Justicia transicional: justicia en transición o justicia para después de la transición

Por: Román J. Duque Corredor

En los procesos de cambios políticos de conflictos armados hacia la paz o de dictaduras a democracias una de sus medidas es la aplicación de la justicia transicional.  Pero, ¿qué significa esta justicia, una justicia en transición durante el proceso de cambio, o una justicia postconflicto, o para después de la transición?

Se dice que es un medio o medida para determinar los hechos que sucedieron durante esos conflictos.  Se habla entonces de tribunales y de acciones penales para enjuiciar a los responsables de esos hechos; es decir, de una  Justicia, y de medidas políticas de establecer comisiones de la verdad para esclarecer tales hechos, para fijar las reparaciones a las víctimas y de reformas para establecer una institucionalidad que configuren esas medidas  que originalmente se estimaron como “justicia en procesos de transición[1], y que modernamente se consideró como un sistema de justicia llamada transicional para que esos mismos hechos no se repitan. 

Esto es solo un concepto descriptivo que, sin embargo, varía, según su origen, sus fines y de la realidad donde se piensa aplicar.  No es, por tanto, una noción única u homogénea, sino general, porque su contenido no es uniforme y no siempre persigue los mismos fines o se aplican instrumentos similares. Por ejemplo, no es la misma realidad cuando es la transición de una guerra a la paz que la que surge después de una dictadura hacia la democracia.

También es un elemento a considerar que el primer escenario histórico donde surgió el planteamiento de estos tipos de mecanismos llamados en conjunto “justicia transicional” fue el de las transiciones políticas de dictaduras cuyo principal propósito es el del restablecimiento de la democracia; y después, el de los procesos de terminación de conflictos bélicos en los cuales la paz es su objetivo.

Son tres, pues, los fines de lo que se ha llamado justicia transicional: justicia, paz y democracia, que en palabras del entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, no son “mutuamente excluyentes, sino más bien imperativos que se refuerzan uno al otro[2]

En este orden de ideas, el profesor colombiano, Félix Eduardo Torres Penagos advierte en la necesidad de distinguir el tipo de transición para su efectividad. Según que la transición sea de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia será más intensa la discusión entre “la justicia retributiva y la justicia restaurativa[3].  Tensiones estas que los autores Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon ilustran como “Entre el perdón y el paredón[4]; o entre paz o justicia, que orientan hacia un sentido u otro la discusión.  

Un aspecto, que cabe considerar tanto para uno u otro proceso, es el de las iniquidades o desigualdades que pudieron ser motivo del conflicto, y que se agravaron durante este trance; porque su persistencia, a pesar de haber alcanzado la paz o la democracia pueden ser fuente de inestabilidad política y, por tanto, otra vez, de la violencia, como lo advierte Penagos anteriormente citado[5]; como ha ocurrido en Perú, Guatemala, Argentina y recientemente en Chile.  Aspecto que ha llevado a considerar si las violaciones a los derechos económicos y sociales, las desigualdades económicas y la corrupción deben ser consideradas también por la justicia transicional, al igual que las violaciones a los derechos civiles o políticos.  

La motivación y justificación para la ampliación de la justicia transicional se recogen en el informe del Secretario General de la ONU del 3 de agosto de 2004 sobre El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos[6]De todo ello se puede inferir que la justicia transicional, fruto de procesos de transición política, es tanto para la transición misma como para después de la transición, pues no solo hay que sustituir una institucionalidad incapaz o insuficiente de justicia, sino también mecanismos de reparación por parte de los Estados a las violaciones a los derechos económicos y sociales a grupos sociales vulnerables por el no funcionamiento de las instituciones públicas. Además, el derecho de las víctimas a la reparación es hoy un postulado o principio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y una obligación de los Estados donde existe un gran número de víctimas.

 En efecto, toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor que se recoge como un principio fundamental en “Los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones “,  aprobados por la Asamblea General de la ONU en  la resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005[7].  Por ello el derecho a obtener reparación entraña medidas individuales y medidas de alcance general y colectivo, y dentro de éstas la de servicios, beneficios o compensaciones a grupos de población o pobladores , o de mejoramiento de su calidad de vida, y no solo las medidas de carácter simbólico, en concepto de reparación moral, como el reconocimiento público y solemne por el Estado de su responsabilidad; o  las declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas, los actos conmemorativos, los bautizos de vías públicas, y las erecciones de monumentos.

