12 junio, 2020

EL BLOQUE CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA, ANTE LA AVIESA TENTATIVA, POR PARTE DE QUIENES USURPAN EL PODER, DE SELLAR EL HUNDIMIENTO DEFINITIVO DE LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Caracas, 12 de junio de 2.020

El Bloque Constitucional de Venezuela, grupo de opinión creado como medio de participación ciudadana en los asuntos públicos con el propósito de coadyuvar al rescate del orden constitucional y democrático, fija posición ante la alevoso intento, por parte de quienes usurpan el poder, de sellar el hundimiento definitivo de la institucionalidad democrática, mediante la toma virtualmente fáctica de la Asamblea Nacional, a cuyo efecto, las denominadas “sentencias Nros. 68 y 69”, de fechas 5 y 10 de junio, respectivamente, son actos preparatorios:

1.- Tal como lo ha señalado el Bloque Constitucional, en anteriores comunicados, desde diciembre de 1.999, Venezuela viene experimentando un retroceso político e institucional, signado por la permanente y fraudulenta mutación del orden constitucional, que ha venido siendo “avalado”, de manera ilegítima, por el Tribunal Supremo de Justicia, y por su Sala Constitucional, en particular.

2.- El falseamiento ideológico y fraudulento de la Constitución, ha propiciado que se instituya un régimen político extraordinariamente atípico, en el que concurren la dependencia ideológica y el control político de Cuba, la vocación totalitaria de los 2 detentadores del poder, la colonización o neutralización de todos los poderes públicos, y el total menoscabo del estado de derecho.

3- La irregularmente constituida Sala Constitucional, junto a las, también, inconstitucionalmente conformadas Salas Plena y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, han jugado un rol preponderante en la consolidación del precitado régimen político y en la gestación de un Estado Forajido, paralelo al que la Constitución configura. Sus opiniones (que no sentencias), han contribuido a propiciar un estado de facticidad permanente, manifiestamente incompatible con el orden constitucional, y los compromisos internacionales de Venezuela, de carácter democrático y en materia de DDHH.

4.- En este contexto, el pasado 5 de junio, la irregular Sala Constitucional, dice haber dictado la denominada “sentencia Nº. 68”, mediante la cual, se declara “COMPETENTE para conocer y resolver la demanda por Omisión Legislativa de la Asamblea Nacional en desacato”, planteada por los integrantes de la denominada mesa de diálogo; “ADMITE DE MERO DERECHO y DECLARA la OMISIÓN INCONSTITUCIONAL por parte de la Asamblea Nacional en desacato, en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. DESAPLICA ARTÍCULOS de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ORDENA asumir el desarrollo normativo al Consejo Nacional Electoral. ORDENA al Consejo Nacional Electoral adecuar la normativa electoral para la elección de los Diputados Indígenas respetando sus tradiciones y costumbres”.

