9 junio, 2020

La legitimación de la violencia política por el sistema de justicia – Román J. Duque Corredor

Cuando los gobiernos fundamentalistas y autoritarios consideran que otros pensamientos o  ideologías, de grupos o de personas, no responden  a sus sistemas o creencias  políticas que califican como dañinas o peligrosas para sus proyectos ideológicos instauran como estrategia de persecución la del enemigo público o del Estado y el delito de traición a la patria, para lo cual utilizan la acción política violenta para intimidar a sus poblaciones e inclinarlas a la aquiescencia, y así eliminar o acabar con la disidencia y lograr sus objetivos políticos.

Tal política constituye una forma de “violencia política” que, en cierta manera, es un terrorismo político y social que esos gobiernos justifican por razón de Estado que sobrepasa todos los límites de la legitimidad. Por lo que para justificarla o darle visos de legitimidad incorporan en su planificación y ejecución a componentes del sistema de justicia como ocurre en la actualidad en Venezuela, cuando los máximos exponentes del Poder Judicial y del Ministerio Público que integran dicho sistema se declaran al servicio del proyecto ideológico-político del gobierno y defensores de los ideales que lo inspiran.

Ciertamente, cuando la coacción o persecución ilegítima por motivos políticos o por el ejercicio de derechos fundamentales procede del Ministerio Público, del TSJ o de los jueces, a instancias del gobierno, no hay duda que se trata de actos propios de violencia política o de terrorismo de Estado, con el agravante que su origen es judicial. Y cuando se comprueba que el sistema de justicia, principalmente por su omisión, inactividad o complicidad, forma parte de esa violencia política se aparta flagrantemente de sus fines superiores de garantizar la integridad y supremacía de la Constitución y de asegurar la efectividad de sus normas y principios, de amparar a los ciudadanos en sus derechos y garantías constitucionales, de garantizar el debido proceso y de que en los procesos judiciales se respeten estos derechos.

En los casos en que el Ministerio Público, el TSJ y los tribunales se utilizan como medios de coacción o de persecución ilegítima, por inconstitucionales, desnaturalizan su carácter jurisdiccional y se convierten en órganos de intimidación o, lo que es más grave, vienen a ser los verdugos de decisiones políticas de condenas anticipadas.

A los anteriores tipos de persecución puede agregarse el juzgamiento de ciudadanos por tribunales militares en casos de manifestaciones o protestas, por supuestos delitos de ataque al centinela o de ofensas a las Fuerzas Armadas con violación de los artículos 49.4 y 261 de la Constitución vigente que garantizan el derecho al juez natural y que no permite que la justicia militar juzgue civiles.

El sistema de justicia, en estos casos, es un instrumento de los gobiernos que emplean el uso sistemático de la violencia y las amenazas de violencia contra la ciudadanía como parte de la violencia política o de terrorismo de Estado. Por lo que en el Índice de Estado de Derecho 2020 –que evalúa el desempeño de 128 países y jurisdicciones respecto al Estado de Derecho, los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, independencia judicial, justicia civil y justicia penal– Venezuela está en el puesto 128, por debajo de la República Democrática del Congo y Camboya. Por ello, en la transición democrática la reinstitucionalización del sistema de justicia es una prioridad.

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