27 julio, 2020

Medidas urgentes para el funcionamiento del Sistema de Justicia durante el estado de alarma (excepción) por la pandemia del COVID-19

Por: Román José Duque Corredor / @romanjoseduque

 

La abogacía es un componente del Sistema de Justicia, el cual en tanto unidad sistémica va a alcanzar eficiencia, sólo en la medida en que se garantice la actuación a todos y cada uno de sus componentes (instituciones, agentes y sujetos).

 

1.- Legitimidad del Sistema de Justicia

 

La legitimidad de este sistema va a depender del respeto a los principios fundamentales de igualdad ante la ley, presunción de inocencia, así como, el derecho a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, junto a las demás garantías necesarias para la defensa de toda persona acusada de un delito. Garantías éstas que son determinantes de la eficacia del derecho a la asistencia jurídica en los Sistemas de Justicia, principalmente, en el ámbito de la justicia penal; razón por la cual, cuando una persona no disponga de abogado, tiene el derecho de contar con abogados con la experiencia y competencia que requiera el asunto de se trate que se trate, a fin de que les presten asistencia jurídica eficaz y gratuita, si carecen de medios suficientes para pagar sus servicios.

 

2.- El ejercicio de la abogacía elemento fundamental del Sistema de Justicia

 

El ejercicio de la abogacía está consagrada como un elemento esencial del Sistema de Justicia y de su legitimidad, tanto a nivel constitucional, en el artículo 257, como a nivel convencional en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en La Habana, 1990. En virtud de estas fuentes jurídicas, es una obligación del Estado, principalmente del Poder Judicial, la asistencia jurídica como condición de un Sistema de Justicia, justo, humano y eficiente basado en Estado de Derecho, y, en particular, en la garantía del debido proceso, como presupuesto para el ejercicio de esos derechos, así como una salvaguardia importante que asegura la equidad fundamental y la confianza pública en el proceso de justicia. Parte del debido proceso es que todas las personas arrestadas, detenidas, o acusadas de haber cometido un delito, tienen derecho a estar asistidas por un abogado de su elección, y no por un defensor público impuesto de oficio por las autoridades judiciales.

 

Aparte de lo anterior, para el ejercicio de la abogacía, como parte del Sistema de Justicia, los gobiernos deben garantizar que los abogados puedan (i) desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (ii) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y (iii) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole, a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión. Asimismo, los abogados no pueden ser amenazados con ocasión del ejercicio de su profesión, por el contrario, deben recibir de las autoridades garantías adecuadas de protección.

 

Ningún tribunal ni organismo administrativo ante el que se reconozca el derecho a ser asistido por un abogado, se puede negar a reconocer el derecho de un abogado a presentarse ante él en nombre de su cliente, salvo que el abogado haya sido inhabilitado de conformidad con las leyes. Asimismo, los abogados como integrantes del Sistema de Justicia y como ciudadanos, no pueden ser objeto de persecución o de detenciones arbitrarias debido a su actividad profesional de defensa de personas acusadas o sometidas a investigación o a medidas administrativas o policiales. Garantías éstas, que en los casos de estados de excepción tampoco pueden ser restringidas, en razón de que son un elemento esencial del derecho al debido proceso, que como derecho intangible no puede ser suspendido en los supuestos de estados de excepción, conforme lo pauta el artículo 338, de la vigente Constitución.

 

3.- La abogacía como hecho social o expresión de la libertad económica

 

El ejercicio de la abogacía, como actividad profesional,  es un hecho social, que como derecho al trabajo debe ser protegido por el Estado, por lo que el funcionamiento anormal, esporádico, intermitente o la suspensión de las instituciones del Sistema de Justicia, principalmente, de los tribunales y órganos auxiliares, como notarias, registros o procuradurías, son lesiones que afectan el derecho al trabajo de los abogados, y, por ende, una violación del artículos 89 constitucional, o en su defecto del artículo 112, que garantiza a alas personas el derecho a dedicarse a la actividad lucrativa de su preferencia; asimismo el ejercicio de la abogacía es parte del derecho a la libre iniciativa, cuyas limitaciones por razones de interés social, como lo atinente a la seguridad social, no pueden afectar en su esencia como derecho al trabajo.

