14 septiembre, 2020

La crisis por pandemia COVID-19 es pretexto para intensificar la violación de los derechos de los venezolanos

Para el 13 de marzo de 2020, fecha del primer decreto de alarma dictado por el régimen con motivo de la pandemia por el COVID-19, los venezolanos ya se encontraban en medio de una profunda crisis causada por la violación de una larga lista de sus derechos fundamentales: una inseguridad permanente mantenía a la población en jaque declarándose en resguardo de forma casi permanente para evitar ser presa fácil de los delincuentes y la persecución política; el acceso a los alimentos ya para ese momento era inalcanzable para por lo menos, 9,3 millones de venezolanos (datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); la salud del venezolano a merced de un sistema bombardeado por la indiferencia del régimen, la ausencia de higiene, de equipos adecuados para la atención más elemental, con remuneraciones casi insignificantes para todos los servidores de la salud, la salida de miles de médicos que se unieron a una emigración desesperada en busca de sustento y condiciones adecuadas de trabajo; la libertad de expresión amordazada por un régimen que, al primer atisbo de una crítica, detiene a quien se atreva a hacerla, la libertad de tránsito también limitada por la falta de gasolina, por las alcabalas móviles convertidas en cobradoras de vacuna por conceder el paso. En fin, todas las libertades secuestradas han sido los componentes que han generado la Emergencia Humanitaria Compleja, derivada del colapso de todos los sistemas del país que motivó la migración de más de 6 millones de venezolanos y la alerta alrededor de nuestras fronteras.

Ante la declaratoria de la pandemia por el COVID-19 el régimen dictaba el primero de los sucesivos decretos de alarma para asegurarse que tendría a toda la población aún más sometida, vigilada, escrutada, arrinconada, con absoluto control de sus actos. Ya ni trabajo ni salud ni educación, mucho menos información, serían derechos salvaguardados, sino ahora más reprimidos y vulnerados.

La falta de combustible ha sido usado por el régimen para controlar la movilización de las personas y de esa manera evitar cualquier manifestación de queja o reclamo de grupos de la población por agua, gas, electricidad, el costo del trasporte, servicios, con el fin de manejar situaciones complejas y de esa manera mantenerse en el poder. De modo que los efectos ocasionados por la crisis del COVID-19 han recrudecido aún más las limitaciones al ejercicio de derechos humanos, evidenciando así el talante despótico y despiadado de un régimen que se niega a declarar su absoluta incapacidad para atender tanto la emergencia sanitaria, así como la crisis que él mismo ha provocado. Todo ello pudo haber sido impedido por un sistema de justicia al cual correspondía declarar y condenar todas las violaciones a los derechos humanos de los venezolanos y la corrupción generalizada; sin embargo, quienes fueron colocados al frente del ejercicio del poder político prefirieron destruirlo y sustituirlo por una organización para la cual la corrupción es su sostén y que, a través de actos mal llamados sentencias, pretenden limpiar el rostro de un régimen que aún no percibe que también está en vías de colapso.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll Up