13 julio, 2020

No atender las acciones de amparo en tiempos de pandemia es otra forma de violar el derecho al acceso a la justicia

En Venezuela el acceso a la justicia es un derecho constitucional que tiene el ciudadano conforme al artículo 26 que postula: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses (…) y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”.

La tutela judicial efectiva debería ser el norte de la actuación de todo juez en el país; sin embargo, vale preguntarse cuál es la dimensión actual de esa tutela judicial si cuando aún no había sido decretada la pandemia del COVID-19 ni se habían ordenado las medidas para prevenirlo el Estado de Derecho en Venezuela era prácticamente un cascarón vacío, que fue dando forma a un deplorable sistema de corrupción desde el primer escalón que pisa un ciudadano hasta las más “altas” esferas. Recientemente, una noticia de Colombia nos daba cuenta que una juez resolvió una acción de amparo interpuesta en 24 horas. Ello nos lleva a preguntarnos si, mientras no hacen nada, los jueces de nuestro país pudieran pensar en las maneras en que los ciudadanos pudieran recobrar un poco las esperanzas y abocarse a atender sus asuntos judiciales.

En virtud de las medidas dictadas para combatir el contagio de COVID-19, quienes despachan desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia han ordenado en sus repetitivas resoluciones, adoptadas inmediatamente después de las prórrogas de estado de alarma, que ni las audiencias del proceso penal se suspenden ni las acciones de amparo tampoco. Pues bien, ello en la práctica tampoco ocurre; no obstante que los jueces no muestran atención alguna por las acciones de amparo. Aun así los ciudadanos deben insistir en ejercer sus derechos porque todos los atropellos deben documentarse y esta es la mejor manera de descubrir si todavía quedan jueces capaces de atender el llamado de la Constitución.

One comment
  1. Abog. JOSE ESQUEDA

    Es lamentable como personas que se dicen ser beneméritos jueces, fiscales, magistrados, profesores entre otros, (PERO, DE DONDE), que usen cualquier medio para desinformar y crear incertidumbre en la sociedad, se autonombra defensores de la constitucionalidad, pero es que uno de los derechos constitucionales de los venezolanos y venezolanos es el derecho a la información veraz, y es precisamente este derecho el que estos autonombrados vulneran cuando dejan circular desinformaciones como la que antecede, pues resulta que la imagen que colocan con un SIN DESPACHO, previo a los comentarios que reproducen, es de la entrada del Palacio de Justicia, Palacio que quizás muchos de ellos, si es que es cierto que sean beneméritos jueces, magistrados, fiscales, defensores entre otros, visitaron. Pero no mencionan estos seudos, que la otra entrada se encuentra abierta y por allí han tenido acceso todos los Abogados que hemos acudido a las actividades en ejercicio de nuestra profesión, y que aun en tiempo de pandemia se han dispuesto y acondicionado espacios para realizar las diferentes audiencias, tanto de presentación como preliminar, de apertura de juicio y de juicio propiamente dicho.

    Pero como se sabe el fin de publicar una información sin veracidad es desinformar para generar incertidumbre, preocupación, descontento en la sociedad, atribuyendo este hecho a cualquier factor político o gubernamental.

    ES POR ESO QUE LOS FINES DE ESTAS PERSONAS NO PUEDEN SER:
    1. Trabajar por el restablecimiento de la institucionalidad democrática del Estado de derecho. Si no se cumple el pacto constitucional no hay justicia y sin ésta no hay Estado, no hay República.
    2. Rescatar el principio de la independencia de los poderes públicos, principalmente del Poder Judicial.
    3. Destacar la importancia que tiene la Fuerza Armada Nacional de estar sujeta a la supremacía de la Constitución y de la obligación de comportarse como institución esencialmente profesional, apartidista, no deliberante y obediente a los principios y valores constitucionales y de que en el cumplimiento de sus funciones esté solo al servicio exclusivo de la Nación.
    4. Denunciar los actos hostiles que amenacen u obstaculicen el ejercicio democrático del poder del Estado.
    5. Proponer la reorganización y reestructuración del sistema de justicia y la despolitización de los tribunales, del ministerio público, entre otras instituciones que integran el sistema de justicia, la renovación del poder electoral, del poder ciudadano y velar por la correcta elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

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