19 agosto, 2020

Despacho Virtual Judicial Civil en Venezuela

Por: Román Duque Corredor / Publicado originalmente por el Instituto de Estudios Jurídicos

Mediante Resolución Número 03-2020, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció, a partir del 29 de julio de 2020, un Despacho Virtual a través de un Plan Piloto de una plataforma digital, para los estados Aragua, Anzoátegui y Nueva Esparta, donde cada estado posee como medios electrónicos disponibles una página web para la publicación de su actividad jurisdiccional y de correos electrónicos. Ello, según la referida Resolución, como un inicio de procesos civiles virtuales. Como fundamentos de tal Resolución la Sala de Casación Civil señala principalmente el artículo 267 de la Constitución, el Decreto número 4.160, emanado de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional por la pandemia del Covid-19, la Resolución número 2020- 0001, fechada 20 de marzo de 2020, de la Sala Plena y las posteriores Resoluciones dictadas por esta Sala desde el 13 de abril de 2020, hasta la Resolución 2020-0005 del 14 de julio de 2020, por las que se suspendieron los días de despacho judiciales y los lapsos procesales , salvo para las acciones de amparo, los asuntos urgentes en materia penal y las actuaciones urgentes en otros asuntos, mediante la previa habilitación. La Sala de Casación Civil, estableció el Despacho Virtual considerando que el Tribunal Supremo de Justicia ha adoptado medidas para la continuidad de la función jurisdiccional, a los fines de avanzar en la tramitación de expedientes a través del sistema digital pero solo para las nuevas causas.

A los efectos de esta publicación, me referiré a los aspectos procesales del referido Despacho Virtual, pero, sin embargo, conforme lo afirme en escrito anterior, en mi criterio los órganos jurisdiccionales en los casos de emergencia pueden dictar medidas como la del referido Despacho Virtual en protección de la garantía del debido proceso, que según el artículo 337, constitucional, no puede ser restringida en estados de excepción, con fundamento , ademas del artículo 237 de la Constitución, en diversas leyes que se refieren a la tecnología e innovación de la gestión pública, como la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado, la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, la Ley del Sistema de Justicia que establece que los órganos de dicho Sistema deberán contar con un portal electrónico y con mecanismos de comunicación electrónica ; y la Ley de Infogobierno, que contempla un Subsistema Nacional de informativa Forense.

Un primer comentario es el de que el Despacho Virtual, aunque se refiera a algunos aspectos procesales, no constituye un proceso virtual y solo es parcialmente un expediente electrónico judicial. Es, como se dice en la Resolución número 03-2020 de la Sala de Casación Civil (SCC) del Tribunal Supremo de Justicia, un Plan Piloto de una plataforma digital. En otras palabras, es un ensayo de Mesa de Partes Electrónica Judicial y de Digitación de Expedientes Físicos, que como tal deberá ser sustituido por un verdadero sistema de expediente judicial. Una Mesa como la mencionada permite la presentación válidamente de escritos o documentos a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial o la publicación de sus decisiones, mediante medios telemáticos, es decir, no presenciales o a distancia. El Despacho Virtual, objeto de estos comentarios, para que los documentos originales recibidos queden registrados en formularios de recepción de documentos y para que se descarguen de la página web del tribunal de estado respectivo, el peticionante deberá consignar los documentos remitidos para confrontarlos con los recibidos en forma digital, aunque estos se hayan enviado por correo electrónico y recibido en formato PDF, para que puedan ser admitidos. En otras palabras, el Despacho Virtual no es propiamente una Mesa de Partes Electrónica Judicial que permite la presentación directa y real de un documento a los órganos jurisdiccionales para cuyo registro y admisión no se requiere de confrontación alguna. Y, ademas, en la Resolución, en comento, se exige que los escritos y solicitudes se dirijan a la dirección de correo electrónico oficial del Tribunal distribuidor, es decir, ante un centro de distribución general, lo que vendría a ser una mesa de partes física y no electrónica. En efecto, en la Mesa de Partes Electrónica existe una Casilla Electrónica de acceso gratuito dispuesta por el Poder Judicial para las partes y cualquier otro interviniente en los procesos. Y solo en los casos en que no exista tal Casilla se requiere de los interesados la presentación física de los documentos para su confrontación con los documentos digitalizados para su incorporación al expediente judicial electrónico.

