16 octubre, 2020

Gerardo Fernández: “La colonización del TSJ conllevó a que el Poder Judicial sea corresponsable de delitos de lesa humanidad”

Más que un repaso y análisis de los aspectos neurálgicos contentivos en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela que involucran al sistema de justicia, este abogado constitucionalista y profesor de postgrado en Derecho Constitucional en las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Monteávila prefiere aportar propuestas para sanear, en un escenario de transición, uno de los Poderes más debilitados y viciados en los últimos 20 años. Gerardo Fernández también es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales donde ocupa el sillón 21, anteriormente asignado a René De Sola, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia

 

 

El reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela señala al Poder Judicial como corresponsable de violaciones a los derechos humanos en el país desde 2014. ¿Qué opina al respecto, cómo llegó el sistema de justicia a este punto?

 

—Sí, de las cosas más importantes del informe es que establece de manera clara y precisa los factores que contribuyeron a que se cometieran delitos de lesa humanidad, señala que se produjeron en medio de la ruptura de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho en Venezuela y, sobre todo, del debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas democráticos, judiciales e institucionales, lo cual ha dado lugar a una creciente impunidad que favoreció y exacerbó las violaciones de derechos humanos. Todo esto comenzó cuando hubo una ‘colonización’ del Tribunal Supremo de Justicia, un proceso que comenzó a darse de manera gradual en 2015 hasta hoy, la máxima instancia judicial del país está totalmente comprometida y al servicio del régimen y del Poder Ejecutivo. ¿Por qué se dice que el sistema de justicia es corresponsable de crímenes de lesa humanidad? Porque en Venezuela no hay independencia judicial, y un sistema de justicia sin autonomía ni independencia no existe, por ende tampoco existe orden constitucional ni Estado de Derecho. En este país la mayoría de los jueces –desde los de más alto nivel como son los magistrados hasta los de menor jerarquía como son los jueces de control de tribunales penales– son nombrados a dedo, no hay concursos ni procedimientos de selección que se ajusten al ordenamiento jurídico, estos funcionarios solo responden a los intereses del régimen y son nombrados de forma temporal porque una vez que no convengan dejarán de formar parte del sistema de justicia. Por ello, el Poder Judicial es corresponsable de la tragedia que vivimos los venezolanos.

 

El informe señala con detalle algunas de las formas en que ocurre esta participación del sistema de justicia en los delitos de lesa humanidad…

 

—Sí, el informe va más allá, dice, por ejemplo, que la Misión constató que algunos fiscales y jueces desempeñan un rol directo en las detenciones arbitrarias, y admite que no sabe si participan voluntariamente o bajo presión. También nos dice que se acusa a muchos civiles de delitos militares previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar para que no sean juzgados o llevados a tribunales penales civiles sino a los militares que están mucho más controlados por el régimen, eso lo sabíamos pero es muy duro que salga reflejado allí. Además, indica que hay un incumplimiento sistemático de todos los plazos procesales establecidos en la ley para prolongar las detenciones arbitrarias y que ningún tribunal responde a las solicitudes de excarcelación ni de habeas corpus ni a ninguna de las solicitudes de los abogados para que sus defendidos sean liberados.

 

Y también va más allá el informe cuando dice que en muchos de los casos se les impide a los detenidos de manera arbitraria escoger a sus abogados para preparar su defensa y ejercer su derecho y sus garantías fundamentales para defenderse de la arbitrariedad, y que no solamente sufren acoso, torturas, vejámenes y tratos crueles los detenidos, sino también los abogados de éstos y la familia. Todo esto sucede con el sistema de justicia venezolano. Pero además dice el informe que autoridades judiciales se niegan a desarrollar investigaciones sobre los casos de tortura en detenciones arbitrarias, es decir que el sistema justicia se convierte en cómplice de los organismos de seguridad porque no actúan para desenmascarar a los culpables. Por ende, hay un protagonismo y responsabilidad penal individual directa que va a recaer sobre los jueces, fiscales y operadores de justicia en términos generales y tendrán que ser sometidos a la justicia internacional de acuerdo con los tratados y convenios internacionales porque constituyen crímenes de lesa humanidad, pero también podría aplicarse la justicia nacional cuando se supere el régimen porque debemos entrar en el proceso de judicialización de todos estos casos para exigir responsabilidades.

 

¿Era de esperar que la Misión incluyera al Poder Judicial en su informe? ¿Cuál fue su reacción al leer esa parte?

