Los migrantes y refugiados venezolanos según el informe de la OEA

Indica el reciente informe de la Organización de Estados Americanos que hasta el junio de 2019 por lo menos 4 millones de venezolanos “han huido del país”. A pesar de no escapar de un conflicto bélico ni de una catástrofe natural, su desplazamiento es forzado por una crisis humanitaria compleja jamás vista en nuestro continente debido a la escasez de alimentos y medicamentos, el colapso económico con una hiperinflación de 10.000.000%, la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos representada en persecuciones, represión, control social y delitos de lesa humanidad; las fallas casi permanentes en grandes poblaciones del país de los servicios de electricidad, agua y gas doméstico, violencia generalizada que alcanza una tasa de 81 homicidios por cada 100.00 habitantes. De no revertirse esta situación aumentaría el número de migrantes y refugiados en 5,3 y 5,7 millones para finales de este año, y para 2020 entre 7,5 y 8,2 millones.

Los datos revelan que existen múltiples barreras para obtener la protección adecuada, por un lado,que la cooperación económica ha sido  muy baja, al punto de que después del primer semestre de 2019 solo se han recaudado poco más de 158 millones de dólares, equivalente a 21%, de los requisitos financieros del plan regional, dejando una brecha de financiamiento de 579.5 millones de dólares; de esa manera, para cada migrante y refugiado venezolano hay menos de 100 dólares para atenderlo, lo que contrasta significativamente con el caso sirio, cuya cantidad de financiamiento por refugiado está por encima de 5.000 dólares. Por otra parte, señala que es esencial agilizar las acciones para otorgar protección permanente a los migrantes y refugiados venezolanos a objeto de brindarles la opción de integrarse a las naciones que los reciben y reducir su exposición a riesgos como la trata, el reclutamiento forzado, la explotación sexual y laboral, la apatridia y la discriminación.

La gran mayoría de los que han sido desplazados por lafuerza cumplen claramente con la definición de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena, que reafirmó la centralidad de la Convención de 1951 y agregó a la definición las causas subyacentes del movimiento forzado en la región, incluidas “personas que han huido de su país porque sus vidas, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” y se ha incorporado a la legislación de 15 países de la región: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Es cierto que algunas naciones pueden disputar su responsabilidad hacia los venezolanos basándose en matices en su legislación nacional, pero es indiscutible que los venezolanos necesitan protección y están experimentando exactamente los tipos de condiciones que impulsaron la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena.

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