4 agosto, 2020

En Venezuela se castiga el derecho a la salud al prohibir pruebas de despistaje de COVID-19 en laboratorios privados

En Venezuela se comenzó a constatar el aumento del contagio por coronavirus pronosticado por la Academia de Ciencias, Físicas, Matemáticas y Naturales el 8 de mayo, y que entre otras medidas recomendaba “ampliar la capacidad diagnóstica del SARS-CoV-2 en Venezuela, mantener las medidas preventivas de contagio, descentralizar los estudios en otros laboratorios del país”. Las cifras “oficiales” dan cuenta que tenemos más de 20.000 contagiados, cantidad que sería mucho mayor. Ya no sólo se trata de focos en las zonas fronterizas, sino que la transmisión también es comunitaria.

Pese a ello, nos enfrentamos a una decisión que niega otorgar permisos a laboratorios privados para realizar las pruebas del Covid-19. De esta manera, el régimen se empeña en mantener que todas las pruebas del país se hagan sólo en el Instituto Nacional de Higiene, cuando por lo menos otros ocho laboratorios estarían en capacidad de efectuarlas si son debidamente dotados para ello, así como los que se encuentran en la capital paralizados por la falta de recursos y tampoco son autorizados.

Con estas limitaciones impuestas todo apunta a que los niveles de contagio que alcanzaremos pudieran ser difíciles de frenar y la política estatal se orienta a controlar el manejo de las cifras de contagiados y fallecidos. Eso ocurre en un país cuyo sistema sanitario ha sido destruido casi por completo, diezmando a una población cada vez más vulnerable. Tal como lo expresó Ángela Merkel ante el Parlamento Europeo recientemente, advirtiendo sobre la desinformación: “La pandemia no puede ser combatida con mentiras”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll Up