(ARTS. 48 y 50 LOMP)

Son aquellos o aquellas a quienes corresponda el ejercicio de las respectivas acciones o recursos, con ocasión de la violación de los derechos y garantías constitucionales de los o las integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, en el curso de procedimientos administrativos, civiles o laborales, tienen las siguientes atribuciones:

    1. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad penal, civil o administrativa de las personas o instituciones, según sea el caso que, por acción u omisión, violen o amenacen los derechos colectivos o individuales de uno o más pueblos y comunidades indígenas o de alguno de sus miembros.
    2. Investigar los hechos punibles cometidos con la participación de indígenas o en contra de éstos.
    3. Ejercer la acción penal, en los términos y condiciones establecidos en la Ley que rige la materia y el Código Orgánico Procesal Penal, preservando siempre la integridad cultural y los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás instrumentos legales nacionales e internacionales.
    4. Solicitar las medidas cautelares o la cesación, modificación o sustitución de las mismas o de las sanciones acordadas, procurando en caso de medida privativa de libertad, el cumplimiento de esta última dentro del hábitat indígena.
    5. Interponer los recursos pertinentes de acuerdo con la ley.
    6. Recibir y tramitar las denuncias sobre infracciones de carácter administrativo o civil contra indígenas.
    7. Solicitar y aportar pruebas, y participar en su deposición conforme a lo previsto en la ley.
    8. Velar por el cumplimiento de las funciones de la policía de investigación y demás órganos auxiliares de administración de justicia.
    9. Asesorar a la víctima y a los familiares de ésta durante la conciliación, cuando así le sea solicitado.
    10. Ejercer en general todas aquellas atribuciones que esta Ley y el Código Orgánico Procesal Penal establecen para los Fiscales de Proceso, cuando se esté en presencia de presuntos hechos punibles donde intervenga uno o más indígenas.
    11. Las demás que les sean atribuidas por las leyes.
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