HACIA UNA NUEVA LEY ORGÁNICA DE AMPARO: EL AMPARO CONTRA SENTENCIAS

Alejandro González Valenzuela.

En el marco del Proyecto de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia, que adelanta la Fundación Alberto Adriani, se me ha invitado a trabajar un tema de gran trascendencia: Hacía una nueva Ley Orgánica de Amparo. A tal efecto, en la presente memoria, explicaré algunos aspectos que, en mi criterio, requieren ser tratados con especial énfasis en una reforma futura de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (LOASDGC).

I.- El Contexto.

El amparo constitucional, como derecho fundamental y mecanismo procesal para tutelar derechos fundamentales , se encuentra en estado de crisis al igual como ocurre con las restantes instituciones jurídicas en Venezuela. La razón es simple, la idea de un Estado Constitucional Democrático, fundado en los principios de soberanía popular y supremacía constitucional2 , nunca pudo consolidarse, debido al proceso de colonización de los poderes públicos, impulsado por la llamada “revolución” desde que llegó al poder, y más aún cuando ocurre el deslinde con los objetivos estratégicos y el proyecto político de la Constitución, iniciado a partir del año 2.006.

La colonización del Poder Público, y el deslinde la “revolución” con el proyecto político de la Constitución, tuvo su expresión concreta en el proceso de degradación de la institucionalidad democrática, que comenzó con la construcción de un nuevo sistema de justicia diferente al consagrado en la Constitución, y de manera ostensible con el poder judicial. Importa precisar que, desde la perspectiva de la “revolución”, era fundamental embridar al Poder Judicial, y, principalmente, a la jurisdicción constitucional (de la que forma parte el derecho a ser amparado y la acción de amparo), a los fines de asegurarse el desmantelamiento exitoso de la institucionalidad democrática, consagrada en la Constitución de 1.999.

En esta perspectiva, el amparo constitucional que durante el primer lustro de vigencia de la Constitución de 1.999, tuvo ciertos atisbos de desarrollo constitucional, entraría, luego, en un mar de vicisitudes que terminarían degradándolo como mecanismo jurisdiccional de tutela hasta convertirlo en la actualidad en un mecanismo absolutamente ineficaz para la tutela de derechos y garantías constitucionales.

II.- El amparo contra sentencias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 LOASDGC, procede el amparo contra sentencias cuando un órgano jurisdiccional, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. La acción debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.

En relación a esta arista, han surgido diversas interrogantes que deberán ser consideradas en una futura reforma a la LOASDGC, como por ejemplo, ¿procede el amparo contra omisiones judiciales, y en qué circunstancias? ¿siendo nulas por inconstitucionales las sentencias, puede haber caducidad para ejercer el amparo? ¿Es suficiente que una LOASDGC regule solo la dimensión procesal del amparo contra sentencias, o es necesario que establezca remedios de orden sustantivo? Entre otras muchas situaciones indeterminadas.

III.- Naturaleza del amparo.

Sobre la naturaleza del amparo, la doctrina y la jurisprudencia nacional, han sido exhaustivas. La tendencia predominante es a calificarlo como un medio extraordinario (o subsidiario), esto es, accionable sólo en la medida en que no se haya acudido a otro medio ordinario (art. 6.5 LOASDGC).

En relación a este punto, también, han surgido diversos criterior que deberán ser considerados en una futura reforma a la LOASDGC. Ciertamente, esta posición no tiene sólidos fundamentos, pues, apunta sólo a su dimensión procesal, omitiendo su dimensión sustantiva, como derecho fundamental. La tesis del carácter extraordinario del amparo, ha sido fuertemente cuestionada por cierta doctrina (Linares, Chavero, Kiriakidis), y desmentida por algunos fallos de la Sala Constitucional (Vid. sentencia No. 236 de fecha 19 de febrero de 2003, caso Polar-Regional), en este caso alegamos y demostramos que constitucionalmente es ilegitima la doctrina del carácter extraordinario del amparo, criterio que si bien está en la ley de amparo se divorcia del artículo 27 constitucional, el que por cierto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia deja de lado para preferir mantener el carácter extraordinario de esta acción.

IV.- Efectos del amparo.

Otro aspecto controvertido en el amparo, que deberá dilucidado la futura reforma a la LOASDGC, es su carácter personalísimo, esto es, si favorece sólo a quien lo ejerce, salvo que se aleguen intereses difusos o colectivos. En los juicios de amparo contra sentencia habría que ver los efectos procesales de una sentencia de amparo: ¿beneficia el amparo contra sentencia a aquellos sujetos procesales que forman parte de un litis consorcio, aun cuando no ejercieron la acción? ¿Cuál es el efecto del amparo contra sentencia en los casos de intervinientes-partes, intervinientes adhesivos con carácter de litisconsortes, e intervinientes-terceros (o adhesivos simples)?

V.- Ejecución del amparo.

Resulta indispensable para na nuvea ley de amparo, analizar los términos de ejecutabilidad de las sentencias, y por consiguiente, y excepcionalmente, su inejecutabilidad, cuestión que se ha planteado en dos casos: Sentencia del Juzgado Superior Cuarto Agrario, de Barinas, de fecha 31 de Mayo de 2.007, caso: Fundo Santa Rita; sentencia del juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del AMC, caso: Salón de Diversiones Premier .C.A. y otros.

