Negociaciones promovidas por Noruega deben cumplir la ruta señalada por el Estatuto de Transición

En cuanto al proceso de negociaciones políticas promovidas por el Reino de Noruega, con el respaldo de la Unión Europea y el Grupo de Lima, con miras al cese de la usurpación y la celebración de una elección libre y justa para elegir a un nuevo presidente de la República que culmine el actual período constitucional, y ante el hecho de que voceros del gobierno de facto que encarna Nicolás Maduro han señalado que la única elección planteada es la de la Asamblea Nacional, el Bloque Constitucional de Venezuela comparte la exhortación de la CXII Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal de Venezuela del 11 de julio de 2019 en la cual establece que estamos “ante la realidad de un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, una vuelta a la Constitución”.

Señala la CEV en su declaración que: “Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente de la República. Para que sea realmente libre y responda a la voluntad del pueblo soberano, dicha elección postula algunas condiciones indispensables tales como: un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial, la actualización del registro electoral, el voto de los venezolanos en el exterior y una supervisión de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, entre otras; igualmente el cese de la Asamblea Nacional Constituyente”.

Además, ante este proceso de negociación el Bloque Constitucional de Venezuela alienta al presidente (E) Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional a no transigir el cabal cumplimiento de cada una de las fases progresivas que conforman la hoja de ruta establecida en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia: cese de la usurpación, luego conformación de un gobierno provisional de unidad nacional, y, finalmente, elecciones libres y justas, las cuales fueron establecidas con la única finalidad de brindar certeza jurídica al proceso de transición a la democracia.

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