el proceso.

 

COMPETENCIA ANTE LOS ÓRGANOS Y ENTES ADMINISTRATIVOS NACIONALES Y ESTADALES (ARTS. 87 Y 88 LODP)

Atribuciones

  • Orientar, asesorar, asistir y representar a las personas, en los procesos ante los órganos y entes administrativos nacionales o estadales, las universidades y demás institutos educativos.
 

COMPETENCIA ANTE LOS ÓRGANOS Y ENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (ARTS. 90 Y 91 LODP)

Atribuciones

  • 1. Ejercer la defensa de las personas que así lo soliciten, ante los órganos y entes administrativos municipales.
  • 2. Ejercer la acción de amparo, cuando sea procedente, ante los tribunales competentes de su jurisdicción por la amenaza o violación de derechos o garantías constitucionales, informando al Defensor Público o Defensora Pública competente.
  • 3. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

 

COMPETENCIA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (ART. 95 AL 101 LODP)

I. Atribuciones para actuar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

  • 1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.
  • 2. Ejercer la defensa y asistir a las audiencias convocadas por la Sala Constitucional, en las acciones de amparo ejercidas por el Defensor Público o Defensora Pública contra las decisiones de los Tribunales de Segunda Instancia que amenacen o violen derechos o garantías constitucionales, comunicando de inmediato las resultas de la audiencia al Defensor Público o Defensora Pública que ejerció la acción de amparo.
  • 3. Ejercer el recurso de revisión contra las decisiones y procedimientos que de acuerdo al ordenamiento jurídico se ventilen ante la Sala Constitucional, cuando se denuncie la violación de principios fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en aquellas causas en los cuales sea parte.
  • 4. Intervenir en la defensa cuando se haya solicitado el avocamiento a una causa determinada, porque se presuma la violación de principios y garantías constitucionales, contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados, pactos o convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la Ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala.
  • 5. Ejercer la defensa de las apelaciones realizadas contra las sentencias de amparo constitucional y de la acción autónoma de amparo, contra las sentencias que dicten los Tribunales Superiores como Tribunales de Primera Instancia, que decidan sobre la acción de reclamo para garantizar los principios constitucionales.
  • 6. Realizar seguimiento de los recursos de revisión intentados contra las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los demás Tribunales de la República.
  • 7. Realizar seguimiento de las apelaciones contra las sentencias dictadas por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal, con ocasión a la interposición de acciones autónomas de amparo constitucional.
  • 8. Ejercer la defensa de la acción autónoma de amparo constitucional realizada contra las sentencias de última instancia dictadas por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo cuando su conocimiento no estuviera atribuido a otro Tribunal.
  • 9. Mantener informada a la dependencia competente de la Defensa Pública en relación a cualquier cambio de jurisprudencia de la Sala Constitucional.
  • 10. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.
 

II. Atribuciones para actuar ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

  • 1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.
  • 2. Ejercer la defensa en los recursos de casación y contestación.
  • 3. Ejercer el recurso de revisión contra las decisiones y procedimientos dictados por la Sala de Casación Penal, que de acuerdo al ordenamiento jurídico se ventilen ante la Sala Constitucional, cuando se denuncie la violación de principios fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en aquellas causas en las cuales sea parte.
  • 4. Asistir a la audiencia oral y pública convocada para conocer del recurso, comunicando de inmediato los resultados de la audiencia al Defensor Público o Defensora Pública con competencia para actuar ante la Corte de Apelaciones que corresponda.
  • 5. Velar por que los detenidos o detenidas con fines de extradición, que no hablen o comprendan el Idioma castellano, sean proveídos de un intérprete público.
  • 6. Solicitar cuando sea procedente, la radicación del juicio.
  • 7. Ejercer el recurso de hecho en caso de la negativa de admisión del recurso de casación.
  • 8. Mantener informada a la dependencia competente de la Defensa Pública de cualquier cambio en la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal.
  • 9. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.
 

