El rol de la AN y el Estatuto que rige la Transición a la Democracia con miras a los escenarios políticos próximos en Venezuela

Por: ALEJANDRO GONZÁLEZ VALENZUELA

 

 

En un contexto de ilegitimidad manifiesta se produce la designación de los llamados magistrados express, la  pretendida instauración de una pseudo Asamblea Constituyente, la usurpación de la Presidencia de la República, la espuria designación de un nuevo fiscal y otros funcionarios, y se inicia el asedio a la Asamblea Nacional con el desconocimiento de sus potestades constitucionales y la abierta persecución a los diputados más incómodos.

 

La respuesta de la Asamblea Nacional a esta embestida ha sido constitucional, política e institucional. Constitucional con la aplicación del artículo 233 de la Constitución nacional, sobre la falta absoluta en el cargo de Presidente de la República, y política e institucional con la aprobación del Estatuto que rige la Transición a la Democracia, como hoja de ruta para restablecer el orden constitucional democrático, con fundamento en el artículo 333 de la Constitución, cuya expresión más icónica es la definición de transición democrática (artículo 3) en la que destacan tres fases progresivas: el cese de la usurpación; la instalación de un Gobierno provisional, y; finalmente, la realización de elecciones libres, transparentes y competitivas.

 

Sin embargo, la realidad ha demostrado un año y unos meses después que esta hoja de ruta no ha podido ser materializada por una serie de razones que sería largo explicar aquí, sin embargo, no podemos dejar mencionar:

 

(i) Su marcada rigidez y su poco sentido pragmático para hacer frente a contingencias excepcionales usualmente atípicas e imprevisibles, lo que le ha restado agilidad para hacer frente a las distintas pruebas a las que ha sido sometida el último año;

 

(II) Asimismo, debe señalarse su carácter marcadamente burocrático al encarnarse en un cogobierno entre el presidente interino y la Asamblea Nacional (capítulo III), lo que hizo más complejo innecesariamente la gestión del interinato;

 

(iii) Otro defecto prominente es la identificación de objetivos políticos en su artículo 2 (las fases progresivas), pero sin hacer referencia a la dimensión estratégica, al cómo alcanzar esos objetivos.

 

(iv) Finalmente, el peor defecto fue mineralizar la triada cuando desde muchos sectores se venía reclamando la necesidad de instaurar ya el gobierno provisional.

 

En tal sentido, en mi opinión, se hace imperativo y urgente el rediseño de esta hoja de ruta a partir de tres objetivos: uno político, uno orgánico y otro estratégico.

 

El primer objetivo es dar verdadero sentido político a la lucha por la democracia, lo cual implica tener verdadera vocación de poder en un tiempo determinado, dejar de simplemente resistir, como algunos sugieren, y dejar de lado la atonía política que nos ha caracterizado en el último tiempo, la que nos ha llevado a actuar siempre de manera reactiva.

 

En segundo lugar, se debe dar sentido orgánico a la lucha restauradora, lo cual implica que siendo fundamentales los partidos políticos este esfuerzo excede sus capacidades, por lo que se debe llamar y organizar a toda la sociedad civil para incorporarse a la tarea restauradora.

 

En tercer lugar, se debe dar gran sentido estratégico a esta  lucha, a tal efecto, es hora de ir pensando en un gobierno (provisional, de concertación, de salvación nacional, etcétera) que designe un gabinete de emergencia (al menos, los cargos clave: finanzas, hidrocarburos, desarrollo social), que tenga suficiente fuerza institucional para coordinar con nuestros aliados internacionales las modalidades y fases de la lucha restauradora que vendrá, y la protección de la población y nuestros intereses financieros y petroleros.

 

 

*Este texto surge del análisis planteado en una conferencia virtual auspiciada por el Bloque Constitucional y la organización Gritemos con Brío el 26/06/2020

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