La corrupción en el Sistema de Justicia: un virus que afecta los cimientos de la Democracia.

María Luisa Acuña López

El artículo 2 de la Constitución de 1999, diseña el modelo político sobre el cual se asienta nuestra forma Republica, al expresar que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”

Ahora bien, con motivo del Primer Foro y Mesa de Trabajo JUSTICIA PARA EL CIUDADANO, efectuados con ocasión al Proyecto de Reinstitucionalización del Sistema de Justicia, realizado en la ciudad de Maracay del Estado Aragua el 1 de agosto de 2018, se identificaron tres causas que afectan el logro de la Justicia en nuestro país: corrupción, lentitud y politización. De la cuales, se ha identificado con más precisión que la politización es una de las formas que adquiere la corrupción conjuntamente con el soborno y el tráfico de influencias. Por ello, al abordar brevemente el tema de la corrupción resulta indispensable hacer referencia a uno de los valores que sostienen un adecuado desenvolvimiento del sistema de justicia.

En efecto, nuestro sistema democrático inscribe como valores superiores de su ordenamiento jurídico y actuación, entre otros, la ética. De tal manera que, cuando detectamos que el Sistema de Justicia se encuentra gravemente afectado por costumbres, que se convierten en normas contrarias a la ética, que conforman toda una red articulada o no, mediante las cuales cada paso, cada actuación, cada trámite que allí se efectúen, por insignificantes que sean, pasan inevitablemente por una alcabala en la cual se tiene que otorgar una contraprestación, bien sobornando, presionando políticamente o utilizando alguna influencia, podemos concluir que, efectivamente se están socavando gravemente las bases o fundamentos del sistema democrático que elegimos como forma de convivencia; por tanto, se está contrariando la voluntad que dejamos plasmada en nuestra Carta Fundamental, se están violentando los derechos de acceso a la justicia, la gratuidad de la misma, la imparcialidad, celeridad, transparencia, y como corolario de lo anterior, la justicia pierde la independencia y autonomía que son su esencia misma. (Artículo 26 Constitución de 1999)

Así, cuando observamos que el más insignificante de los trámites judiciales deben ser sufragados directamente por el ciudadano (al funcionario judicial, a jueces, fiscales, defensores públicos o funcionarios policiales) o utilizando una influencia para obtener un resultado favorable, estamos en presencia del derrumbe absoluto de ese diseño constitucional, que fue establecido precisamente para la salvaguarda de los derechos ciudadanos, con la aspiración de otorgar una tutela judicial efectiva, la cual, ante ello, se ha convertido en una burla, en una utopía que obliga a quienes formamos parte del sistema, en cualquiera de los roles que ejerzamos, a trabajar arduamente por rescatar la vigencia de los postulados constitucionales.

Sería un error declarar que no exista en nuestro país un juez, fiscal, defensor público, funcionario judicial o policial honesto; sin embargo, esto es, lamentablemente, la excepción. Este oprobio se ha convertido en regla tan arraigada en la costumbre tanto del ciudadano como del funcionario que amenaza –si es que ya no se ha convertido– en una forma de actuar de ambos lados que ningún rubor produce, pero que conspira no solo contra el Sistema Democrático sino contra una convivencia ciudadana sana y nos coloca como sociedad al borde del peor de los abismos: la anarquía absoluta y la anomia social.

No podemos negar que se trata de una tragedia que no sólo ocurre en nuestro país y tampoco es de reciente data, lo que si podemos afirmar es que la que se produce en nuestro país cobra día a día enormes y preocupantes dimensiones, al punto de encontrarnos presenciando el desmontaje institucional más radical de nuestra historia republicana.

Transparencia Internacional en su Informe Global de la Corrupción 2007: Corrupción en Sistemas Judiciales ha concluido, en que “El trato equitativo frente a ley es un pilar de la América como sociedad democrática. Cuando las cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencia política, la balanza de la justicia se inclina y el ciudadano común se ve perjudicado”.

Tal como fue señalado por distintas organizaciones (Acceso a la justicia, Centro de Justicia y Paz, Civilis de Derechos Humanos, Espacio Público, Programa de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Sinergia, Transparencia Venezuela y el Instituto de Prensa y Sociedad) el 15 de marzo de 2017 en Informe Justicia en Venezuela,3 relativo al acceso a la justicia, en Venezuela existe una vinculación entre la justicia y la política, por vía de sentencias se ha ido aumentando la concentración de poder al Ejecutivo en desmedro de las competencias del Poder Legislativo. Asimismo, a través de sentencias se han vulnerado derechos de participación política, de la libertad de expresión e información. Deja sentado dicho informe la falta de independencia e imparcialidad de los jueces y la forma en que son designados sin efectuarse concursos, así como la irregular designación de magistrados del TSJ en diciembre del año 2015 y la permanente violación de los principios de acceso a la justicia, el del juez natural, igualdad y celeridad.

Esta radiografía de la violación sistemática de derechos que impiden el acceso la justicia, son violaciones que han sido perpetradas utilizando como herramienta fundamental la corrupción, por interferencias políticas y la práctica de sobornos. Resulta de ello insoslayable la tarea, por dura que sea, que permita la erradicación de esta práctica que constituye algo más que eso: una práctica, es en realidad un diseño avieso, que ha sido efectivo para desmontar –como así lo han logrado– toda institucionalidad del Sistema de Justicia y, por ende, las estructuras que sostenían la democracia.

Destruida la institucionalidad del sistema de justicia, procede de inmediato su reinstitucionalización, más apropiadamente, se trata de refundarlo, pues sólo así la democracia y todos los principios que la sostienen recobraran su plena vigencia.

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