Milagros Betancourt: “Castigar a los responsables de los crímenes y reparar a las víctimas es el primer paso para la reconciliación de la sociedad”

El 23 de enero de 2019 inició un camino que intenta recuperar la institucionalidad democrática en Venezuela. Aunque es bastante lo que aún se debe transitar, el país está expectante ante una posible transición. Más allá de un hecho político, esta etapa incluye un aspecto medular para sanear las heridas dejadas por 20 años de régimen chavista-madurista: la justicia transicional.

La abogado con estudios de postgrado en Administración Pública y en Derecho Internacional Público, embajadora retirada y autora de diversas publicaciones sobre jurisdicción penal internacional y crímenes de lesa humanidad, Milagros Betancourt, da luces sobre un proceso inédito en Venezuela, indispensable para renovar el compromiso de las instituciones con la sociedad al reconocer la dignidad de los ciudadanos.

―¿Por qué es necesario aplicar la justicia transicional cuando se produzca un cambio político en Venezuela?

La justicia transicional es uno de los instrumentos de los que disponen el Derecho y la práctica internacional para superar situaciones que tienen que ver con conflictos armados o con regímenes en los que se ha producido la violación masiva de los derechos humanos y abarca una serie de procesos y mecanismos para que la sociedad pueda resolver sus problemas derivados de un pasado de abusos en gran escala, a fin de que los responsables de tales actos rindan cuentas a la justicia y lograr la reconciliación.

En Venezuela estamos en una situación en la que se ha destruido el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, frente a un régimen que viola de manera generalizada y sistemática los derechos humanos de la población sometida a una represión desmedida y en condiciones de vida que rayan en la miseria. Situación que ha sido calificada por las Naciones Unidas como emergencia humanitaria compleja.

La justicia transicional tiene cuatro componentes esenciales que justifican su propia existencia: la determinación de la verdad e identificación de los responsables, la aplicación de la justicia, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición. A la justicia transicional también se le conoce como justicia restaurativa o de reparación. Dada la naturaleza de la crisis que vive Venezuela y la destrucción de las instituciones, la única manera de poder restaurar la institucionalidad, recomponer la sociedad y lograr la reconciliación de la nación será mediante la aplicación de un mecanismo de justicia tradicional que debe ser diseñado acorde con las circunstancias del país y atendiendo las características de la crisis venezolana.

―¿Quién aplica la justicia transicional? 

Corresponde a las instancias que se designen (si se estima que las actuales están en condiciones de hacerlo) o las que se creen, de acuerdo con las normas que se adopten sobre justicia transicional, lo que corresponde hacer a la Asamblea Nacional. Puede ser mediante los tribunales nacionales ordinarios existentes, mediante la creación de tribunales o salas especiales dentro del sistema judicial vigente, también mediante la creación de salas o tribunales de componente mixto (nacional e internacional) siguiendo experiencias de otros países.

―¿Cuál debería ser el perfil de quien se integre a las instancias de la justicia transicional, pueden ser no abogados?

Además de las capacidades profesionales, formación académica y trayectoria, quienes asuman la aplicación de la justicia transicional deben ser personas imparciales e independientes, y de absoluta y reconocida probidad. No necesariamente tienen que ser abogados en la fase correspondiente a la determinación de la verdad. Pero en todo aquello relacionado con el establecimiento de las responsabilidades penales e impartir justicia ser abogados con formación en justicia transicional es imprescindible.

―¿El proceso para aplicar la justicia transicional sustituye parcial o totalmente al actual sistema de justicia que ha estado a merced del gobierno? 

