“Mi mayor preocupación es que no hay condiciones para el retorno de venezolanos” – Eduardo Trujillo

Desde hace un año, Eduardo Trujillo Ariza dirige el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB). Abogado, egresado de la UCAB, se ha dedicado al estudio del fenómeno migratorio venezolano y se ha convertido en una referencia nacional y regional en el tema de los derechos de los migrantes y refugiados.

―¿Cuál es el término más preciso para referirse a la situación de los venezolanos que abandonan el país en la actualidad?

La población venezolana está, desde un punto de vista genérico, en una situación de movilidad humana. A ese proceso de movilidad humana se le ha llamado diáspora o éxodo, y esos son conceptos que tienen términos sociológicos, pero realmente, desde el punto de vista del Derecho Internacional, a esa población se le tiene que llamar población migrante o población refugiada. Es importante precisar que lo que realmente está ocurriendo en Venezuela es una migración forzada, porque hay una serie de causas que están forzando a la población a marcharse al extranjero. Esa migración forzada se da por las siguientes causas: la grave crisis económica en la que se encuentra el país, más de 65%, yo diría 70% u 80% de la población, no tiene la capacidad de tener ingresos suficientes para sufragar sus costos diarios de vida. Eso es una motivación directa para irse; falta de acceso a los alimentos, pues hay una población que no tiene posibilidad de acceder a los alimentos que desee sino a los que le llegan con las cajas del CLAP, y eso es un mecanismo de control social. La falta de acceso a medicinas es otra causa: una gran cantidad de enfermos crónicos no tiene la posibilidad de hacerse sus tratamientos aquí en Venezuela, o si necesitan un antibiótico existe una alta probabilidad de que no lo consigan y si lo consiguen no lo pueden pagar. La desincentivación del aparato productivo nacional y la crisis económica ha forzado a muchos laboratorios que trabajaban en Venezuela a no producir muchos medicamentos en el país y eso ha generado condiciones muy terribles para enfermos crónicos y personas que tengan cualquier tipo de patología. Ahora, para acceder a seguros médicos de calidad que den protección hay que pagarlos en divisas y ese es un costo que la mayoría de la población, sencillamente, no puede asumir. La razón para huir, por falta de medicamentos o de atención médica, es una motivación válida, y más que suficiente que ha motivado a gran cantidad de venezolanos. La inseguridad personal por los niveles de delincuencia que existen en el país; persecución política y falta de libertad de expresión en menos medida, pero sí existe, por ejemplo si participan en marchas o protestas pueden ser intimidados, perseguidos y esa es una causa para migrar forzadamente.

―¿Cuál es la diferencia entre un migrante y un refugiado?

―Un migrante es una persona que realiza un desplazamiento interno en el país o hacia el extranjero, pero que obedece a causas medidas y calculadas como estudios, como que se enamoró de alguien fuera, que se consiguió un trabajo en el extranjero, pero es un proceso previo de organización. Cumplen con todos los requisitos que impone el Estado que los va a recibir: visa, pasaporte vigente, etcétera. En cambio, la noción de refugiado es distinta. Un refugiado, según la Convención de Naciones Unidas de 1951, es aquella persona que huye por un temor fundado de que se ponga en riesgo su integridad física en el territorio en el que se encuentra y por eso se desplaza hacia otro territorio. Esa definición luego fue ampliada en la Declaración de Cartagena que en buena medida no solo circunscribe el temor fundado en un conflicto armado, sino que la extiende a otro tipo de causas como: deterioro económico, imposibilidad de acceder a medicamentos.. es mucho más laxa la interpretación. El refugiado tiene una particularidad de que es refugiado desde el mismo momento en que se desplaza, lo que pasa es que cuando llega al país de acogida solicita la condición de refugiado y ese Estado inicia un procedimiento administrativo para reconocer o no esa condición, y puede decir si la reconoce o no. Pero eso no implica que la persona no tenga el derecho a llamarse refugiado y tampoco implica que el Estado no deba darle la protección internacional. Entonces, en materia de refugio y de migración forzada opera un principio que se llama el Principio de No Devolución porque si devuelven a la persona que está alegando que tiene condiciones de refugiado puede que ese Estado lo esté condenando a la muerte. Algunos de los venezolanos que están migrando de manera forzada califican solo como migrantes, pero la gran mayoría califica como refugiados.

