El Bloque Constitucional en aras de la efectividad de la garantía constitucional de justicia tributaria

Considerando:

1.-  Que, el 31 de marzo de 2019 vencía el lapso para declarar y liquidar el ISLR; aun cuando, quienes usurpan la Administración Tributaria dicen haber diferido el cumplimiento de dicha obligación para el 30 de abril;

2.- Que, un número significativo de contribuyentes se encuentra en una situación de precariedad financiera, como consecuencia del descalabro económico propiciado por el caos generalizado (hiperinflación, estancamiento, improductividad, controles de precios y de cambio, confiscaciones materiales y pseudojurídicas, escasez, etc.) y la perfidia de un régimen enemigo de la disciplina fiscal, del estímulo a la iniciativa privada, y de la productividad y la creación de riqueza;

3.-  Que, los reiterados, apagones no sólo han paralizado la actividad de muchas empresas, sino, además, han mermado su capacidad para reiniciar operaciones, e incluso, dificultado en muchas regiones el acceso a servidores informáticos y a la plataforma del SENIAT; asimismo, que tales circunstancias han propiciado que un número importante de establecimientos comerciales haya sido víctima de saqueos y robos de sus productos, inventarios, y material administrativo (computadoras, facturas, soportes contables, documentos mercantiles, etc.); y otros tantos sufran pérdidas aún no cuantificadas por el perecimiento de productos y materias primas; lo que ha determinado que su actividad económica se haya reducido a un 20%, según reportes de Fedecámaras; 

4.- Que, mientras se cumplen los objetivos señalados en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es un deber inherente a la conducción o dirección política del Estado, que encarna la Asamblea Nacional; y al ideal de buen gobierno del Presidente (E) Juan Guaidó, de velar, de manera general, por la preservación del principio constitucional de justicia tributaria, conforme al cual, la distribución de las cargas públicas debe atender a la capacidad económica del contribuyente, en base al principio de progresividad, así como a la protección de la economía nacional y a la elevación del nivel de vida de la población.

El Bloque Constitucional de Venezuela, considera un deber:

Primero: REQUERIR del Presidente (E) Juan Guaidó decrete el diferimiento de la obligación de declarar y liquidar el ISLR, hasta el 31 de julio de 2019.

Segundo: SOLICITAR a la Asamblea Nacional, y al Presidente (E) Guaidó, la urgente aprobación de un marco normativo (especial), o la derogación de los artículos 171 y 193 de la LISR, dejando sin efecto la supresión del sistema de ajuste por inflación para los bancos, seguros y reaseguros y los denominados sujetos pasivos especiales; con el objeto de procurar un alivio racionalizador frente a los efectos erosivos de la hiperinflación, pues, evitaría el pago de impuesto sobre ganancias ficticias para aquellos contribuyentes que pierden por inflación.

Tercero: INSTAR a la Asamblea Nacional, y al Presidente (E) Guaidó, formalizar el uso del dólar como moneda funcional para la cuantificación y presentación de los Estados Financieros de las personas jurídicas, porque se trata de la moneda de uso relevante especialmente en el actual escenario hiperinflacionario. Asimismo, que se permita la determinación y cuantificación de los tributos utilizando el dólar como moneda funcional, dado que es la moneda del entorno económico principal de muchos contribuyentes (posición contable técnicamente justificada por los VEN NIF), cuya traducción a bolívares, representa la imagen fiel de su patrimonio.

Cuarto: SOLICITAR a la Asamblea Nacional, y al Presidente Guaidó, la derogación del dispositivo establecido en el parágrafo decimonoveno del artículo 27 de la LISLR, para permitir la deducción de pérdidas ocurridas por destrucción de bienes de inventario o de bienes destinados a la venta (pérdidas por saqueo, robo y otros); así como de activos fijos destinados a la producción de la renta, no compensadas por seguros u otras indemnizaciones, siempre y cuando dichas pérdidas no sean imputables al costo.

Quinto: PLANTEAR a la Asamblea Nacional, y al Presidente (E) Guaidó, declarar la inexistencia e ineficacia del pseudo Decreto Constituyente, mediante el cual, se establece un Régimen Temporal de Pago de Anticipo del IVA e ISLR para Sujetos Pasivos Calificados como Especiales, por ser manifiestamente inconstitucional, esto es, producto de una autoridad usurpada, y violatorio del derecho a tributar conforme a la capacidad contributiva real y efectiva (art. 316 CN), al establecer un régimen indefinido de anticipos por concepto ISLR e IVA, calculable sobre la base de los ingresos brutos del período de imposición anterior en materia de IVA, multiplicado por ciento (1%) para los contribuyentes especiales distintos a las instituciones financieras, sector bancario, seguros y reaseguros.

Sexto: LLAMAR a la Asamblea Nacional, y al Presidente (E) Guaidó, a restablecer la exención del ISLR a las instituciones religiosas, artísticas, científicas, de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, tecnológicas, culturales, deportivas y las asociaciones profesionales o gremiales, siempre que no persigan fines de lucro. Igualmente, y bajo las mismas condiciones, a las instituciones universitarias y las educacionales, por los enriquecimientos obtenidos cuando presten sus servicios dentro de las condiciones generales fijadas previamente por el Ejecutivo Nacional.

Séptimo: SOLICITAR a la Asamblea Nacional, y al Presidente (E) Guaidó, establecer una exención o exoneración por 5 años, a las personas naturales y jurídicas que se dediquen exclusivamente a la realización de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras o piscícolas a nivel primario.

Octavo: PLANTEAR a la Asamblea Nacional y al Presidente (E) Guaidó, conceder una rebaja de impuesto sobre la renta del 10% del monto de las nuevas inversiones que se efectúen en los 5 años siguientes a la vigencia de la Ley o Decreto respectivo, a los titulares de enriquecimientos derivados de actividades de electricidad, hidroeléctricas, termoeléctricas y energías alternativas, industriales y agroindustriales, construcción, telecomunicaciones, ciencia y tecnología, y en general, a todas aquellas actividades que bajo la mención de industriales representen inversión para satisfacer los requerimientos de avanzada tecnología, representadas en nuevos activos fijos, distintos de terrenos, destinados al aumento efectivo de la capacidad productiva o a nuevas empresas, siempre y cuando no hayan sido utilizados en otras empresas.

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Román Duque Corredor, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H. y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solis Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Milagros Betancourt C., Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henrry Henriquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernandez, Génesis Dávila. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramirez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Eliseo Moreno† (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítulo España. Coordinador Carlos Sarmiento Sosa.

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