El Bloque Constitucional de Venezuela, ante la fraudulenta tentativa de liquidar de manera definitiva al poder legislativo

EL BLOQUE CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA, ANTE LA FRAUDULENTA TENTATIVA DE LIQUIDAR DE MANERA DEFINITIVA AL PODER LEGISLATIVO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

 

Caracas, 29 de mayo de 2.020

El Bloque Constitucional de Venezuela, grupo de opinión creado como medio de participación ciudadana en los asuntos públicos con el propósito de coadyuvar al rescate del orden constitucional y democrático, fija posición sobre el más reciente fraude constitucional cometido por los detentadores del poder, a través de la denominada “sentencia Nº. 65”, de fecha 26 de mayo:

1.- A partir de diciembre de 1.999, se inicia en Venezuela un proceso de cambio constitucional y de cambio político, que dio origen al desmontaje (gradual, accidentado, pero, persistente) de la institucionalidad democrática prevista en el actual texto fundamental; asimismo, dio origen a la puesta en marcha del verdadero proyecto político de los detentadores de poder, el Estado Comunal Socialista, mediante sucesivos actos jurídicos y vías de hecho, indebida e ilegítimamente, “avalados” por la Sala Constitucional.

2.- En este contexto, se instituyó un régimen político que, en su primera etapa, se desenvolvió como un régimen híbrido (autoritarismo competitivo), pero, desde la llegada del Sr. Maduro al poder, ha mutado abiertamente a un régimen extraordinariamente atípico, en el que concurren la dependencia ideológica y el control político de Cuba, la vocación totalitaria de los detentadores el poder (Libro Rojo PSUV y Documentos Fundamentales III 2 Congreso PSUV), la colonización o neutralización de todos los poderes públicos, y el total menoscabo del estado de derecho.

3- Las circunstancias precitadas, han terminado forjando un Estado Forajido en el que instituciones políticas fundamentales, el sistema de justicia (ordinaria y militar), sectores económicos estratégicos, el monopolio del poder y la violencia legítima del Estado, ya no van a estar en manos de la institucionalidad democrática consagrada en la Constitución de 1.999, sino, de sujetos y organizaciones al margen de la ley, lo que ha propiciado una crisis sistémica y terminal caracterizada por la precarización de la representación política, el colapso de los servicios públicos, una emergencia humanitaria compleja, una crisis migratoria, y severos daños antropológicos causados a la sociedad (a los que ha aludido PROVEA), como el servilismo; el miedo a la represión; el miedo al cambio; atonía política, de responsabilidad cívica, y espiritual; desesperanza; desarraigo, e, incluso, exilio dentro del país (insilio).

4.- En los últimos lustros (especialmente el último), la irregularmente constituida Sala Constitucional, junto a las, también, irregularmente constituidas Salas Plena y Electoral (Tribunal Supremo de Justicia), han jugado un rol preponderante en la gestación del Estado Forajido. Sus “decisiones” carentes del más elemental sentido político, institucional, jurídico y heurístico, han contribuido a sepultar los restos del estado de derecho, produciendo “decisiones” aberrantes contra el orden constitucional y democrático, de manera especial contra la Asamblea Nacional y sus miembros, en desmedro de la soberanía popular y del derecho al sufragio (activo y pasivo).

5.- En este contexto, se produce la denominada “sentencia Nº. 65”, que se habría generado en un supuesto proceso de amparo, respecto del cual, no obstante, haber sido declarada su improcedencia, la irregular Sala Constitucional dice haber proferido las siguientes decisiones de fondo: (i) Declarar la validez de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, 3 conformada por: Luis Eduardo Parra Rivero y otros; (ii) Prohibir “la instalación de un Parlamento paralelo o virtual” (sic), que no tiene ningún efecto jurídico (sic), y cualquier persona pública o privada o institución que preste o ceda espacio para ello, será considerada en desacato” (sic); “y cualquier acto ejercido como tal es nulo” (sic); (iii) Declarar la improcedencia in limine litis la acción de amparo constitucional…”.