Un segundo comentario, es el de que, de acuerdo con la Resolución, en comento, los escritos no han de referirse a asuntos urgentes y ni siquiera es necesario la previa habilitación. Solo se requiere que se trate de causas nuevas, lo que evidentemente restringe el acceso a la justicia respecto de las causas pendientes, en cuyo caso para que los escritos sean recibidos es necesario acudir, previamente al tribunal, en forma presencial, para solicitar la habilitación y posteriormente para consignarlos físicamente. Lo cual, en situaciones de medidas de restricción del traslado y circulación en los casos de calamidad pública, será sumamente difícil. Pienso, que se ha debido aplicar el Despacho Virtual tanto para la tramitación de las causas nuevas como para las causas en curso. Ello por cuanto los casos en los que el proceso se tramita bajo expediente físico tambien pueden ser objeto del Despacho Virtual por parte de los tribunales de los estados que cuentan medios electrónicos disponibles como una página web. La restricción a los asuntos nuevos y la exclusión de los asuntos pendientes del Despacho Virtual, contraria el artículo 338, constitucional, que establece que en los estados de excepción no puede ser restringida la garantía del debido proceso, del cual forma parte el derecho de acceso a la justicia, a que se refiere el articulo 26, ibidem.

Un tercer comentario, se refiere a los requisitos formales para la presentacion de los escritos, como el envío por correo electrónico, de la solicitud o demanda para lo cual se exige que su remisión se haga en formato PDF a la dirección de correo electrónico oficial del Tribunal distribuidor, y ademas que se indiquen dos (02) números telefónicos del demandante y su apoderado, o al menos uno (1) con la red social WhatsApp u otro que indique el demandante, la dirección de correo electrónico, así como números telefónicos y correo electrónico de la parte accionada, a los fines del llamamiento de ley. Es de notar que no se exige que los escritos o documentos sean firmados digitalmente que la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas establece para la veracidad y la autoría de la información presentada electrónicamente, puesto que la certificación de este requisito aún no se ha desarrollado amplia y debidamente en Venezuela.

Un cuarto aspecto, atiende a la distribución de los escritos y solicitudes, las cuales solo pueden tratarse de asuntos nuevos, por lo que una vez sorteado su distribución el Tribunal distribuidor reenvía vía correo electrónico las solicitudes o demandas a los distintos Tribunales asignados, asentando lo conducente en Libro Digital destinado a tal fin. Y el Tribunal al que le correspondió la causa, procederá a asignar número de expediente de su correlativo, y a registrar en los Libros y realizar minuta en el Diario Digital, remitiendo, ademas, vía correo electrónico al peticionante, el acuse de recibo y notificando de forma expresa día y hora de la oportunidad en la cual se llevará a cabo la consignación de los originales de los instrumentos enviados vía digital, haciéndole saber las necesarias medidas de bioseguridad. En otras palabras, que él envió de los escritos por medio electrónico no tiene eficacia sin la presencia física de la parte remitente para que consigne los escritos que fueron enviados telemáticamente, hasta el punto de que no podrán ser admitidos si no se consignan físicamente los escritos. Tal exigencia hace inoperante el Despacho Virtual.