―Sin embargo, el gran problema que están teniendo que es que muchos Estados no los consideran como refugiados, pese a la solidaridad que han manifestado con la migración venezolana

―Una de las cosas que hemos alegado desde el Centro de Derechos Humanos de la UCAB es tratar de unificar políticas y prácticas de los Estados de acogida para dar verdadera protección a los migrantes venezolanos. Medidas como: la solicitud de visado hechas últimamente por Perú y Chile no ayudan a la crisis migratoria venezolana ni a dar protección internacional. Las cifras actuales de Acnur son 4 millones de personas que han salido de Venezuela y hay una estimación según la cual, para diciembre, podríamos estar en 5 millones de personas. Y esa cifra va a seguir creciendo en tanto y en cuanto no haya una mejoría de la situación en Venezuela. No tengo duda de que hay un porcentaje importante de personas que están en estado de movilidad que en el caso de haber un cambio político y una muestra de mejora del país van a retornar; sin embargo, ese retorno no va a ser rápido ni inmediato en todos los casos, con lo cual los Estados de acogida tienen que continuar preparándose para recibir venezolanos.

―No obstante, en 2018 se firmó la Declaración de Quito en la que los Estados se comprometieron en varios puntos a facilitar los trámites para los migrantes venezolanos, pero en los hechos no solo no lo han cumplido sino que más bien han endurecido las exigencias…

―Más bien se han subvertido con las solicitudes de visado de Chile y de Perú.

―¿Por qué cree que se ha subvertido, qué ha pasado?

―No lo sé, pero deberíamos abogar porque, efectivamente, se les de protección internacional. A esos países les ha sucedido que en sus sociedades y agendas políticas se han generado presiones en los gobiernos, sobre todo donde le han achacado a la migración venezolana parte de los males que tienen esas sociedades. Allí nacen expresiones de xenofobia que tienen que ser combatidas. Lamentablemente, en el caso peruano, lo que ocurrió fue que el presidente Vizcarra cedió a las presiones del grupo político que les achacaba los males de la delincuencia a los venezolanos.

Tengo la certeza de que más de uno de esos migrantes forzados quizás sea delincuente y debe ser combatido con las leyes del Estado de acogida, debe ser reducido y ser puesto en la cárcel en función del principio de legalidad, pero de allí a endilgarle que el empeoramiento de la situación de delincuencia se debe, exclusivamente, a los venezolanos pues es ver con miopía la crisis. Han cedido a las presiones y por eso han impuesto estas restricciones, restricciones que deberían ser derribadas porque, además, la crisis pareciera que no va a terminar pronto, así que vamos a seguir habiendo un flujo.

―De ser así ¿hacia dónde deberían ir las acciones de los países que han incumplido los acuerdos y ante la dimensión de la migración?

―Deben ir a la reversión de las medidas que imponen restricciones y a aceptar los pactos que han suscrito en el marco del Derecho Internacional y dar protección internacional. Hay una cosa que siempre digo: los hechos se imponen al Derecho. Ellos podrán imponer medidas restrictivas ahora, y las tendrán hasta que ellos decidan tenerlas; sin embargo, en el plano de los hechos, los venezolanos que están en el plano de movilidad van a seguir consiguiendo espacios para penetrar esos territorios. Entonces, salvo que construyas un muro como pretenden hacer Estados Unidos que creo que tampoco lo van a construir porque financieramente no es viable, el flujo no se va a detener. Lo que estás es, de alguna manera, incrementando las condiciones de vulnerabilidad de esa población.

―La Declaración de Quito no habla de refugiados…

No, no habla de refugiados. Desde la sociedad civil regional se ha creado una presión importante. Hay un documento que se llama el Plan de Acción de la Sociedad Civil para el Proceso de Movilidad Humana de Venezolanos, que nosotros suscribimos junto a más de 50 organizaciones a nivel regional. Hay una página web que se llama Grupo de Movilidad Humana Venezolana y está el Plan de Acción que nosotros elaboramos con recomendaciones a los Estados. Es un plan de acción que tiene 140 recomendaciones y es bastante prolijo, capaz no asumen las 140 pero si 30, 40 o 50.