III. Atribuciones para actuar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia

  • 1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.
  • 2. Formalizar los recursos de casación.
  • 3. Asistir a la audiencia oral y pública convocada para conocer el recurso de casación, donde deberán formular sus alegatos y defensas, de manera pública y contradictoria.
  • 4. Asistir a la audiencia oral y pública convocada para conocer el recurso de control de la legalidad, donde deberán formular sus alegatos y defensas, de manera pública y contradictoria.
  • 5. Promover pruebas en materia laboral, cuando el recurso de casación se base en un defecto de forma en relación a como se realizó un acto, en contraposición a lo señalado en el acta del debate o en la sentencia; la promoción se hará en los escritos de interposición o de contestación del recurso, señalando de manera precisa lo que se pretende probar.
  • 6. Ejercer la defensa en las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativo en materia agraria y demás asuntos contenciosos relacionados con la misma materia.
  • 7. Ejercer el recurso de revisión contra las acciones y procedimientos dictados por la Sala de Casación Social que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, se ventilen ante la Sala Constitucional cuando se denuncie la violación de principios fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en aquellas causas en las cuales sea parte.
  • 8. Ejercer el recurso de hecho en caso de la negativa de admisión del recurso de casación.
  • 9. Mantener informada a la dependencia competente de la Defensa Pública de cualquier cambio de jurisprudencia de la Sala de Casación Social.
  • 10. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.
 

IV. Atribuciones de los defensores o defensoras públicas con competencia en materia civil, mercantil y tránsito para actuar ante la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia

  • 1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.
  • 2. Solicitar la ejecución de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras.
  • 3. Formalizar el recurso de casación ante la Sala de Casación Civil.
  • 4. Comunicar al Defensor Público o Defensora Pública que actuó en los Tribunales de Segunda Instancia, de las resultas de los recursos que ejerció.
  • 5. Ejercer el recurso de revisión contra las acciones y procedimientos, dictados por la Sala de Casación Civil que de acuerdo al ordenamiento jurídico se ventilen ante la Sala Constitucional, cuando se denuncie la violación de principios fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en aquellas causas en las cuales sea parte.
  • 6. Ejercer el recurso de hecho en caso de la negativa de admisión del recurso de casación.
  • 7. Informar a la dependencia competente de la Defensa Pública, de cualquier cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Civil.
  • 8. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

V. Atribuciones de los defensores o defensoras públicas con competencia en materia de lo contencioso administrativa para actuar ante la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia

  • 1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.
  • 2. Ejercer la representación de ausentes y de no comparecientes en los juicios de expropiación o en aquellos que requieran la designación de defensores públicos o defensoras públicas para garantizar el derecho a la defensa.
  • 3. Ejercer la defensa en alzada de las decisiones de los Tribunales Contencioso Administrativo y de los recursos, cuando se demande la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares y al mismo tiempo el acto general que le sirva de fundamento.
  • 4. Ejercer la defensa de las personas que así lo requieran en los juicios de expropiación en los cuales se interponga recurso de apelación.
  • 5. Ejercer los recursos de nulidad, cuando sea procedente, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad de los actos administrativos de efectos particulares de los órganos que ejerzan el Poder Público de rango nacional.
  • 6. Ejercer la defensa en segunda instancia en las apelaciones y demás acciones o recursos contra las sentencias dictadas por los Tribunales Contencioso Administrativo.
  • 7. Comunicar al Defensor Público o Defensora Pública ante el Tribunal Superior las resultas del caso que conoció.
  • 8. Ejercer el recurso de revisión contra las decisiones y procedimientos dictados por la Sala Político-Administrativa que de acuerdo al ordenamiento jurídico se ventilen ante la Sala Constitucional, cuando se denuncie la violación de principios fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en aquellas causas en las cuales sea parte.
  • 9. Ejercer el recurso de hecho en caso de la negativa de admisión del recurso.
  • 10. Informar a la dependencia competente de la Defensa Pública de cualquier cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Político-Administrativa.
  • 11. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

VI. Atribuciones de los defensores públicos o defensoras públicas con competencia en materia electoral para actuar ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia

