Gobierno de emergencia nacional y el proceso de negociación para la transición democrática

Román J. Duque Corredor

La legítima Asamblea Nacional aprobó, mediante acto parlamentario, el Acuerdo para un Plan de Emergencia y Conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional en fecha 31 de marzo de 2020, en razón de la obligación primaria de cualquier gobierno de proteger a su pueblo y de garantizarles sus necesidades fundamentales, en términos de seguridad, bienestar y progreso, y por cuanto el sistema de salud ha sido destruido y la falta de suministros y escasez de alimentos, de servicios básicos y de medicinas que además de haber provocado el desplazamiento forzado de 5,5 millones de personas son una amenaza a la vida de la población venezolana; además ante la urgencia de acceder al financiamiento y ayuda internacional para resolver la crisis humanitaria, lo cual es imposible mientras Nicolás Maduro, acusado judicialmente de cargos de narcotráfico y terrorismo, usurpe el poder.

En este Acuerdo, por la motivación anterior, la Asamblea Nacional considero imperativo, en función del interés nacional instalar un Gobierno de Emergencia Nacional, que incluya a todos los sectores políticos y sociales del país; y la Convocatoria al Consejo de Estado previsto en el artículo 251 constitucional, para que sirva de ente asesor del referido Gobierno de Emergencia Nacional. Asimismo, aprobó elaborar una Ley de garantías, estabilización democrática y reconciliación nacional, enmarcada en el respeto a los derechos humanos, para permitir un ambiente de Unidad Nacional que coadyuve los mecanismos de salida de la Crisis. Dicho acuerdo, por otra parte, está comprendido entre los fines del Estatuto hacia la Transición Democrática de fecha 5 de febrero de 2019, a que se contrae su artículo 3º; porque la instalación de un Gobierno de Emergencia Nacional, sin Nicolás Maduro, la  conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional  y la sanción de una Ley de garantías, estabilización democrática y reconciliación nacional; significan la liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela, tal como se entiende por transición democrática según en los artículos 2º y 12, del citado Estatuto. Todo lo cual tiene el soporte de los artículos 7º, 232, 233, 333 y

350 de la Constitución, en concordancia con su artículo 187, numeral 1; e igualmente se comprenden en los lineamientos para la transición política, la gobernabilidad y la celebración de las elecciones libres, a que se refieren el artículo 18, en concordancia con los artículos 25 a 28, y 30 a 32, del ya mencionado Estatuto, referentes a la conformación de un Gobierno Provisional de Unidad Nacional y a la celebración de elecciones libres. Materias estas de la competencia de la Asamblea, en atención a su atribución genérica, contemplada en el artículo 33, del mismo Estatuto, de adoptar todas las decisiones, Acuerdos y leyes necesarios para la implementación de dicho Estatuto, a los fines de permitir  el restablecimiento efectivo de la Constitución y el cese de la usurpación de la Presidencia de la República.

Ahora bien, la conformación, principalmente de un gobierno de emergencia nacional y la convocatoria de un Consejo de Estado, conforme los parámetros procedimientos y medios pacíficos y democráticos, dentro del marco normativo que pauta el Estatuto de Transición hacia la Democracia, supone la cesación del conflicto existente entre el gobierno y oposición en Venezuela. Tal conflicto, por  su gravedad de crisis institucional total y de masiva violación de derechos fundamentales, excede del concepto tradicional de conflicto político entre partidos, porque más que una lucha o disputa por el poder, se trata de la confrontación entre dos modelos ideológicos contradictorios del sistema de gobierno. Es decir, un enfrentamiento entre el sistema autoritario socialista-militarista y el sistema democrático social del Estado de Derecho. En efecto, el factor principal de la confrontación política en Venezuela, es la imposición desde el poder de la ideología de un socialismo totalitario con apoyo militar.

En otras palabras, entre una dictadura militarista encubierta con una imagen ideológica y un Estado democrático de Derecho libre e independiente. Por tanto, el conflicto es no solo entre el partido del gobierno y los partidos de la oposición, contrarios a esa ideología, sino fundamentalmente entre el gobierno socio militarista y los sectores democráticos de la sociedad. Por ello, el conflicto ha conducido a la violencia y a  la persecución de los sectores democráticos. El conflicto no se traduce solo en discusiones de las diferentes ideologías, sino en violencia física por paramilitares, persecución y represión, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y en discriminación por parte del gobierno de los sectores que no comparten su ideología y hasta de sus disidentes, como lo ha comprobado la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en varios informes. Y fundamentalmente en la destrucción del modelo jurídico político del Estado democrático y social de Derecho y Justicia que se contempla en la Constitución de 1999.