 Ahora bien, un crítica a la justicia transicional es que atiende más a las violaciones de los derechos civiles o políticos, especialmente, relativos al derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física. Es decir, a los temas de la verdad, la memoria de los hechos, las responsabilidades, la justicia retributiva o en casos de justicia restaurativa de reparaciones individuales a las víctimas, pero que “no ha lidiado adecuada o sistemáticamente con los derechos económicos, sociales y culturales[8]. Es decir, ha sido una justicia en transición, pero no una justicia para después de la transición

Se reclama en contextos de violaciones masivas de derechos sociales y económicos, por ejemplo, en emergencias humanitarias complejas, en las que motivaciones políticas o ideológicas han sido determinantes, que en cuanto a la determinación de las responsabilidades no se da igual jerarquía a estos derechos respecto al establecimiento de responsabilidades y reparaciones. Por lo que tales violaciones continúan o se perpetúan, o incluso hasta se agravan dando lugar a nuevos conflictos.  Por ello, se plantea la tesis de la justicia para sociedades en transición mediante “una estrategia integral de justicia transicional” que de “cuenta de las violaciones manifiestas de todos los derechos humanos durante el conflicto[9].

Pensemos en los daños masivos al medio ambiente, que determina la destrucción o pérdida de ecosistemas en las zonas del llamado Arco Minero del Orinoco, así como el riesgo grave que supone para sus habitantes contaminar las aguas y cultivos. Por lo que a la luz de la comunidad internacional su creación se puede calificar de “ecocidio” y, por ende, de un delito contra la humanidad[10]. O, el caso de la migración masiva de venezolanos porque su vida, seguridad o libertad se ven amenazadas por circunstancias que están perturbando gravemente el orden público en Venezuela, como lo reconoce la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) a raíz del deterioro de la situación política, económica, de derechos humanos y humanitaria en Venezuela, que hasta el 21 de mayo de 2019 se calculaba que el flujo de venezolanos alcanzaría los 3,7 millones de personas[11],

 Por ello, dentro de los mecanismos de la justicia transicional, como las llamadas “comisiones de la verdad” en su desarrollo institucional debe dotársele de competencias para que en su función quepa también “el mandato para examinar las causas, consecuencias y naturaleza de las violaciones masivas de los derechos humanos y para hacer recomendaciones al respecto (…)”; sobre todo “en los casos en que las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, tuvieron efectos más duraderos  que las violaciones a la   integridad física y a los derechos civiles y políticos[12].

Incluso existe el precedente judicial internacional del Caso Kupresis, del Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia, en el que se reconoció la destrucción de propiedades y de hogares como crímenes contra la humanidad cuando se cometen con la intención de realizar una persecución. O los precedentes de los casos de conflictos armados conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que las reparaciones no solo incluyeron compensaciones a las víctimas, sino también la implementación de programas de salud, educación y de infraestructura para las poblaciones afectadas; o los planes de restitución de la propiedad y de la vivienda en Suráfrica y Guatemala. O, las reparaciones comunitarias propuestas por la Comisión de Justicia y Reconciliación de Marruecos[13].  

Asimismo, como medidas de reparación la restitución de tierras es un punto fundamental para cumplir con lo pactado en el Acuerdo de La Habana y asimismo con las medidas para reparar a los sobrevivientes tras el proceso de paz entre las Farc y el gobierno colombiano, mediante un programa de reforma agraria integral y Planes de Desarrollo Rural con enfoque territorial[14].  Y una innovación para la justicia transicional, como justicia para después de la transición, es la propuesta de Hans Dieter y Andrea Armstrong, de pequeñas subvencionas a aldeas o distritos como capital inicial para formar instituciones microfinancieras locales[15].  

