(ARTS. 46 y 47 LOMP y 21 LOA)

 Son aquellos o aquellas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones penales y civiles derivadas de la comisión de hechos punibles de carácter ambiental, y las demás atribuciones que les confieren las leyes, relacionadas con la materia, cuyas competencias son:

    1. Ejercer las atribuciones que esta ley y el Código Orgánico Procesal Penal establecen para los o las fiscales del Ministerio Público de proceso, cuando se esté en presencia de presuntos hechos punibles que afecten el ambiente.
    2. Ejercer la acción civil derivada de los delitos ambientales, de conformidad con las leyes.
    3. Dirigir o realizar, según el caso, las investigaciones penales ambientales y las diligencias efectuadas por los órganos policiales competentes; supervisar la legalidad de las actividades correspondientes y disponer todo lo referente a la adquisición y conservación de los elementos de convicción.
    4. Solicitar ante el órgano jurisdiccional competente las medidas precautelativas necesarias para eliminar un peligro, interrumpir la producción de daños al ambiente o a las personas, o evitar las consecuencias degradantes del hecho que se investiga.
    5. Realizar, conforme a la ley y reglamentos correspondientes, servicios de guardería ambiental.
    6. Las demás que les sean atribuidas por las leyes.
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