La Justicia Universal y la legitimación ciudadana para intervenir en los casos de corrupción por lavado de capitales

Román J. Duque Corredor

Ante tribunales de algunos países, como el Principado de Andorra, entre otros, cursan procesos penales por supuestos blanqueos ilegítimos de capitales y cuantiosos fondos de Petróleo de Venezuela S. A., la cual es una empresa perteneciente en un 100% a la República Bolivariana de Venezuela, según el artículo 303, de su Constitución y cuya actividad es la industria petrolera, que ha sido reservada en interés de la Nación, conforme el artículo 302, de la Constitución citada.

Dichos fondos provienen del ingreso generado por la riqueza del subsuelo, que es un bien del dominio público nacional, de acuerdo con el artículo 12, de la misma Constitución.  Tales recursos, por otro lado, está afectados al financiamiento de la inversión real productiva de Venezuela y la educación y la salud de su población, según el artículo 311 de la mencionada Constitución. Por Io que el manejo ilegítimo de capitales de PDVSA, a nivel internacional,  contrariando las disposiciones de tratados internacionales contra este delito, suscritos por Venezuela, afectan directamente su población, puesto que se trata del patrimonio público nacional, que según los principios que se pueden derivar de estos tratados son delitos que afectan la humanidad, entendida esta como sujeto internacional de derecho, conforme el reconocimiento que como tal sujeto se le ha hecho en los tratados relativos a los derechos económicos y sociales y los derechos del desarrollo económico y social, que son de naturaleza colectiva y universal.

Un ejemplo de lo expresado es el trato que nacionalmente rige el delito de corrupción, el cual excluido de los beneficios de indulto y de amnistía o de los beneficios procesales de libertad condicional, se le considera igualmente imprescriptibles, al igual que los delitos de lesa humanidad, cuya comisión justifica la confiscación u ocupación de los bienes de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que resulten responsables. Los artículos 29 y 116 constitucionales así lo reconocen.

Este reconocimiento permite que su ilegitimo uso o aprovechamiento puedan ser calificados de delitos contra los pueblos o naciones. En efecto, cuando  se trata  del blanqueo de fondos públicos se  afecta la población  en su bienestar y desarrollo, principalmente su educación, salud y en sus derechos colectivos sociales y económicos, de vivienda propia, de seguridad social y salud pública, y de igual manera en los derechos de los funcionarios, o trabajadores del Estado, cuyos derechos laborales, en razón de los principios de la Organización del Trabajo, y particularmente en Venezuela, por disposición del artículo 89, Numeral 2, de la Constitución, son de naturaleza irrenunciables. 

En efecto, por causa de la sustracción y manipulación ilegítima de los fondos de PDVSA ésta ha incumplido, por ejemplo, con el pago de las indemnizaciones y beneficios económicos de dichos trabajadores, e incluso ha incumplido con su deber de ejecutar sentencias definitivamente firmes de los tribunales laborales, como se ha denunciado por ante la Organización Internacional del Trabajo, así como, por si, o por sus filiales, con sus obligaciones contractuales a las que ha sido condenada por tribunales arbitrales internacionales. 

Ahora bien, en razón de que el blanqueo o ilegítima manipulación de los capitales de PDVSA son ingresos derivados del dominio público, impiden que el Estado satisfaga los derechos fundamentales, económicos y sociales del pueblo venezolano e impiden su bienestar social, porque tales fondos provenientes de la riqueza del subsuelo se les desvía de su finalidad primordial, cual es la de invertirlos en el financiamiento de la producción nacional y de la educación y salud y de los derechos económicos e irrenunciables de dicho pueblo. Por tanto, por ir en contra del pueblo venezolano, la apropiación ilícita de recursos públicos por personas privadas, mediante fraudes financieros, se inscriben en un delito que se comprende en la justicia nacional  e internacional, porque por su carácter de violación masiva de derechos humanos no puede quedar impune y la población venezolana tiene derecho a ser parte en sus enjuiciamientos y a que se les responda por su defraudación.