 

4.- Violación del derecho al trabajo y a la libertad económica

 

Por tanto, el Bloque Constitucional de Venezuela considera lesivo a las precitados derechos y principios que durante el estado de alarma (excepción) por el COVID-19 las garantías del debido proceso y tutela judicial efectiva hayan resultado suspendidas en los hechos, en razón de que el funcionamiento del Poder Judicial prácticamente ha sido interrumpido por la falta de previsión de medios y de recursos técnicos que permitan el ejercicio de la abogacía para el trámite de los procesos judiciales de todo asunto, no solamente de amparos o de causas penales, observando las medidas que se dicten para asegurar la distancia social en protección de la salud de jueces, funcionarios judiciales, abogados y demás funcionarios y personas interesadas en los procesos. Ello a pesar de la obligación del Estado, y, especialmente, del Tribunal Supremo de Justicia, de procurar que los entes que componen dicho Sistema mantengan portales electrónicos e instrumentos de comunicación que aseguren a toda persona el ejercicio del debido proceso y la tutela judicial efectiva, principalmente, a quienes se encuentren situación de vulnerabilidad, como se lo impone la Ley del Sistema de Justicia.

 

5.- Rechazo a la violencia contra abogados y otros

 

Por otra parte, el Bloque Constitucional de Venezuela rechaza el uso de fuerza desproporcionada de que han sido objeto abogados como, por ejemplo, el de la violencia brutal ejercida contra Eva Leal en Barquisimeto, estado Lara, así como defensores de derechos humanos, líderes sociales, miembros de la oposición, profesionales de la medicina, trabajadores de la salud y periodistas, en el ejercicio legítimo de sus derechos, durante el estado de excepción. Todo lo cual constituye atentados contra la integridad personal, la libertad de expresión, la libertad personal y la libre circulación.

 

6.- Apoyo a gremios de abogados

 

El Bloque Constitucional de Venezuela manifiesta su apoyo a los llamados de la Federación de Colegios de Abogados y de los Colegios de Abogados para la aplicación de medidas urgentes que faciliten el restablecimiento de la actividad judicial en el país y la de elaboración un plan de acción que garantice su derecho al trabajo profesional, con la previsión de las medidas sanitarias correspondientes, lo cual es responsabilidad del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud del exhorto que se le formula en los decretos de estados de excepción para que adopte previsiones que regulen sus efectos en el funcionamiento del Poder Judicial y sobre los procesos judiciales, que no son sólo la suspensión de los plazos procesales, la no habilitación de los días de despacho, salvo para los procesos penales y de amparo, y turnos guardia para estos procesos, como hasta ahora lo ha acordado dicho Tribunal.

 

6.- Responsabilidad patrimonial del Estado

 

Por todo lo anterior, el Bloque Constitucional de Venezuela cumple con observar que el Estado compromete su responsabilidad patrimonial, por daños causados por imprevisión de normativa sobre garantía del debido proceso y tutela judicial, durante el estado de excepción.

 

Emplazamiento final

 

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, el Bloque Constitucional de Venezuela reclama para que asegurar las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso a todos los ciudadanos, así como el derecho al ejercicio de la abogacía como parte del Sistema de Justicia, entre otras, las siguientes medidas:

 

*Reglas de continuidad en actuaciones judiciales por medios virtuales que lo permitan.

*Un marco normativo de los procesos telemáticos que garanticen el acceso a la justicia, conforme el subsistema de informática forense a que se refiere la Ley de Infogobierno.

*La disposición por los tribunales de medios técnicos y de salas de audiencias virtuales.

*El acceso público a los medios informáticos judiciales.

*Un orden preferente de decisiones judiciales post-estado de excepción.

*Habilitación de registros y notarias para actos necesarios para actuaciones judiciales.

*La habilitación de las vacaciones post-estado de excepción para todas las actuaciones judiciales.

 

 

 

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