 Finalmente, por supuesto, que algunas medidas de reparación, como las de restitución de propiedades, tierras o viviendas, o de programas sociales y económicos, son por naturaleza de justicia distributiva o de justicia social, más que de justicia restaurativa, pero si se conjugan con la del establecimiento de los hechos violatorios de los derechos humanos y  de las responsabilidades y las sanciones, las medidas reparadoras se integran en el ámbito de la justicia transicional, aunque en la visión de la justicia para después del conflicto, y no propiamente en la de la justicia durante la transición. Por eso, el autor Wendy Lambourne, plantea la tesis de “un modelo transformativo de justicia transicional que conecte la justicia económica con la justicia legal, psicosocial y política en un esfuerzo para transformar tanto las estructuras como las relaciones”, que en un sentido complementaría la justicia transicional[16].

Por último, en el desarrollo de la justicia transicional para después de la transición resulta determinante la participación de la sociedad civil, particularmente de los grupos, pobladores o víctimas porque se trata de establecer políticas de justicia social donde la participación de las víctimas es determinante para la naturaleza democrática del proceso de transición política de la dictadura a la democracia.  Modelo transformativo de la justicia transicional que cabe en la definición de este sistema de justicia y de la función de la Comisión de la Verdad que se contemplan en el artículo 18, Nº 2 del Estatuto que Rige la Transición hacia la Democracia para restablecer la vigencia a de la Constitución de la República.


[1] Paige, Arthur, “How Transitions Reshaped Human Rights, P 7 (Citado por Félix Eduardo Torres Penagos, en su trabajo “Estudio preliminar. Justicia Transicional en Perspectiva: Posibilidades, Retos y Nuevas Paradojas en Escenarios de (Post) Conflicto”, en la obra colectiva “Justicia Transicional y Postconflicto”, Universidad de Los Andes, Colombia, Facultad de Derecho, 2019, P. 29)

[2] Citado por Félix Eduardo Torres Penagos, en su trabajo “Estudio preliminar. Justicia Transicional en Perspectiva: Posibilidades, Retos y Nuevas Paradojas en Escenarios de (Post) Conflicto”, en la obra colectiva “Justicia Transicional y Postconflicto”, Universidad de Los Andes, Colombia, Facultad de Derecho, 2019, P. 17

[3] Ibidem, P. 18-20.

[4] Citado por Félix  Eduardo Torres Penagos, en su trabajo mencionado, P. 21.

[5]  Op. Cit., P. 24.

[6] https://undocs.org/es/S/2004/616

[7]https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparaciones.pdf

[8] Arbour, Lousie, “Justicia Económica y Social para Sociedades en Transición”, en “Estudio preliminar. Justicia Transicional en Perspectiva: Posibilidades, Retos y Nuevas Paradojas en Escenarios de (Post) Conflicto”, en la obra colectiva “Justicia Transicional y Postconflicto”, Universidad de Los Andes, Colombia, Facultad de Derecho, 2019, P. 204.

[9] Arbour, Lousie, “Justicia Económica y Social para Sociedades en Transición”, artículo citado, P. 205.

[10] Ver mi artículo “La mafia y la Cosa Nostra del Arco Minero del Orinoco y el ecocidio del siglo XXI”, publicado en El Nacional, el 22 de octubre de 2019 (https://www.elnacional.com/opinion/la-mafia-y-la-cosa-nostra-del-arco-minero-del-orinoco-y-el-ecocidio-del-siglo-xxi/)

[11] https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/5/5ce33ee54/acnur-la-mayoria-de-las-personas-que-huyen-de-venezuela-necesitan-proteccion.html

[12] Arbour, Lousie, Op. Cit., P. 188.

[13] Casos citados por Arbour, Lousie, en su artículo citado, P. 190.-195.

[14]  Punto 1  Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral  y Punto 1.2.  Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Acuerdo Final de La Habana, de fecha 24.11.206 (http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf).

[15] Citados por Waldorf, Lars, en su artículo “Anticipar el Pasado: La Justicia Transicional y los Daños Socioeconómicos”, en la obra colectiva , ya mencionada, “Justicia Transicional y Postconflicto”, Universidad de Los Andes, Colombia, Facultad de Derecho, 2019, P. 246

[16] Citado por Waldorf, Lars, en su artículo “Anticipar el Pasado: La Justicia Transicional y los Daños Socioeconómicos”, en la obra colectiva , ya mencionada, “Justicia Transicional y Postconflicto”, Universidad de Los Andes, Colombia, Facultad de Derecho, 2019, P. 243-244

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