 

—Sí, claro, tratándose de una investigación internacional e independiente tan exhaustiva debía incluirlo porque era un hallazgo con el que se iban a encontrar. Nosotros en el país ya sabíamos todo esto, aunque, es duro decirlo, nos satisface que se desenmascare toda esta tragedia al más alto nivel y que lo haya hecho una misión internacional porque ahí uno siente que está siendo escuchado y que el régimen está siendo monitoreado, se desenmascara ante el mundo a unos violadores de derechos fundamentales.

 

¿Hay algún referente en América Latina de un informe similar en el que se señalara a un Poder Judicial como corresponsable de delitos de lesa humanidad?

 

—Creo que de esta magnitud y con este lujo de detalles es inédito, aunque en el Cono Sur ha habido regímenes terribles en Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay. Pienso que la justicia internacional y los adelantos de los últimos años en la defensa y protección de derechos humanos han logrado que estos procesos de investigación sean más sólidos y haya más voces que griten desde el exterior y clamen justicia.

 

Uno de los señalamientos que hace el informe de la Misión es que el Poder Judicial enjuicia a los opositores sin pruebas y les vulnera de manera sistemática las garantías procesales. Hace un par de meses el régimen liberó a una cantidad de presos políticos a quienes señalaba de delitos muy graves como magnicidio, terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria, entre otros, también sin rigor procesal y restando importancia a todas las vulneraciones sufridas durante el tiempo en prisión. ¿Qué lectura tiene de este hecho?

 

—Permítame aclarar los términos, ningún preso político en Venezuela fue liberado, en tal caso fueron excarcelados y se les dio sustitución de medidas. Aunque ellos no estén en el Helicoide o en Ramo Verde o en cualquier otro sitio de reclusión siguen siendo víctimas de otras formas de represión y de prisión porque o están en arresto domiciliario o les imponen régimen de presentación en tribunales o se les impide ejercer la libertad de expresión para hablar de sus casos o se ven obligados a huir del país porque se sienten perseguidos, o los inhabilitan políticamente y no pueden ejercer sus funciones, o les confiscan sus bienes, los aterrorizan a ellos y a sus familias, entonces ellos no son libres, siguen bajo la represión, bajo el terror, son víctimas de un sometimiento selectivo.

 

Entonces, aclarado ese punto esas excarcelaciones o sustituciones de medidas fueron una estrategia del régimen para, de alguna forma, disfrazarse de bondadoso frente a un mal proceso denominado electoral que quiere convocar, aunque eso no son elecciones, y para intentar hacer ver que en Venezuela existe un sistema de libertades.

 

Propuestas con miras a futuro

 

¿Qué hay que hacer para recuperar la institucionalidad del Poder Judicial en Venezuela?

 

—Hoy día no hay que esperar nada porque para que haya un cambio en el sistema de justicia primero tiene que haber un cambio de régimen porque después de que actúa para violar sistemáticamente derechos fundamentales el torturador no se va a convertir en ángel de la guarda. Entonces, todo debe partir de una reinstitucionalización de la justicia, para ello lo primero que hay que hacer, sobre todo en la etapa de transición, es comenzar un proceso de adaptación de todas las instituciones judiciales a la Constitución y a los estándares democráticos internacionales a fin de lograr algo fundamental como es la independencia, autonomía, profesionalismo e imparcialidad del sistema de justicia. Después hay que abordar el tema de la regularización del nombramiento de los magistrados del TSJ de acuerdo con los términos de la Constitución, y debería seguir una evaluación del desempeño de todos los jueces del país; hay que ir reduciendo de manera progresiva, pero sostenida, la provisionalidad de los jueces sustitutos a través de concursos públicos de oposición de conocimiento y de credenciales. Lo mismo hay que hacer con los fiscales y con los defensores públicos.

 

Después hay que reestructurar la escuela del Ministerio Público y la escuela de la Judicatura para ir a un proceso de formación y selección de jueces y fiscales porque actualmente no existen, eso lo acabaron, lo que hacen es que todos los estudiantes que salen graduados de abogados inmediatamente pasan al sistema de justicia sin pasar por un proceso de formación. Creo que hay que crear un Consejo de la Judicatura que se encargue de la administración y la disciplina de los jueces, hay que ocuparse seriamente de la reestructuración de los órganos de investigación policial y del sistema de penitenciarías.

 

¿Para avanzar en todas estas reformas que plantea sería necesario cambiar la Constitución o hacerle alguna reforma?

 

—Lo inminente es hacer gobernable el país porque hay problemas de gobernabilidad inmediata, ¿qué significa esto? Que hay que resolver las necesidades básicas de los ciudadanos en una primera etapa de transición, y desde el punto de vista jurídico hay que adecuar las instituciones a la Constitución que tenemos. Después que hayamos logrado esos dos grandes objetivos nos preocuparemos por ir a una gran reforma constitucional.

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