VI.- Caducidad.

La LOASDGC establece un lapso de seis meses de caducidad para el ejercicio del amparo (art.6.4), a través de una discutible noción de consentimiento, cuando han pasado a tener el carácter de irrenunciables?. Este es un aspecto a considerar en una futura ley de amparo, por cuanto, actos jurídicos absolutamente nulos no deben adquirir validez definitiva, ni vías de hecho manifiestamente ilegítimas deben adquirir legitimidad, por efecto del transcurso del tiempo. Así lo ha establecido la Sala Constitucional, desde la sentencia líder (leading case) en la materia (Sentencia No 908, de fecha 4 de agosto de 2000, caso: Intana).

VII.- Legitimación en el amparo contra sentencias.

Resulta necesario revisar y desarrollar nuevas bases en materia de legitimación para el amparo contra sentencias:

1.- Legitimación activa de las partes afectada por el fallo.

La acción de amparo contra sentencias puede ser ejercido, prima facie, por todos aquellos sujetos que siendo parte en el juicio donde se dictó el fallo judicial, sientan que éste ha lesionado (o amenazado de lesión) sus garantías constitucionales y derechos fundamentales, por lo cual, podrán impetrar tutela jurisdiccional constitucional, según lo dispuesto en los artículos 4 y 13 de la LOASDGC.

Si ambas partes deciden ejercer esa acción adicional de amparo contra sentencia lo procedente es la acumulación de causas, situación procesal prevista en el artículo 10 de la Ley que se mantuene en vigor.

2.- Legitimación activa de los entes públicos.

En lo tocante a la legitimación activa de los órganos del poder público, cabe
hacer ciertas precisiones a partir de la opinión del profesor Rafael Chavero, para quién:

“Igualmente, consideramos que también otras personas de Derecho Público (v.g. Institutos Autónomos, Empresas del Estado, etc.) pueden verse vulneradas en sus derechos fundamentales, incluso en otros distintos a los mencionados anteriormente. En consecuencia, una decisión judicial podría atentar contra derechos garantizados por la Constitución a las entidades públicas, como podría ser una sentencia que decrete una medida ejecutiva o preventiva sobre un bien – afectado a un servicio público- propiedad de un Instituto Autónomo que goce de las mismas prerrogativas que la República, en cuyo caso se podría intentar una acción de amparo constitucional contra ese fallo, de conformidad con el artículo 4o de la Ley Orgánica de Amparo”.

Al efecto, debe advertirse que si bien los entes públicos tienen garantizada su autonomía, esta circunstancia nada tiene que ver con la legitimación para interponer amparos en general o contra sentencias en particular, por cuanto, la autonomía de los entes públicos está asegurada por una institución diferente -la garantía institucional-.

Ciertamente, las normas materiales de la Constitución tienen contenidos diversos, sin embargo, ellas son susceptibles de ser agrupadas en diversos tipos según sus diferentes afinidades. Las normas que consagran garantías institucionales, son aquellas que tienen por objeto asegurar la integridad organizativa y funcional de instituciones jurídicas fundamentales para la existencia de un Estado (democrático), y tienen por objeto únicamente la integridad de las instituciones jurídicas, por ello, no generan derechos subjetivos en favor de ninguna persona, al contrario, mas bien, los derechos pueden resultar limitados, de lo que se desprende que no es posible su tutela a través del amparo. La única tutela posible de las garantías institucionales, será la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes que atentan contra su integridad; y el conflicto constitucional a que se contrae el artículo 335 del Texto Fundamental; y, mediante el control del orden público constitucional, o, avocamiento, en el plano jurisdiccional.

En conclusión, los entes públicos carecen de legitimación activa para ejercer recursos de amparos contra fallos judiciales si éstos han menoscabado o desconocido sus competencias o el ejercicio de éstas, salvo que la controversia judicial verse sobre cuestiones relacionadas con el desempeño del ente público como un particular (v.gr. contratos privados).

3.- Legitimación activa de los intervinientes adhesivos.

Legitimados activos en los amparos contra sentencia son, también, los intervinientes adhesivos, cuando la sentencia firme del proceso principal haya de producir efectos en la relación jurídica del interviniente adhesivo con la parte contraria, en estos casos, tal como lo establece el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, el interviniente adhesivo será considerado litisconsorte de la parte principal, así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en sentencia de fecha 3 de agosto de 2.001, caso: Distribuidora Samtronic de Venezuela, C.A.. Al efecto, cabe precisar que la situación de este interviniente adhesivo difiere de la situación procesal de las partes del juicio donde se dictó el fallo impugnado.

Conclusión

De los elementos de análisis enunciados, podemos considerar que una nueva ley de amparo tiene que estar en consonnancia con la Constitución en cuanto a la función que le corresponde como es la proteción del ejercicio de los derechos humanos que pudieran estar violentados, y transformarse efectivamente en un medio que garantice el ejercicio de los derechos humanos consagrados en el texto fundamental y resuelva que no puede únicamente concentrarse en asuntos procesales, áun en amparo contrasentencias, pués en muchos casos han desfigurado el objetivo de la acción y en otros aspectos han permitido obstruir la garantía debida a toda persona que utiliza esta vía de protección. Estamos ante un gran Desafío.

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