―¿Qué pueden hacer los países para evitar ese conflicto interno que se les ha creado por esa migración masiva de venezolanos? Porque también una de las cosas que ellos echaron para atrás, además de las presiones todas, es que es demasiada gente que entra en un solo día. ¿Qué pueden hacer para no vulnerar los derechos de la población migrante pero también para proteger a sus ciudadanos?

Todos esos países que están acogiendo a venezolanos suscribieron obligaciones internacionales, en materia de migración y refugio, que los obligan a dar protección internacional ¿Qué deberían hacer? Aplicar loa tratados. Si no tiene capacidad económica para aplicar los tratados pidan cooperación internacional. Las agencias de Naciones Unidas y otros países con más recursos, tienen la capacidad de dar recursos financieros y la asistencia técnica para asistir a esa población. Eso es lo que pueden hacer con la población migrante de refugiados. ¿Qué es lo que deberían hacer? Atacar las causas ¿Cuáles son las causas de la migración?: la inestabilidad política en Venezuela.  Abogar, de manera contundente, con medidas contundentes, que permitan que haya una conversación que permita que el país se estabilice y que esa población, no toda, pero sí su mayoría pueda regresar.

―¿Cuáles serían algunas de ellas?

Una es no emitir solicitudes de visado para que la población pueda estar legalmente en el territorio; combatir los delitos trasnacionales asociados a la migración, como puede ser la trata de personas, la prostitución forzada, la esclavitud sexual y el trabajo por alimentos, así como también tratar de establecer campañas que eviten la xenofobia. Creo que son tres ejes fundamentales que están descritos en el Plan de Acción.

―¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades a las que se ven sometidos los migrantes venezolanos actualmente?

―En principio, la imposibilidad de acceder a trabajos que le puedan dar una remuneración adecuada. Pero también hay un ciclo de vulnerabilidades, pues en el caso venezolano muchas veces se va el hombre primero para intentar trabajar, enviar dinero a Venezuela y que el núcleo familiar luego se pueda ir. Usualmente la segunda persona que se va es la esposa y dejan a los niños en Venezuela con los abuelos. Después se llevan a los niños y dejan a los abuelos solos. En toda esa dinámica hay vulnerabilidades a las que someten los padres que está afuera, los niños que se quedan y los abuelos que luego se quedan solos también.

También hemos visto niños migrantes no acompañados. Hay niñez migrante que está en proceso de movilidad y que no está acompañada por adultos. En Colombia se está dando un fenómeno que es la apatridia. El apátrida es aquella persona que no tiene ninguna nacionalidad; hay entidades de salud pública en Venezuela que no están emitiendo el certificado de nacimiento de nacidos vivos, entonces cuando la madre se traslada a Colombia allá tampoco tiene dónde pueda emitírsele un certificado de nacimiento a su bebé, o, peor aún, si quedó embarazada en Venezuela y tiene al bebé en Colombia donde las leyes dicen que la persona no es nacional por haber nacido en ese territorio, sino solo si desciende de un colombiano, es lo que en Derecho se llama el Ius sanguinis, aquí en Venezuela utilizamos el Ius soli: si naces en Venezuela eres venezolano por nacimiento. Entonces, esos niños nacidos en Colombia de madres y padres venezolanos no tienen documentos venezolanos pero tampoco tiene los documentos colombianos, por lo que tienen un riesgo importante de apatridia, eso los primeros meses no lo ves, el primer año no lo ves, pero en lo que ese niño necesite acceder al sistema educativo cómo lo van a inscribir, cómo lo identifican, sencillamente no pueden. Esas son algunas de las vulnerabilidades.

―Recientemente Juan Guaidó anunció un plan con el que invita a los profesionales venezolanos a volver al país para participar de la Venezuela del futuro. Pero si todavía no hay una transición política, ¿esa invitación funciona?

