12 octubre, 2020

“No existe un derecho humano a la reelección indefinida”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cerró la etapa de audiencia pública de la solicitud de opinión consultiva sobre la figura de la reelección presidencial indefinida presentada por Colombia en octubre de 2019.

 

Fueron tres audiencias públicas programadas que contaron con la participación de 53 delegaciones, entre personas naturales, organizaciones de derechos humanos, Estados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual permitió conocer el punto de vista de diversos actores.

 

Por Venezuela, uno de los participantes fue el Bloque Constitucional, representado por la ex magistrada Cecilia Sosa Gómez, quien junto con Román Duque Corredor y Alejandro González Valenzuela preparó la argumentación que formó parte de la consulta al considerar que éste un tema trascendental no sólo para la democracia en la región y los derechos humanos, sino también especialmente sensible para los demócratas venezolanos que hemos padecido la reelección presidencial indefinida durante largo tiempo en detrimento de nuestra democracia y del principio de gobierno alternativo consagrado en nuestra Constitución.

 

A continuación los argumentos presentados por el Bloque Constitucional a partir de lo planteado por Colombia al preguntar a la Corte IDH si la aspiración de un presidente de la República a ser reelegido de manera indefinida constituye o no un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos supranacionales.

 

  1. Debe atenderse que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos por cuanto declararlo así generaría automáticamente un deber correlativo de los Estados y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de proteger y garantizar la pretensión reeleccionista sine die de un incumbente (presidente en ejercicio).
  2. Si esta Corte interpretara que la reelección presidencial indefinida es un derecho humano implicaría aceptar el carácter universal de tal derecho, en razón de lo cual todos los Estados del Sistema (no sólo el Estado que consulta) tendrían el deber de garantizarlo y, en ningún caso, cabría invocar diferencias de regímenes políticos, sociales o culturales como pretexto para desconocerlos o menoscabarlos.
  3. Asimismo, en el supuesto de que la Corte interprete que la reelección presidencial indefinida es un derecho humano quedaría, inmediata y definitivamente integrado a la categoría de derechos irrevocables, esto es, aquellos cuya vigencia no puede ser revertida; en tal sentido, al ser reconocido como tal ningún Estado podría desconocerlo o eliminarlo.
  4. En el caso de que llegase a determinarse la supuesta condición de derecho humano de la reelección presidencial indefinida su protección al menos tendría que quedar bajo un régimen especial, caracterizado por la posibilidad perenne de ampliación y nunca de restricción del derecho al integrarse la regulación internacional entre sí y con la de cada país.
  5. Calificar la reelección indefinida como un derecho humano implicaría la desvalorización del derecho al sufragio activo y el cambio de las elecciones presidenciales en virtuales plebiscitos sobre la obra de gobierno del incumbente.

 

Por tanto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho de los ciudadanos a ser elegidos, y no un supuesto derecho a ser reelegidos de quienes ejercen cargos de elección popular.

 

Por su parte, la reelección presidencial (indefinida) refiere a una situación jurídica muy distinta a la del derecho al sufragio pasivo, pues, más allá de la condición ciudadana del aspirante a la reelección, su presupuesto fundamental es su status de incumbente que, como tal, aspira a prolongar su situación jurídica de poder, menoscabando la posibilidad a otras opciones políticas democráticas para sucederlo en el mismo.

 

En tal perspectiva, una interpretación de esta Corte homologando la situación jurídica de los ciudadanos que aspiran a la Presidencia de la República con la de los incumbentes implicaría crear un derecho inherente a una categoría específica de personas, los detentadores del poder, cuya inviolabilidad debería ser respetada y garantizada siempre, lo cual contrariaría el espíritu de la Carta Democrática Interamericana.

 

El Principio del gobierno alternativo impide la posibilidad de reelección indefinida

 

De reconocerse la posibilidad de reelección indefinida como un derecho humano se estaría  desnaturalizando el Principio de un gobierno alternativo y, en cierta forma, validando la instauración de gobiernos con tendencia a la autocracia.

 

Por ello, el Principio de un gobierno alternativo es un mecanismo de control social y moral que obliga a los agentes  políticos a  atenerse al tiempo establecido, a propiciar la sucesión  y  a  aceptar el inmediato escrutinio público de su gestión (principio de responsabilidad). Por tanto, la no-reelección no implica restringir derechos políticos –ni al pueblo ni a una persona– sino más bien una ampliación crucial: brinda un mayor derecho a ser libres y conscientes de nosotros mismos.

 

Cualquier cambio constitucional en un Estado dirigido a propiciar la permanencia de un gobernante en el poder mediante la reelección presidencial indefinida representaría, en primer lugar, una grosera violación de las obligaciones que ese Estado tiene en materia de respeto y garantía de los DDHH. En concreto, comportaría tal modificación un principio de aseguramiento de su reelección indefinida, una violación del derecho al sufragio activo de los electores, una violación al derecho a la igualdad y al sufragio pasivo de los ciudadanos aspirantes a la primera magistratura.

 

Asimismo, una modificación del ordenamiento constitucional para asegurar la reelección indefinida de los detentadores del poder, supone una mutación fraudulenta de la ley fundamental en beneficio de quien detenta el poder.

 

De tal manera que cualquier modificación al ordenamiento interno dirigida a asegurar la permanencia en el poder de un incumbente es violatoria del derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, por cuanto, un detentador del poder siempre tendrá interés en modificar el orden constitucional en atención a su interés particular de mantenerse en el poder, y no al interés general, afectando con ello el derecho de los demás ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos.

 

CONCLUSIONES

 

1.- Es fundamental distinguir entre derecho a elegir (derecho al sufragio pasivo); situación jurídica o prerrogativa de reelección simple (con o sin intermisión); y reelección indefinida, por cuanto se trata de tres situaciones absolutamente distintas desde una perspectiva jurídica.

 

2.- No existe un derecho humano a la reelección indefinida ni siquiera como modalidad del derecho político a ser elegido (derecho al sufragio pasivo). Asimismo, habría que reconocer su carácter irrevocable, y la cláusula del derecho más favorable. De aceptarse la existencia de un derecho a la reelección presidencial indefinida habría que aceptar que su bien jurídico protegido sería un virtual derecho de los incumbentes a ser elegidos sine die.

 

3.- De reconocerse un supuesto derecho de los incumbentes a postularse indefinidamente a la Presidencia de la República se estaría instituyendo una manifiesta desigualdad respecto de los restantes aspirantes por cuanto los electores sólo podrían valorar sus promesas electorales y su currículo político, en cambio, en relación al incumbente pueden ponderar, además, su obra de gobierno (buena o mala) que será sobreexpuesta y sobrevalorada, lo que comporta de suyo consagrar una desigualdad ante la ley en materia de sufragio pasivo.

 

4.- El ejercicio del gobierno sin límites temporales tiende a institucionalizar un régimen personalista, autocrático, asociado, usualmente, a la consolidación de un liderazgo carismático que irá adquiriendo preeminencia en detrimento del principio de separación de poderes, adquiriendo fuerza institucional, como virtual fuente de legitimación de los poderes públicos, con lo que comenzaría a delinearse solapadamente un nuevo sistema político manifiestamente incompatible con la democracia representativa.

 

Muchas gracias por su atención.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll Up