1 septiembre, 2020

Noemí Andrade: «La justicia en Venezuela está suspendida»

Después de haber transitado 23 años en el Tribunal Supremo Justicia, de los cuales 16 fue Secretaria del Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa, Noemí Andrade analiza las consecuencias de la paralización del sistema de justicia en Venezuela en el contexto del decreto de estado de alarma por el COVID-19. Además, ahora dedicada al libre ejercicio como litigante en el área contencioso administrativo, civil, propiedad intelectual y laboral habla de lo que ha significado esta suspensión para el gremio

⎯Desde que se ordenó el estado de alarma el TSJ emitió una resolución que señala que la actividad judicial queda en funcionamiento sólo para casos de extrema urgencia; sin embargo, no define cuáles son esos casos, lo dejó a criterio de cada Circuito Judicial. En ese sentido, ¿cómo ha afectado eso la actividad del litigante?

⎯Sí, desde marzo el TSJ ha dictado cuatro resoluciones en los mismos términos y decreta que ningún tribunal de la República trabajará en ese período, quedando las causas suspendidas con algunas excepciones, pero en general impidiendo el acceso a la justicia a quienes lo necesitan, así como el trabajo de los abogados que dependen de la actividad para subsistir. Algunos tribunales de municipio están trabajando de manera discrecional algunas cosas, pero en general las causas están suspendidas, literalmente en Venezuela la justicia está paralizada, está suspendida y muy limitada. El abogado litigante actualmente no tiene trabajo, no nos dejan entrar a las instalaciones donde llevamos nuestras causas, no hay forma ni manera de activarlas, no se puede presentar alguna actuación procesal. Hay abogados que están pasando verdaderas penurias, hasta vendiendo cualquier cosa en las colas de la gasolina. Esa medida le quitó el sustento a muchos, a la gran mayoría. 

Los abogados litigantes aclaman la reactivación de la justicia porque no puede estar paralizar de manera indefinida. Se introdujo una acción de amparo constitucional contra la paralización del sistema de justicia precisamente por las violaciones de los derechos laborales y el acceso a la justicia que la Sala Constitucional declaró inadmisible el 20 de agosto argumentando que la resolución está fundamentada en la emergencia nacional por el COVID-19.

⎯¿Cómo decirle a un defendido que su causa debe esperar a después de la pandemia? Puede mencionar, a manera de  ejemplo, algunos de los casos más afectados por esta decisión?

⎯Cuando un cliente acude a un abogado es porque tiene un problema y tiene expectativas de que su caso se resolverá en un determinado tiempo; nosotros les damos una proyección partiendo de los tiempos que da la ley y de las etapas procesales, teniendo en cuenta además las demoras del sistema de justicia, por ejemplo, en mi área que es contencioso administrativo el estimado de una causa es de un año o año y medio; ahora con esta paralización han transcurrido 5 meses nulos, no se sabe cuándo podremos retomar las causas, por supuesto eso afecta al cliente, económica y personalmente.

Por ejemplo, la materia laboral es de las más afectadas, porque suelen ser trabajadores que dependen de la causa para definir su situación. Casos de personas mayores, de bajos recursos, a la espera de que los jueces decidan sobre sus causas y les paguen aunque sea sus prestaciones sociales o indemnizaciones, son personas que en su mayoría tienen condiciones de salud, por lo que en estos momentos ese dinero para ellos es imprescindible para su sustento y con la paralización se les está depreciando.

⎯Conoce cómo está afectando esta situación el área penal?

⎯Tengo entendido que están trabajando los tribunales de control con sistema de guardias, claro, nada garantiza la celeridad procesal y otros derechos como la vida y la salud, además ya había problemas graves de retraso procesal.

⎯Teniendo en cuenta la realidad del sistema de justicia venezolano y los recursos con los que cuenta, ¿qué pudiera hacerse para mejorar esta paralización y hacer que pueda funcionar de alguna manera aún teniendo en cuenta de las restricciones por el COVID-19?

