El abandono del cargo parlamentario

Foto: EFE

Cecilia Sosa Gómez / Alejandro González Valenzuela

El pasado16 de septiembre un grupo de nanopartidos políticos que no representan el sentir democrático mayoritario del país suscribieron con el gobierno de facto que encarna Nicolás Maduro “un acuerdo político” mediante el cual se instauraría una nueva mesa de diálogo nacional como preámbulo al “regreso” del chavomadurismo a la Asamblea Nacional, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la liberación de presos políticos, y el canje de petróleo por alimentos y medicinas.

En pretendida ejecución de dicho acuerdo, el martes 24 de septiembre, el denominado Bloque de la Patria, instancia que agrupaba a los diputados del Gran Polo Patriótico, hizo acto de presencia en la sede del Parlamento con la intención de “reincorporarse a la actividad de la Asamblea Nacional” tras dos años y ocho meses de haber abandonado las mismas. No obstante esta comparecencia, es evidente que los miembros de esa instancia, ya no pueden ejercer válidamente la función parlamentaria, debido a que carecen de autoridad para ello al haber hecho abandono del cargo, luego que un Tribunal Supremo de Justicia irregularmente constituido (al haber incorporado a los denominados “magistrados express”) declarara, en enero de 2016, un (doblemente) inexistente desacato de la Asamblea Nacional.    

Ciertamente, excepto los diputados que expresamente decidieron deslindarse del Bloque de la Patria, todos los restantes miembros de esta instancia perdieron su investidura, luego de haber dejado de ejercer permanente e injustificadamente su función parlamentaria, y de haber avalado, pública y notoriamente los ataques, desde el Tribunal Supremo de Justicia (oficialista), el Poder Ejecutivo (mutado a usurpación el 10E) y desde la ilegítima ANC, dirigidos a impedir o frustrar el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Desde otra perspectiva, resulta innegable que tal abandono, equivale a renuncia expresa y, por consiguiente, a pérdida de investidura.

Sobre este asunto, no cabe duda alguna, ni siquiera para los detentadores (ilegítimos) del poder, pues la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia oficialista mediante sentencia Nº. 07/2017, dictada con el propósito de declarar la nulidad del “Acuerdo sobre el Abandono de las Funciones Constitucionales de la Presidencia de la República en que ha Incurrido el ciudadano Nicolás Maduro Moros”, de fecha 9 de enero de 2017, configuró la figura (situación jurídica) de abandono del cargo, en los siguientes términos: “Siempre el abandono del cargo (del trabajo o de funciones) implica una separación física, voluntaria y arbitraria del trabajador (o funcionario público) y no una ‘presunta’ ineficiencia en el desempeño de sus funciones, de lo cual se derivan tres elementos distintivos del mismo, cuales son la voluntad de dejar el cargo, que no haya motivo o justificación, y que esa ausencia sea permanente y definitiva”.

Partiendo del criterio expresado por la Sala Constitucional, habiendo sido inequívoca la voluntad de los diputados que conformaban ese bloque parlamentario de abandonar permanentemente el cargo, asimismo siendo tal decisión inmotivada e injustificada (hecho público, notorio y comunicacional) resulta evidente que un teórico retorno de esa fracción parlamentaria a la Asamblea Nacional sería no sólo inconstitucional, sino además incongruente por cuanto el pretexto invocado (doblemente inexistente desacato) no habría cesado desde la perspectiva de los detentadores del poder, pues, el TSJ que “controlan” no se ha retractado de tan absurdo criterio.      

Por otra parte, no puede escapársenos que el abandono del cargo imputable a los ahora ex diputados deriva, además, en el caso de la mayoría de ellos, de la expresa voluntad de dejar de cumplir la función parlamentaria cuando después de su proclamación y juramentación aceptaron y ejercieron otras funciones públicas o con apariencia de tal (ya sea en la pseudo asamblea constituyente, en el gobierno anterior de Nicolás Maduro, en su actual régimen de usurpación en gobernaciones y alcaldías), perdiendo su investidura parlamentaria, por renuncia tácita a sus curules; así lo consagra el artículo 191 de la Constitución de 1999, conforme al cual: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”; incompatibilidad esta también establecida de manera general en el art. 148 constitucional.

Al efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº. 698/2005, estableció que: “Los legisladores estadales, al igual que los Diputados a la Asamblea Nacional y en general todo funcionario público están sujetos en principio a la incompatibilidad para la aceptación o ejercicio de dos o más cargos públicos, salvo que se trate de alguna de las excepciones previstas constitucionalmente y siempre que el desempeño de las tareas simultáneas no vaya en desmedro de la función respectiva. En caso de que se acepte o ejerza un cargo público que no encuadre en las excepciones, se entiende que el legislador (como los diputados) ha perdido su investidura”.

En relación a los ex diputados que forman parte de autodenominada asamblea constituyente cabe señalar que tanto la doctrina como la jurisprudencia de Derecho Público en Venezuela han admitido la categoría de funcionarios de hecho, esto es, aquellos que desempeñan una función pública o con apariencia de tal, aún cuando carezcan de investidura legal y la función pública sea legítima, aparente, o ilegítima (como la de los funcionarios de hecho de la dictadura de Pérez Jiménez, que debieron responder por delitos de corrupción).

Finalmente, la Asamblea Nacional y la sociedad democrática no deben permitir el retorno a la función parlamentaria de los diputados que hicieron abandono del cargo, pues ello equivaldría a validar una grave subversión del orden constitucional y del Estado de Derecho. No debe olvidarse que no siendo factible la democracia directa la mejor expresión de democracia que han podido darse las sociedades la encarna el Parlamento, órgano constitucional que no sólo ostenta la máxima representación popular, sino, además, parafraseando a Kelsen, en él se forma la voluntad decisiva del Estado a través de sus funciones legislativas, contraloras, autorizatorias, etcétera, por tanto es evidente que cualquier acto arbitrario dirigido a obstruir la función parlamentaria estará irremediablemente afectado de inconstitucionalidad, ergo, será absolutamente nulo y, por consiguiente, insubsanable e inconvalidable.

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