11 mayo, 2020

Derecho a la seguridad en Venezuela: ¿monopolio de bandas armadas?

En cadena nacional el 6 de mayo, Nicolás Maduro presentó lo que denominó “evidencias” sobre la supuesta “invasión” que su gobierno había desarticulado, entre las cuales destacaba un video con declaraciones de José Alberto Socorro Hernández, alias “Pepero”, quien afirmó que había contactado para la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) al grupo delictivo de alias “Wilexis” a fin de que orquestara “falsos enfrentamientos entre bandas en Petare para distraer la atención” de los hechos que ocurren en el país. En respuesta a la imputación de Nicolás Maduro los noticieros y redes sociales mostraron un video de Wilexis en el que responde a Maduro negando su vinculación con la DEA y señalando que su único interés “es luchar por la tranquilidad y comodidad de su barrio”.

De pronto, nos encontramos frente a un evento que nos deja estupefactos cuando tenemos en frente un diálogo entre quien detenta el poder en Venezuela (Nicolás Maduro) y el líder de una banda armada. Resulta inimaginable que la protección de los derechos humanos de un grupo sea garantizada por una banda armada que, a su vez, violenta los derechos humanos de otro grupo social. Ante esta realidad se revela un hecho ante el cual no puede responderse con la clásica y natural expresión: “Serán sometidos a la autoridad”, simplemente porque no tenemos autoridad, y tampoco se puede salir al paso expresando que: “La justicia se encargará de ellos” porque no tenemos Estado de Derecho porque ha sido desmantelado. En nuestro país autoridad y Estado de Derecho son conceptos vaciados de contenido cuando las “autoridades” comenzaron a funcionar utilizando la fuerza de las armas, el atropello y la violación sistemática de los derechos humanos.

El derecho humano a la seguridad y protección de la integridad física ha sido hartamente vulnerado en Venezuela por quienes han tenido el monopolio de la fuerza militar y policial. Se produce un fenómeno social repugnante, esto es, la distorsión del control de la autoridad, propiciada por la corrupción, la inversión de valores, la desprotección jurídica, en fin: la frustración del ciudadano frente a un Estado que se rompió, lo cual nos obliga a restaurar nuestra República.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll Up