Por otro lado, la naturaleza de delito contra el pueblo venezolano de tales hechos,  los ciudadanos venezolanos, por  su derecho de  su  ciudadanía,  a que se contrae el artículo 39 de la Constitución venezolana; y particularmente por  los derechos políticos que se  le  reconocen a los venezolanos, en el artículo 62 constitucional, de participar en los asuntos públicos y específicamente, del control de la gestión pública, tanto de interés individual como de interés colectivo, como Io es el blanqueo de capitales o fondos destinados al bienestar del pueblo venezolano,  como lo son los ingresos obtenidos por PDVSA de la riqueza del subsuelo de la Nación;  tienen derecho de solicitar información relativa a los hechos que afecten o dañen sus intereses como miembros de las comunidades o grupo de personas de Venezuela, de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución venezolana.

Derecho este, que, en mi criterio, incluso, pudiera permitirle comparecer legítimamente por ante tribunales extranjeros en procura de esa información; a lo que se agrega que   los principios de los tratados internacionales contra ese delito de corrupción para  protección de las poblaciones,  son aplicables a Venezuela, como normas obligatorias de derecho interno e internacional, conforme el artículo 22 de su Constitución, y según los artículos 19 y 23, de esta misma Carta Magna. 

En efecto, el propósito de los Estados al suscribir esos tratados contra la corrupción es el de prevenir y castigar tales delitos para proteger a la población y a los pueblos, por Io que de ese propósito se deriva el interés colectivo procesal de los ciudadanos de ese pueblo o población de acudir a tribunales extranjeros para defender sus derechos, cuando se afecta el patrimonio público que les pertenece o en cuyo beneficio está destinado, por tratarse de manipulación ilegitima de rentas provenientes de bienes del dominio público o nacional, como ocurre con los capitales de PDVSA, que son ingresos de la explotación de la riqueza petrolera de Venezuela.. Ello porque que al suscribir los tratados contra el blanqueo de capitales los Estados se obligan directamente con sus pueblos más que con los otros Estados, por lo que sus ciudadanos tienen interés en defender sus derechos en los procesos penales nacionales e internacionales.  Además, ese interés procesal se refuerza con el deber patriótico de todo ciudadano de honrar y defender los intereses de su Nación, que le corresponde a todo venezolano, conforme al artículo 130 de la mencionada Constitución, entre los cuales resultan fundamentales el de la responsabilidad patrimonial del Estado y la de sus funcionarios, por aplicación de los artículos 140 y 139, constitucionales, respectivamente. Además, del deber de responsabilidad social y de participación y de proteger el bienestar general, a que se refieren  los artículos 132, 133 y 135, también constitucionales, se deriva implícitamente el interés procesal de los ciudadanos venezolanos de acceder a la justicia nacional o extranjera para defender y proteger esos intereses nacionales cuando se ven afectados por delitos como el de blanqueo de fondos públicos por la corrupción de funcionarios o de personas privadas. Máxime que, por afectarse ingresos petroleros además de violarse principios de ética pública, reconocidos en declaraciones internacionales y particularmente en Venezuela, según el artículo 141, de la Constitución, se afecta directamente el régimen fiscal de Venezuela, que es parte de su soberanía, como se desprende del artículo 311, en concordancia con los artículos 302 y 303, ambos de la mencionada Constitución.

 En razón de   lo expuesto,  considero que  la condición de parte legitimada de los ciudadanos, como  interesados en los  procedimientos que cursen contra funcionarios y personeros de empresas o de entidades financieras , por blanqueo de capitales públicos,  para sostener en dicho procedimiento la defensa de los derechos de los pueblos  afectados por la manipulación y apropiación ilegítima de  dichos fondos, debe proponerse y sostenerse en los proyectos anticorrupción, tanto nacionales  como internacionales. 

Igualmente, que en  razón del interés procesal colectivo que justifica  su comparecencia en dichos procedimientos, como parte de ese planteamiento anticorrupción, que  se les permita el acceso a la información pertinente y  se les reconozca el derecho,  para evitar mayores perjuicios irreparables a la población, de solicitar medidas cautelares sobre los fondos involucrados  para que no puedan ser retirados  y  para pedir que en las respectivas sentencias se disponga que   tales capitales y los frutos que le correspondan se destinen para el bienestar de las poblaciones  y para que se les deposite en fondos especiales que solo puedan ser administrados por los respectivos tribunales, o por los contralores o interventores independientes, que se  designen, para evitar que sean apropiados por quienes se han servido de ellos para abrir cuentas personales o a nombre de terceras personas interpuestas.

Caracas, 22 de agosto de 2018

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