5.- La denominada “sentencia Nº. 68”, no es un acto jurídico válido, a lo sumo es un documento que representa una opinión sobre el tema planteado por una supuesta mesa de diálogo, pero, aún en este supuesto, el criterio expresado es erróneo, pues, no considera los vicios de forma y de fondo, que cualquier jurisdicción constitucional habría valorado. En cuanto a su forma: (i) Una acción como la planteada, no es admisible en ninguna jurisdicción constitucional por haber acumulado pretensiones excluyentes: Declaración de 3 omisión legislativa; control difuso de la constitucionalidad de los artículos 7, 10, 11, 14 y 15 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales; e interpretación abstracta del artículo 298 constitucional. (ii) Es violatorio del principio de no contradicción, al imputar a la Asamblea Nacional una omisión legislativa inconstitucional, cuando previamente se le había imputado un supuesto desacato, con apercibimiento de nulidad absoluta de todos sus actos. (iii) Es violatorio del debido proceso, al no hacer referencia alguna a la correspondiente notificación a la Asamblea Nacional y demás interesados. 6.- En lo tocante a su parte sustantiva, el criterio expresado no observa los siguientes vicios: (i) Falso supuesto, por errónea apreciación de los hechos, al imputarse a la Asamblea Nacional una omisión legislativa que no existe, toda vez que ésta ha venido cumpliendo con el procedimiento de designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, mediante la constitución del Comité de Postulaciones, encargado del procedimiento de selección de los ciudadanos aspirantes a integrar el Consejo Nacional Electoral, lo que, además, la irregularmente constituida Sala Constitucional reconoce expresamente, al “exhortar” al precitado Comité (mediante la denominada “sentencia Nº. 69”, de fecha 10 de junio), a la entrega del listado de los “ciudadanos preseleccionados para integrar el Consejo Nacional Electoral”. (ii) Usurpación de poder constituyente, al atribuir al Consejo Nacional Electoral, competencia legislativa para el desarrollo de procesos electorales, pretendiéndose, simultáneamente, la privación de tal competencia constitucional a la Asamblea Nacional. (iii) Usurpación de competencias de la Sala Electoral, al emitir opinión sobre la elección de diputados indígenas, lo cual, no era una pretensión objeto de la defectuosa acción de la llamada mesa de diálogo, con lo que se materializaría, además, el vicio de inconstitucionalidad, por violación del derecho al juez natural.

7.- El 10 de junio, la irregularmente constituida Sala Constitucional, publica sorpresivamente, otra opinión, denominada “sentencia Nº. 69”, cuyo contenido, también, se desconoce, mediante la cual, dicen exhortar “al Comité de Postulaciones Electorales para 4 que dentro del plazo de 72 horas, contadas a partir de la publicación del presente auto, consignen ante dicha Sala el listado de ciudadanos preseleccionados para integrar el Consejo Nacional Electoral”.

Sobre este “exhorto”, cabe señalar que representaría (en caso de ser valido) una grotesca interferencia, en el proceso político, institucional y democrático de preselección de candidatos a miembros del Consejo Nacional Electoral. En lo formal, se desconoce la verdadera naturaleza del supuesto proceso en el que se produce la pretendida sentencia; se desconoce si el Comité de Postulaciones es sujeto procesal; y se incurre en violación del debido proceso, al omitir la debida notificación a la Asamblea Nacional, al Comité de Postulaciones, y a los demás interesados. En lo sustantivo, se hace un exhorto de imposible ejecución, por cuanto, es sabido que el Comité de Postulaciones, no ha llegado a la fase de preselección de aspirantes.

Por tanto, el Bloque Constitucional, teniendo como uno de sus objetivos fundamentales la defensa del orden constitucional y de la institucionalidad democrática, ACUERDA:

PRIMERO: Denunciar que las denominadas “sentencias Nros. 68 y 69”, amén de su nulidad e ineficacia, son, en realidad, meros actos preparatorios de un fraude constitucional continuado con el que se pretende la colonización del Consejo Nacional Electoral, con miras a la irregular renovación de la Asamblea Nacional, a través de la convocatoria a un proceso electoral, que no cumplirá con los criterios universales de elección libre, competitiva, y justa.

SEGUNDO: Denunciar que la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, a través de la Sala Constitucional se ha convertido en una práctica fraudulenta reiterada desde el año 2.003, en flagrante violación del principio de que la soberanía 5 popular reside en el pueblo y en sus representantes legítimos, y no en la Sala Constitucional; práctica que en este caso adquiere una connotación tanto más fraudulenta, en la medida en que la referida Sala es, además, un órgano irregularmente constituido.

TERCERO: Reiterar a los firmantes de las denominadas “sentencias Nros. 68 y 69”, que usurpan autoridad al arrogarse la condición de magistrados, y que la firma de los precitados documentos constituye un medio probatorio respecto de su responsabilidad personal, en el hundimiento definitivo de la institucionalidad democrática, y la pérdida de la soberanía al sepultar los principios de representación popular y de contrapesos institucionales.

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Blanca Rosa Mármol, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H., y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Núñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila y Noemí Del Valle Andrade. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítulo España. Coordinador Carlos Sarmiento Sosa.

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