⎯Es notorio que el tema del coronavirus representa un desafío para el mundo y todos los países han tomado medidas para proteger a su población; en la región cada uno con sus particularidades y problemas han apostado a la era digital, teleconferencias, teleaudiencias, a los datos remoto… lo han ido desarrollando como un proyecto país, pero ¿cuál es la situación nuestra? Lamentablemente nada favorable pese a que hace dos décadas el sistema de justicia venezolano llegó a ser de los más avanzados de América Latina, con un servicio en línea con páginas web muy útiles para los usuarios, se emprendió un proyecto de modernización cuya idea fue orientada hacia la creación del expediente digital, pero en estas dos décadas ha habido tanto deterioro que el sistema de justicia en Venezuela no está preparado para trabajar de manera digital, por lo que habría que tomar acciones con carácter de urgencia como hizo Uruguay que reabrió los tribunales, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad sanitaria, limitando la cantidad de personas de guardia en las instalaciones, los horarios, etcétera. Aquí los tribunales incluso podrían atender aunque sea dos veces por semana, no necesariamente todos los días, con esa posibilidad de despacho los abogados litigantes podríamos avanzar en las causas y para el cliente es muy importante saber que por lo menos su abogado solicitó o tramitó una diligencia. En Venezuela necesariamente debe hacerse este trabajo de manera presencial, por lo menos cuando no haya cuarentena radical, porque con el panorama actual no es posible acceder a la justicia vía digital, para ello hay que hacer inversiones, un gran trabajo y se requiere mucha voluntad. Por ahora, hay que recurrir a soluciones factibles.       

No obstante, hay una resolución de la Sala de Casación Civil del TSJ para reactivar los despachos virtuales que comenzaría con un plan piloto en Aragua, Anzoátegui y Nueva Esparta aunque, no está lista, pero por lo menos ya está esa resolución. Por supuesto, habrá que tener mucho cuidado porque como es un juicio digital hay que velar que todo el proceso tenga una garantía extrema y Venezuela lamentablemente no tiene las condiciones de plataforma digital, pero por lo menos se está avanzando en algo porque hay mucha pasividad, y mientras la haya las soluciones no llegan.

⎯¿Habría posibilidades de que durante esta paralización los tribunales puedan ir adelantando el trabajo pendiente acumulado? ¿Tienen herramientas para hacerlo?

⎯Si hay una ventaja que hay que sacarle a esta lamentable tragedia que es la pandemia y la consecuente paralización de los tribunales es que los jueces deben, es más, tendrían que estar obligados a aprovechar este tiempo para disminuir el volumen de causas pendientes de decisión. Esa actividad no infringe las medidas de protección que se han impartido ni violentan ningún derecho, más bien los garantiza. Nada, justifica que no se haga. Es una labor que perfectamente puede realizar un juez desde su residencia contando con autorización y las medidas para garantizar la seguridad documental porque se va a sacar el expediente del tribunal, pero el TSJ a partir de una resolución debería impartir esa orden para garantizar los derechos procesales.

⎯¿El Bloque Constitucional podría ofrecer un servicio en los estados donde está presente para que los jueces a quienes corresponda ordenen el restablecimiento de los servicios judiciales a fin de que las personas reciban justicia?

⎯Creo que sí se pueden activar mecanismos de presión conjuntamente con los Colegios de Abogados, es importante la participación de todos, hay que ser más protagonista para buscar soluciones hasta lograr la reactivación de la administración de justicia o lo máximo que podamos en ese sentido. Creo que el momento que estamos viviendo debe servir para lograr que se una el gremio porque necesitamos a todos los actores para lograr la unidad que permita defender los derechos ciudadanos y los de nosotros como abogados, exigir las condiciones mínimas para ejercer la profesión dignamente.

⎯¿Qué tipo de derechos, tanto para los abogados como para la ciudadanía, se están vulnerando con la paralización del sistema de justicia?

⎯En primer lugar el artículo 26 de la Constitución, que se refiere a que todo ciudadano tiene derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, aun teniendo que mantener unas medidas de seguridad como en este caso, ese derecho debe ser garantizado; además, el derecho al trabajo, por eso se necesita que se reactiven los tribunales, que se garantice el acceso a la justicia, que se cumplan los principios que regulan los procesos, que se garantice la celeridad procesal, la justicia expedita, eso es lo que se necesita en Venezuela.

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