El Bloque Constitucional de Venezuela ante la sanción el 27 de febrero, por la AN de la Ley Especial sobre el Fondo de Liberación de Venezuela y Atención de Casos

El Bloque Constitucional de Venezuela, conforme a su propósito de contribuir con la reconstrucción institucional del país y con el proceso de transición hacia la democracia; ante la sanción el 27 de febrero pasado, por la Asamblea Nacional de la Ley Especial sobre el Fondo de Liberación de Venezuela y Atención de Casos; con la finalidad de financiar aspectos cruciales de solución a la emergencia humanitaria compleja que padece Venezuela;

CONSIDERANDO:

1.- Que existen incontables activos que forman parte del patrimonio público pero que han sido desviados y apropiados ilícita y groseramente mediante actos de gran corrupción con gravísimo perjuicio de la población de Venezuela.

2.- Que Venezuela se encuentra en una situación de emergencia humanitaria compleja, como ha sido reconocido por organismos internacionales de reconocida competencia e idoneidad.

3.- Que una de las causas principales de la emergencia humanitaria compleja que sufre la población venezolana ha sido el desvío y apropiación indebida de los fondos públicos en proporciones nunca vistas anteriormente, así como de los principales recursos del territorio venezolano, ante un altísimo grado de impunidad, encubrimiento y complicidad.

4.- Que el artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra el patrimonio público.

5.- Que la Convención de la ONU contra la Corrupción establece que los Estados parte de ese instrumento han de designar una autoridad central para realizar la asistencia judicial recíproca e intentar las acciones pertinentes en los demás Estados parte y efectuar gestiones con el objeto de identificar y conseguir la recuperación de los capitales y demás activos sustraídos.

6.- Que la Convención Interamericana contra la Corrupción, incluida expresamente en la Ley contra la Corrupción, prevé mecanismos legales para investigar y combatir el enriquecimiento ilícito de funcionarios y el soborno transnacional, así como medios de cooperación judicial internacional en el continente americano, por actos de corrupcion contra el patrimonio público.

7.- Que algunos países y organizaciones internacionales han establecido sanciones financieras y decidido casos en tribunales penales en contra de ex funcionarios, contratistas del Estado, comisionistas, intermediarios y personas interpuestas o relacionadas, en cuyas 2 decisiones se han revelado sumas escandalosas de actos de corrupción contra el patrimonio público venezolano.

8.- Que el Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que la Asamblea Nacional debe adoptar las decisiones necesarias para la defensa de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional y el resguardo de sus activos, bienes e intereses.

9.- Que para la reconstrucción de la institucionalidad y la garantía de la trasparencia del proceso de transición hacia la democracia, es esencial fortalecer la capacidad de la sociedad civil y del control legislativo para combatir la corrupción y economías ilícitas y la delincuencia organizada:

PROPONE A LA ASAMBLEA NACIONAL QUE, MEDIANTE ACTOS PARLAMENTARIOS EN EJECUCIÓN DEL ESTATUTO QUE RIGE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA PARA RESTABLECER LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA:

PRIMERO: Establezca un Sistema Integral de Prevención y Control de la Corrupción, que contemple la unificación, sistematización y creación de las normas, principios y procedimientos que contribuyan a la prevención eficaz de los delitos de gran corrupción, que los mitiguen, prevengan y repriman eficazmente en todas las instituciones y empresas del Estado.

SEGUNDO: Designe una autoridad central, según las normas de la Convención de la ONU contra la Corrupción, para activar los mecanismos de asistencia judicial recíproca e intentar las acciones pertinentes en los demás Estados parte, a los fines de realizar todas las acciones legales y gestiones con el objeto de identificar y conseguir la recuperación de los capitales y demás activos sustraídos al Estado venezolano y sus empresas.

TERCERO: Prevea igualmente, como parte del mencionado Sistema, la instalación de una Oficina de Asesoría Anticorrupción en la Asamblea Nacional, para evaluar los riesgos de infiltración de sobornos, de la delincuencia organizada y el lavado de activos o legitimación de capitales en la elaboración de proyectos de ley y las investigaciones que se realizan en las distintas Comisiones Parlamentarias; y, para asesorar al Presidente de la Asamblea Nacional y su Junta Directiva, a los Presidentes de las Comisiones, especialmente de la Comisión de Contraloría, y a la Consultoría Jurídica, en estas materias.

CUARTO: Consagre procedimientos y mecanismos transparentes de rendición de cuentas de los activos recuperados de la corrupción, unifique y sistematice las normas, principios y procedimientos que puedan conformar una sistemática y coherente lucha contra la 3 corrupción y la delincuencia organizada en todas las instituciones y empresas del Estado, para el fortalecimiento y la capacidad de la sociedad civil y de la Asamblea Nacional en el control de la gestión pública.

Caracas, a los 6 días del mes marzo de 2020.

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H. Blanca Rosa Mármol y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodriguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Núñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila, Noemí del Valle Andrade, Oscar Arnal. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara)), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítulo del Estado Táchira, Coordinadora Dra. Judith Medina. Bloque Constitucional. Capítulo de España. Coordinador Carlos Sarmiento Sosa.

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