6.- Siendo que los firmantes de la “sentencia Nº. 65”, de manera clara e inequívoca, forman parte del “proyecto de poder” (ya descrito); huelga hacer mayores consideraciones jurídicas sobre ella, salvo que se trata de un pronunciamiento eminentemente político, que busca eliminar el último vestigio de institucionalidad democrática que queda en Venezuela, el cual, además, es absolutamente: (i) Incongruente, no sólo porque resuelve cuestiones sustantivas, no obstante, haber declarado improcedente el amparo que -dice- fue ejercido, sino, además, porque las inconsistencias entre su parte motiva y dispositiva, representan graves atentados a la lógica formal; (ii) Aberrante, al calificar actividades, a las que están obligados constitucionalmente los parlamentarios democráticos (parlamentar y sesionar), como eventualmente punibles, y; (iii) Fraudulento, al evidenciar que su verdadero propósito ha sido “pretender dar reconocimiento y validez”, para “negociar a espaldas de la soberanía popular”, a un grupo de parlamentarios que han traicionado los mandatos populares recibidos el 15 de diciembre de 2.015, y el 16 de julio de 2.016; quienes, además, han aprobado la declaratoria de abandono del cargo del Sr. Maduro, así como, los diferentes acuerdos denunciando la usurpación desde el 10E (2.019), y; por supuesto, el Estatuto que rige la Transición a la Democracia, hoja de ruta aprobada por la Asamblea Nacional para la restauración constitucional y democrática ante la usurpación.

 

Por tanto, el Bloque Constitucional, teniendo como uno de sus objetivos fundamentales la defensa del orden constitucional y de la institucionalidad democrática, ha acordado:

PRIMERO: Convocar a la Asamblea Nacional, a los sectores democráticos de Venezuela, y a la comunidad democrática internacional a desconocer la denominada “sentencia Nº. 65”, no sólo porque emana de una instancia pseudo jurisdiccional, irregularmente constituida, sino, además, por ser manifiestamente nula, ineficaz, incongruente, aberrante, y fraudulenta.

SEGUNDO: Acompañar a la Asamblea Nacional en la batalla por la defensa del último vestigio de institucionalidad democrática que queda en Venezuela, divulgando con sus miembros, a través de foros, charlas, conferencias, entrevistas, etc., a toda la comunidad nacional e internacional, la naturaleza y fines de la denominada “sentencia Nº. 65”, y las implicaciones para los demócratas venezolanos de tener éxito el zarpazo final contra esta institución democrática.

TERCERO: Recordar, a los firmantes de la denominada “sentencia Nº. 65”, que la condición de magistrados (que se arrogan, al firmar el precitado documento), representa no sólo un ejercicio técnico jurídico, sino, un ejercicio esencialmente ético, por tal razón, al suscribir la referida opinión pseudo-jurídica han asumido plena responsabilidad (jurídica y ante la historia) por un acto que pretende erigirse en sepulturero del último vestigio de institucionalidad democrática.

 

 

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Blanca Rosa Mármol, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H., y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell 5 Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Núñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila y Noemí Del Valle Andrade.Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Eliseo Moreno† (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítulo España. Coordinador Carlos Sarmiento Sosa.

3 comments
  1. Rafael H

    Estoy totalmente de acuerdo con este pronunciamiento y a la vez, llamado de asumir la lucha contundente, unitaria y perseverante por libertad, justicia y democracia de nuestro país.
    Me preocupa y desconcierta que existan reductos políticos creados por grupitos de politiqueros que actúan como celosos de proteger un espacio de poder, antes que el bien de la patria -me refiero a cuadros opositores-. En mi caso, que me he mantenido como férreo independiente opositor, y junto a mí, un grupo heterogéneo de líderes de la sociedad civil, cada vez que he buscado una conexión en aras de sumar esfuerzos, he percibido una barrera de desconfianza, celos, egoísmo, etc, propios de líderes un tanto miopes de lo que debería significar «Unidad de Propósito» , donde el protagonismo sea de todos.
    Espero que podamos unirnos realmente, como una sola fuerza y fortaleza por la libertad.

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