Lo que pasa es que él es un actor político que se debilitó luego del 30 de abril de una manera importante, a mi parecer, y como buen actor político tiene que vender esperanza, pero lo cierto es que hasta que en el país no haya un acuerdo de convivencia entre las partes en conflicto esos llamados son solo llamados de esperanza que no pueden ser materializados.

―¿Qué garantías debería ofrecer un gobierno de transición para los profesionales o para cualquier venezolano que quiera regresar al país?

―Primero que no haya persecución por expresar tus ideas; que haya una separación de poderes para que funcione la institucionalidad; que la política económica sea lo suficientemente razonable para que todos en nuestra actividad económica podamos generar ingresos y vivir dignamente. Eso sería lo que habría que ofrecer, lo que pasa es que aterrizarlo es complicado.

―¿Está de acuerdo con la manera en que se ha manejado el tema de la ayuda humanitaria en los países de acogida?

―Hicimos observaciones al inicio, cuando se levantaron los campamentos en Roraima, sobre la militarización de la asistencia humanitaria a las etnias pemones y también a todos los que se desplazaban hacia el sur. Sin embargo, en Brasil es donde mejor están funcionando estos campamentos. Brasil y Colombia son el tránsito al extranjero, allí es donde se ven las dinámicas más duras en cuanto al proceso migratorio. Brasil, como tiene un flujo menor de migrantes, ha logrado sortearlo de una mejor manera más allá de que ha tenido sus baches con este tema de la militarización, protestas que hubo en Pacaraima, en su momento, y Colombia me parece que necesitan muchos recursos financieros para seguir colaborando con la población.

―¿Esos recursos para mantener los campamentos?

―Para mantener los campamentos y para que pueda haber una reabsorción de la población. En Colombia lo que sucede es que los migrantes no están aislados en campamentos, sino que existe una inserción directa en la sociedad, con mayor o menor suerte. Una de las cosas que ha hecho Colombia es que ha puesto oídos sordos y ojos ciegos al trabajo informal, y eso le ha servido a Colombia para tratar de bajar la presión social que puede imponer la gran cantidad de migrantes venezolanos.

―¿Qué pueden hacer los países para evitar el conflicto interno que se les ha creado por esa migración masiva de venezolanos?

Esos países que están acogiendo a venezolanos suscribieron obligaciones internacionales en materia de migración y refugio que los obligan a dar protección internacional. ¿Qué deberían hacer? Aplicar los tratados. Si no tienen capacidad económica para aplicar los tratados pidan cooperación internacional. Las agencias de Naciones Unidas y otros países tienen la capacidad de dar recursos financieros y asistencia técnica para asistir a esa población. Eso es lo que pueden hacer con la población migrante de refugiados. ¿Y qué es lo que deberían hacer? Atacar las causas. ¿Cuáles son las causas de la migración?: la inestabilidad política y económica en Venezuela.  Entonces, deben abogar, de manera contundente, con medidas contundentes, para que haya una conversación que permita que el país se estabilice y que esa población, no toda, pero sí la mayoría, pueda regresar.

―Cuando comenzaron a estudiar el fenómeno migratorio venezolano en el Centro de DDHH de la UCAB ¿imaginaron que el problema podría llegar a estas proporciones?

―Cuando cambiamos el suitche en la línea de investigación —antes el Centro colaboraba con las políticas de protección a migrantes y en refugio se atendía a población refugiada colombiana desplazada por el conflicto armado hasta que dejaron de venir colombianos a Caracas— sabíamos que era un problema grande. Yo, personalmente, no imaginé que en diciembre podríamos estar hablando de 5.000.000 de personas. Hace un año no habíamos llegado a los tres millones, estábamos en 2.100.000.

―¿Cuál es su mayor preocupación en cuanto a los migrantes venezolanos? ―Que no se ven condiciones en el país para que pueda haber un retorno de venezolanos, lo que quiere decir que esta población va a seguir en condiciones de vulnerabilidad en el extranjero y, muy lentamente, podrá diseminarse en los países de acogida e insertarse en esas sociedades pero muy lentamente y quizás con un costo altísimo para algunos de ellos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll Up