EL BLOQUE CONSTITUCIONAL A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE LA EVENTUAL INCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN VENEZOLANO AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS ONU

Considerando:

1.- Que, el próximo mes de octubre la Asamblea General (ONU), elegirá a los 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos (ONU), con la aprobación de dos tercios de los votos de la Asamblea General, o 126 votos; y, que de acuerdo a la distribución por regiones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos (ONU), Latinoamérica tiene derecho a dos cupos en dicha entidad.

2.- Que, el régimen de Maduro ha postulado a Venezuela como candidata a formar parte del Consejo de Derechos Humanos (ONU), la cual, junto a Brasil serían los dos únicos países que han presentado su candidatura por Latinoamérica; lo que da por virtualmente asegurada la elección de ambos candidatos

3.- – Que, al ser electa Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos, el régimen usurpador que encarna Nicolás Maduro, designará un representante que podrá votar sobre la designación de expertos, relatores especiales, aprobación de resoluciones, y en general, sobre la agenda de dicho Consejo; lo que le permitirá hacer frente al escrutinio en materia de derechos humanos, y neutralizarlo con miras a procurarse impunidad.

4.- Que, en su Resolución 39/1, el Consejo de Derechos Humanos ONU solicitó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, preparar un Informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela; y que este Informe, de fecha 4 de julio de 2019, conocido como Informe Bachelet, ha hecho un diagnóstico muy crudo sobre la realidad actual del país (ratificado en la actualización oral, de fecha 9 de septiembre de 2019), no sólo respecto de las sistemáticas violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, por parte del régimen de Maduro; sino, también, en relación a los elevados niveles de degradación institucional que éste ha propiciado, lo que se ha traducido, en la práctica, en erosión del Estado de Derecho.

5.- Que, el Informe Bachelet ha descrito una verdadera galería del horror, en la que no queda derecho o garantía constitucional que no haya sido violado o amenazado, por el régimen de Maduro, afectando todas las dimensiones de la dignidad humana, mediante ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, desacato reiterado por fuerzas de seguridad a ordenes de liberación de personas ordenada por los respectivos tribunales, torturas, abusos sexuales, robos, asesinatos, uso de fuerza letal contra manifestantes, violación de la libertad de expresión e información; violación del derecho a la salud, a la alimentación, a un salario digno; y de derechos a los pueblos indígenas, entre otros. A lo anterior debemos sumar una emergencia humanitaria compleja y la migración forzada de más de cuatro millones de venezolanos, que está afectando seriamente a la región.

6.- Que, finalmente, el Informe Bachelet, ha revelado palmariamente que el de Venezuela es un caso paradigmático, no sólo, porque, a pesar de que no ha habido un conflicto armado, existe evidencia abundante sobre abusos y violaciones sistemáticas por parte del régimen de Maduro, al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sino, también, porque éste ha colonizado el sistema de justicia, y lo ha puesto al servicio de su proyecto político hegemónico y antidemocrático, para impartir una justicia arbitraria, y perseguir judicialmente a los disidentes, mediante la aplicación de un “derecho penal del disidente”, que no busca “eliminar un peligro” ni sancionar un hecho punible específico, sino, únicamente, neutralizar a través del sistema de justicia a sujetos por lo que son: disidentes.

7.- Que, la incorporación de un representante del régimen de Maduro al Consejo de Derechos Humanos, no sólo comportará una manifiesta incongruencia con los valores y principios de su carta fundacional, y con los objetivos de dicha entidad, sino, además, tal hecho será utilizado, como un acto de propaganda por régimen inescrupuloso que se ha colocado al margen de la legalidad internacional, y por supuesto, como trinchera política para atacar a las democracias que han denunciado sus aberraciones.

8.- Que, nada satisfaría más a este Bloque Constitucional, en tanto espacio de defensa de la Constitución y de los derechos humanos, ver en el Consejo de Derechos Humanos (ONU) a un digno representante de una Venezuela reinsertada en el concierto de las naciones democráticas, lamentablemente, mientras perviva la usurpación, tal representación solo será una abominable mácula en nuestro historial republicano, y una ofensa a la conciencia de la humanidad.

Debemos expresar que:

PRIMERO: Rechazamos enfáticamente que un régimen político ilegítimo, como el que encarna Nicolás Maduro, responsable de la galería del horror ampliamente descrita en el Informe Bachelet, pueda designar un representante para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos ONU, en nombre de Venezuela

SEGUNDO: Exhortamos a la Asamblea Nacional, y al Presidente encargado Juan Guaidó, a que se pronuncien rechazando, clara e inequívocamente, la posibilidad de que el representante de un régimen comprobadamente violador de derechos humanos, pueda ocupar un puesto en una instancia internacional como el Consejo de Derechos Humanos ONU, en nombre de Venezuela y de los venezolanos.

TERCERO: Exhortamos al Grupo de Lima a que consideren la postulación, con la urgencia del caso, de un país latinoamericano con credenciales democráticas para que compita por un cupo en el Consejo de Derechos Humanos ONU.

CUARTO: Convocamos a todas las fuerzas políticas democráticas, a las Academias, Universidades, gremios profesionales y empresariales, organizaciones sindicales, federaciones y centros de estudiantes, comunidades universitarias, ONG’s defensoras de derechos humanos, Fuerzas Armadas, y demás expresiones de la sociedad civil, a que alcen su voz en rechazo a la idea de que un representante del régimen de Maduro, ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos ONU.

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Blanca Rosa Mármol, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H. y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Nuñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramirez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Eliseo Moreno† (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítulo España. Coordinador Carlos Sarmiento Sosa

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