19 octubre, 2020

EL Bloque Constitucional de Venezuela a la opinión pública nacional e internacional sobre la prentendida Ley Antibloqueo

Caracas, 16 de octubre de 2020

 

El Bloque Constitucional de Venezuela cumpliendo con uno de sus fines esenciales, como lo es coadyuvar al rescate del orden constitucional y democrático:

 

Considerando,

 

1.- Que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente anunció, el pasado 8 de octubre, haber aprobado un acto denominado Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos.

 

2.- Que respecto de esta pseudo ley, se han hecho muy fundados análisis sobre su ostensible ilegitimidad constitucional y sus peligros, sin embargo, a pesar de estas incontestables valoraciones, también, se ha podido constatar que algunos sectores (no oficialistas) insisten en ver aspectos positivos en esta iniciativa, ante la expectativa nada razonable (dada la escasa credibilidad de los detentadores del poder) de supuestas desregulaciones y devoluciones de bienes confiscados o expoliados.

 

3.- Que el propósito esencial del texto pseudo legal es consolidar un nuevo paradigma constitucional, signado por un régimen de excepción con vocación de permanencia, que apunta a un deslinde definitivo con los objetivos programáticos y el proyecto político (democrático), establecidos en la Constitución de 1999, el cual, viene a sumarse a otros dos estados o situaciones de excepción, que de manera inconstitucional ha establecido el régimen imperante: el Estado de emergencia económica, y el estado de alarma (Covid19).

 

4.- Que en paralelo a los precitados regímenes de excepción, los detentadores del poder han venido llevando a cabo, desde hace más de un lustro, una sistemática e ilegítima ejecución de vías de hecho, ética y jurídicamente censurables, a través de espurios actos del Ejecutivo Nacional, pseudo sentencias del TSJ, actos ilegítimos del CNE, actos inexistentes de la ANC (leyes, nombramientos, autorizaciones, etc.), entre otros.

 

5.- Que el régimen imperante, en el contexto de excepcionalidad y facticidad precitado, al autoatribuirse poderes excepcionales, extraordinarios y exorbitantes, pretende consolidar (en los hechos) un nuevo “orden constitucional ilegítimo”, en virtud del cual, aspira a asumir de manera espuria la dirección política del Estado.

 

6.- Que uno de los rasgos más relevantes del régimen de excepción, es la asignación (constitucionalmente ilegítima) a quienes usurpan el Ejecutivo Nacional, de potestades extraordinarias, tales como: (i) la desregulación de sectores y actividades económicas, mediante la desaplicación de normas legales y eventualmente constitucionales; (ii) la celebración de actos y negocios jurídicos; modificación del régimen de constitución, propiedad, gestión y funcionamiento de empresas públicas y mixtas dentro y fuera de Venezuela; administración de pasivos y activos, mediante operaciones disponibles en mercados nacionales e internacionales; todo lo anterior en menoscabo del régimen de reserva de actividades económicas instituido por el artículo 303 de la Constitución; (iii) la implementación de mecanismos excepcionales de contratación, en detrimento del régimen de licitaciones, de concesiones, y de autorización de la Asamblea Nacional (contratos de interés público); (iv) la asociación con capitales de origen ilegítimo en condiciones ilícitas y, además, lesivas para Venezuela; (v) el uso del aparato represivo totalitario contra quienes se opongan a “su ejecución”; entre otros.

 

7.- Que la pretendida disposición transitoria segunda, no deja lugar a dudas sobre el propósito ilegítimo de esta tentativa normativa, al señalar que todas las normas que colidan con esa pseudo ley quedan suspendidas, propiciando en la práctica una disrupción constitucional para crear un nuevo orden económico (excepcional), a partir de una “hoja en blanco”, lo que viene a ser una verdadera aberración jurídica, por cuanto, una “hoja en blanco constitucional”, a ser llenada con la sola voluntad ilimitada de los detentadores del poder, es la expresión más inequívoca de la arbitrariedad, de la ausencia de estado de derecho, lo que generará mayor vulnerabilidad e imprevisibilidad para los venezolanos.

 

8.- Que el carácter secreto de la desaplicación de normas legales (y eventualmente constitucionales), para “la desregulación de actividades y sectores económicos”, es una práctica, constitucionalmente aberrante, con antecedentes sólo en dictaduras como la de Pinochet, bajo la cual, se dictaron 159 leyes secretas, relacionadas con negocios y operaciones económicas y financieras signados por la opacidad, entre los que destacan préstamos personales del Banco Central de Chile a Pinochet, y préstamos internacionales en los que él fue beneficiario directo.

 

9.- Que las normativas de excepción genéricas tienen como antecedente a regímenes totalitarios como el nazismo, que obligó al Parlamento alemán a dictar la Ley para el remedio de las necesidades del Pueblo y del Reich (marzo 1933), con la que se eliminaron los restos de institucionalidad democrática que quedaban en Alemania, cuyo impacto fue de tal entidad, que el Nazismo no se molestó en derogar expresamente la Constitución de Weimar ni en dictar una nueva, pues, posteriormente, el artículo 4 de la Ley sobre la Reconstrucción del Reich (enero 1934), simplemente estableció: “El gobierno del Reich puede establecer nuevo Derecho Constitucional”.

 

10.- Que al emanar la pretendida ley antibloqueo de un órgano constitucionalmente inexistente, y de una autoridad usurpada, resulta innecesario hacer referencia a vicios adicionales que afectan su validez.

 

ACUERDA:

 

PRIMERO: Exhortar a los sectores democráticos en Venezuela (su liderazgo y sociedad civil), y a nuestros aliados en la comunidad democrática internacional, a rechazar enérgicamente esta pretendida ley, por emanar de un órgano manifiestamente inconstitucional, que coloca en situación de absoluta vulnerabilidad e imprevisibilidad a todos los venezolanos.

 

SEGUNDO: Rechazar la pretensión ilegítima, de los detentadores del poder, de colocar bajo un manto de opacidad, reserva y confidencialidad (excepto para sus beneficiarios), operaciones de carácter económico y financiero, lesivas al interés nacional, las cuales, además, de involucrar capitales ilegítimos, comportarán una derogatoria fraudulenta de la Ley contra la Corrupción.

 

TERCERO: Denunciar que a través de esta “ley”, se pretende legitimar la instauración de un nuevo régimen económico constitucional, no sólo depredador, sin reglas, literalmente salvaje, sino, además, encubridor de los casos de gran corrupción denunciados ante instancias internacionales.

 

CUARTO: Alertar a los sectores democráticos en Venezuela (su liderazgo y sociedad civil), y a nuestros aliados en la comunidad democrática internacional, que a través de este régimen de excepción se pretende asignar a dedo actividades reservadas al Estado; rematarse empresas públicas o acciones en empresa mixtas o establecerse monopolios, en beneficio de determinados agentes económicos, que tendrán como única virtud su asociación, sociedad, o alianza con los detentadores del poder (una especie de crony capitalism), o un objetivo geoestratégico común.

 

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Alberto Arteaga Sánchez, Jorge Rosell Senhen, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H., y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Núñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila y Noemí Del Valle Andrade. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Vanessa Contreras (Mérida, Delegación Tovar), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítulo España. Coordinador Carlos Sarmiento Sosa.

 

 

 

BLOQUE CONSTITUCIONAL SOBRE LEY ANTIBLOQUEO (16-10-20) VERSIÃ_N DEFINITIVA (PDF)
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