El papel de las negociaciones en la transición a la democracia

Las transiciones española y chilena frente al caso venezolano

María Auxiliadora Gutiérrez / Abogada merideña. Presidenta de la Fundación Casa Mocotíes

I

Una de las mayores preocupaciones que aquejan actualmente al venezolano es cómo salir de la dictadura de Nicolás Maduro después más de 20 años de dominación y de control social. Las muchos países han sufrido situaciones semejantes, e incluso de mayor terror y oprobio; una de las principales enseñanzas que hemos sacada de ellas es, que es posible destruir esos regímenes sin necesidad de conflictos armados, ello en parte porque, además,  esa conclusión responde a una realidad muy pragmática: la violencia es el medio de lucha donde el opresor siempre tendrá mayor superioridad. Las mayores probabilidades de éxito y de no regresión están asociadas con la construcción de la transición desde el poder, mediante procesos de liberalización, y negociaciones con la oposición, surgidos desde sus élites más moderadas que permitan la construcción de una paulatina y más segura democratización.   

En Venezuela, la ineficacia de la presión internacional y de los mecanismos de resistencia no violentos, la percepción de incapacidad de sus lideres para ponerle fin al régimen han propiciado, a la fecha, una riesgosa desmovilización social, y a pesar que las elecciones se erigen como la vía más adecuada para la resolución del conflicto, se ha incrementado el índice de necesidad de un conflicto armado a ese fin. Tomados de la mano de dos de las transiciones pactadas más importantes de Iberoamérica, procuraremos hacer evidente que las negociaciones, más que un factor desencadenante, es aglutinante, e instrumental de la eventual transición que pueda darse en Venezuela, y que, sin planificación estratégica en la que se midan los costos de represión y tolerancia a que se refiere Robert Dahl no es posible optimizar los factores que le dan vida a esa posibilidad, ni empoderar a los lideres para el desarrollo de un proceso creíble y confiable, siendo ésta la alternativa más viable de solución al conflicto político y social que tenemos los venezolanos, calificado ya de una crisis humanitaria compleja.

II

Las transiciones a la democracia se desarrollan por lo general durante un prolongado periodo de tiempo en el que se suscitan acontecimientos de cierta relevancia que conducen a cambios importantes tanto en la dinámica como en las estructuras del poder dominante. Las crisis económicas, la presión internacional, la indignación popular por fraudes electorales, por represión, por violación de los derechos humanos, etcétera,  todas ellas pueden resultar desencadenantes de un proceso de transición a la democracia, pero en su mayoría, ninguna de ellas ha logrado por sí sola propiciar ese proceso; éste es el resultado de múltiples factores o variables que por lo general conducen a procesos de diálogo y negociación entre las élites que posibilitan una gobernanza democrática. Gran parte de esas negociaciones se realiza tras bastidores y depende en gran medida de la calidad de los lideres que interactúan y de la confianza que puedan inspirar, así como, de una organización y apoyos internos y externos que le den soporte. Esto es así, porque la negociaciones no se dan por el simple anhelo mutuo de resolver el conflicto, sino que ellas surgen de las presiones que derivan de los factores desencadenantes. 

Antes de los años setenta la violencia fue el único mecanismo que permitía el cambio de un régimen autoritario a uno democrático , sin embargo, a partir de la transición española se pueden asociar esos procesos al diálogo y a la negoción entre las elites políticas y a amplios consensos entre los ciudadanos que evitan la venganza, la confrontación violenta y la guerra. 

En América Latina uno de los países que se nutrió del modelo español fue Chile, con la dificultad mayor y de interés para este punto, de haberla hecho con “su propio Franco vivo, en el poder y de comandante del Ejército”. En ambos países, a pesar que sus dictaduras fueron de orden personalista y de amplio respaldo militar tuvieron origen en negociaciones entre la élite gobernante y la oposición; sus lideres tuvieron que tomar decisiones críticas frente alternativas no siempre atractivas o de arraigo popular, aprovecharon oportunidades, asumieron riesgo que a la postre les dio resultado