  • 1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.
  • 2. Ejercer los recursos contra actos, actuaciones y omisiones relacionados con la Constitución, denominación, funcionamiento y cancelación de las organizaciones políticas, con la designación de miembros de organismos electorales, con el Registro Electoral Permanente, con la postulación y elección de candidatos a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional.
  • 3. Ejercer el recurso de revisión contra las decisiones y procedimientos dictados por la Sala Electoral que de acuerdo al ordenamiento jurídico se ventilen ante la Sala Constitucional, cuando se denuncie la violación de principios fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en aquellas causas en las cuales sea parte.
  • 4. Ejercer el recurso de hecho en caso de la negativa de admisión del recurso.
  • 5. Informar a la dependencia competente de la Defensa Pública de cualquier cambio de Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Electoral.
  • 6. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

 

DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS O DEFENSORAS PÚBLICAS DE INDÍGENAS (ARTS. 79 Y 80 LODP)

Atribuciones

  • 1. Asesorar, asistir y representar jurídicamente a los o las indígenas ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas del Estado, pudiendo ejercerlas con apoyo de cualquier otro Defensor Público o Defensora Pública que por su competencia lo amerite.
  • 2. Garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado en todos los juicios y procedimientos que involucren individual o colectivamente a los indígenas, tomando en cuenta sus prácticas jurídicas y específicas.
  • 3. Aplicar los sistemas normativos en regulación y solución de conflictos internos de tales pueblos, con respeto a las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de las mujeres.
  • 4. Velar por el acceso colectivo indígena al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios.
  • 5. Velar por el respeto y enriquecimiento de todos los elementos que configuren la cultura e identidad indígena y combatir cualquier forma de discriminación.
  • 6. Lo previsto en esta Ley no menoscaba el sistema de justicia propio de los pueblos indígenas, tanto en sus instancias, su sistema oral, sus costumbres y tradiciones.
  • 7. Las demás que les atribuyan esta Ley y su Reglamento.

DE OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES (ART. 89 LODP)

 

Obligación del funcionario o funcionaria que dirige el procedimiento en otros procesos administrativos, disciplinarios y judiciales.

Para los demás procesos administrativos, disciplinarios y judiciales no previstos en esta Ley, cuando las personas requieran de la asistencia o representación en virtud de un procedimiento en que sean parte, el funcionario o funcionaria público que dirige el procedimiento deberá, con la celeridad del caso, solicitar al Coordinador Regional o Coordinadora Regional de la Defensa Pública, la designación de un Defensor Público o Defensora Pública.

DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS O DEFENSORAS PÚBLICAS INTEGRALES (ARTS. 92 AL 94 LODP)

 

En todas las materias y especialmente las relacionadas con creación, registro, funcionamiento de cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones y cualquier otra forma de organización civil que prevea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se crean Defensas Integrales. Estas dependencias están conformadas por defensores públicos o defensoras públicas integrales y demás personal que se requiera, de acuerdo con la demanda del servicio y la población del municipio.

Atribuciones

  • 1. Elevar la cultura jurídica del pueblo.
  • 2. Apoyar la justicia de paz.
  • 3. Asesorar a los ciudadanos y ciudadanas en la solución del conflicto y en las acciones legales para garantizar el goce y ejercicio efectivo de los derechos e intereses legítimos.
  • 4. Asesorar en todo lo relacionado con la creación, registro, funcionamiento de las cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones y cualquier otra forma de organización civil que prevea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
  • 5. Garantizar la tutela jurídica del derecho a la defensa en los lugares más apartados del territorio nacional.
  • 6. Orientar y referir al ciudadano o ciudadana al Defensor Público o Defensora Pública competente según el caso planteado.
  • 7. Contribuir a la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas sociales.
  • 8. Fomentar la participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
  • 9. Promover e impulsar la participación de los ciudadanos o ciudadanos en la administración de justicia.
  • 10. Cualquier otra que a criterio del Defensor Público General o Defensora Pública General deba desarrollar.
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