Además, en este conflicto ideológico el uso de la fuerza, inclusive de la justicia castrense por el gobierno ha causado violaciones graves de derechos humanos y hasta crímenes de lesa humanidad, y en donde se distingue entre amigos y enemigos; lo cual, en verdad,   dificulta   su   solución   por   medios   democráticos   de   negociación.  Si bien se trata de un conflicto interno, sin embargo, una de sus causas es externa, por la influencia de gobiernos cuyos modelos ideológicos del poder son el del socialismo totalitario antidemocrático, por lo que en la práctica implica vulneraciones del orden constitucional vigente y de los valores morales del orden social. Dado su naturaleza ideológica el contrario no es aceptado y por eso es discriminado o excluido, y el gobierno actúa como una clase dominante para legitimar su poder con medidas arbitrarias y contrarias a los derechos humanos, para imponer su sistema ideológico del poder. Imposición que se manifiesta en las restricciones a derechos civiles y políticos como la libertad de pensamiento, de expresión, de información, de manifestación y de libre elección.

Por ello, el conflicto ha llegado a manifestarse en forma de enfrentamientos violentos y hasta de grupos armados paramilitares. Por otro lado, el conflicto político venezolano ha trascendido de las personas y ha impactado la estructura social, por razones de una política económica que ha conducido a la escasez de alimentos y medicinas, que ha incrementado los índices de mortalidad y de desnutrición y ha ocasionado la mayor hiperinflación del mundo, por lo que además es un grave conflicto social. Crisis que resulta trágica en situaciones como la presente pandemia del coronavirus que está padeciendo Venezuela junto con el resto del mundo, pero con carencia de servicios de salud, escasez de medicinas, de alimentos, de energía eléctrica, de  agua potable y bajo una grave inseguridad de la integridad personal.

A esto se suma el abuso de las medidas del estado de excepción de emergencia violatorias del derecho de libertad personal y de libre expresión y de información y con las detenciones arbitrarias y desapariciones. Estas características dificultan la solución del conflicto político venezolano, que se califica de crisis humanitaria, por los perjuicios causados a la población respecto de su alimentación y salud: lo que dificulta salidas constructivas al conflicto. Una característica del conflicto político venezolano es la utilización de la Fuerza Armada y del Poder Judicial como instrumento del dominio y de persecución. Y un aspecto definitorio del conflicto  en cuestión es la de distorsión del proceso constituyente para implantar un sistema ideológico, ante la pérdida electoral del Poder Legislativo y de los poderes municipales frente a la oposición democrática. Lo que podría llamarse crimen de lesa democracia, como lo es destruir el sistema de partidos y del sufragio libre, universal y directo, y la desmotivación electoral. Y, desde otro orden de ideas, la persecución en gran escala, bajo un contexto sistemático organizado y programado de discriminación, de persecución y de exclusión de los sectores de la población que no simpatizan con el gobierno, como las desapariciones, las detenciones arbitrarias, los presos políticos, el juzgamiento de civiles por tribunales militares y las violaciones a derechos fundamentales en magnitudes crecientes, como parte de ese plan sistemático. Todo ello permite calificar el conflicto político en Venezuela, a la luz del Derecho Penal Internacional, de crimen de lesa humanidad de persecución.

Por eso, el proceso de negociación para la búsqueda de soluciones a estos crímenes, para conformar un gobierno de emergencia de unidad nacional es difícil, largo y de una gran exigencia de fortaleza moral y de formación política por parte de los negociadores, así como de una metodología de negociación clara, transparente y que garantice la participación de la sociedad civil en dicho proceso. Además de una probada experticia en procesos de conciliación y la presencia de observadores internacionales que velen por la irrenunciabilidad e inalienabilidad de los derechos fundamentales y de los elementos esenciales del sistema político democrático, porque de lo que se trata es del derecho del pueblo venezolano de vivir en democracia en libertad, justicia y con dignidad, hoy día constituido en un orden universal.

Finalmente, la naturaleza dramática del conflicto venezolano obliga a la oposición no solo a mantener su unidad, sino que en la búsqueda de un gobierno de transición para el cambio político, los intereses particulares no deben privar sobre los principios, y sobre todo que en la escogencia del futuro gobernante se busque consensuadamente no un simple candidato, sino fundamentalmente un verdadero estadista. Dirigencia política que además debe promover la conciencia nacional patriótica de un verdadero consenso para la unidad nacional con fortaleza organizativa, un liderazgo de credibilidad con sacrificio de intereses particulares y que mitigue los odios y que distinga entre justicia y venganza.

Caracas, 1º de abril de 2020

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