En ambos casos, la transición se construyó desde la misma elite gobernante y con sus propias reglas. En España, una primera etapa que abarca 1976 y mitad de 1977, no hubo negociaciones serias entre ex franquista y oposición, sino que Adolfo Suárez, proveniente del franquismo negoció entre duros y blandos del mismo Franquismo haciendo aprobar simplemente una ley para la reforma política que no implicaba reforma alguna sino que sólo propiciaba elecciones parlamentarias, de esta manera logra las elecciones del 15 de junio de 1977 y a la aprobación por consenso de la Constitución de 1978; la vía reformista elegida por él para llevar a cabo la transición, respetaba lo estipulado en las leyes fundamentales del régimen franquista (como decía Franco: “He dejado todo atado y bien atado”). La única negociación importante en este periodo fue con el líder del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, que permitió la legalización del partido y le dio credibilidad a todo el proceso democratizador; pero, el partido de Suarez, Unión de Centro Democrático, no obtuvo mayoría absoluta en los escaños de las parlamentaria, por lo que Suarez tuvo que entrar en negociaciones con la oposición  firmándose los llamados Pactos de la Moncloa y la Constitución española de 1978. Al no pasar factura a los colaboradores del franquismo, acordar indultos y amnistías y privilegiar la reconciliación más que el castigo, impidió la división de España, permitió los consensos y facilitó acuerdos. 

La transición chilena también se desarrolló a través de pactos, el primero de ellos de orden constitucional. La oposición democrática acepta la constitución de 1980 de Pinochet y su institucionalidad, y adapta toda su estrategia política descartándose la ruptura y la confrontación con el régimen, se pacta con éste una serie de reformas a la Constitución (flexibilización del marco institucional para transitar a la democracia, garantías para las fuerzas armadas, proscripción de las exclusiones, entre otras) lo que permite darle entrada a una fase de legitimación constitucional del proceso de transición. Al igual que en España, la oposición comienza a funcionar con las mismas reglas del régimen, y de la misma manera, se crea entre ellos una serie de pactos, el primero, el que dio lugar a la concertación de partidos por el No (en el plebiscito 1988) y luego a la Concertación de Partidos por la Democracia que los lleva a ganar las elecciones de diciembre de 1989, siendo Patricio Aylwin el primer presidente de la democracia. En ese proceso, la institucionalidad pinochetista se aseguró de tener sus amarres que proyectaban el régimen militar sobre el nuevo gobierno (ejemplo, aseguramiento de cargos en la administración pública, en la rectorías universitarias, en el poder judicial, y especialmente de los altos mandos del ejercito), sin embargo, la oposición supo aprovechar los pequeños resquicios que quedaban para ir consolidando las aperturas democráticas necesarias a la definitiva concreción de ese sistema.  

Es evidente que no la tuvieron nada fácil los líderes de la oposición ni los gobiernos de transición; debieron requerir de un importante conciencia y visión de Estado, pero, sobre todo una estrategia que les permitió conducir con éxito tan complejas negociaciones haciendo que el régimen tolerara las demandas democráticas de la oposición y que percibiera que era la única manera de evitar consecuencias indeseadas importantes, especialmente en el orden militar, con quienes la oposición había tenido acuerdos importantes, en ambos casos. 

En ese sentido, la confianza en las garantías otorgadas al régimen respecto a intereses económicos y sanciones de sus élites es relevante, ya que propiciaron su salida. No se observan en esas negociaciones posturas cortoplacistas ni maximalistas (todo o nada), sino que los líderes de ambos bandos buscaron soluciones reales según la capacidad de poder de cada uno. En ese “juego de dos niveles” que es la transición los actores españoles y chilenos de la oposición  se prepararon adecuadamente para jugar en el campo de juego permitido (“subjuego”), siempre adverso porque era el campo de juego del contrario, y ganaron. 

En la historia más reciente de las transiciones venezolanas exitosas nos encontramos con un pacto, que semejante a los de Chile y España determinaron el éxito de la transición a la democracia en Venezuela luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El Pacto de Punto Fijo (1958) logró una coalición que descubrió importantes coincidencias entre las plataformas políticas, canalizó las energías partidistas permitiendo la representación de los distintos partidos en el gabinete Ejecutivo y en muchas otras instancias de gobierno; los disensos fueron reglados privilegiando la tolerancia y el respeto mutuo frente a la discusión pública. El pacto dio fuerza al movimiento democrático, permitió un gobierno de unidad nacional y un programa mínimo común.  

Es evidente que ese pacto tuvo influencia determinante en la oposición española para la transición, así como, en la coalición chilena, lo lamentable es que se desprecie su utilidad en la Venezuela de hoy, tan ávida de acuerdos de Estado. 

La oposición venezolana ha transitado sin éxito por la Coordinadora Democrática,  Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y múltiples han sido las negociaciones protagonizadas por esas organizaciones opositoras, todas ellas frustradas. Podemos recordar los diálogos entre empresarios y gobierno en 2002, los del Grupo de Boston,  la Conferencia Nacional por la Paz (2014), la Mesa de Diálogo instalada el 12 de diciembre de 2016, mediada por el Vaticano y UNASUR, las negociaciones en Santo Domingo durante las protestas de 2017, los diálogos durante las crisis presidencial de 2019, propiciados por el Papa, la ONU, la Unión Europea  y algunos países de América Latina que derivó en la creación del “Grupo de Contacto”, las negociaciones de Noruega (abril 2019) y Barbados (julio 2019), finalmente, la Mesa de Diálogo Nacional (“mesita”) entre el gobierno y grupos minoritarios de oposición. 

