6 noviembre, 2020

El Bloque Constitucional de Venezuela exhorta a la Asamblea Nacional legítima a evitar la disrupción constitucional ante la espuria convocatoria a elecciones parlamentarias el 6 de Diciembre

Caracas, 5 de noviembre de 2020

El Bloque Constitucional de Venezuela, cumpliendo con uno de sus fines fundamentales: que es trabajar por el restablecimiento del Estado de Derecho, mediante la defensa del poder legítimo originario, representado en el Poder Legislativo Nacional elegido el 6 de diciembre de 2015, y ante la inminencia de la celebración de un proceso electoral fraudulento convocado para el 6 de diciembre de este año, se dirige a la Asamblea Nacional, en los siguientes términos:

Considerando:

1. Que resulta impostergable la necesidad y obligación de superar la crisis de gobernabilidad que aumentará aún más vista la celebración de unas elecciones parlamentarias fraudulentas, toda vez que se realizarán a espaldas del Texto Constitucional, fraude que ha sido relacionado detalladamente por este Bloque en el Comunicado público del 15 de septiembre del año en curso.

2. Que la Asamblea Nacional en ejercicio representa legítimamente la soberanía popular, por tanto, se encuentra conminada al rescate de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

3. Que las circunstancias excepcionales que vivimos y en consideración a la perspectiva histórica de esta grave situación política y del consuetudinario desconocimiento de la Constitución, que se ha hecho, desatendiendo los postulados de su artículo 63, que consagra el derecho al sufragio, el cual solo podrá ejercerse mediante elecciones libres, universales y secretas, según la Constitución y los estándares internacionales.

4. Que el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia es quien ha designado los integrantes del poder electoral y el resultado de esa actuación, el poder electoral quedó compuesto por personas que no fueron propuestas por el Comité de Postulaciones que debe estar constitucionalmente representado por diferentes sectores de la sociedad, y un Consejo Nacional Electoral que no cumple con las condiciones del articulo 296 del texto Constitucional.

5. Que las anteriores circunstancias dan cuenta de la inexistencia de las condiciones que establece el artículo 293 de la Constitución, que impiden garantizar la igualdad, confidencialidad, imparcialidad, transparencia  y eficiencia de este proceso electoral, toda vez que, el Consejo Nacional Electoral por ser ilegítimo, no se encuentra en capacidad de otorgar tales garantías, por estar comprometidos los principios que rigen su funcionamiento, como resultado de carecer de las condiciones sobre su integración establecidas en los artículos 295 y 296 constitucionales. Lo cual ha sido reconocido por los organismos representativos de la comunidad internacional.

6. Que en estas condiciones se hace imposible garantizar que la Asamblea Nacional esté “integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta” de conformidad con el articulo 186 de la Constitución mediante elecciones libres (articulo 63) y respecto de las cuales el Poder Electoral esté en condiciones de garantizar su igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficacia (articulo 293 constitucional.

7. Que las elecciones parlamentarias para elegir una Asamblea Nacional, sin el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, sin la cesación de la usurpación del Poder Público y de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítimamente convocada y elegida, así como la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y del Sistema de Justicia; no son garantía alguna de independencia de la función de representación popular y de control parlamentario de la Asamblea Nacional, y del respeto de la integridad de los parlamentarios.

8. Que en este contexto, y dado que la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015 ha asumido con la autoridad que le corresponde restablecer la vigencia de la Constitución y con ella la Democracia y el Estado de Derecho de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 333 y 350 de la Constitución, y encontrándose por tanto, ante una situación de idénticas características a las que condujeron a que se dictase el Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,

El Bloque Constitucional de Venezuela, teniendo como uno de sus objetivos fundamentales la defensa del orden constitucional y de la institucionalidad democrática, ACUERDA:

ÚNICO: EXHORTAR a la Asamblea Nacional proceda a elaborar y someter a su discusión oportunamente, con fundamento en lo establecido en los artículos 333 y 350 del Texto Constitucional, un dispositivo legal o provisión constitucional transitoria, con el fin de evitar la disrupción parlamentaria que garantice la permanencia de su mandato mientras subsistan las condiciones inconstitucionales descritas y sea posible la organización de elecciones que sí cumplan las exigencias de la Carta Magna.

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H., y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco
Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Núñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila y Noemí Del Valle Andrade. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Vanessa Contreras (Mérida, Delegación Tovar), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítulo España. Coordinador Carlos Sarmiento Sosa.

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