Un quinto comentario, es el relativo a las formalidades de la citación en caso de demandas, que, según la Resolución, en comento, se cumple remitiendo vía correo electrónico el auto de admisión y la boleta de citación a la parte accionada a la dirección de correo electrónica aportada en la demanda, junto con el escrito libelar debidamente certificado por el Tribunal. Tal citación, de acuerdo con la Resolución, en comento, puede hacerse por vía telefónica conforme al criterio utilizado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en materia de amparo, según sentencia número 0090, de 25-04- 2019, expediente 18-0420. Al respecto, puede observarse que la mencionada Resolución se refiere en general a la vía telefónica como forma de citación, que no es un medio de comunicación electrónico, puesto que es un medio que consiste en la transmisión de sonidos, generalmente de voz, al ser transformados en impulsos eléctricos por medio de un micrófono, que después de que los impulsos eléctricos llegan a su destino un altavoz se encarga de volver a transformar los impulsos en sonidos, haciendo que el receptor comprenda lo que quiere decir el emisor. Aun en el caso de la telefonía celular los sonidos viajan a través del aire, siendo recibidas y transformadas nuevamente en mensaje verbal a través de antenas repetidoras o vía satélite, o célula, que cubre un área. Ocurre, que en todas partes no existen áreas con células que permiten la telefonía móvil o celular. Y, por otro lado, no todos pueden usar telefonía WhatsApp, con aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, es decir, los llamados smartphone, que sirven para enviar mensajes de texto y multimedia entre sus usuarios, pero para lo cual es necesario que se acepte entre ellos y no es la telefonía que disponen los tribunales. Desde otro orden de ideas, las llamadas telefónicas no podrían considerarse como un medio propio de notificación de las partes de un proceso civil, “pues realmente no habría forma de certificar de que las sentencias sean efectivamente informadas por vía telefónica ¿Acaso grabarán las conversaciones en un disco compacto? ¿Se agregará el disco compacto al expediente como constancia de que se practicó la llamada telefónica? En ese sentido, se trata a todas luces de una notificación defectuosa, porque a todo evento, sólo se le participaría a la persona que se tomó una decisión, pero no del contenido de la misma, por lo que el ciudadano quedaría en completa indefensión, pues empezarían a correrle los lapsos para interponer, por ejemplo, una aclaratoria o ampliación de la sentencia (cuyo contenido desconoce), que son sumamente breves (tiene hasta el día siguiente a la notificación)” 7 . Por otro lado, la sentencia número 0090, fechada 25-04- 2019, expediente 18-0420, de la Sala Constitucional, antes citada, no es un precedente puesto que no contiene motivación alguna sobre la procedencia de la vía telefónica como forma de notificación o citación. En efecto, dicha sentencia no hace ninguna interpretación de la llamada telefónica, en razón de que simplemente en su parte dispositiva señala que para la terminación del proceso de amparo por desinterés procesal y para notificar de la multa impuesta al recurrente, basta la vía telefónica, sin mayor razonamiento. Pienso, pues, que en los casos de sentencias en los procesos civiles la citación por vía telefónica es violatoria de la garantía del derecho de defensa y una grave indefensión.

En el orden de ideas anterior, la Resolución Resolución número 03-2020, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que he venido comentado, en otra disposición establece que llegada la oportunidad de dictar el fallo, se publicará este, y en formato PDF, enviándose el texto íntegro de la sentencia a la Rectoría Civil respectiva, para que esta a su vez la remita a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de su publicación en el portal web. Y solo en el caso que la sentencia se dicte fuera de la oportunidad legal correspondiente, se ordenará la notificación de las partes remitiendo la boleta respectiva a la dirección de correo electrónica aportada y en el portal web a los fines de que ejerzan los recursos pertinentes contra la decisión. Al respecto considero, por un lado, que normalmente no es posible acceder a dicha página, porque de ordinario no se puede encontrar la dirección IP del servidor o no funciona porque la página no está operativa, tal como ocurrió desde el 31 de enero de este año, cuando dejo de estar operativa. Ello a pesar que el artículo 120 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ordena que este Tribunal debe mantener y actualizar un sistema de información físico y electrónico y que el artículo 29 de la Ley del Sistema de Justicia ordena a los órganos de este Sistema, que deben mantener su sistema de información actualizado y mantener y actualizar un portal electrónico que contendrá, entre otras, la información contemplada en este artículo, así como un mecanismo de comunicación electrónica disponible para todas las personas. Por otro lado, Ley mencionada del Tribunal Supremo de Justicia, en sus artículos 91, 92 y 93, dispone claramente que las notificaciones para presentar pruebas o participar en audiencias orales y públicas se realizará mediante “boletas” que entregarán en físico alguaciles, pero que también “se ordenará su publicación en el portal electrónico” del máximo juzgado y señala que esta última vía servirá para informar a las partes, en caso de que no se pueda hacer por la manera tradicional. Por la inseguridad del acceso a la pagina web del Tribunal Supremo de Justicia, para garantía del debido proceso, pienso que la notificación de las partes y principalmente de las sentencias debe hacerse remitiendo la boleta respectiva a la dirección de correo electrónica aportada al Despacho Virtual, y no solamente cuando la sentencia se dicte fuera de la oportunidad legal correspondiente.

