25 marzo, 2020

La pandemia permitirá un cambio de conducta política frente al derecho a la vida y a la salud

El 11 de marzo de 2020, Tedros Adhanon Ghebreyusus, director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró que el coronavirus Covid-19 pasó de ser una epidemia a una pandemia, manifestando que al evaluar este brote en la organización “nos encontramos profundamente preocupados por los tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción”. En esta declaración se hizo una grave –pero justificada– acusación a todos los gobiernos que, a pesar de las informaciones que diariamente circulaban en todo el mundo acerca de esta violenta propagación, no tomaron las medidas adecuadas que impidieran que la curva acelerada subiera cada hora.

De inmediato comenzaron a reaccionar jefes de Estado o de gobierno. Los legítimos y los que no lo son, los que tienen un alto sentido de la responsabilidad en cuanto a la protección de la vida y la salud de sus ciudadanos como aquellos que no; y, aún, se esperan reacciones contundentes que no llegan de algunos países cuyos gobiernos no han entendido la dimensión que envuelve una declaratoria de pandemia.

Es probable que la mayoría de los Estados hayan reaccionado ante tal declaratoria y tomen medidas apropiadas, pero aquellos que no reaccionan frente a la crisis que les estalla en la cara cada día y que cobra cientos y miles de ciudadanos por diferentes enfermedades que no son atendidas, ¿seguirán despreciando el derecho a la vida y a la salud que se han redimensionado ante esta pandemia y que mantiene inermes a los ciudadanos? ¿Los gobiernos se atreverán a dar lectura correcta de si las prioridades de un país son aquellas que los conmina a fortalecerse bélicamente o a las que los conduce a establecer y reforzar sistemas de salud que permitan prevenir y atender todas las enfermedades y a todos los ciudadanos sin distinción alguna? ¿Entenderán que esta enfermedad de expansión mundial movió el derecho a la vida más allá de los ordenamientos jurídicos y que la responsabilidad de los Estados por preservar la salud de los ciudadanos está por encima de la política?

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