Dependerá de la forma en que se diseñe el mecanismo y los procesos de justicia transicional para Venezuela. Debe tenerse presente, en todo caso, que toda vez que la justicia transicional es un mecanismo que ofrece el Derecho y la práctica internacional aunque usualmente requiere del establecimiento de instancias no previstas en la legislación del país no es ni puede ser ajena a la justicia ordinaria, por lo que el mecanismo que se establezca para el caso venezolano debe responder a las circunstancias y características de nuestra nación que la hacen muy específica, en particular la situación del Poder Judicial considerar la interacción entre la justicia ordinaria y la internacional. En el caso de Timor Oriental, por ejemplo, se crearon paneles o salas integradas por jueces internacionales en los propios tribunales domésticos para garantizar la aplicación de la justicia de manera imparcial e independiente para los crímenes de lesa humanidad que se estaban juzgando.

―¿La justicia transicional funciona al mismo tiempo que la justicia ordinaria? ¿Se complementan?

En términos generales, por ser una justicia especial no necesariamente se integra a la justicia ordinaria, por tanto en ningún caso la sustituye. Lo que se debe hacer son las reformas legales y tomar los correctivos necesarios para que ambas cumplan su cometido y sean efectivas y eficaces.

―La reconciliación y el perdón son esenciales para el proceso de transición y para construir la paz en el país donde cohabitaremos todos, pero ¿cree que la sociedad está realmente preparada para perdonar y reconciliarse?

La reconciliación y el perdón son una consecuencia de la aplicación de la justicia transicional. Castigar a los responsables de los crímenes cometidos, reconocer y reparar a las víctimas es el primer paso para lograr el reencuentro y reconciliación de la sociedad, lo cual conducirá al perdón, pero no al olvido. Esto hay que tenerlo muy presente en todos estos procesos.

―En la población venezolana hay un profundo sentimiento de desconfianza hacia el sistema de justicia venezolano. ¿Por qué la justicia transicional obtendría la confianza de la gente?

Porque, como he dicho, se trata de un mecanismo especial que lo primero que debe hacer es generar confianza para que la gente se sienta segura de que se aplicara la justicia a los responsables de los graves crímenes que se han cometido en Venezuela, además por estar indisolublemente unida a la transformación del sistema de justicia venezolano. Es una justicia para el ciudadano.

―¿Cuál debería ser el papel de las organizaciones no gubernamentales frente al proceso de transición y de aplicación de la justicia transicional en Venezuela?

Las organizaciones no gubernamentales tienen un trabajo muy importante que realizar en especial en lo que se refiere a la documentación de los casos con todos los datos necesarios en cuanto a loso hechos ocurridos, víctimas y victimarios, que sirvan de apoyo a la entidad que habrá de trabajar en la determinación de la verdad e identificación de los responsables de los graves crímenes perpetrados en el país. En el país hay muchas ONG trabajando en eso desde hace algún tiempo.

―Algunas de esas ONG no comparten la idea de reincorporar en su cargo a la fiscal Luisa Ortega Díaz por considerar que permitió violaciones graves violaciones a los derechos humanos, por acción u omisión. ¿Eso lo resuelve la justicia transicional?

Ese es un tema de mucha sensibilidad en el país, y la respuesta es sí, eso lo resuelve la justicia transicional.

―¿Cuál es su propuesta para salir de este marasmo de falta de justicia en Venezuela?

La realidad venezolana nos impone diseñar y proponer un mecanismo de justicia para ser aplicado durante la transición, que apuntale la estabilidad del nuevo sistema político que se instaure, genere confianza en la población mediante el combate efectivo de la impunidad que permita la reconciliación nacional. Por ello desde hace algún tiempo trabajamos en concebir todo el proceso como de justicia con reconciliación.

La sociedad venezolana exige la aplicación de la justicia, que se investigue, se procese y se castigue a los responsables de crímenes y delitos relacionados con los derechos humanos en general y la corrupción. En tal sentido, la misma ley que se adopte para crear la entidad para el esclarecimiento de los hechos deberá establecer los mecanismos para la aplicación de la justicia en el periodo de transición que, como hemos señalado, tendrá que adaptarse a las circunstancias en las cuales se produzca este cambio. Para ello es necesario trabajar, de manera imperativa y con premura, en el análisis de los cambios que se deben adoptar para llevar adelante los procesos de administración de justicia durante la transición, incluida la justicia transicional.

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