Finalmente, en mi criterio la Resolución en comentario dentro de las reglas del Despacho Virtual debió contemplar las reglas relativas a la validez, eficacia juridica y probatoria de los documentos y actos objeto del trámite de este Despacho cuando cumplan con sus requisitos formales. A tales efectos, ha podido, basada en la Ley de Infogobierno, aplicar analógicamente las disposiciones de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, estableciendo que los escritos del Despacho Virtual tienen la eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos8 . En este orden de ideas, la Resolución que he venido comentando dispone que la Unidad Receptora les asigna a los documentos recibidos digitalmente un número de expediente de su correlativo, los registra en formularios de recepción de documentos y en los Libros y realizar una minuta en el Diario Digital y ademas los descarga en la página web del Tribunal respectivo. En mi concepto, dichos registros y la incorporación en el disco duro del computador correspondiente, efectuados por el funcionario receptor y que pueden ser accesibles para ser consultados y verificados posteriormente, que permiten reconocer su autoría, les otorgan a los documentos y escritos como documentos electrónicos, la misma eficacia probatoria que un documento privado escrito. En este orden de ideas, los escritos presentados ante el Despacho Virtual, en virtud de las formalidades para su registro, que exprese anteriormente, caben en la definicion de documento electrónico, contemplado en la Ley de Infogobierno9 . Por otro lado, la jurisprudencia reiterada de la Casación Civil ha establecido que los correos electrónicos o mensajes de datos, agregados en formato impreso a las actas procesales, reproducidos en formato impreso, tendrán la misma eficacia probatoria atribuida por el articulo 429 del Codigo de Procedimiento Civil a las copias o reproducciones fotostáticas10. En consecuencia, a mi juicio la Resolución objeto de estos comentarios ha podido establecer tal eficacia probatoria de dichos escritos y documentos presentados mediante el trámite del Despacho Virtual.

Reconozco el esfuerzo y la iniciativa de contemplar el Despacho Virtual para la situacion de emergencia causada por el estado de excepción de calamidad publica de la pandemia del Covd-19, y es de desear que en verdad sea el inicio de la tramitación de expedientes a través del sistema digital para todas las causas civiles en un futuro. Para ello, la legitimidad democrática exige una amplia consulta con los integrantes del Sistema de Justicia, para lo cual no basta el solo criterio de cinco (6) de ellos, aunque sean magistrados del Tribunal Supremo.

Caracas, 17 de agosto de 2020

Despacho Virtual

One comment
  1. Ivan Diaz

    Saludos, realmente me parece una buena iniciativa la aplicación del Despacho Virtual como un mecanismo para evitar la paralización de los procesos judiciales, que de por sí son bastante lentos en nuestra amada Venezuela,, aunque no estoy de acuerdo en que solo se aplique en estos pocos estados, porque sera marginar al resto del país y tampoco me parece que sea solo para los asuntos nuevos, ya que los procesos que se encuentran paralizados perfectamente se pueden continuar por este mecanismo, en especial los juicios Civiles que son escritos en un 100% prácticamente, seria muy bueno que esto se aplicara a nivel nacional y para todas las causas, nuevas y en proceso.

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