El resultado de esas negociaciones evidencia que no ha habido un claro reconocimiento del otro, las presiones se dan a un  nivel que rompe puentes, las garantías que se dan al régimen –a pesar de los ofrecimientos de amnistías– es el seguro uniforme de rayas para sus dirigentes. Los acuerdos, muchos de ellos secretos, han ido a parar en los teletipos de diarios y noticieros con lo que se cierran los espacios de negociación. Durante la mayoría de esos procesos la oposición no estaba en posición de exigir porque sus fuerzas estaban disminuidas, centrados sus posibilidades de éxito en el apoyo internacional, o no se habían aprovechado las oportunidades; se han negociado aspectos que no inciden sobre la entrada a una transición, como por ejemplo los presos políticos y la entrada de ayuda humanitaria; las últimas negociaciones fueron amarradas a un mantra que impide llegar a acuerdos flexibles y a soluciones intermedias no plenamente democráticas, pero que podrían conducir a una paulatina transición, en fin, percibimos que la cohesión y la clara estrategia que permitió las transiciones española y chilena, e incluso la venezolana de 1958, no se encuentran presentes en la ruda lucha que protagoniza la oposición venezolana para la salida del régimen de Maduro y creemos que sin ella eso no será posible. 

Ahora bien, las negociaciones (a excepción de las sostenidas con la “mesita”) han estado signadas por un amplio apoyo internacional, especialmente los últimos años, y diversos mecanismos (sanciones internacionales entre otras) presionan una liberalización del régimen que propicie la transición, pero, es evidente, que a pesar que los riesgos de una pérdida del poder se elevan para el gobierno, no observamos visos de cooperación por parte de éste, siendo hasta ahora su mejor opción la de la madre falsa (NC) –como en el dilema del rey Salomón– frente a una oposición (madre verdadera) siempre dispuesta a cooperar ante el temor a una confrontación violenta, colocándose el punto de equilibrio en (C, NC). Esto es así, porque como nos lo refiere Alarcón ( 2016, p. 17 ) “el control del juego está en manos de los actores más radicales del régimen”. Estos tienen el control del uso de la fuerza y se mueven en bloque, cohesionados y con estrategias muy bien definidas y medidas, evidenciándose que han usado los diálogos para ganar tiempo e incluso para fracturar aún más a la oposición, la cual luce a estas alturas sin la debida cohesión interna que le permita girar hacia un juego más simétrico que facilite una salida negociada del régimen. En ese sentido, la oposición está obligada a construir su propio punto de retiro (equilibrio de Nash) y “asumir posiciones realistas sobre sus propias alternativas y las de quienes conforman el gobierno” (Bruce Bueno de Mezquita, cp. Alarcón, 2016), ya que de no ser así, el régimen, con “alternativas superiores al acuerdo no se transará, o si lo hiciera abandonará total o parcialmente el compromiso tan pronto se percaten de la superioridad de sus alternativas” como en efecto ha ocurrido hasta ahora en los procesos de negociación antes indicados. Es verdad que la oposición ha intentado cambiar la “matriz de pagos”  incorporando elementos nuevos al proceso, especialmente vinculados con el futuro de las élites y sus intereses, justicia internacional, justicia transicional, amnistías, entre otros, en un intento además, de bajar los costos de tolerancia para el régimen, pero eso no ha sido suficiente para cambiar la percepción de éste de que pueden seguir en el poder en contra de la voluntad de las mayorías y bajo esquemas de dura opresión. Esto ha propiciado que el régimen se radicalice cada día más, incluso que incorpore al proceso otros actores, países afines ideológicamente o de intereses comprometidos (Rusia y china) y grupos irregulares internos e internacionales que interactúan de ese lado, para equilibrar el juego frente a la intervención de EE UU y la comunidad internacional en general dentro del conflicto. 

El juego parece trancado y requiere de una mayor presión, es posible que esta última gira del presidente Guaidó (enero 2019-Davos, España, Francia, Canadá) esté dirigida en ese sentido, la pregunta que surge al final de este pequeño análisis es si la comunidad internacional asumirá la posición de un rey Salomón frente a la falta de un árbitro confiable interno. ¿Tendrá la capacidad para mandarle a cortar la cabeza al niño, qué herramientas utilizará? ¿Será esa postura la que detone el conflicto? ¿Se logrará imponer la celebración de elecciones libres? Acontecimientos en pleno desarrollo. 

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