(ARTS. 42 y 43 LOMP y 170 LOPNA)

Son aquellos o aquellas a quienes corresponde garantizar, en los procesos judiciales y administrativos, el respeto de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, e intervenir en aquellos procesos en que esté involucrado el orden público y las buenas costumbres, de conformidad con lo establecido en esta Ley, los tratados internacionales vigentes en la República y las leyes que rigen la materia, les corresponden:

  1. Intervenir en resguardo del orden público y las buenas costumbres en los juicios relativos al estado civil de las personas y en materia de emancipación, adopción y otras de cualquier naturaleza, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil y otras leyes.
  2. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral o administrativa de las personas naturales o jurídicas, según sea el caso, que por acción u omisión violen o amenacen derechos individuales, colectivos o difusos de niños, niñas y adolescentes.
  3. Recibir de los Organismos competentes en materia del niño, niña y del adolescente las denuncias sobre infracciones de carácter, civil, laboral o administrativa contra niños, niñas y adolescentes.
  4. Defender el interés superior del niño, niña y del adolescente en los procedimientos judiciales y administrativos.
  5. Inspeccionar las entidades de atención y las Defensorías del Niño, Niña y del Adolescente e instar a los Consejos Estadales y Municipales de Derechos para que impongan las medidas a que hubiere lugar cuando se comprueben irregularidades en la prestación de los servicios correspondientes.
  6. Denunciar ante los Organismos competentes en materia de derechos del Niño, Niña y del Adolescente las irregularidades observadas en el funcionamiento de las entidades de atención, o en las Defensorías del Niño, Niña y del Adolescente, a los fines de que se inicie el procedimiento administrativo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
  7. Promover la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos, en interés del niño, niña y el adolescente, en los términos previstos en la ley.
  8. Solicitar a las autoridades la información, experticias y documentos necesarios para el mejor ejercicio de sus atribuciones.
  9. Solicitar a instituciones privadas o particulares la información que sea necesaria para la mejor defensa de los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes.
  10. Recibir las notificaciones de los órganos jurisdiccionales y emitir opinión o formular las observaciones pertinentes en los procesos en que sean llamados a intervenir.
  11. Interponer, por ante el órgano jurisdiccional competente, los asuntos contenciosos del trabajo de niños, niñas y adolescentes.
  12. Interponer la acción de privación de patria potestad, de oficio o a solicitud del hijo o hija, a partir de los doce años de edad, de los ascendientes, de los demás parientes del hijo o la hija dentro del cuarto grado en cualquier línea, de la persona que ejerza la guarda y de los organismos con competencia en materia del Niño, Niña y del Adolescente.
  13. Intervenir en todos los procesos judiciales en los cuales se requiera su actuación de conformidad con la ley.
  14. Intervenir en los juicios de restitución de patria potestad.
  15. Solicitar la revisión y modificación de la guarda y, en todo caso, opinar en relación a la misma
  16. Solicitar la fijación de la obligación alimentaria y opinar sobre su cumplimiento. Solicitar la colocación familiar o la revocatoria de la misma.
  17. Emitir opinión, formular las observaciones y hacer las oposiciones que sean necesarias en las solicitudes de adopción en que hayan sido notificados o notificadas y, de ser procedente, solicitar la prórroga del período de prueba.
  18. Intentar la acción de nulidad de la adopción.
  19. Intervenir en las causas relativas a la rectificación de los actos del estado civil y de la filiación.
  20. Intervenir en la tacha de instrumentos.
  21. Ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios a los que haya lugar.
  22. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad penal de las personas que incurran en delitos contra niños, niñas y adolescentes.
  23. Solicitar la apertura de los procedimientos de tutela y curatela para aquellos niños, niñas y adolescentes que carezcan de representante legal.
  24. Inspeccionar las entidades de atención, las Defensorías del Niño y del Adolescente e instar al Consejo Municipal de Derechos para que imponga las medidas a que hubiere lugar;
  25. Las demás previstas en la ley.

 

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